Mary Lawlor. Mi trabajo consiste en mostrar que la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos¹ es legal y legítima, y en recordar a los Gobiernos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que adquirieron libremente. Estos compromisos se codificaron en la Declaración sobre los defensores de derechos humanos de 1998, pero ya existían en otras convenciones y tratados internacionales.

Otra parte de mi trabajo es denunciar los casos en los que, por su actividad, las personas defensoras de los derechos humanos se encuentran en riesgo, incluso de penalización. Esto implica presentar sus casos ante los Gobiernos pertinentes, emitir comunicados de prensa y emprender acciones de diplomacia en su nombre.

Las herramientas de las que dispongo son en realidad limitadas y no vinculantes. Dependo, sobre todo, del sistema de comunicaciones previsto en el marco de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, que me permite escribirle a los Gobiernos en los casos en los que existe una presunta violación de los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos. En estas cartas oficiales, se interroga a los Gobiernos acerca de las denuncias presentadas y se les piden más detalles de los casos. Por ejemplo, si a una persona defensora de los derechos humanos detenida se le niega el acceso a la atención sanitaria, se les puede solicitar que precisen la última vez que se le practicó un examen médico, así como reclamarles que prueben la legitimidad del arresto si este está relacionado con su defensa pacífica de los derechos humanos. Las cartas se mantienen privadas por un periodo de 60 días para dar a los Gobiernos el tiempo suficiente de responder. Tras este periodo, las cartas y las respuestas de los Gobiernos se divulgan en una base de datos pública. Aunque se supone que los Gobiernos deben responder a estas comunicaciones, muchos de ellos no lo hacen, y no existe un mecanismo que los obligue. En las situaciones de particular gravedad, puedo emitir comunicados de prensa sin tener que esperar a que se cumpla el plazo de 60 días. Esto ejerce cierta presión sobre los Gobiernos para que respondan a las presuntas violaciones. También mantengo muy activa en las redes sociales.

ML. La penalización es de lejos el principal riesgo que denuncian los defensores y defensoras de los derechos humanos. Esta práctica es común a todas las regiones, y se aplica tanto a las personas que defienden los derechos de los migrantes, los refugiados y los pueblos autóctonos, como a aquellas que luchan por el medioambiente, la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas.

En los contextos en los que la legislación se ha redactado de manera amplia y vaga en torno a la seguridad del Estado y la lucha contra el terrorismo, la penalización es el arma principal. Las personas que defienden los derechos humanos se acusan de apoyar el terrorismo y de representar un riesgo para la seguridad de la nación al denunciar las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el Estado. En todo el mundo, vemos cómo los países introducen leyes cada vez más restrictivas, que limitan el margen de maniobra de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

La segunda tendencia que he observado es el recrudecimiento de las violaciones de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI y el aumento de las agresiones en contra de quienes defienden sus derechos. En este caso también, la observación es válida para todas las regiones del mundo.

Uno de los elementos que más me sorprendió al asumir mi mandato fue la subrepresentación de casos provenientes de África subsahariana en los Procedimientos Especiales durante los últimos diez años. Con el fin de abordar este punto, estamos contactando de manera proactiva con las personas que defienden los derechos humanos en África y motivándolas a que usen el mandato como herramienta de protección. Desde hace cuatro años, venimos organizando reuniones en línea para presentarles el mandato, escuchar sus historias y definir la manera en que podemos serles de mayor ayuda. En junio, por ejemplo, nos reunimos con varias mujeres defensoras etíopes para saber cómo las afecta la violenta represión a la que se somete la sociedad civil, y cuáles son las consecuencias específicas para el género. Después de las reuniones, si las personas lo desean, publico un artículo en las redes sociales sobre su labor para mejorar su visibilidad. En noviembre, realizaré una visita a Sudáfrica y Ghana para asistir a dos reuniones de defensores y defensoras de toda la región. Esta será la ocasión ideal para explicarles de qué forma este mandato puede serles útil y animarles a que nos den más detalles acerca de las amenazas específicas a las que se enfrentan sus derechos humanos.

ML. En vez de usarse como lugares de reinserción potencial, las prisiones se han convertido en una herramienta para castigar a quienes defienden los derechos humanos. El objetivo ya no es solo privar a las personas de su libertad, sino castigarlas, infligirles malos tratos, denegarles atención médica e impedirles ver a sus familiares. Las prisiones se están usando para despojar de su humanidad a las personas defensoras de los derechos humanos.

Cuando hago una visita oficial a un país en el que sé que hay personas defensoras de los derechos humanos en prisión, presento una solicitud para que me permitan verlas, aunque la respuesta no siempre es positiva. Lo que pretendo con estas visitas es expresar mi solidaridad a estas personas, ofrecerles ayuda y recordarles que el mundo exterior no se ha olvidado de ellas. Mis visitas también sirven para dejarle claro a los Gobiernos y a las administraciones penitenciarias que sus casos se están observando de cerca. Además, pueden hacer que se les brinde un mejor trato, así sea a corto plazo. Por ejemplo, a una mujer a la que visité en prisión —que ahora se encuentra libre— se le practicó un examen médico exhaustivo unos días antes de mi visita, lo que no era demasiado usual. El trato general también puede mejorar.

Por desgracia, existen países en los que esto nunca será posible y en los que jamás se conocerán las condiciones de reclusión. Es el caso de personas defensoras de los derechos humanos privadas de libertad en Rusia, Irán o China en los últimos años, por ejemplo.

ML. Creo que el papel de estas personas siempre ha sido el mismo: proteger, promover y realizar los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Lo que tal vez ha cambiado es que se ha tomado una conciencia generalizada del concepto de defensor-a de derechos humanos y se ha ampliado el repertorio de derechos reconocidos a nivel internacional.

Pienso, por ejemplo, en el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, que el Consejo de Derechos Humanos reconoció en 2021 y la Asamblea General en 2022; olas de jóvenes se han implicado en el activismo ambiental y sus acciones han sido esenciales para incluir este tema en la agenda internacional y exigir acciones concretas. La guerra entre Israel y Gaza también ha movilizado a decenas de miles de personas en el mundo, que han salido a las calles para pedir a Israel que detenga las violentas agresiones a las que somete a la población cautiva de Gaza, frente a la inercia de poderosos Estados que pretenden proteger los ideales de los derechos humanos. Estas protestas revelan la hipocresía que a menudo envuelve las acciones en favor de los derechos humanos.

Los Gobiernos autoritarios siguen tratando a las personas que defienden los derechos humanos como siempre lo han hecho, con penalización, difamación y ataques. Pero lo que es muy preocupante es que en algunas democracias o semidemocracias se está observando una tendencia a conculcar el derecho a la libertad de reunión pacífica y el derecho de asociación, que son la piedra angular de la defensa de los derechos humanos.

La prueba de ello es la represión de la que han sido objeto, en Europa y Estados Unidos, las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza y la desobediencia civil pacífica de activistas ambientales. A principios de este año, escribí al Gobierno del Reino Unido para manifestarle mi profunda preocupación por la pena de prisión de seis meses a la que se condenó a un activista de Just Stop Oil por participar en “una marcha lenta”. La sentencia se pronunció en virtud de la Ley de Orden Público (Public Order Act), por la que mis colegas de Procedimientos Especiales también han escrito al Gobierno, dadas sus vastas implicaciones para la reunión pacífica en el país.

De manera general, estoy convencida de que la sensibilización sobre los derechos humanos debe iniciarse en la escuela primaria para asegurarnos de que estos queden bien arraigados desde la infancia. Eso es algo particularmente importante en esta época, en la que existe una fuerte polarización.

ML. Recordar los grandes logros de los defensores y defensoras de los derechos humanos. El año pasado, para marcar los 25 años de la Declaración de los defensores de los derechos humanos, escribí un informe al Consejo de Derechos Humanos, en el que resalté los éxitos que se han alcanzado en este periodo.

En Bangladesh, por ejemplo, una organización dirigida por niños y niñas trabaja para evitar los matrimonios infantiles, a pesar de que sus miembros reciben amenazas de muerte. En 2021, las personas que defienden los derechos humanos en Tailandia obtuvieron una victoria judicial en nombre de las comunidades locales y lograron que se revocaran los títulos de propiedad ilegales de 23 parcelas destinadas a la plantación de palma de aceite. En Zimbabue, defensores y defensoras de los derechos humanos han obtenido indemnizaciones por daños y perjuicios en varios casos en los que el Estado se halló culpable de brutalidad policial. En 2022, las defensoras de derechos humanos en Indonesia jugaron un papel esencial en la adopción de una ley que penaliza los abusos sexuales ─incluso dentro del matrimonio─, la explotación sexual, el matrimonio forzado ─incluido el de menores─, y la circulación sin consentimiento de contenido de carácter sexual.

En los últimos años, las personas defensoras de los derechos humanos han realizado considerables progresos en los derechos de las personas LGBTQI en muchos países del mundo. Desde Belice hasta Botsuana, de Santa Lucía a Sri Lanka, y otros lugares más, muchas leyes y prácticas discriminatorias se han rebatido e invalidado.

Estas son algunas de las historias de personas defensoras de los derechos humanos que me permiten mantenerme fuerte y me infunden esperanza en un mundo que parece desprovisto de ella.

ML. En octubre presentaré un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la contribución de las personas defensoras de derechos humanos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con este informe, espero demostrar que existen personas que promueven y protegen los derechos humanos en todos los aspectos de la vida. No solo se puede considerar defensores o defensoras de los derechos humanos a las personas que abogan por los derechos políticos y civiles, a las que trabajan para ONG, o a los y las abogadas especialistas en derechos humanos. Tenemos que enfocarnos en la iniciativa en la que se implica la persona y ver si con su acción está defendiendo o ayudando a realizar los derechos de otras personas. Si esas personas se exponen a ciertos riesgos en el marco de su trabajo, entonces debemos considerar que su situación recae en mi ámbito de competencias, en calidad de Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La comunidad internacional debe reconocer que las personas defensoras de los derechos humanos tienen una multitud de perfiles, representan diferentes generaciones y ejercen diversas profesiones. Muchos países tienen que dejar atrás sus ideas preconcebidas sobre la identidad y la apariencia de las personas, y fijarse en sus acciones y en los derechos que están protegiendo.

Otra de mis prioridades es centrarme en las personas que defienden el medioambiente, y en la manera en que las leyes se están usando en su contra, a pesar de la triple crisis planetaria (cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad) que estamos atravesando. Asimismo, debo seguir trabajando para que los Estados mejoren sus prácticas y ofrezcan más apoyo a los defensores y defensoras de los derechos humanos que se encuentran en peligro.

ML. Considero mi labor como un puente entre la sociedad civil y los Estados. Siempre he dicho que para obtener resultados se requiere un esfuerzo colectivo y esto es tan cierto en este trabajo como en cualquier otra labor de defensa. Cuento con la sociedad civil para que me proporcione información creíble, que nosotros verificamos, y la sociedad civil cuenta conmigo para presentar sus casos ante los Gobiernos y otros actores que quizá no la escuchen.

Hacemos un seguimiento de todos los casos que tomamos y vemos cómo evoluciona la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en los meses siguientes a mi comunicación con el Gobierno. Esto nos ha permitido observar mejoras en algunas situaciones, como la libertad bajo fianza, el hecho de que una empresa retire una demanda contra una ONG, que se mejore el trato que se inflige a las personas defensoras de los derechos humanos en prisión, o que las fuerzas del orden se tomen en serio las amenazas de las que son objeto.

Con respecto a la penalización de los defensores y defensoras, creo que hay que hacer más por condenarla, sea donde sea que se produzca. A menudo, los Estados son clementes con sus partidarios, y se ensañan con sus adversarios, utilizando los derechos humanos como herramienta política para ganar puntos. Esto socava el concepto de universalidad definido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 76 años.

La sociedad civil puede apoyar mejor esta labor, asegurándose de que las violaciones de los derechos humanos se documenten y se traten por igual en todo el mundo, en la medida de lo posible, y compartiendo esta información con los mecanismos internacionales.