África: Ser pobre no es un delito

Las investigaciones realizadas a nivel regional por Africa Criminal Justice Reform , y por sus colaboradores a nivel nacional, demuestran que la penalización de los delitos menores afecta de manera desproporcionada a las personas pobres y a aquellas que suelen ser objeto de discriminación y exclusión social, como los comerciantes informales, los trabajadores sexuales y las personas LGBTI. El encarcelamiento afianza la discriminación y la exclusión social, y contribuye de forma significativa a la sobrepoblación carcelaria, lo que repercute de manera negativa en un gran número de derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a un juicio justo, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y a no sufrir malos tratos.

Las condenas por impago de multas, por ejemplo, suelen ser cortas, pero perjudican a largo plazo la vida de la persona y de su familia. Además, las personas que han sido condenadas en repetidas ocasiones por delitos de este tipo suelen ser tratadas como “delincuentes habituales” y condenadas a penas de prisión más largas.

Los ejemplos que proporcionaron los colaboradores de la campaña en Nigeria, Sierra Leona y Uganda son ilustrativos: Lawyers Alert informó que, en Nigeria, el 68 % de los reclusos preventivos condenados por delitos menores ─muchos de los cuales han sido arrestados de manera arbitraria─ se encuentran alojados en cárceles completamente sobrepobladas; AdvocAid ha observado que la penalización de los delitos menores supone una mayor carga para el sistema de justicia, ya desbordado, de Sierra Leona y aumenta la sobrepoblación de los centros penitenciarios, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, arrestadas, a menudo, por merodeo o impago de deudas ─lo que, de por sí, es una medida indebida para resolver asuntos de derecho civil─; en Uganda, Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF) ha declarado que más del 40 % de las personas arrestadas por delitos menores, que son, en su mayoría, personas pobres y trabajadores informales, se declaran culpables para evitar la prisión preventiva que suele prolongarse por periodos de tres meses o más.

La campaña para despenalizar los delitos menores en África pretende corregir estos errores y acabar con estas prácticas que marginalizan aún más a las personas pobres, y que las castiga penalmente por sus propias circunstancias. A nivel regional, esta campaña ha trabajado para elaborar un marco normativo que promueva la despenalización de los delitos menores a través de la promoción directa y la colaboración de los mecanismos de protección de derechos humanos de la Unión Africana. Se han obtenido tres resultados clave.

• El primer resultado lo obtuvo el African Policing Civilian Oversight Forum, que dirigió el trabajo de promoción de la campaña y logró que, en 2017, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptara los principios de despenalización de los delitos menores. Dichos principios reconocen que la penalización de este tipo de delitos es incompatible con la salvaguardia de los derechos consagrados en los artículos 2 (igualdad y goce de derechos sin ningún tipo de discriminación), 5 (derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano) y 6 (derecho a no ser arrestado o detenido arbitrariamente) de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, y exhortan a los Estados africanos a despenalizarlos y suprimirlos, así como a abordar, en lugar de castigar, las causas subyacentes de la pobreza y la marginalización.

• El segundo resultado significativo lo consiguió la Unión Panafricana de Abogados que, con el apoyo del SALC, solicitó una opinión consultiva ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el asunto. En diciembre de 2020, la corte emitió un dictamen consultivo y concluyó que los delitos de “vagabundaje” violan los derechos a la igualdad, la libertad y la dignidad de la persona humana. Los Estados africanos tienen ahora la obligación de reformar sus anticuadas leyes penales y acabar con las detenciones arbitrarias e ilegales por estos delitos.

Para los miembros de la campaña que intervienen a nivel nacional, los principios y la opinión consultiva son herramientas jurídicas y políticas esenciales para promover la reforma de su país. Cabe mencionar que la campaña ha tenido un enorme progreso en cuanto al cuestionamiento de las prácticas que penalizan la pobreza, por ejemplo, en el éxito de los litigios, las investigaciones, las actividades de promoción y la reforma de la legislación.

En Uganda, Sierra Leona y Nigeria, gracias a las actividades de promoción del HRAPF, se emitió un decreto presidencial que ordenaba poner fin a las detenciones por “ocio y desorden”, y liberar a todas las personas encarceladas por este motivo. En Sierra Leona, el trabajo de AdvocAid ha encontrado defensores de la reforma dentro del sistema de justicia, entre ellos, el director del centro penitenciario para hombres de Pademba Road, que declaró que “es necesario acelerar las reformas legislativas para despenalizar los delitos menores con el fin de reducir la sobrepoblación carcelaria y evitar las medidas privativas de libertad que sobrecargan el sistema de justicia”. La labor de promoción llevada a cabo por Lawyers Alert en Nigeria dio lugar a una reforma de las leyes relativas a las condenas, con la introducción de medidas no privativas de libertad en la nueva Ley de Servicios Penitenciarios (Correctional Services Act).

Una de las cuestiones de las que se ocupa ahora la campaña regional es la de identificar y promover alternativas eficaces y adecuadas a la penalización de la pobreza y la marginación de las personas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que se fomenta un marco que dé prioridad al desarrollo, la salud pública y los derechos fundamentales. Como lo ha señalado el HRAPF, y también muchos de los colaboradores de la campaña que trabajan en el tema a nivel regional y nacional, “la campaña para despenalizar los delitos menores es un camino lento y tortuoso, sujeto a la fluctuante voluntad política”. No obstante, a nivel regional se seguirá realizando la labor de divulgación de los principios y la opinión consultiva de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos con el fin de promover la adopción de estas importantes herramientas a nivel nacional.