Condiciones sanitarias y atención médica¶

28 de junio. Según las autoridades, la campaña de vacunación se estaba desarrollando como previsto, y más de 500 reclusos de 60 años o más ya se habían vacunado.

8 de junio. El Police and Prisons Civil Rights Union, (Popcru), sindicato que aboga por los derechos de los agentes de policía y los guardias penitenciarios exigió que se les diera prioridad en la campaña de vacunación. El portavoz del sindicato destacó que se habían registrado 7549 casos de contagio y 77 decesos entre los trabajadores de la prisión.

22 de enero. La sobrepoblación y la falta de personal penitenciario en las prisiones del país atentan contra la vida de los internos y el personal penitenciario. Las condiciones de reclusión se han deteriorado en la prisión de St. Albans, la cual se encuentra ocupada al 140 % de su capacidad.

21 de enero. Las autoridades penitenciarias contrataron a más de 2000 funcionarios y reforzaron las medidas para la prevención de infecciones y el saneamiento de las instalaciones.

19 de enero. La prisión de Caledon consideró relajar las medidas del confinamiento tras cinco días de su implementación. No se ha reportado ningún caso nuevo desde la introducción de esta medida.

19 de enero. El 3 de enero, las autoridades anunciaron que todos los reclusos se incluirían en la segunda fase de vacunación; la primera se reservó a los profesionales de la salud del país. La Constitución del país y la Carta Internacional de Derechos garantizan el acceso a la atención médica a todas las personas privadas de libertad.

7 de enero. Las autoridades anunciaron que los reclusos estarían entre los primeros sudafricanos en recibir la vacuna contra la COVID-19.

Vínculos con el exterior¶

9 de marzo. Las visitas se han reanudado. Cada recluso puede recibir dos visitas al mes, con un visitante cada vez.

Movimiento de protesta¶

1 de marzo. Los reclusos de la prisión de St. Albans hicieron una huelga de hambre durante varios días para reclamar mejores condiciones de vida. Uno de los reclusos ha declarado: “Somos unos 44 reclusos por celda. Además del hacinamiento, la COVID-19 es una amenaza para todos […] No nos dan mascarillas ni desinfectantes y tampoco se desinfectan las instalaciones.” Los reclusos solo tienen media hora al día para hacer ejercicio físico. Uno de ellos explicó: “No tenemos forma de aliviar el estrés”. La ONG SAPOHR (Organización Sudafricana de Reclusos por los Derechos Humanos) constató que las personas privadas de libertad llevan varios años quejándose por lo mismo.

Llamamientos y recomendaciones¶

20 de junio. El inspector de prisiones (Judicial Inspectorate of Correctional Services ha exigido que se acelere el proceso de vacunación de los reclusos y del personal penitenciario para evitar un agravamiento de la crisis sanitaria.

1 de julio. Algunos sindicatos de prisiones, como la Organización Sudafricana de los Derechos Humanos de los reclusos, han exigido que los reclusos y el personal penitenciario tengan prioridad para ser vacunados.

27 de febrero. Una ONG en defensa de los derechos de los reclusos ha pedido a las autoridades penitenciarias de Ciudad del Cabo que sean más transparentes con el número de contagios y de muertes provocadas por la COVID-19. Las autoridades han dejado de publicar las estadísticas de cada institución, y ahora solo lo hacen a nivel regional. Un miembro de la ONG afirmó: ”Tenemos que aceptar y admitir lo que nos diga la administración penitenciaria, porque no podemos demostrar lo contrario. No trabajan con actores externos […] Dicen que tienen suficientes equipos de protección personal, pero según los reclusos, es más bien todo lo contrario”.

14 de febrero. Un juez ha alertado sobre las condiciones de vida indignas en las prisiones del país, que ponen en riesgo la salud de los reclusos, y ha pedido a las autoridades que garanticen la protección y la dignidad de las personas privadas de libertad: “El uso excesivo de la prisión provoca hacinamiento y somete a los reclusos a condiciones inhumanas y degradantes. Sus efectos son considerables. En algunos casos, pedimos al personal penitenciario que metan en las celdas el triple de reclusos de los que realmente pueden albergar. Las personas duermen en el suelo, viven en condiciones insalubres y con pésimas condiciones materiales. Las agresiones sexuales y otros actos violentos son difíciles de controlar; el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas aumenta considerablemente; y su salud mental también es preocupante.”

21 de enero. El sindicato POPCRU exigió la dimisión del director de la administración penitenciaria ante el aumento del número de casos de COVID-19 en prisión.

Las autoridades negaronel recrudecimiento de casos positivos entre los funcionarios de la prisión de East London, en la que se ha observado una escasez de personal desde el inicio de la epidemia.

14 de enero. La organización Sapohr denunció las condiciones de reclusión en el país. Se constató una gran sobrepoblación, así como altas tasas de contagio y de deceso entre los reclusos y el personal. La administración penitenciaria, que expresó su desacuerdo con estas observaciones, reconoció el deceso de 58 reclusos desde enero de 2020. Sin embargo, afirmó que la muerte de 130 agentes penitenciarios se debe a contagios en el exterior.

Casos identificados¶

5 de febrero. Las autoridades han registrado un total de 62 decesos entre los reclusos como consecuencia de la COVID-19.

21 de enero. Las autoridades reportaron un total de 9892 casos de COVID-19 en prisión (6394 funcionarios y 3498 reclusos y 192 decesos (133 miembros del personal penitenciario y 59 reclusos).

19 de enero. Las autoridades penitenciarias reportaron 934 casos activos en las prisiones del país. La mayoría de los casos se han registrado entre el personal penitenciario. Pese a ello, los funcionarios que dan positivo deben continuar con sus labores en prisión debido a la falta de personal.

9 de enero. La prisión de Helderstroom anunció que 152 reclusos y ocho agentes penitenciarios dieron positivo por COVID-19. Las autoridades incrementaron las restricciones al interior de la prisión.

Algunos reclusos que dieron positivo por COVID-19 fueron trasladados al establecimiento de Pollsmoor para que pudieran recibir atención médica.
El país reportó un total de 58 decesos entre los reclusos y 124 entre el personal de las prisiones. Las autoridades penitenciarias contabilizaron 9428 casos positivos en prisión desde el inicio de la pandemia.

8 de enero. Las autoridades procedieron al confinamiento de la prisión de Helderstroom, en Cabo Occidental, tras el aumento de los contagios. La administración penitenciaria anunció 87 casos nuevos entre los reclusos, por lo que se aisló a los casos confirmados y los sospechosos fueron puestos en cuarentena.

Las prisiones de la región de Gauteng contabilizaron un total de 592 reclusos y 1102 agentes penitenciarios contagiados. La región de Cabo Occidental reportó que 798 reclusos y 1178 agentes penitenciarios dieron positivo desde la aparición del virus. El Cabo Oriental registró 1215 casos entre los reclusos y 1127 entre los miembros del personal. Por su parte, las regiones de Limpopo, Mpumalanga y Noroeste informaron que 585 agentes y 180 reclusos dieron positivo.

6 de enero. A la fecha, 3106 reclusos han dado positivo y 60 han fallecido.

Condiciones de salud y atención médica¶

27 de abril. Desde octubre de 2020, el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha enviado siete médicos y tres psicólogos a las instituciones penitenciarias con el fin de mejorar la calidad de los servicios de salud. “Se calcula que la tasa de ocupación de las prisiones en Benín es del 170,19 %, lo que indica que el hacinamiento continúa pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno. Esta situación, que impone la masificación y la falta de higiene sobre los reclusos, es una bomba de tiempo en el contexto de la pandemia de COVID-19”, aseguró el PNUD.

Llamamientos y recomendaciones¶

15 de febrero. Las ONG por la protección de la infancia han expresado su preocupación ante las restricciones de acceso a los centros penitenciarios de menores. Las organizaciones han pedido a las autoridades que relajen estas medidas, pues afirman que podrían poner en riesgo la salud de los menores. ”Muchos de los niños están recluidos en condiciones de hacinamiento, y no tienen acceso a una alimentación, salud e higiene adecuadas. […] Los reclusos menores están más expuestos a situaciones de negligencia, malos tratos, tortura y violencia de género si, durante la pandemia ─cuando debido a las medidas de prevención hay falta de personal y de protección ─, se niega el acceso a las organizaciones de la sociedad civil y a los familiares .”

Vínculos con el exterior¶

14 de junio. La administración penitenciaria se ha comprometido a instalar un sistema de videoconferencia para que los reclusos puedan comunicarse con sus familiares.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

28 de abril. El presidente Evariste Ndayishimiye indultó a 5000 personas privadas de libertad, entre las que se encontraban mujeres con niños pequeños, personas vulnerables y con enfermedades crónicas. El sistema penitenciario del país, que tiene una capacidad real de 4000 plazas, cuenta con 12 000 reclusos.

27 de abril. La aplicación del indulto presidencial permitió la liberación de al menos 1300 reclusos.

Llamamientos y recomendaciones¶

5 de abril. El Movimiento por el Renacimiento de Camerún (MRC) ha pedido al Gobierno que libere a varios reclusos, ya que las medidas que se tomaron durante la primera ola no bastaron para descongestionar las prisiones. Según el MRC, “el Gobierno no puede permitir que las decenas de miles de reclusos de los centros penitenciarios del país, en su mayoría preventivos, vean cómo su detención se convierte en una pena de muerte disfrazada”.

Movimientos de protesta¶

27 de marzo. Las personas privadas de libertad de varios centros penitenciarios se han manifestado contra la sobrepoblación y la falta de medidas sanitarias. Un recluso declaró: “La COVID-19 está desolando el país. Tenemos derecho al acceso a una buena higiene; a veces nos cortan el agua durante periodos de dos a tres días. Lavarse las manos es extremadamente difícil. El Gobierno tiene que hacer algo.” La prisión en la que está recluido alberga a 4500 personas en 1500 plazas. El ministro de Justicia reconoce que ha habido un aumento del número de los casos positivos y denuncia las quejas “infundadas”.

Casos identificados¶

27 de marzo. Según el Gobierno, de los 16 250 reclusos a los que se les ha hecho la prueba de COVID-19 durante los tres últimos meses, 700 habrían dado positivo. El año pasado fueron menos de 300.

18 de marzo. La prisión de Nkongsamba ha contabilizado 153 casos positivos.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

25 de agosto. Casi a diario se presentan quejas ante el fiscal general y el ministro del Interior debido a la falta de respuesta de las solicitudes de los reclusos para registrarse en la lista de vacunación. Estas solicitudes se han hecho en las prisiones de Tora, Burj Al Arab, Al Wadi Al Jadid, Assiut y Kanater. Por otra parte, se impusieron nuevas restricciones: se redujo la duración de las visitas, los reclusos y sus seres queridos debían mantener una distancia mínima de tres metros y se limitó el tiempo de descanso de los reclusos.

29 de junio. Amnistía Internacional denunció una campaña de “vacunación aleatoria e incompleta”, especialmente para la población carcelaria. El 17 de mayo, se anunció una campaña de vacunación en la que se vacunaría a 5000 reclusos mayores o que padecen una enfermedad crónica. El proceso, el calendario y los criterios de elegibilidad no estaban claros. En nueve prisiones, no se vacunó a los presos políticos o de conciencia: abogados y defensores de derechos humanos esperan acciones legales contra los Ministerios de Salud y del Interior.

24 de mayo. Los reclusos de la prisión de Minya recibieron una dosis de la vacuna durante una visita de inspección de las delegaciones de derechos humanos.

24 de mayo. Según las declaraciones del Ministerio del Interior, los establecimientos penitenciarios no han registrado ningún nuevo caso. El ministerio indicó que la campaña de vacunación, destinada tanto a los reclusos de edad avanzada como a los jóvenes, comenzó las primeras semanas de mayo y que ya estaba a punto de completarse.

18 de mayo. Una campaña de vacunación se llevó a cabo en la prisión de Fayoum.

17 de mayo. El Subsecretario de Interior declaró que la administración penitenciaria estaba a punto de completar la primera campaña de vacunación, que había comenzado dos semanas antes, y en la que se había administrado la primera dosis a casi todos los reclusos.

25 de enero. Un informe de Amnistía Internacional acusó a las autoridades egipcias de poner en peligro la salud de las personas privadas de libertad: “La falta de agua potable, la ventilación insuficiente y el hacinamiento imposibilitan la implementación de medidas de distanciamiento físico y de higiene preventiva. No se hace ninguna prueba a los reclusos que muestran síntomas de COVID-19”. En ocasiones, los internos permanecen en la celda, lo que amenaza salud de sus compañeros. Las autoridades se niegan a revelar el número de personas privadas de libertad en el país. Llegaría hasta 114 000, según algunos cálculos. Esta cifra representa “más del doble de la capacidad carcelaria de 55 000 plazas mencionadas por el presidente Abdel Fattah al Sissi en diciembre de 2020. […] En las 16 cárceles estudiadas, cientos de personas son hacinadas en las celdas, con 1,1m² por persona en promedio”. Los expertos recomiendan un mínimo de 3,4m².
Las autoridades liberaron a 4000 personas menos en 2020 que en 2019.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

20 de julio. Las autoridades ordenaron la liberación de 2075 reclusos con motivo de la “celebración del sacrificio” o Eid al-Ada. Un miembro del Senado declaró que “la puesta en libertad progresiva de los presos reduciría la población penitenciaria e impediría la transmisión de enfermedades”. Del mismo modo, se estaba contemplando la liberación de las personas en prisión preventiva, así como de aquellas especialmente vulnerables.

27 de abril. Un indulto presidencial emitido el Día de la Liberación del Sinaí permitió la liberación de 2674 reclusos. Las autoridades penitenciarias no han brindado más información respecto a los criterios de elegibilidad para esta liberación, pero todo lleva a creer que los presos políticos habrían sido excluidos.

Movimientos de protesta¶

28 de junio. El tribunal administrativo aplazó la sesión prevista para el 3 de julio, en la que un recluso presentó una denuncia contra la administración penitenciaria. El demandante, junto a un buen número de reclusos, habría solicitado a las autoridades ser vacunado contra la COVID-19 en varias ocasiones, sin recibir respuesta.

Llamamientos y recomendaciones¶

7 de septiembre. Antiguos reclusos y familiares de personas privadas de libertad pidieron “la liberación de todas las personas mayores de 60 años, de las que hayan cumplido la mitad de su condena, de las que hayan cometido delitos menores, de los reclusos preventivos que hayan pasado 6 meses sin ser sometidos a juicio, y de todas las personas que hayan excedido el periodo máximo legal de dos años en prisión preventiva”.

25 de enero. Un informe de Amnistía Internacional instó a las autoridades egipcias a “permitir el acceso a atención médica adecuada para todos los reclusos, incluida la vacunación contra la COVID-19, sin discriminación. […] Para reducir el hacinamiento en las prisiones, es urgente liberar sin demora a todas aquellas personas detenidas arbitrariamente y considerar la liberación de los reclusos que tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por la COVID-19 debido a su edad o antecedentes médicos.“

Casos identificados¶

12 de mayo. Un recluso de 71 años ha fallecido tras contraer el virus en la prisión de Fayoum. El Chehab Center for Human Rights ha denunciado una negligencia médica.

21 de febrero. Un recluso de la prisión de Tora al-Balad, El Cairo, ha muerto de COVID-19. Las autoridades penitenciarias no atendieron la petición de su abogado para remitirlo a un hospital externo. El número de fallecidos por negligencia médica ha ascendido a nueve desde principios de año, según las organizaciones de derechos humanos.

4 de febrero. Tres reclusos fallecieron de COVID-19 en menos de tres días. Dos de ellos murieron en una estación de Policía y, el tercero, en el hospital, donde se trasladó una vez que su estado de salud había agravado.

6 de enero. Las autoridades desmintieron las acusaciones de una epidemia en prisión y aseguraron que los rumores son “totalmente infundados. No hay casos potenciales, reclusos infectados ni muertes debido al virus en las prisiones egipcias”. Desde el inicio de la pandemia, algunos grupos de defensa de los derechos humanos han exigido a las autoridades que libere a los prisioneros políticos para limitar la propagación del virus. Dichos grupos reportan frecuentemente casos positivos entre los reclusos.

Llamamientos y recomendaciones¶

26 de enero. La asociación SOS Prisonniers Gabon ha dirigido una carta al Gobierno para solicitar que se reanuden las visitas, suspendidas desde marzo, incluso para los abogados. La asociación considera que esta medida vulnera los derechos de los reclusos: “La crisis sanitaria no puede justificar que se siga pisoteando de forma indefinida este derecho […] Debe garantizarse el ejercicio del mismo, con el fin de asegurar que las personas privadas de libertad estén debidamente preparadas para su reinserción cuando salgan de prisión […] La prohibición de las visitas representa una doble pena para los reclusos y un castigo para sus familias. Es hora de levantar esta medida, haciendo que se respeten las medidas de protección, como es el caso en todos los servicios y todos los lugares públicos (mercados, escuelas, iglesias, administraciones, etc.), porque los reclusos también son seres humanos que necesitan vivir“.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

26 de junio. El director de la administración penitenciaria ha declarado que el país cuenta con 13 200 reclusos para menos de 10 000 plazas, es decir, una tasa de ocupación media superior al 130 %.

7 de marzo. Aproximadamente 8900 funcionarios de prisiones han sido vacunados contra la COVID-19. En 2020, 45 funcionarios y 54 reclusos murieron a causa del virus.

8 de febrero. Se han puesto en marcha medidas sanitarias dentro de la prisión de Sunyani. Las autoridades han desinfectado las instalaciones y distribuyen mascarillas y cubos de agua para lavarse las manos. Se han reservado dos salas para la cuarentena de los recién llegados. El establecimiento acoge a 846 reclusos, en las 450 plazas disponibles. Las autoridades penitenciarias han revelado que “el número de reclusos en ocasiones supera los 900”.

Llamamientos y recomendaciones¶

3 de marzo. Las autoridades penitenciarias han propuesto que se traslade a los reclusos de las prisiones de Kumasi a otros establecimientos, para reducir el hacinamiento. Los establecimientos actuales acogen aproximadamente a 1981 reclusos en 450 plazas disponibles. Los servicios penitenciarios han admitido: “no podemos fingir que todo va bien. Los reclusos no pueden respetar el distanciamiento físico, ya que hay cientos de personas en cada celda”.

8 de febrero. Las autoridades penitenciarias han pedido que se incremente el suministro de agua en las prisiones y el subsidio alimentario para los reclusos, ya que no es posible proporcionarles tres comidas al día. Los servicios penitenciarios han señalado que una buena alimentación permite, en parte, preservar la salud de los reclusos y protegerlos de la pandemia, por lo que han instado a los familiares a traer comida y equipos de protección contra la COVID-19 durante las visitas.

Sistema judicial¶

4 de febrero. Los tribunales no se están ocupando más que de asuntos urgentes, como las solicitudes de permisos de salida y puestas en libertad bajo fianza. Las autoridades han recordado que “nadie será excluido o privado de justicia si lo necesita”.

Casos identificados¶

7 de mayo. El vicepresidente se ha congratulado del éxito de la campaña de vacunación y de la contención de la epidemia en los centros penitenciarios. Las autoridades afirmaron que, ninguna de las personas encarceladas antes del inicio de la epidemia ha contraído el virus y que ya se ha administrado la vacuna a aproximadamente 3297 personas (2161 funcionarios y 1136 reclusos).

Condiciones sanitarias y atención médica¶

11 de junio. Las autoridades penitenciarias recibieron 100 000 dosis de vacunas contra la COVID-19 para inocular a todas las personas privadas de libertad y a los funcionarios de prisiones. La campaña de vacunación, que se inició con el personal, contó con la participación de 15 000 agentes penitenciarios.

24 de marzo. Las autoridades penitenciarias han comenzado a vacunar a todo el personal. La primera fase incluye a 8000 funcionarios.

Sistema judicial¶

8 de enero. Las autoridades recibieron material para la celebración de juicios a distancia. El objetivo es acelerar las audiencias y reducir el número de preventivos, así como evitar el riesgo de contagio en el traslado hacia los tribunales.
Un miembro de la autoridad judicial afirmó: “Nos hemos enfrentado a muchos retos desde el inicio de la pandemia debido a la falta de instalaciones. Consideramos que nuestro trabajo será más fácil con esta donación”.

Vínculos con el exterior¶

13 de junio. Las autoridades anunciaron la inminente reanudación de las visitas a los reclusos, que se habían suspendido hace un año y medio.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

22 de abril. El Gobierno autorizó la liberación de más de 14 000 reclusos para hacer frente al recrudecimiento de los contagios. Esta medida se adoptó después de que las autoridades penitenciarias excluyeran a las personas privadas de libertad de la campaña nacional de vacunación. Desde el inicio de la pandemia 7 agentes penitenciarios y un número similar de reclusos han fallecido a causa del virus.

Casos identificados¶

7 de septiembre. La prisión de Naivasha se negó a recibir a un recluso menor de edad que dio positivo en la prueba de COVID-19. Las autoridades penitenciarias aseguraron que su intención era proteger a los reclusos y al personal. El joven fue ubicado en la estación de policía de la ciudad después de que se rechazara su traslado a un pabellón de aislamiento de la ciudad.

4 de mayo. De las 63 pruebas realizadas en la prisión de Siaya GK, 28 resultaron positivas. Otros seis reclusos dieron positivo tras realizarse pruebas rápidas posteriormente. Con ello, el número total de casos ascendió a 34.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

17 de febrero. Algunos exreclusos han denunciado las condiciones de reclusión indignas y peligrosas. Uno de ellos ha afirmado: “las celdas del Centro Penitenciario Central de Maseru en Lesoto (LCS) están hacinadas, son insalubres y sucias. A veces, hay más de 20 reclusos en una sola celda y, en ocasiones, tres personas tienen que compartir un colchón individual, apenas hay mantas. Las garrapatas son muy frecuentes en las celdas”. Las autoridades han reconocido que las prisiones están hacinadas y afirmaron que se están aplicando medidas de aislamiento y cuarentena. Se ha firmado un acuerdo con los tribunales para encarcelar únicamente a las personas acusadas de delitos “graves”.

Casos identificados¶

17 de febrero. En el mes de febrero, la prisión de Qacha Nek registró, 47 casos positivos entre 60 reclusos. La OMS ha declarado que cualquier tasa de contagio superior al 5 % debe considerarse preocupante. Según las autoridades penitenciarias, los reclusos enfermos fueron puestos en aislamiento, algunos ya se han curado y otros están recuperándose.

2 de febrero. Un recluso de la prisión de Maseru falleció de COVID-19. A sus cinco compañeros de celda se les ha hecho la prueba y han sido trasladados a régimen de aislamiento. El recluso estuvo en contacto con varios otros reclusos del establecimiento. La Policía no pudo determinar la causa de la muerte por falta de equipo sanitario adecuado.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

13 de octubre. La administración penitenciaria anunció que se ha vacunado al 92 % de la población carcelaria.

27 de mayo. Casi 4000 reclusos se han beneficiado de la campaña de vacunación iniciada en marzo. Según el Oficial de Sanidad de la administración penitenciaria, el objetivo de esta campaña es lograr “la inmunidad colectiva para el 80 % de los reclusos”. En todo el país, cerca de 85 000 personas están privadas de libertad en centros penitenciarios en los que existe un “problema crónico” de hacinamiento. Casi uno de cada dos reclusos está a la espera de juicio y las tasas de ocupación rondan el 250 % en algunos establecimientos. Por el momento, la campaña de vacunación solo se dirige a los reclusos mayores de 45 años o aquellos con enfermedades crónicas que pueden causar complicaciones.

27 de mayo. Las autoridades penitenciarias informaron que ya se había administrado la vacuna a todo el personal penitenciario y ,aproximadamente, a 4400 de los 11 500 internos que reúnen los requisitos. Cerca de 300 reclusos de 45 años o más se beneficiaron de la campaña de vacunación en la prisión de Al Arjat 1.

25 de marzo. Casi el 77 % de los reclusos mayores de 60 años han recibido, hasta la fecha, la vacuna. La operación se ha llevado a cabo en el 85 % de los centros penitenciarios y el resto sigue a la espera.

10 de marzo. Los reclusos en una prisión de Rabat pueden obtener, dependiendo de su edad, la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. La segunda dosis se les administrará 28 días después.

Sistema judicial¶

28 de abril. Hasta la fecha, aproximadamente 133 000 juicios se han celebrado de forma virtual para reducir el riesgo de transmisión del virus. Estas audiencias a distancia permiten limitar el contacto físico entre los reclusos y los funcionarios. La oposición ha criticado este sistema y asegura que las personas acusadas no reciben un juicio justo.

Casos identificados¶

27 de enero. Las autoridades penitenciarias de la prisión de Divundu han identificado un foco de contagios. Se han registrado 95 casos positivos.

Sistema judicial¶

3 de febrero. La prisión de Ibadan se ha negado a acoger a tres reclusos preventivos, ya que se ha prohibido la entrada a cualquier recluso que no pueda demostrar que se ha realizado la prueba. Los tres individuos tuvieron que regresar a las celdas de la estación de Policía.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

5 de julio. El gobernador de Nasarawa ha puesto en libertad a 36 reclusos para reducir el hacinamiento en las prisiones.

Llamamientos y recomendaciones¶

15 de junio. El órgano de control de prisiones de la capital federal (Controller of Corrections FCT Command) considera que si se retomaran los juicios de forma virtual se reduciría el hacinamiento en las prisiones, dado el gran número de personas reclusas en espera de juicio.

19 de febrero. La National Association of Seadogs (NAS) manifestó su preocupación por la falta de distanciamiento físico en las prisiones y ha instado a las autoridades a que garanticen el respeto del protocolo sanitario y la salud de los reclusos. Además, ha pedido la puesta en libertad de las personas más vulnerables y de las que se encuentren al final de sus condenas.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

26 de octubre. Los servicios penitenciarios declararon que solo el 18 % de los reclusos se ha vacunado. Entre ellos, el 2 % recibió una segunda dosis.

Vínculos con el exterior¶

15 de junio. Las autoridades han prohibido nuevamente las visitas para tratar de detener la propagación de la COVID-19.

Llamamientos y recomendaciones¶

5 de julio. Las autoridades penitenciarias han informado al grupo de trabajo nacional de COVID-19 sobre el recrudecimiento de los contagios en las prisiones del país.

Casos identificados¶

10 de julio. Las autoridades penitenciarias contabilizaron 15 casos positivos en la prisión de Mugoye.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

21 de marzo. Al menos 29 reclusos de la prisión de Kisangani fallecieron a lo largo de 2020, lo que representa más de dos decesos por mes. Según la administración penitenciaria, esto se debe a la falta de comida de calidad y de medicamentos.

23 de febrero. En el plazo de dos días, murieron dos personas detenidas en la celda de una estación de Policía en Mongwalu; ambas estaban en un estado de desnutrición. Este lugar, que también sirve de prisión, alberga a unos cien reclusos a pesar de contar solo con 75 plazas disponibles. Su supervivencia depende de la ayuda de sus familias. Algunos de ellos son trasladados a la prisión de Bunia, que tampoco cuenta con los recursos necesarios para alimentar a los reclusos.

27 de enero. Varias ONG han denunciado una serie de casos de tortura y de tratamiento inhumano en las prisiones de Bukavu y Kabare. Los reclusos se ven obligados a pagar hasta 500 dólares para poder librarse de estos actos. Un miembro de la ONG ha afirmado que: “se ha comprobado que se aplica una tortura excesiva en estos centros penitenciarios. Nuestros compatriotas son torturados por unos internos que colaboran directamente con ciertas autoridades penitenciarias, para que paguen una suma de dinero, de lo contrario, son sometidos a torturas. “

20 de enero. La ONU ofreció un curso de actualización sobre las medidas de protección a 27 miembros del personal penitenciario de Goma.
La prisión de Mwene-Ditu no cuenta con medicinas para los enfermos ni con reservas de alimentos desde hace varios meses. Con una capacidad para veinte personas, la prisión alberga actualmente a más de un centenar de reclusos.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

17 de enero. Ochenta reclusos de la prisión de Bunia recibieron un indulto presidencial. Actualmente, el establecimiento alberga a más de 1500 internos, seis veces su capacidad.

8 de enero. En 2020, la Oficina Conjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCNUDH) liberó a 984 reclusos en Nord-Kivu. Entre ellos, 214 fueron encarcelados por violar las medidas adoptadas por las autoridades en el contexto de la pandemia al organizar manifestaciones y concentraciones.

Movimientos de protesta¶

20 de enero. Los internos de la prisión de Mwene-Ditu intentaron fugarse y reclamaron la celebración de sus audiencias. Durante la víspera, un recluso preventivo falleció y este hecho desencadenó el levantamiento. Uno de los internos explicó: “Morimos sin comparecer. Por esta razón estalló el motín en la prisión”.

Casos identificados¶

27 de junio. Siete reclusos han dado positivo en la prisión central de Malaka.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

9 de marzo. Se ha organizado una campaña de vacunación en la prisión de Kigali, donde se encuentran recluidas más de 2077 personas. Se está dando prioridad a las personas con enfermedades crónicas y a las mayores de 60 años. Un miembro de la administración penitenciaria ha afirmado que: “no es fácil mantener el distanciamiento físico en prisión. La vacuna es un buen paso hacia la prevención y esperamos que se le administre a todos los reclusos en el futuro”. La prisión de Nyarugenge acoge a unos 10 000 reclusos. Poco más del 20 % de los reclusos ya han recibido la vacuna. Se espera que la campaña se extienda a otras prisiones a medida que se disponga de vacunas.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

20 de enero. La Asociación de Mujeres del Estado de North Bahr-el-Ghazal se ha hecho cargo de las multas que permiten la liberación de 14 reclusos de la prisión de Aweil. La dirección de la prisión ha alentado a las autoridades y simpatizantes a hacer lo mismo con los demás reclusos encarcelados por delitos “menores”. La prisión cuenta actualmente con 429 reclusos.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

28 de abril. Un indulto presidencial permitió reducir las penas de 5001 reclusos: 1516 fueron puestos en libertad, tras reducirse la cuarta parte de su pena, mientras que los 3485 beneficiarios restantes aún deberán permanecer en prisión.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

21 de mayo. El ministro de Justicia interino declaró que la prisión de Uthna fue designada para recibir a los reclusos que hayan dado positivo y aislarlos del resto de la población penitenciaria.

19 de abril. La administración penitenciaria planificaba administrar la vacuna a 5000 reclusos mayores de 65 años y a personas que padecen enfermedades crónicas. La campaña de vacunación inició en el centro penitenciario de Mornaguia.

19 de abril. Las autoridades celebraron la implementación del plan sanitario y la asignación de siete unidades nuevas para los nuevos reclusos. La dirección de la instancia nacional de lucha contra la tortura declaró que los centros penitenciarios no respetaban los protocolos sanitarios. Además, destacó la falta de distanciamiento físico y del uso de mascarillas, y afirmó que las instalaciones se habían convertido en un foco de contagio debido a los frecuentes traslados entre tribunales y prisiones.

19 de abril. La mayoría de los centros penitenciarios del país están sobrepoblados. Con el fin de evitar que la crisis sanitaria empeore, la Dirección de centros penitenciarios distribuyó equipos de protección individual e implementó medidas como el aislamiento de las personas más vulnerables y la suspensión de visitas y actividades.

16 de abril. En la prisión de Mornaguia, comenzó la campaña de vacunación. La vacuna se administró a 500 reclusos de entre 60 y 70 años de edad y a personas con enfermedades crónicas.

28 de marzo. Se pone en marcha un programa de vacunación para las personas reclusas.

Casos identificados¶

29 de junio. Se ha descubierto un foco epidémico en la prisión de Messaâdine. Un total de 292 reclusos y funcionarios de prisiones han dado positivo. Los reclusos han sido trasladados a una prisión en Ben Arous y se ha instado al personal a guardar cuarentena.

2 de junio. Ciento cuarenta y tres reclusos y cincuenta funcionarios, que dieron positivo por COVID-19, fueron colocados en cuarentena en espacios privados. Los pacientes se encontraban en una condición estable.

2 de junio. El portavoz de la administración penitenciaria anunció la muerte de siete reclusos y seis agentes penitenciarios desde el inicio de la pandemia. Todos los internos que fallecieron eran de edad avanzada o padecían enfermedades crónicas.

28 de marzo. Se registraron siete casos positivos en las prisiones del país (dos personas reclusas y cinco miembros del personal). La administración penitenciaria se ha felicitado por su protocolo sanitario.

Casos identificados¶

12 de febrero. Las autoridades penitenciarias han registrado un centenar de casos positivos entre el personal penitenciario y los reclusos. Desde la aparición del virus en el país, un recluso de la prisión de Namuseche ha muerto por COVID-19.

1 de febrero. Los seis establecimientos del este del país han registrado seis casos positivos de COVID-19. Los reclusos son aislados y reciben tratamiento. Hay un total de 2303 reclusos en las prisiones de la región.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

2 de marzo. La administración penitenciaria comenzó la primera fase de vacunación contra la COVID-19, en la que se incluyó al personal penitenciario. En la segunda fase, se prevé vacunar a más de 21 000 reclusos en todo el país.

24 de enero. Una empresa donó equipos de protección a los reclusos de la prisión de Chikurubi La administración penitenciaria pidió a otras empresas del país que tomen medidas: “Otras instituciones paraestatales también deberían unirse a nosotros y ayudar a combatir la pandemia en nuestras instalaciones correccionales”.

12 de enero. Un recluso de la prisión de Chikurubi alertó a las autoridades sobre un posible contagio, ya que temía haber contraído laCOVID-19. Sus condiciones de reclusión ponían en peligro la salud de sus compañeros de reclusión y de los agentes penitenciarios.
Además, otro interno denunció las condiciones de su traslado al tribunal: “Las autoridades penitenciarias violan la ordenanza del tribunal que indica que me deben aislar durante el traslado. Eso muestra a qué punto las autoridades no respetan las pautas de la Organización Mundial de la Salud”.

Sistema judicial¶

7 de julio. La Comisión de Servicios Judiciales de Zimbabue (CSJ) ha anunciado el cierre inmediato de sus más altos tribunales, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, debido al aumento de contagios de COVID-19 en el país.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

17 de abril. Un indulto presidencial permitió la liberación de alrededor de 3000 personas privadas de libertad; 400 reclusos de la prisión de Chikurubi fueron liberados. Solo las personas que enfrentan cargos por delitos no violentos pueden beneficiarse de esta medida.

17 de marzo. El Gobierno ha anunciado que absolverá a los reclusos que hayan cumplido al menos un tercio de su condena. También se pondrá en libertad a las personas condenadas a cadena perpetua que hayan pagado al menos 15 años. Las personas condenadas por ciertos delitos que se hayan juzgado como más graves no podrán beneficiarse de dicha medida. El sistema penitenciario del país, que tiene una capacidad para 17 000 personas, acoge a 20 407.

Llamamientos y recomendaciones¶

11 de febrero. Las autoridades penitenciarias han solicitado al presidente indultar a 5000 reclusos, casi la cuarta parte de la población carcelaria del país. Se estima que el sistema penitenciario, que tiene una capacidad para 17 000 reclusos, alberga unos 20 000. En Zimbabue no existe un sistema de libertad condicional, y solo el presidente puede indultar a las personas privadas de libertad.

Casos identificados¶

22 de junio. Más de cuarenta reclusos han dado positivo en la COVID-19 en la prisión de Bindura.

2 de marzo. Seis funcionarios de prisiones y seis reclusos han fallecido de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en el país. Un total de 403 funcionarios y 564 reclusos dieron positivo en el virus.

27 de enero. En la prisión Mutimurefu, una de las más pobladas del país, 110 reclusos dieron positivo por COVID-19.

13 de enero. Un agente de la prisión de Chikurubi falleció como consecuencia de la COVID-19 y quince más dieron positivo. Adicionalmente, un guardia de otro centro penitenciario fue aislado.