El último informe de UVAL, publicado el pasado 15 de febrero, “La muerte y la violencia asedian a los privados de libertad. Situación de los derechos humanos en los centros de detención preventiva en Venezuela 2017”, contiene un diagnóstico exhaustivo sobre la situación de derechos humanos de las 14 525 personas que han permanecido recluidas en 198 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia; zonas que reúnen el mayor número de población penal del país durante el 2017. “*Ante la dantesca situación explorada nos preguntamos qué hemos logramos…”*

Producto del resultado de la investigación realizada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 en 198 centros de detención preventiva, 178 (90 %) correspondientes a la jurisdicción civil y 20 (10 %) a la jurisdicción militar, denunciamos una sobrepoblación de un 251 %. Pudimos corroborar las fallas existentes en la infraestructura de los centros de detención preventiva que vulneran derechos fundamentales, tales como:

• 96.4 % no posee comedor;
• 62 % no posee servicios higiénicos;
• 100 % no cuenta con servicio de lavandería;
• 92.9 % no posee áreas recreativas;
• 86.9 % no tiene áreas de visitas;
• 64 % no posee servicios de agua potable;
• 52 % no ofrece servicio de recolección de basura;
• 98.4 % no cuenta con servicio médico;
• 61.6 % no cuenta con áreas especiales para la población femenina;
• 100 % no cuenta con áreas para mujeres con hijos menores de edad o lactantes;
• 99.5 % no cuenta con áreas especiales para la población menor de edad;
• 100 % no cuenta con áreas especiales para población GLBTI.

Durante más de 500 días nos hemos abocado a visibilizar las condiciones de vida de quienes no deberían pasar más de 48 horas en estos establecimientos. Es por ello que esta Ventana Informativa N° 9, titulada “Denuncias vs. Soluciones”, quisimos explorar en los diferentes estados donde monitoreamos los centros de detención preventiva (CDP), cómo las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil han impactado el desempeño de los actores responsables de la vida de los privados de libertad a lo interno y a lo externo de los calabozos, qué respuestas se le ha dado a las secuelas del hacinamiento.

En algunas zonas la visualización del deterioro de las vidas que yacen depositadas en los CDP, comienza a despertar la compasión de diversos actores gubernamentales y no gubernamentales. Autoridades policiales en algunos estados han comenzado a evaluar expedientes de los privados de libertad que se encuentran en sus centros de detención preventivos para ordenar su traslado hacia los centros de reclusión que les fueron asignados. Grupos evangélicos han mostrado iniciativas para acercarse espiritualmente y llevarles alimentos a presos.

A propósitos del hambre que existe en estos recintos, operativos de diversos ministerios también han manifestando miradas tímidas hacía los presos, con operativos de atención de salud y sus planes “cayapas”.

Urge que las autoridades del Ministerio para el Servicio Penitenciario terminen la infraestructura carcelaria prometida y que el Poder Judicial y Ministerio Público actúen efectivamente para que el retardo procesal no siga diezmando vidas.