Condiciones sanitarias y atención médica¶

19 de agosto. Las autoridades penitenciarias han afirmado que, en la única prisión del país, no se ha registrado ningún caso desde el mes de mayo. En marzo se llevó cabo una campaña de vacunación y el protocolo sanitario se ha seguido aplicando (test, cuarentena, mascarilla, etc.). A la fecha, una segunda campaña de vacunación estaba en preparación.

27 de abril. El centro penitenciario Her Majesty’s Prison comenzó una gran campaña de cribaje entre los reclusos y el personal. Se estima que se lleva un avance del 50% de los reclusos.

15 de marzo. La vacunación comenzó en el centro de Her Majesty’s Prison 1735. Cien reclusos y 36 miembros del personal han recibido la primera dosis.

Movimientos de protesta¶

22 de marzo. Los guardias han protestado contra sus condiciones de trabajo y han denunciado que a veces tienen que trabajar más de 24 horas sin la protección adecuada ni la seguridad contra los riesgos de la COVID-19.

Casos identificados¶

25 de agosto. Un recluso preventivo dio positivo por coronavirus. El ministro de Salud afirmó que el recluso no representaba ningún riesgo para sus compañeros, ya que había permanecido en cuarentena desde el momento de su ingreso y no había estado en contacto con ellos.

27 de abril. Treinta y siete personas privadas de libertad dieron positivo por COVID-19 en Her Majesty’s Prison. Hasta la fecha, veintiocho de ellos se habían recuperado.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

12 de julio. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata pidió al Gobierno de Buenos Aires que ideara, en cinco días, un plan de vacunación para los reclusos “mayores de 60 años y para los menores con factores de riesgo frente al coronavirus”, dos categorías vulnerables.

13 de enero. El Gobierno anunció que se construyeron doce centros de aislamiento sanitarios: diez de ellos en la provincia de Buenos Aires, uno en la provincia de Santa Fe y uno en Córdoba. Se prevé la construcción de un total de 31 centros con 786 camas en diversos establecimientos del país para mejorar la infraestructura sanitaria y el acceso a la atención médica.

Llamamientos y recomendaciones¶

1 de mayo. Tras la polémica que ha generado la decisión de conceder la libertad a algunos reclusos debido a la COVID-19, el presidente recordó públicamente que el asunto es responsabilidad del Poder Judicial.

22 de abril. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hizo un llamado a los Ministerios de Justica y de Salud para que tomen las medidas necesarias para proteger a los reclusos. El coordinador de la organización, Roberto Cipriano, afirmó que “el sistema de atención sanitaria es muy deficiente, sin profesionales, medicamentos o protocolos”. La Comisión ha manifestado su preocupación por la sobrepoblación carcelaria, así como por la falta de vacunación y de pruebas diagnósticas en los centros penitenciarios de Buenos Aires.

18 de marzo. Amnistía Internacional denunció los abusos a los que ha dado lugar pandemia de COVID-19 en las prisiones. Para contener la epidemia, las autoridades están utilizando medidas de aislamiento que pueden durar desde 23 horas al día hasta semanas o meses. Netsanet Belay, directora de investigación y promoción de Amnistía Internacional, ha declarado: “En algunas circunstancias, esto podría constituir trato cruel, inhumano o degradante. Es preciso aplicar medidas humanas para proteger a la población penitenciaria.”

Casos identificados¶

10 de junio. Entre abril y mayo, las prisiones federales registraron 64 casos positivos y, al menos, tres decesos. Desde principios de año, se han registrado 174 casos positivos, un aumento preocupante que se ha identificado principalmente en las prisiones para mujeres, sobre todo en la de Ezeiza y La Pampa.

10 de mayo. Entre el inicio de la pandemia y el 30 de abril de 2021, se registraron 619 casos positivos y 18 muertes en las prisiones federales. El aumento de los contagios durante el mes de abril de 2021 fue preocupante: se identificaron 42 casos en las prisiones federales, 16 en alcaidías y comisarías de Buenos Aires que funcionan como centros de detención informal, y 7 en centros de menores.

Vínculos con el exterior¶

17 de enero. Las visitas por videollamada continúan suspendidas en la prisión de Dodds. El ministro del Interior afirmó que “se han suspendido todos los servicios penitenciarios no esenciales” debido a la falta de personal, y que él “no estaba dispuesto a sacrificar la seguridad de la prisión para satisfacer un servicio no esencial”. Sin embargo, los reclusos cuentan con autorización para llamar a sus allegados.

5 de enero. La prisión de Island’s Dodds ha suspendido las visitas por video conferencia, ya que, debido al contagio y aislamiento de varios guardias, no cuenta con suficiente personal para supervisarlas.

Casos identificados¶

12 de agosto. Los protocolos sanitarios se reactivaron en la prisión de HMP Dodss después de que diez reclusos presentaran síntomas gripales. Algunos reclusos no han podido presentarse a sus audiencias, ya que se exigen dos test PCR negativos. A la fecha, solo se habían realizado los primeros test y todos habían arrojado resultados negativos.
27 de abril. El centro penitenciario de Dodds registró un único caso positivo de COVID-19 entre el personal. Las autoridades aplicaron un protocolo estricto y afirmaron: “Todas las personas que tuvieron contacto con este individuo se sometieron a un examen de despistaje y todas dieron negativo”.

21 de enero. En la prisión de Dodds, el virus continuó propagándose: 258 reclusos y 99 miembros del personal dieron positivo.

5 de enero. Las autoridades anunciaron que 49 miembros del personal y 121 reclusos dieron positivo por COVID-19 en la prisión de Island’s Dodds. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) intenta determinar si la nueva variante del virus se encuentra presente entre los nuevos casos identificados.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

26 de abril. Un recluso de la prisión de Westgate fue puesto en aislamiento durante 28 días después de haber solicitado una alternativa a la prueba nasal, a la que había tenido una reacción negativa un año antes.

Movimientos de protesta¶

4 de junio. La ministra de Seguridad Nacional señaló que las restricciones relacionadas con la pandemia, sobre todo la suspensión de las visitas, habían generado un ambiente de tensión en las prisiones.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

28 de abril. La Defensoria Pública denunció al estado de São Paulo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad durante la pandemia. Dichas violaciones se constataron después de 21 visitas sorpresa realizadas por la defensoría. Los abogados observaron que en casi el 85 % de los centros visitados se restringe el acceso del agua y, en ciertos casos, se limita a dos horas por día. La administración penitenciaria de São Paulo afirmó que los reclusos disponen de una “cantidad de agua suficiente”.

25 de enero. La ONG Pastoral Carcerária publicó un informe sobre las violaciones de derechos humanos en reclusión ocurridas entre marzo y octubre de 2020. La organización aseguró haber recibido 90 denuncias relacionadas con violaciones de derechos y torturas. Esto representa un aumento del 63 % en el número de denuncias recibidas en comparación con el mismo período de 2019, pese a la difícil comunicación entre las organizaciones externas y los reclusos. Los internos denuncian en particular la falta de alimentos, productos de higiene y el acceso insuficiente a la atención médica, así como condiciones humillantes y degradantes. Varios testimonios reportan la falta de medidas de aislamiento adecuadas: los reclusos que presentan síntomas de COVID-19 o de tuberculosis no se separan de los demás internos.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

enero. La organización Human Rights Watch afirmó que entre marzo y septiembre de 2020 aproximadamente 53 700 reclusos fueron puestos bajo arresto domiciliario para reducir la propagación del virus. Esto representa menos del 7 % de la población carcelaria del país.

Vínculos con el exterior¶

19 de febrero. En el estado de São Paulo, algunas prisiones han vuelto a suspender las visitas tras la confirmación de una nueva serie de casos.

8 de febrero. Un grupo formado por unas 20 mujeres ha protestado frente a la prisión de Agronômica, en Florianópolis (estado de Santa Catarina), para exigir, entre otras cosas, el acceso a una “alimentación digna” para sus familiares y la reanudación de las visitas conyugales. La administración penitenciaria afirmó que dicha institución ya ha puesto en marcha dispositivos que permiten la comunicación virtual entre los reclusos y sus familiares, como el correo electrónico y las videoconferencias, para compensar la suspensión de las visitas.

6 de enero. Las visitas se suspendieron nuevamente, al menos hasta el 20 de enero, en la prisión de Palmas, en Tocantins. La decisión se ha tomado tras confirmarse un nuevo caso de COVID-19 entre los reclusos. La suspensión podrá renovarse tras la evaluación de las autoridades, quienes afirman que los reclusos pueden seguir haciendo uso de las llamadas y las videoconferencias. Una abogada ha criticado la decisión y ha denunciado las dificultades que tiene para comunicarse con su cliente. Además, ha puesto de relieve la importancia de los encuentros presenciales para la preparación de la defensa. En 2020, las visitas en el estado de Tocantins se suspendieron entre marzo y noviembre.

Movimiento de protesta¶

18 de febrero. En la prisión de Ponta Porã (Mato Grosso do Sul), cerca de la frontera con Paraguay, estalló un motín. Los reclusos denunciaban, entre otras cosas, la propagación del virus en la prisión. La administración penitenciaria afirmó que se trataba de una acción individual y no de una revuelta colectiva. Los medios de comunicación informaron que la intervención de las autoridades duró 10 horas, que tomaron a un funcionario como rehén y que siete reclusos estaban implicados.

Casos identificados¶

19 de febrero. Las prisiones del estado de São Paulo son las que han registrado el mayor número de contagios y decesos por COVID-19 del sistema penitenciario brasileño. En total, 12 144 reclusos se han contagiado y 37 han muerto. El número de funcionarios penitenciarios contagiados es de 2695, de los cuales 42 han fallecido.

En el estado de Sergipe, el número de casos confirmados ha aumentado un 80% en un mes.

20 de enero. El número de personas que ha dado positivo en las prisiones aumentó a 57 454 (43 799 reclusos y 13 655 miembros del personal penitenciario). El número de muertes aumentó en un 4.5 % en comparación con el mes de diciembre. En total, 229 personas murieron como consecuencia de la COVID-19 (130 reclusos y 99 trabajadores).

Condiciones sanitarias y atención médica¶

19 de septiembre. A la fecha, cerca del 75,7 % de los reclusos de las prisiones federales habían recibido la vacuna.

27 de abril. En Quebec, se inició la campaña de vacunación en la prisión de Roberval, durante la que se vacunaron entre 150 y 250 personas, tanto reclusos como personal.

2 de abril. En Quebec, la vacunación no se habría dado en ninguna prisión hasta la fecha. Algunas personas expresaron su preocupación por la falta de un cronograma de vacunación en las prisiones de la provincia. Los funcionarios han indicado que el 10% de los efectivos ha contraído la enfermedad.

7 de marzo. Las familias de los reclusos en la prisión de Drumheller han alertado sobre el deterioro de la salud mental de sus seres queridos, que han estado confinados durante más de dos meses. Se ha reportado un intento de suicidio. A los reclusos se les permite salir de sus celdas menos de una hora al día y tienen un acceso muy limitado a las duchas y al economato, en el que compran productos de higiene.

18 de febrero. La abogada Nadia Golmier alertó sobre las condiciones de vida de los reclusos en la provincia de Québec, la más afectada por el reciente recrudecimiento de casos. Algunos reclusos, sobre todo de las comunidades indígenas, se pasan las 24 horas del día encerrados en sus celdas. Además, se han prohibido los libros y el acceso a las duchas es muy limitado.

3 de febrero. Un estudio analizó la relación entre las tasas de contagio y el tipo de centro penitenciario. Se concluyó que las prisiones de mediana seguridad (el 98% de contagios) y las prisiones para mujeres, en las que existen varios regímenes de reclusión, son las más expuestas.

6 de enero. La vacunación de 600 reclusos mayores o vulnerables, recluidos en el sistema federal, está punto de comenzar. Esta política ha sido criticada por la facción conservadora. El ministro de Salud Pública Bill Blair consideró que algunos “individuos dentro en los centros federales sufren de condiciones preexistentes y tienen un mayor riesgo de contraer la COVID-19, una situación similar a la de los adultos mayores en las residencias geriátricas”. Con ello, Blair apeló a la responsabilidad de todos.

3 de enero. En Saskatchewan, la falta de caminatas y de actividades pesa sobre el ánimo de los reclusos. Una persona allegada a uno de ellos indicó que la única medida implementada para contener la epidemia es la restricción de movimiento.

Vínculos con el exterior¶

6 de julio. Las visitas se reanudaron progresivamente en las prisiones federales. Se limitó tanto el número de personas autorizadas como la duración de las visitas. Las visitas debían reservarse con al menos 48 horas de anticipación.

10 de marzo. El Barton Solidarity project ha denunciado que en la prisión de Hamilton Wentworth el contacto con las familias solo se realiza por mensajería; los familiares pueden dejar un mensaje en el contestador automático del establecimiento, pero los reclusos tardan hasta tres semanas en recibirlo. Además, los reclusos no disponen de acceso al teléfono para ponerse en contacto con su abogado.

Movimientos de protesta¶

6 de julio. En el estado de Saskatchewan, la administración penitenciaria ha examinado un centenar de quejas que los reclusos de las prisiones provinciales presentaron durante la pandemia y que reflejan un gran «sentimiento de abandono».
Debido a la confusión que ha provocado la falta de directrices claras y de coordinación, se han contagiado cientos de personas (agentes, reclusos y sus familiares). Los representantes de la oposición culpan a los responsables al mando.

10 de marzo. Un miembro del Barton Solidarity Project denunció que más de cincuenta reclusos estaban haciendo huelga de hambre en la prisión de Hamilton Wentworth para exigir mejores condiciones de vida. En particular, pedían un mayor acceso a productos básicos de higiene, así como a ropa de cama limpia. También solicitaban poder salir de manera regular al patio. Los reclusos del establecimiento, que no habían salido desde hace más de un mes, exigieron que se reanudaran las visitas y que se les permitiera de nuevo llamar a sus abogados.

Llamamientos y recomendaciones¶

8 de septiembre. La liberación de reclusos en Ontario se debió a un aumento de los incidentes relacionados con el uso de opioides: sobredosis, autolesiones, etc. Un estudio señaló que la liberación temporal o anticipada habría ocasionado una interrupción del tratamiento de sustitución.

15 de julio. La Comisión de Salud Mental de Canadá (MHCC, por sus siglas en inglés) recomendó brindar más apoyo a las personas que enfrentan procesos judiciales: “La COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de compensar las deficiencias de ciertos servicios públicos y abordar los problemas con los que tienen que lidiar las personas privadas de libertad en Canadá que sufren de trastornos mentales y adicciones”.

29 de abril. Un profesor de la Universidad de Regina solicitó que se vacune a todos los reclusos y al personal penitenciario de la región de Saskatchewan. Señaló las problemáticas condiciones sanitarias y de higiene que existían incluso antes de la pandemia. Escribió: “La provincia necesita hacer más para proteger a los reclusos y a los agentes. El plan de vacunación continúa indiferente y presta poca atención a las poblaciones frágiles”.

28 de abril. Según un especialista en enfermedades infecciosas, la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson sería “perfecta” para las llamadas poblaciones vulnerables o marginales. Sus condiciones de almacenamiento (sin temperaturas extremadamente bajas) y de administración (vacuna de una sola dosis) facilitarían su uso.

14 de abril. La ACLU canadiense destacó la vulnerabilidad de los reclusos a las nuevas variantes del virus. Además, la organización informó que el número de internos está aumentando nuevamente, después de la significativa disminución del año anterior. Este descenso lento pero notorio a nivel federal se explicaría principalmente por la reducción de las órdenes de detención (cierre de los tribunales) combinada con el fin de las penas habituales. Por otra parte, se ha dado una nueva afluencia de personas en las prisiones provinciales desde finales de 2020. Muchos de estos reclusos serían internos federales esperando ser transferidos.

3 de febrero. La Royal Society emitió un documento de orientación política, en el que recomendó a la administración penitenciaria fomentar las medidas de liberación, favorecer las pruebas de detección en los centros penitenciarios, recurrir menos a la prisión preventiva, entre otros. Estas recomendaciones se hicieron en función de los tipos de establecimiento y de población.

11 de enero. Investigadores y activistas de derechos humanos han exigido que se tomen medidas más estrictas para proteger a los reclusos, ya que algunos no disponen de mascarillas ni de productos de higiene suficientes.

6 de enero. Los agentes penitenciarios exigieron un acceso prioritario a la vacunación.

Casos identificados¶

19 de junio. En el distrito de North Bay-Parry Sound se ha registrado un aumento significativo de los contagios. Un tercio de los casos de la región se encuentran en la prisión de North Bay.

29 de abril. En Quebec, la prisión de Donnacona reportó 14 casos positivos (7 reclusos, 7 funcionarios). Se rastrearon los contactos y se realizaron pruebas. Además, se administraron vacunas al personal y a los reclusos del centro.

22 de abril. En la prisión de Saskatchewan, Regina se registraron 136 casos, entre reclusos y miembros del personal. El 80 % de la población penitenciaria de esta provincia está compuesto por personas provenientes de comunidades indígenas.

2 de abril. En Quebec, todos los internos de la prisión de New Carlisle habrían contraído la COVID-19.

12 de marzo. La dirección de la prisión de Drumheller ha registrado 70 casos positivos entre los reclusos y 21 entre los miembros del personal. Se ha solicitado apoyo a la Cruz Roja para gestionar la epidemia dentro del establecimiento.

10 de marzo. Un total de 72 personas, de entre ellos 51 reclusos, han dado positivo porCOVID-19 en las instalaciones de Hamilton Wentworth .

23 de febrero. Un informe del Defensor del Pueblo (Correctional Investigator) ha revelado que más del 10% de la población carcelaria del país ha contraído el virus, contra el 2% de la población general, y ha recomendado mantener los esfuerzos en materia de vacunación, especialmente para los reclusos más vulnerables. Asimismo, ha instado a las autoridades a promover medidas alternativas a la privación de libertad.

3 de febrero. Las prisiones estatales y federales registraron 5000 casos a finales de enero. Entre ellos se encuentran más de mil guardias.

28 de enero. En Quebec, catorce guardias y cuatro reclusos dieron positivo en la prisión de Bordeaux, por lo que se realizó una prueba de detección a cerca de 150 reclusos . Una de las alas de la prisión tuvo que guardar cuarentena por catorce días.

11 de enero. Algunos investigadores se alarmaron por el número de casos positivos detectados en las últimas semanas. Se han identificado más de 1962 casos positivos desde principios de diciembre de 2020. Estas cifras superarían las registradas durante los primeros nueve meses de la pandemia.

3 de enero. En Saskatchewan, la prisión Prince Albert ha registrado 109 casos. Se trata del centro que ha presentado el mayor número de casos a nivel nacional.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

22 de octubre. Las autoridades penitenciarias de la región de Los Ríos realizaron test a 1485 personas privadas de libertad.

23 de junio. La prisión de Valparaíso levantó la cuarentena de dos semanas de 119 reclusos. Cuatro reclusos que seguían contagiados tuvieron que permanecer aislados. Las visitas han podido reanudarse.

31 de mayo. La primera dosis de la vacuna se ha inoculado a 42 694 personas (27 538 reclusos y 15 156 funcionarios). El número de personas que recibieron la segunda dosis fue de 32 268.

28 de mayo. La crisis sanitaria ha agravado la precariedad menstrual de las mujeres reclusas, ya que el acceso al agua y artículos de higiene se ha vuelto más complicado. La organización Aids Healthcare Foundation se está preparando para distribuir 6000 paquetes de compresas en todo el país. Las mujeres reclusas podrán beneficiarse de esta iniciativa.

10 de mayo. Gendarmería anunció que se reanudarían las actividades en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco tras dar de alta a los 115 reclusos que tuvieron que guardar cuarentena por razones sanitarias.

27 de abril. Un gran número de pruebas PCR (2613) se realizaron a las personas recluidas en las prisiones de la región de Araucania.

20 de abril. Desde el inicio de la pandemia, Gendarmería de Chile ha vacunado a 31 847 personas, entre ellas, 18 747 reclusos y 13 100 miembros del personal penitenciario. Por el momento, se ha administrado la segunda dosis a 14 793 personas.

19 de abril. El centro de La Serena informó que 717 reclusos han recibido la primera dosis de la vacuna, y 199 la segunda.

Vínculos con el exterior¶

17 de agosto. Las visitas conyugales se reanudaron en la prisión de Valparaíso, tras más de un año de suspensión. Para poder recibir las visitas, tanto los reclusos como sus parejas tendrán que haberse vacunado. Gendarmería afirmó que se suspendería este beneficio en caso de detectarse un nuevo brote de coronavirus al interior del centro.

7 de mayo. El Centro de Detención Preventiva de Limache, en la región de Valparaíso, fue puesto en cuarentena tras registrarse un brote de COVID-19.

30 de marzo. Los familiares de las personas privadas de libertad en la prisión de Acha protestaron para pedir que se les informara sobre el estado de salud de los reclusos en aislamiento o los que estaban infectados con COVID-19.

21 marzo La ciudad de Valvidia se puso en cuarentena, por lo que los reclusos no pueden recibir visitas.

Llamamientos y recomendaciones¶

8 de septiembre. Una asociación de generales y coroneles en retiro presentó una denuncia contra el Estado por negligencia hacia los reclusos durante la pandemia. Un abogado de la asociación denunció la “deshumanización” de la población carcelaria por parte del Ministerio de Justicia.

6 de septiembre. Un grupo de militares presentó una queja en contra del ministro de Justicia Hernán Larraín. El abogado explicó que la “negligencia” del Ministerio de Justicia habría provocado la muerte de cinco reclusos en los establecimientos de Colina y Punta Peuco.

Casos identificados¶

19 de noviembre. Las autoridades penitenciarias declararon un brote epidémico en la prisión de Valdivia. Los casos positivos en prisión se elevan a 327. Se ha identificado un solo caso dentro del personal penitenciario.

22 de octubre. El establecimiento penitenciario de Valdivia anunció una nueva ola de contagios. Cinco reclusos dieron positivo. Por el momento, el número de casos contacto sigue siendo desconocido. La región de Los Ríos contabilizó un total de 131 reclusos positivos.

9 de septiembre. Un centro penitenciario de Santiago registró 80 casos positivos de COVID-19. Las autoridades anunciaron el fallecimiento de dos reclusos.

8 de septiembre. La prisión de Punta Peuco anunció la muerte de dos internos tras un brote de la epidemia.

5 de julio. Unos cuarenta reclusos de la prisión de Alto Bonito, en Puerto Montt, en la región de Los Lagos, dieron positivo en coronavirus, y fueron puestos en cuarentena. Las autoridades afirmaron que las visitas fueron las causantes de este nuevo brote.

6 de agosto. La prisión de Antofagasta registró 114 nuevos casos positivos entre los reclusos. La administración penitenciaria indicó que los reclusos se aislaron de inmediato, “siguiendo el protocolo sanitario establecido”.

24 de agosto. Se registraron 27 casos positivos entre los reclusos de la prisión de Punta Peuco, un centro penitenciario reservado para los militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet. Los traslados, las visitas y las evaluaciones médicas se han suspendido. Fuentes oficiales indicaron que todos los reclusos de este centro penitenciario se han vacunado contra el coronavirus y la influenza.

15 de junio. Las autoridades sanitarias han señalado que 83 reclusos y siete funcionarios penitenciarios han dado positivo en COVID-19 en la prisión de San Carlos en la región de Ñuble. La situación parece estar «bajo control» y casi toda la población carcelaria ya está vacunada.

31 de mayo. A la fecha, la administración penitenciaria ha contabilizado 8490 casos de COVID-19 en las prisiones locales (5663 entre los reclusos y 2827 entre los miembros del personal) y un total de 32 decesos, tanto de reclusos como del personal.

19 de mayo. Un recluso ha fallecido por una neumonía severa derivada de la COVID-19 en una prisión de Santiago.

8 de junio. La prisión de Valparaíso entró en cuarentena tras identificar 119 casos de COVID-19. Según las autoridades, los reclusos que dieron positivo fueron aislados de los demás, y se hicieron pruebas de PCR al resto de los internos y al personal penitenciario.

17 de mayo. Gendarmería contabilizó un total de 8227 casos positivos en las prisiones del país: 5459 reclusos y 2768 miembros del personal. Se registraron treinta decesos (25 personas privadas de libertad y cinco funcionarios).

4 de mayo. Las autoridades identificaron 7962 casos positivos en las prisiones del país. El número de infectados ascendió a 5250 reclusos y 2712 miembros del personal.

3 de mayo. Un interno de 83 años, recluido en la prisión de Santiago, falleció como consecuencia de la COVID-19.

27 de abril. La región de Araucania reportó 394 casos positivos, de los cuales 85 se registraron en el centro penitenciario de Temuco.

20 de abril. Las autoridades chilenas contabiliazaron 7344 casos positivos en todas las prisiones del país. Un total de 4729 reclusos y 2615 miembros del personal han contraído el virus. Se registraron veintisiete decesos (22 reclusos y 5 guardias).

19 de abril. En la prisión deVillarica, se registraron 114 nuevos contagios. Las autoridades contabilizaron 111 casos entre los reclusos y 3 entre los guardias. En la prisión de La Serena, 15 internos dieron positivo.

12 de abril. En la prisión de Talca, diez guardias y 89 reclusos dieron positivo por COVID-19.

31 de marzo. En la prisión de Rancagua, en Santiago, se identificaron 93 casos positivos tras haber realizado más de 300 pruebas. No se ha registrado ningún caso entre el personal.

30 de marzo. Al menos 371 personas privadas de libertad dieron positivo en la prisión de Acha, en la que se registró un deceso.

28 de enero. Las autoridades penitenciarias (Gendarmería de Chile) publican frecuentemente información relativa a los casos de COVID-19 en las prisiones del país. Un total de 2611 reclusos y 1971 miembros del personal dieron positivo. Se reportaron 21 muertes (18 reclusos y 3 funcionarios)

Condiciones sanitarias y atención médica¶

27 de julio. La campaña de vacunación comenzó en la prisión San Sebastián de Ternera, con el objetivo de reanudar las visitas familiares. En una jornada piloto de vacunación, se administró la vacuna a 44 reclusos. El director del centro penitenciario afirmó que, a la fecha, había cinco casos activos entre los 1850 reclusos. El Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena anunció que, una vez terminada en la prisión de San Sebastián, la campaña de vacunación se llevaría a cabo en la cárcel distrital de mujeres.

3 de julio. La administración penitenciaria (Inpec) anunció que la vacunación de los reclusos de las prisiones de Bogotá tendría lugar del 6 al 13 de julio por parte de la secretaría de sanidad de la ciudad. El director del Inpec indicó: “La próxima semana iniciaremos el proceso de inmunización en los establecimientos de reclusión de orden nacional de la ciudad capital y finalmente [en] la sede administrativa de la Inpec. Todo esto pensando en nuestros funcionarios, en la salud de ellos, y, lógicamente, de las personas que hoy están bajo nuestra responsabilidad”.

3 de julio. La administración penitenciaria (Inpec) indicó que se había vacunado a 15 865 reclusos y a 1986 agentes. Hasta ese momento, las prisiones de Leticia, San Andrés, Barranquilla y La Guajira habían sido las primeras del sistema penitenciario nacional en las que toda la

27 de junio. La cuarta fase del plan nacional de vacunación comenzó en Barranquilla. Esta fase incluye tanto a las personas reclusas como al personal penitenciario. En la prisión de Modelo, 997 reclusos ya están vacunados. El plan de vacunación también incluye a la prisión de El Bosque y la prisión de mujeres El Buen Pastor.

26 de junio. Aproximadamente 600 personas serán transferidas, a partir del 28 de junio, desde las comisarías y las Unidades de Reacción Inmediata (URI) en Cali a las prisiones de Jamundi, Palmira y Cali. Estos traslados tienen como objetivo reducir el hacinamiento en las comisarías y las URI, que tienen una tasa de ocupación del 150 %.

22 de junio. Se han suspendido los traslados a la prisión de Sincelejo. Esto se traduce en un mayor hacinamiento en el Centro de Reclusión Transitario local: “A raíz de que la prisión no tiene las condiciones de aislamiento adecuadas para las personas que llegan detenidas, se ha optado porque permanezcan en esos centros de paso y no resulten contagiadas con el virus”.

19 de marzo. La segunda fase de la campaña de vacunación ha comenzado en Bogotá. Se ha vacunado a 437 reclusos mayores de 80 años, lo que significa que 643 personas aún deben vacunarse.

24 de enero. Las autoridades penitenciarias reportaron que la tasa de ocupación bajó del 154.9 % al 120.2 % en los últimos meses.

Sistema judicial¶

19 de octubre. Cinco agentes penitenciarios fueron acusados de tortura agravada. Los hechos datan de la noche del 21 de marzo de 2020 en la cárcel La Modelo de Bogotá. La represión violenta de los reclusos que manifestaron contra las medidas sanitarias dejó 24 muertos y más de 100 heridos. Tres agentes ya fueron arrestados.

12 de enero. El Ministro de Justicia anunció que 576 personas privadas de libertad detenidas en las estaciones de Policía de Bogotá se trasladarían a establecimientos de reclusión. El objetivo del ministerio es reducir el hacinamiento en las comisarías de la capital en un 21% aproximadamente. Las autoridades afirmaron que los traslados se realizarían “con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y una vez lleguen a los nuevos sitios de reclusión, los privados de la libertad deberán cumplir con 14 días de aislamiento en las zonas destinadas para ese efecto”.

Vínculos con el exterior¶

24 de junio. Los reclusos del patio 1 de la prisión Modelo de Barranquillahan recibido la visita de sus familiares por primera vez en 15 meses.
La prisión Rodrigo de Bastidas en Santa Marta ha autorizado la reanudación parcial de las visitas, que habían estado suspendidas desde marzo de 2020.

11 de abril. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) anunció la suspensión de las visitas en 17 centros penitenciarios de Antioquia.

13 de marzo. Las visitas de parejas y familiares se han vuelto a autorizar en las prisiones, para lo que se han adoptado estrictas medidas sanitarias.

9 de enero. Debido a un aumento de los casos positivos en las prisiones de todo el país, la administración penitenciaria (INPEC) suspendió, hasta el 21 de enero, las visitas y los permisos de salida temporales de 72 horas.

Llamamientos y recomendaciones¶

29 de agosto. El Contralor General de la República indicó que “la pandemia desnudó varias de las fallas estructurales que tiene el Sistema Penitenciario y Carcelario y, en general, el sistema de justicia. Aún no se logra consolidar una política criminal coherente y eficaz para reducir el [hacinamiento] carcelario y garantizar la progresividad penal del sistema”. Esta declaración se dirigió al Tribunal Constitucional.

29 de agosto. La Contraloría General de la República afirmó que el sistema penitenciario utilizó indebidamente el dinero del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) destinado al manejo de la pandemia. Además, reveló que La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) “comprometió el 54,8 % de lo destinado al sector justicia, en la compra de municiones y elementos de protección balística por 12 903 millones”(alrededor de 3.3 millones de dólares). Las autoridades usaron el motín ocurrido en marzo de 2020 en la cárcel de La Modelo, incidente que resultó en la muerte de 23 reclusos, como justificación para haber realizado este gasto que fue validado por el Ministerio de Finanzas.

17 de mayo. La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia y al INPEC dotarse del material de comunicación necesario para que las personas privadas de libertad puedan tener visitas virtuales. Se debe autorizar una visita mensual para garantizar el derecho a la unidad familiar.

17 de marzo. El Grupo de Prisiones y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes de Bogotá, junto con Fescol, elaboraron una serie de recomendaciones para salir de la crisis. Las asociaciones universitarias señalaron que era indispensable “cambiar el enfoque de seguridad pública con el que se ha entendido el COVID-19 en las cárceles para entenderlo como un problema de salud pública. En efecto, ”(…) la actual pandemia ha tenido un mayor impacto entre la población privada de la libertad que entre la población libre. La tasa de contagio entre la primera es significativamente mayor a aquella que se registra en la segunda.(…)“.

Movimientos de protesta¶

22 de junio. Las visitas a la prisión de La Vega (Sincelejo) se han suspendido tras detectarse varios casos de COVID-19 en el módulo de mujeres. Los reclusos se declararon en huelga de hambre en mayo para protestar por la suspensión de las visitas.

1 de marzo. Once mujeres fueron indemnizadas, después de un fallo del Consejo del Estado debido a las condiciones de reclusión ”paupérrimas” a las cuales fueron sometidas.

Llamamientos y recomendaciones¶

11 de abril. El personero de Medellín, William Vivas, ha pedido a las autoridades que aceleren la campaña de vacunación en las prisiones, y ha alertado de los niveles de sobrepoblación que se han observado en los centros penitenciarios, especialmente en El Pedregal, donde se han registrado 89 casos entre los reclusos.

Casos identificados¶

24 de agosto. La prisión de hombres de Pereira (Risaralda) registró un nuevo brote de coronavirus, en el que se identificaron 18 casos positivos entre los reclusos. Dos internos, que al parecer se habían negado a recibir la vacuna, fallecieron.

21 de junio. En la prisión Modelo de Bucaramanga, 10 funcionarios y 32 reclusos dieron positivo y tres módulos fueron puestos en cuarentena. El establecimiento había registrado la muerte de una persona como consecuencia de la COVID-19 la semana anterior.

19 de mayo. La prisión de Valledupar ha puesto en marcha nuevas medidas sanitarias tras registrarse ciento veinte casos positivos entre los reclusos y el personal penitenciario. La mayoría de las personas presentaron síntomas leves y solo una tuvo que trasladarse al hospital.

8 de mayo. En la prisión de mujeres San Diego de Cartagena, que cuenta con cerca de 160 reclusas, se identificaron ocho casos positivos (cuatro entre las reclusas y cuatro entre los miembros del personal).

11 de abril. Se ha confirmado el contagio de 80 internas del centro penitenciario El Pedegral (Medellín).

9 de abril. Más de 70 reclusas dieron positivo en la prisión de El Pedregal (Medellín). El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) señaló que el virus llegó con el traslado 80 internas realizado una semana antes del recuento.

19 de marzo. Se registraron 82 casos positivos en los centros penitenciarios de Bogotá.

2 de febrero. Al menos 73 personas, entre reclusos y personal, de la prisión de San Gil (Santander) dieron positivo. El nuevo brote se identificó tras el traslado de 15 reclusos desde las estaciones de Policía a este establecimiento penitenciario. Este último, que se puso en cuarentena (confinamiento), tiene alrededor de 360 reclusos.
26 de enero. La administración penitenciaria reportó que un total de 21 448 reclusos ha dado positivo por COVID-19desde el inicio de la pandemia.

Aproximadamente el 74 % de los internos de la prisión de Pácora ha dado positivo por COVID-19. Las autoridades aseguran que los infectados han sido aislados y la mayoría no presenta síntomas. El director del establecimiento afirmó que se incentiva el uso de mascarilla y el lavado de manos frecuente entre los reclusos.

2 de enero. Los casos de contagio han aumentado en la cárcel Modelo en Cúcuta. La administración penitenciaria (INPEC) informó que unos 50 reclusos dieron positivo, seis miembros del personal estaban infectados y uno falleció. Los familiares de los reclusos declararon no tener noticias sobre el estado de salud de sus parientes.

Casos identificados¶

11 de febrero. El número de reclusos que ha dado positivo por COVID-19, desde el inicio de la pandemia, es ahora de 2695. Quince reclusos han fallecido.

Casos identificados¶

21 de enero. La prisión de mujeres más grande del país, Guatao, entró en confinamiento debido al aumento de casos de COVID-19 en el sistema penitenciario. Es la segunda prisión del país en implementar una medida de este tipo desde el inicio de la pandemia.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

23 de septiembre. Algunos observadores calificaron la situación de los reclusos del centro penitenciario de Rikers de “crisis humanitaria absoluta” y “símbolo de brutalidad e inhumanidad”. Varios investigadores indicaron que la reclusión masiva tal y como se practica en Estados Unidos es “fundamentalmente incompatible con la salud pública y la bioseguridad” y que contribuye a la propagación de enfermedades infecciosas.

16 de septiembre. Prison Policy Initiative afirmó que el manejo de la pandemia en prisión ha sido un “vergonzoso fracaso”. La respuesta de los Estados a la pandemia se calificó con base en la suma de los siguientes criterios: disminución de la población carcelaria, reducción de las infecciones y de la tasa de mortalidad, planes de vacunación e implementación de medidas sanitarias para atender las necesidades en salud mental y física de las personas privadas de libertad.Iowa y otros 36 estados recibieron la calificación más baja de F. Solo Nueva Jersey y California obtuvieron una calificación alta. Algunos estados se distinguieron por la liberación (New Jersey, Connecticut e Illinois) o la vacunación masiva de los reclusos (Dakota, Oregon y Nueva Jersey). Sin embargo, la organización aseguró: “Incluso Nueva Jersey y California, que obtuvieron las puntuaciones más altas, no han hecho suficientes esfuerzos para contener la COVID-19. En Nueva Jersey, la tasa de contaminación en prisión (42 %) era 3,8 veces mayor que en el exterior”.

1 de junio. En algunos estados, la tasa de vacunación es más alta en prisión que fuera. Esto ocurre particularmente en California y Dakota del Norte. A los reclusos a menudo se les llama para que fomenten el proceso de vacunación y para hablar de lo importante que es vacunarse.

27 de mayo. En Arizona, se ha implementado un programa para reanudar las actividades.

6 de junio. En Arizona, el 71 % de los reclusos de las prisiones estatales fueron vacunados, es decir, 26 000 personas.

19 de mayo. En Hawái, 20 de los 40 nuevos miembros del personal que se encontraban en formación dieron positivo por COVID-19. Los 36 de los 40 funcionarios, que se negaron a vacunarse, tuvieron que guardar cuarentena, y los otros cuatro pudieron continuar con la formación.

18 de mayo. Menos del 55 % de la población reclusa ha recibido la vacuna. Los estados con tasas de vacunación inferiores al 20 % son: Carolina del Sur, Utah, y Alabama.

11 de mayo. En el estado de California, el personal penitenciario se ha mostrado reticente ante la vacuna contra la COVID-19. Según la información recogida en 30 de las 35 prisiones gestionadas por el California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR), menos de la mitad del personal ha aceptado vacunarse, lo que representa un total de 37 000 personas.

29 de abril. En Pensilvania, 150 reclusos de la prisión del Condado de Dauphin recibieron la primera dosis de la vacuna. La segunda estaba programada para mayo.

27 de abril. Un informe de la Universidad de Los Ángeles reveló que la tasa de mortalidad en las prisiones de Florida ha aumentado durante la pandemia, y no solo como resultado de la COVID-19. Pese a la considerable disminución de la población penitenciaria, el número de muertes ha aumentado.
En Iowa, algunas enfermeras habrían administrado seis veces la dosis prevista de la vacuna Pfizer a 77 reclusos en la prisión Ford Madison. Las dos enfermeras involucradas fueron despedidas. La madre de un recluso declaró: “se sienten como conejillos de indias”.

24 de abril. En Illinois, el 69% de los 28 000 reclusos ya fueron vacunados. Solo el 27% de los agentes habría aceptado recibir la vacuna. Esta cifra puede ser mayor a la realidad, ya que algunos recibirían la vacuna en su ciudad de residencia.

1 de abril. Treinta y seis estados iniciaron la campaña de vacunación para los reclusos y el personal. Otros once estados la reservaron únicamente para el personal. Florida es uno de los cuatro estados en los que no hay planes de vacunación para los reclusos o el personal. El presidente de la Florida Rights Restoration Coalition cree que “las prisiones podrían convertirse en cementerios”. Florida registró en 2020 la muerte de 213 personas privadas de libertad.

3 de marzo. Más de 200 reclusos de la prisión de Danbury en Connecticut se han negado a vacunarse contra la COVID-19 por falta de confianza en la vacuna. Los reclusos que se nieguen a vacunarse, sin justificante médico, ya no podrán optar por el aislamiento domiciliario, una medida que se concede a los reclusos con un estado de salud frágil, que puedan desarrollar complicaciones graves en caso de contagio y que supongan un “riesgo de seguridad bajo”.
1 de marzo. La Kaiser Family Foundation ha puesto de manifiesto la distribución desigual de las vacunas en las prisiones de los diferentes estados durante el mes de febrero. Aproximadamente quince estados (incluidos California a la cabeza, Virginia y Massachusetts) distribuyen vacunas a los reclusos. Otros, incluido el estado de Colorado, no priorizan la vacunación de los reclusos sino la del personal penitenciario.

23 de febrero. En el estado de Connecticut, el 10 % de la población carcelaria y el 40 % del personal han sido vacunados en un espacio de tres semanas.

22 de febrero. En California, casi 37 500 reclusos y 25 000 miembros del personal han sido vacunados. Del mismo modo, en Virginia, se ha vacunado a más de 13 000 reclusos y 6000 funcionarios penitenciarios.

17 de febrero. Las prisiones de Delaware han instalado purificadores de aire, pensados para combatir la propagación del virus en espacios interiores climatizados.

16 de febrero. En Carolina del Norte, se han distribuido más de seis mil primeras dosis de vacuna a los reclusos y el personal penitenciario desde el 20 de enero. Los profesionales de la salud y los funcionarios de prisiones más afectados por la epidemia ya han sido vacunados. De todas las dosis distribuidas, doscientas fueron inutilizables o no utilizadas.

14 de febrero. Las familias de varios reclusos que fallecieron de COVID-19 en Halawa (Hawái) afirmaron que las condiciones sanitarias en prisión los ”condenaron a muerte” y señalaron la falta de inversión por parte de la administración penitenciaria para proteger a los reclusos.

8 de febrero. En Luisiana, 390 de los 400 reclusos seleccionados para la campaña de vacunación por ser personas de riesgo reciben su primera dosis. La administración de la prisión ha animado a todos los reclusos a vacunarse, para lo que se requiere una transferencia de 5 dólares a su cuenta bancaria.

20 de enero. Aproximadamente diez reclusos que dieron positivo en la prisión de Santiam (Oregón) no fueron puestos en cuarentena inmediatamente después de recibir los resultados de sus pruebas. Se les envió de regreso a las celdas compartidas con sus compañeros no infectados y su aislamiento no se programó hasta el día siguiente. Los reclusos han denunciado la indiferencia de la administración penitenciaria ante sus protestas.

14 de enero. En California, se inició la vacunación en centros de salud que atienden reclusos (Chowchilla, Health Care Facility en Stockton y Medical Facility en Vacaville). Los establecimientos penitenciarios más afectados aún no participan de la vacunación: San Quentin (2600 casos, 28 muertes), Avenal State Prison (3500 casos) y California Institution for Men. Esta decisión ha recibido muchas críticas.

2 de enero. En Colorado, la vacunación de reclusos generó polémica. Los responsables políticos aprovechan la oportunidad de priorizarlos durante las campañas de vacunación. Para el Washington Post, este episodio ejemplifica cómo una gestión eficaz de la epidemia se enfrenta a otros valores en una “nación que encarcela más que todas las demás”. Según la organización Prison Policy Initiative, una docena de estados considera que la condición penal de una persona no le da prioridad de facto y condicionará la vacunación al estado de salud. Los estados de Nueva Jersey y Washington iniciaron la vacunación de reclusos. Otros estados como Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nebraska, Nuevo México y Pensilvania planifican las campañas de vacunación y dan la misma prioridad a los reclusos que al personal de salud y a los residentes de casas de retiro.

1 de enero. Los establecimientos penitenciarios que se enfrentaron a niveles epidémicos “incontrolables” se cerraron de un día al otro y los reclusos fueron trasladados a otros centros. Este movimiento se pudo observar en las prisiones locales (local jails) y las prisiones estatales de Missouri, Pensilvania y California. Las autoridades consideraron que, debido a la ausencia por enfermedad de muchos miembros del personal, estos cierres de emergencia son la única forma de garantizar la seguridad pública. La concentración de reclusos en otros centros penitenciarios luego de los traslados es motivo de preocupación para los observadores.

Sistema judicial¶

7 de junio. A mediados del año pasado, la población reclusa de las cárceles registró su nivel más bajo desde los últimos 20 años. Esta tendencia no se ha mantenido, ya que los centros penitenciarios se están volviendo a llenar debido a la reanudación de la actividad judicial y del escaso recurso a las penas alternativas.

25 de febrero. El estado de Carolina del Norte deberá liberar a 3500 reclusos durante los próximos seis meses. Este acuerdo se ha obtenido a raíz de un pleito en el que se denunciaron las condiciones de vida en prisión, que favorecen la propagación de la pandemia. Esta decisión ha sido una de las más importantes del país.

17 de febrero. En el estado de Massachusetts, el Tribunal Supremo de Suffolk ha declarado que si bien las restricciones impuestas para prevenir la propagación de la COVID-19 privan a los reclusos de sus necesidades más básicas, estas no violan sus derechos constitucionales y, por lo tanto, no les da derecho a la liberación anticipada. En diciembre, varios abogados afirmaron que era imposible respetar el distanciamiento físico en las prisiones, por lo que solicitaron una reducción urgente de la población carcelaria.

8 de febrero. Los reclusos a los que se les concedió la libertad anticipada “deberán volver” a prisión cuando finalice la crisis sanitaria. El aviso, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia (Office of legal counsel) se refirió a los r

eclusos que en el momento de la liberación no hubieran alcanzado el umbral de seis meses o el 10% de su condena. En los últimos once meses, más de 20 000 reclusos han obtenido la libertad anticipada.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

20 de julio. La administración de Biden decidió que, tras el estado de emergencia, los reclusos a los que se les permitió cumplir su condena en su domicilio ─para reducir el riesgo de propagación de la COVID-19─, tendrían que regresar a prisión. Si bien existen pocas opciones de que estas personas puedan terminar de cumplir sus penas en el exterior, el Congreso podría pronunciarse sobre una extensión del dispositivo al reforzar los poderes del Ministerio de Justicia o, por otro lado, el presidente Biden podría recurrir a indultos y conmutaciones de pena.

29 de junio. La Junta de Libertad Condicional (The Parole Board) ha pospuesto por más de un año varias de sus decisiones, debido a que algunos reclusos no han podido continuar con sus programas específicos, suspendidos por la pandemia. Por este motivo, en el estado de Michigan, se ha aplazado la puesta en libertad de 232 personas. En Tennessee, se pronunció la libertad condicional de mil personas, pero aún no se ha autorizado su salida. En Texas, 42 personas a las que se les había concedido la libertad condicional murieron antes de salir de prisión.

5 de mayo. Los 24 000 reclusos federales a los que se les permitió cumplir el final de sus sentencias en sus hogares debido a las acomodaciones hechas durante la epidemia podrían ser obligados a volver a prisión. El Departamento de Justicia, responsable del documento, dijo que las disposiciones del Coronavirus relief act no debían continuar después de la pandemia. El director de la Oficina de Prisiones se defendió de las críticas: “Si estas personas han llevado una vida correcta afuera, usaremos el sentido común y la sabiduría y trabajaremos, de acuerdo con la ley, para asegurarnos de encontrar un lugar satisfactorio para ellos.”

5 de febrero. Una encuesta ha indicado que la liberación anticipada de los reclusos no es un tema que divide fuertemente a la población del país. Dos tercios de los votantes piensan que debería fomentarse un menor uso del encarcelamiento. Los partidarios del Partido Republicano, aunque menos favorables a las medidas de liberación, han apoyado las liberaciones de determinadas categorías de reclusos.

Vínculos con el exterior¶

3 de julio. El estado de Nuevo México ha decidido autorizar de nuevo las visitas presenciales, suspendidas por más de un año. Los visitantes y los reclusos deben presentar una prueba negativa, llevar mascarilla y estar vacunados. Las visitas se desarrollarán a través de un cristal de separación, mientras que las visitas por videoconferencia, que son gratuitas, pueden seguir realizándose.

27 de mayo. En los centros penitenciarios de Arizona, se reanudarán las visitas para los reclusos vacunados. A los visitantes no se les exige la vacuna, pero se les tomará la temperatura y deberán rellenar un cuestionario médico al momento de su ingreso.

5 de marzo. Las condiciones de las visitas varían de un estado a otro. El Marshall Project resume la situación y la actualiza regularmente.

Llamamientos y recomendaciones¶

18 de febrero. La NAACP (La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) ha interpuesto una demanda contra el estado de Missouri, donde todavía no se ha vacunado a ningún recluso. La organización, que aboga por la igualdad de derechos para los afroamericanos, ha denunciado una violación de los derechos civiles de los reclusos. Casi un tercio de ellos ya podría beneficiarse de la vacuna debido a su edad o estado de salud.

14 de enero. Un militante a favor de una reforma penal en Estados Unidos y en Gran Bretaña opinó que “sea cual sea la orientación política, se trata de ciencia. Si no se vacuna dentro de prisión, jamás se detendrán los brotes epidémicos en el exterior”.

6 de enero. La asociación ACLU (American Civil Liberties Union) criticó a la administración penitenciaria por su pasividad respecto a la epidemia de coronavirus observada en la prisión de Waseca (Minnesota). La abogada de la ACLU acusó a la administración penitenciaria de ignorar las alertas y continuar enviando personas a prisión. Además, afirmó que se hizo un traslado de reclusos desde un establecimiento penitenciario especialmente afectado en Oklahoma. La administración desmintió dichas acusaciones y señaló que se han tomado todas las medidas “adecuadas y responsables”. Por su parte, la ACLU mencionó ejemplos que prueban lo contrario, sobre todo en cuanto al incumplimiento de los protocolos.

Casos identificados¶

21 de septiembre. En Texas, una prisión registró 172 casos de COVID-19, todos relacionados con la variante Delta. Tres cuartas partes de los casos identificados se dieron en personas vacunadas, mientras tres de cuatro reclusos hospitalizados no lo estaban.

17 de septiembre. El estado de Iowa notificó el vigésimo segundo deceso a causa de la COVID-19 en una de sus prisiones. Desde el inicio de la pandemia, el Estado ha reportado 4900 casos entre las personas privadas de libertad y 750 entre el personal.

28 de mayo. En Nuevo México, 110 reclusos de Torrance County y 16 miembros del personal han dado positivo por coronavirus.

23 de abril. En California, la prisión de Donovan entró de nuevo en confinamiento tras identificar varios casos.

21 de abril. En Vermont, la prisión de Northern State no ha vuelto a presentar casos de COVID-19.

2 de marzo. La prisión de Newport, el establecimiento penitenciario más grande del estado de Vermont, ha registrado 137 casos positivos, en su mayoría reclusos. Se trata de la mayor ola de contagios que ha visto el establecimiento desde el comienzo de la pandemia.

27 de febrero. El estado de Michigan ha registrado 292 casos de reclusos portadores de la variante inglesa del virus en varios establecimientos: en Bellamy Creek (276); Macomb (14) y Duane Waters (2). La prisión de Bellamy Creek también ha identificado a dieciséis miembros del personal contagiados.

23 de febrero. Un recluso de la prisión de Newton, en Iowa, ha fallecido por COVID-19. Se trata de la decimonovena muerte en la prisión desde que comenzó la pandemia.

14 de febrero. En la prisión de Halawa (Hawái), cinco reclusos fallecieron de COVID-19 durante el mes pasado.

12 de febrero. La prisión de Saint Albans (Vermont) ha registrado trece casos de contagio entre los reclusos y tres entre los miembros del personal en los últimos días.

28 de enero. En el estado de Mississippi, las autoridades penitenciarias se felicitan por las bajas tasas de contagio (de alrededor del 9 %) dentro de las prisiones. Sin embargo, esto se debe a que se han realizado pruebas a menos del 20 % de la población carcelaria. La prisión de East Mississippi Correctional, por ejemplo, ha examinado a 83 de 1200 personas. Las autoridades, que no se han pronunciado sobre el número de fallecidos, indicaron que más de veinte reclusos han sucumbido a la COVID-19.

20 de enero. En Oregón, cincuenta reclusos de la prisión de Santiam han dado positivo.

16 de enero. En Oregon, un recluso de 32 años falleció como consecuencia de la COVID-19 en la prisión de Marion. Al menos cinco internos han fallecido en ese estado desde el inicio del año.

6 de enero. En el estado de Nueva York, un recluso falleció como consecuencia de la COVID-19. Se encontraba en una prisión estatal en el condado de Oneida, en la que se han reportado 35 casos más. Otros casos se han registrado en 43 de los 52 establecimientos penitenciarios del estado, entre ellos destacan Woodbourne (69), Gouvernour (61), Mohawk/Walsh RMU (59) y Coxsackie (59).

En el estado de Washington, 218 reclusos de la prisión de Larch dieron positivo.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

16 de septiembre. La primera dosis de la vacuna se administró al 56 % de los reclusos y al 61 % del personal de los centros penitenciarios de Northward y Fairbanks. El 33 % de las personas privadas de libertad y el 57 % del personal ya estaba completamente vacunado.

13 de agosto. Durante 2020, el módulo de menores de la prisión de Northward se utilizó para aislar a los reclusos que habían contraído la COVID-19. Durante este periodo, uno de los menores fue trasladado a una unidad de alto riesgo (High Risk Unit), en la que tuvo que permanecer cuatro meses.

Vínculos con el exterior¶

16 de septiembre. Las autoridades anunciaron el confinamiento de los centros penitenciarios de Northward y de Fairbanks tras descubrirse un caso positivo entre los funcionarios. Las visitas presenciales se suspendieron y se autorizaron las visitas virtuales a modo de compensación.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

31 de agosto. La población carcelaria se ha mostrado reacia a la vacunación. Las autoridades indicaron que alrededor del 70 % de los reclusos se había negado a recibir la vacuna.

7 de mayo. Las autoridades penitenciarias calculan que el 10 % de la población penitenciaria ya está vacunada.

29 de abril. La vacunación inició con el 20 % de los reclusos, porcentaje correspondiente a los voluntarios.

Vínculos con el exterior¶

21 de junio. El Ministerio de Seguridad Nacional ha remarcado que los reclusos corren un mayor riesgo de desarrollar problemas psicosociales como resultado de la COVID-19. Esto se debe en parte a la falta de visitas de sus familiares. Los programas de orientación y reintegración también se han visto gravemente afectados por la pandemia.

Casos identificados¶

24 de octubre. La prisión de Spanish Town observó un aumento de casos de COVID-19. Un total de 24 reclusos dieron positivo.

18 de marzo. Un recluso ha fallecido por COVID-19 en el centro de St Catherine. Su muerte se suma a a la de tres funcionarios y dos reclusos.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

4 de mayo. Hasta la fecha, se han vacunado 2468 reclusos en todo el país.

6 de abril. Hasta la fecha, un total de 1214 reclusos se han vacunado en los centros penitenciarios mexicanos.

18 marzo. Cinco reclusos de más de 60 años se han vacunado en la prisión de Cozumel.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

6 de abril. Hasta la fecha, se ha otorgado la libertad a 3972 reclusos.

Vínculos con el exterior¶

4 de mayo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) debido a que, durante la pandemia, no se ha respetado el derecho de las personas recluidas en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) a mantener el contacto con el mundo exterior. La CNDH observó algunas desigualdades en el acceso a las visitas y a las llamadas telefónicas.

Llamamientos y recomendaciones¶

22 de julio. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) afirmó que la sobrepoblación carcelaria se ha agravado durante la pandemia, con 14 000 nuevos ingresos. Al 11 de julio, el número de casos positivos se elevaba a 3456. Por otra parte, también se ha registrado un aumento de los casos de violencia por parte de las autoridades, bajo el pretexto del cumplimiento de las restricciones relativas a la COVID-19.

Casos identificados¶

29 de julio. Un informe reportó que, hasta la fecha, 4451 reclusos habían contraído la COVID-19 desde el comienzo de la pandemia y 357 habían fallecido. La ciudad de México contó con 1619 internos y 99 funcionarios de prisiones que dieron positivo, y 59 muertes. El estado de Puebla presentó 423 infecciones y 55 muertes, Jalisco 303 infecciones, Chihuahua 281, Campeche 145 y Guanajuato ha reportado 143 desde el inicio de la pandemia. Los estados de Baja California, México, Veracruz y Morelos reportaron 38, 33, 30 y 21 muertes por COVID-19 en sus prisiones, respectivamente.

1 de junio. El informe de 2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indicó que 2988 reclusos contrajeron la COVID-19 y que 176 de ellos murieron. A este recuento se le sumarían más de 200 casos “sospechosos” y 68 muertes relacionadas con la COVID-19. Estas últimas cifras no se han confirmado.

4 de mayo. El total de casos identificados en todos los centros penitenciarios alcanzó los 4417 casos positivos (3903 reclusos y 514 funcionarios); se han registrado 357 decesos.

6 de abril. La ONG Asilegal registró un total de 4388 casos positivos en prisión: 3874 entre los reclusos y 514 entre los miembros del personal penitenciario. Asilegal informó de 352 decesos, de los cuales 282 eran reclusos.

27 de enero. Se reportaron tres casos nuevos en las prisiones de Tlaxcala, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Vínculos con el exterior¶

12 de abril. El Ministerio de Justicia anunció el cierre de la cárcel de Tacumbú, la más grande del país, tras identificar dos casos positivos.

Casos identificados¶

12 de enero. El Ministerio de Justicia anunció el cierre epidemiológico de tres establecimientos penitenciarios (Villatica, Serafina Dávalos y Casa del Buen Pastor) tras identificar varios brotes activos.

11 de enero. Las autoridades han registrado un total de 841 contagios entre los reclusos desde el comienzo de la pandemia.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

21 de agosto. La Procuraduría General de la República (PGR) contrató un médico epidemiólogo para mejorar la atención sanitaria de la prisión Pedro Santana de El Seibo. Una campaña de vacunación se llevó a cabo para todos los internos, y ya se estaba preparando la aplicación de la tercera dosis. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó de aberrante y vergonzosa la sobrepoblación de este centro, en el que se alojan 942 reclusos en 248 plazas. La organización advirtió que era necesario construir un nuevo centro “adaptado al nuevo modelo carcelario”.

14 de junio. El número de reclusos que han recibido las dos dosis de vacuna se eleva a 877, y 8000 han recibido la primera dosis. Se está animando a las familias de los reclusos a que se vacunen. Se les exige un certificado de vacunación para acceder a la prisión.

Vínculos con el exterior¶

3 de junio. Tras registrarse 55 casos positivos entre la población carcelaria, las autoridades decidieron suspender las visitas en todos los centros penitenciarios del país. Las visitas se habían reanudado a mediados de mayo tras más de un año de suspensión.

Casos identificados¶

14 de junio. Veintitrés reclusos de la prisión de Najayo han dado positivo en la COVID-19 y 54 han sido puestos en aislamiento. La prisión de mujeres de Najayo registró cuatro casos.

3 de junio. En Santo Domingo, 55 reclusos han dado positivo y casi el doble han sido puestos en aislamiento tras presentar síntomas. Desde el inicio de la pandemia, un total de 1500 reclusos han contraído el virus y veintitrés han fallecido.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

2 de julio. La mitad de los reclusos de la prisión de Basseterre han recibido al menos la primera dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca. De 179 reclusos, 64 han recibido las dos dosis, mientras otros 25 solo han recibido la primera.

16 de junio. Al personal y a los reclusos de la prisión Her Majesty’s Prison de Basseterre se les está animando a vacunarse. Aproximadamente la mitad del personal y de los reclusos ya han recibido la primera dosis, mientras el 33 % del personal y el 36 % de los reclusos ya están completamente vacunados.

Vínculos con el exterior¶

18 de junio. La ministra Byron-Nisbett ha señalado que las visitas a la prisión de Basseterre han permanecido suspendidas desde marzo de 2020.

Casos identificados¶

2 de julio. La prisión de Basseterre identificó seis casos positivos entre los miembros del personal y 55 entre los reclusos, de los cuales 40 estaban en recuperación.

18 de junio. Treinta y siete reclusos dieron positivo durante el mes de junio en la prisión de HMP en Basseterre. Los reclusos infectados permanecieron separados de los demás reclusos y sus celdas se desinfectaron.

Condiciones sanitarias¶

2 de marzo. El director de la prisión de Bordelais afirmó que los 105 casos positivos que se registraron en el establecimiento se deben al movimiento de protesta observado el mes anterior. Los reclusos se amotinaron durante dos días para protestar contra los retrasos en las audiencias y las «medidas inadecuadas» que se tomaron para luchar contra la propagación de la COVID-19.

Vínculos con el exterior¶

26 de marzo. Las visitas pueden reanudarse en las prisiones de Her Majesty’s Prison y Belle Isle a partir del 1 de abril. Los reclusos tienen derecho a dos visitas mensuales de diez minutos, durante las que se deben respetar las normas sanitarias.

Casos identificados¶

26 de marzo. Once personas privadas de libertad, entre ellas, ocho hombres y tres mujeres, dieron positivo en COVID-19.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

2 de septiembre. Los servicios penitenciarios recibieron 200 dosis de vacuna para inocular a los reclusos y el personal.

15 de agosto. El ministro de Seguridad Nacional calificó de absurda la reticencia de los miembros del personal penitenciario, entre los que se registra una baja tasa de vacunación. Asimismo, el funcionario visitó las prisiones para animar a las personas privadas de libertad a vacunarse. Tras una de sus visitas, el 40 % de la población reclusa femenina aceptó recibir la vacuna. A la fecha, se ha administrado la vacuna a 700 reclusos.

11 de junio. Se puso en marcha una campaña para vacunar a los 3800 internos de la isla, así como a los funcionarios de prisiones. Hasta la fecha, se ha vacunado a 481 funcionarios de prisiones.

Vínculos con el exterior¶

21 de julio. La escasez de alimentos que provocó la crisis sanitaria motivó al sistema penitenciario a cultivar diez hectáreas de tierra agrícola, con el objetivo de que las prisiones sean autosuficientes.

Casos identificados¶

9 de agosto. Treinta y cuatro reclusos dieron positivo en la prisión de Carrera Island. La cantidad de reclusos reticentes a la vacunación preocupa a la administración penitenciaria. El ministro de Seguridad Nacional y el ministro de Salud pusieron 3700 dosis a disposición de las prisiones. Los reclusos contagiados debían permanecer en cuarentena y la administración penitenciaria preveía trasladarlos a la isla principal cerca de los hospitales.

11 de junio. Siete reclusos y 71 oficiales han dado positivo en COVID-19.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

19 de abril. En la prisión Domingo Arena los 21 reclusos mayores de 70 años recibieron la vacuna.

17 de marzo. Las autoridades de la prisión Santiago Vázquez esperan poder administrar la primera dosis de la vacuna CoronaVac a más de 3800 reclusos voluntarios. En cuanto a las mujeres, más del 95 % de las reclusas de Santiago Vázquez han accedido a vacunarse.

Casos identificados¶

17 de marzo. La prisión Santiago Vázquez registró 140 casos positivos y puso en cuarentena a 240 reclusos.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

31 de octubre. Un establecimiento penitenciario en Caracas organizó una jornada de vacunación para los reclusos. Un total de 245 personas recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik.

19 de septiembre. Las autoridades penitenciarias del estado de Apure procedieron a la vacunación de 80 reclusos.

16 de septiembre. Los internos de la prisión de Táchira recibieron su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

3 de julio. Alrededor de 500 reclusas se vacunaron a principios de julio. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que Venezuela estaba utilizando las vacunas Sputnik-V (vacuna rusa), Sinopham (vacuna china) y Abdala (vacuna cubana).

3 de julio. La ONG Una Ventana a la Libertad denunció “deficiencias en el abastecimiento de agua potable, limitaciones logísticas y de infraestructura y un alto nivel de hacinamiento, que impiden la aplicación efectiva de medidas básicas de prevención”, como el lavado de manos o el distanciamiento físico. La ONG indicó que el aislamiento preventivo no se había puesto en práctica y que las familias eran las que suministraban gel y mascarillas a los reclusos.

28 de abril. Once reclusos participaron en una campaña de despistaje en el estado de Sucre. Algunas de estas personas presentaban síntomas similares a los de la gripe.

15 de abril. Las autoridades del centro penitenciario de Conas realizaron pruebas de despistaje a nueve reclusos y a doce guardias, los resultados fueron negativos.

26 de marzo. Los reclusos de la prisión de Caraballeda fueron tratados contra la COVID-19 con Carvativir (un medicamento a base de plantas) y “multivitamínicos”. La autoridad nacional de medicina señaló que el “Carvativir no es un medicamento comprobado para combatir la COVID-19“.

13 de abril. En el estado de Yaracuy, las autoridades van a repartir más de mil mascarillas en la prisión de La Cuarta. Las instalaciones se han desinfectado durante todo un día.

Sistema judicial¶

19 de marzo. Los tribunales del estado de Portuguesa cerraron temporalmente debido a múltiples contagios entre el personal.

Vínculos con el exterior¶

19 de noviembre. Las autoridades penitenciarias declararon un brote epidémico en la prisión de Valdivia. Los casos positivos en prisión se elevan a 327. Se ha identificado un solo caso dentro del personal penitenciario.

19 de marzo. En el estado de Miranda, los familiares de los reclusos pidieron a las autoridades federales venezolanas evaluar las consecuencias psicológicas del aislamiento. Los reclusos llevan seis meses sin poder recibir visitas, lo que afecta su salud mental.

Movimientos de protesta¶

3 de julio. La ONG Una Ventana a la Libertad señaló que una huelga de hambre había tenido lugar en las prisiones en enero de 2021. Las personas privadas de libertad protestaban contra el confinamiento causado por la pandemia, pues impidió a sus familiares abastecerlas con comida como se suele hacer. Muchas reclusas aseguraron estar pasando hambre.

Llamamientos y recomendaciones¶

30 de mayo. Juan Guaidó y otros miembros de la oposición han exigido al presidente Maduro la liberación de todos los presos políticos, especialmente en el contexto de la pandemia. Según la ONG Foro Penal, 301 personas están privadas de libertad por motivos políticos.

30 de abril. Los familiares de los reclusos de la División Contra Robos del Cicpc denunciaron la falta de acción por parte de las autoridades respecto a dos casos considerados preocupantes. Los familiares aseguraron que no se habían realizado pruebas a la población reclusa, que se les negaba el acceso a medicamentos, y que únicamente se desinfectaban las oficinas de los funcionarios. Según los testimonios, los reclusos solo podían cambiarse de ropa (incluyendo ropa interior) una vez por semana.

24 de abril. Los familiares de las personas recluidas en la Comandancia de Policía de Yaracuy solicitaron a las autoridades desinfectar las áreas de aislamiento y organizar pruebas de despistaje, ya que temen que la sobrepoblación existente genere un brote en el lugar.

Casos identificados¶

Mayo. La organización Una Ventana a la Libertad ha lamentado la opacidad de los datos oficiales: ”No tenemos información clara sobre la cantidad de casos de coronavirus que se han registrado dentro de los centros de detención, debido a la opacidad y a la falta de información oficial al respecto; sin embargo, las condiciones de dichos centros envían una advertencia sobre las condiciones de riesgo.”