Condiciones sanitarias y atención médica¶

24 de noviembre. El equipo de salud mental del Procurador Penitenciario Nacional (PPN) y sus delegaciones regionales ha empezado a monitorizar el acceso de los reclusos a la atención psíquica y psicológica durante la pandemia en distintos establecimientos penitenciarios federales.

7 de octubre El MNP presentó su informe anual frente al Congreso Nacional. El organismo advirtió sobre la falta de material de limpieza, los ambientes insalubres y el hacinamiento. Además, puso de relieve las falencias en cuanto a la distribución de productos de higiene, la aplicación de las medidas sanitarias, la falta de material de protección para los trabajadores, la escasez de personal sanitario, y la poca información que se brinda a los reclusos acerca del virus.

7 de agosto. El Gobierno inauguró obras de infraestructura en tres cárceles de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de construir 1350 nuevas plazas de aquí a fin de año. Este plan pretende reducir el hacinamiento carcelario y responder a las reivindicaciones de los internos durante los motines provocados por la crisis sanitaria.

7 de julio. Los reclusos de la prisión bonaerense de Bahía Blanca han instalado un hospital de campaña en la escuela de la Unidad 4 con el fin prepararse en caso de epidemia y han sido capacitados para asistir a los enfermos. Catorce reclusos manejan este hospital improvisado de 46 camas y, hasta ahora, no se ha informado de ningún caso de Covid-19.

5 al 8 de junio. En el marco del “Plan de monitoreo en contexto de Covid-19”, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) visitó los complejos penitenciarios federales I y II. Un miembro de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) participó en las visitas a la prisión federal Marcos Paz y a la prisión Ezeiza, esta última junto con la directora general de Protección de los Derechos Humanos, Andrea Triolo. Con estas visitas se busca constatar la adopción de medidas durante la pandemia y conversar con las autoridades y los reclusos.

27 de mayo. El presidente anunció la construcción de 12 unidades sanitarias (288 camas) destinadas para la población penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. Cuatro unidades adicionales serán destinadas para los internos de las prisiones federales. Las unidades sanitarias se construirán en el interior de los establecimientos penitenciarios y contarán con espacios acondicionados para pacientes que requieran confinamiento. El presidente mencionó el problema de la masificación penitenciaria y declaró: “Tener a esas personas hacinadas es un acto inhumano”.

12 de abril. Los reclusos fabrican mascarillas y batas para policías, médicos, enfermeros, bomberos y funcionarios judiciales. Los talleres se realizan en las cárceles de San Nicolás, Bahía Blanca, Urdampilleta, La Plata, Magdalena y Florencio Varela. Trabajan al menos ocho horas al día en los talleres textiles. Se proporcionarán algunas mascarillas a los reclusos.

11 de abril. Se distribuyen kits sanitarios a 18 000 funcionarios penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. El kit consiste en 250 ml de gel antiséptico, un jabón neutro y diez pares de guantes. La administración penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la provincia anuncian que en los próximos días se distribuirán 180 000 mascarillas al personal penitenciario.

1 de abril. El Ministerio de Seguridad y Justicia, así como el de Sanidad, establecen un protocolo de prevención en las prisiones de la provincia de Río Negro. Estos centros recibirán medicamentos, productos de higiene y productos para las instalaciones. Todos los presos de nuevo ingreso pasarán por un reconocimiento médico para identificar posibles síntomas (tos, dificultad para respirar, fiebre). Según el decreto presidencial que impone el confinamiento, las visitas se prohíben de facto.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

21 de septiembre. Según el informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, al menos 2906 reclusos salieron de los establecimientos penitenciarios federales entre marzo y julio. Cerca del 29% de ellos se han asignado a arresto domiciliario y el 26% fue liberado. El número de salidas aumentó en un 61% en relación con el mismo periodo del año 2018, mientras que la cantidad de personas en arresto domiciliario es ocho veces mayor.

31 de julio. Más de 2200 reclusos en prisiones federales han sido puestos en libertad desde el inicio de la pandemia. Esto representa una disminución del 16 % de la población carcelaria de este tipo de establecimientos. Aproximadamente el 60 % de las liberaciones son de personas que están terminando su condena.

30 de abril. Miles de ciudadanos realizaron un cacerolazo para protestar contra las liberaciones masivas anunciadas por las autoridades, pese a que, hasta el momento, no se ha observado ninguna “liberación masiva”. Paula Litvachky, abogada y directora general del Centro de Estudios Legales y Sociales, dijo que menos de 500 reclusos en la provincia de Buenos Aires, es decir, el 1 % de su población carcelaria, fueron puestos bajo arresto domiciliario entre mediados de marzo y mediados de abril. Los tribunales se encargan de examinar, caso por caso, las solicitudes de liberación de los autores de delitos graves. Litvachky afirma que “si bien algunas decisiones han sido problemáticas, se trata solo de una gran minoría”.

17 de abril. La administración penitenciaria publica una “guía de orientación” destinada a los reclusos puestos en libertad durante el confinamiento y a sus allegados. La guía incluye información sobre las instituciones que proporcionan ayuda y otros recursos a los reclusos y a sus familias.

22 de marzo. El Ministerio Público y el Ministerio de Defensa informan que en dos días han recibido 565 solicitudes de revisiones de pena por parte de reclusos de la provincia de Buenos Aires, principalmente solicitudes de arresto domiciliario o de anulación de los autos de prisión preventiva. Se estudiará cada una de las solicitudes.

Vínculos con el exterior¶

24 de noviembre. El Procurador Penitenciario Nacional (PPN) ha continuado sus visitas de control a las prisiones federales. El equipo de Género y Diversidad Sexual del PPN ha visitado dos instituciones: el Complejo Penitenciario Federal IV y la Unidad 31. Los miembros del equipo están dialogando con las autoridades penitenciarias sobre los nuevos protocolos de visita y la construcción de una nueva unidad hospitalaria. En la provincia de Ezeiza, la delegación del PPN ha visitado dos pabellones del Complejo Penitenciario Federal I.

18 de junio. Las autoridades comunicaron que, desde que se autorizó el uso de teléfonos móviles, más de 22 000 reclusos han registrado un dispositivo en la administración.

3 de junio. La Procuración Penitenciaria de la Nación considera las llamadas telefónicas de los reclusos con sus familiares de una “importancia fundamental”. Recomienda que se proporcionen líneas telefónicas que permitan la recepción de llamadas en las instituciones penitenciarias federales. Las medidas de compensación que se llevan a cabo actualmente para comunicarse con el exterior (videollamadas, suministro de tarjetas telefónicas gratuitas) son insuficientes, según la Procuración.

2 de abril. El Tribunal de Casación Penal autoriza el uso de teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles en los centros penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. Esta medida estará vigente durante la suspensión de visitas. El uso de las redes sociales, excepto WhatsApp, sigue estando prohibido. Los presos que ya disponen de teléfono móvil pueden comunicarlo y regularizar su utilización.

23 de marzo. La administración penitenciaria de Santa Fe anuncia la suspensión de toda visita hasta el 31 de marzo.

Movimientos de protesta¶

24 de noviembre. El MNP ha informado que desde marzo se han llevado a cabo 80 protestas en las instituciones penitenciarias afectadas por las medidas restrictivas. La mayoría de estas protestas tuvieron lugar antes de que se establecieran puentes de diálogo entre los reclusos y las autoridades. Según informa el MNP, estos diálogos permiten la gestión pacífica de los conflictos.

19 de octubre. Un recluso que dio positivo por COVID-19 tomó como rehén a un guardia en la celda donde se encontraba aislado, en la prisión de Piñero. El interno aseguró sentirse angustiado y exigió hablar con alguien. Las autoridades penitenciarias acudieron al lugar, conversaron con el recluso y la situación regresó a la normalidad dos horas después.

16 de julio. Los reclusos de la prisión de San Salvador de Jujuy se amotinaron por miedo a los casos positivos tras enterarse de la presencia de un interno enfermo en otro centro. Las autoridades aseguraron que no había ningún caso positivo en la prisión de San Salvador de Jujuy. Los internos exigieron mejores condiciones de reclusión. La policía intervino después de tres horas de disturbios durante las que dos reclusos fallecieron, aunque no se ha informado del número de heridos.

Julio. Personas detenidas en la comisaría de Marcos Paz mostraron su preocupación por la presencia de un caso positivo y la policía da una paliza a 28 de ellos. La OIP Argentina denunció este acto violento y exigió que un médico forense examinara las lesiones (Atención: contenido sensible) y el estado de salud de cada uno de los reclusos.

Más de 8 300 personas estarían detenidas en las comisarías de Argentina.

27 de abril. Cientos de personas reclusas en la provincia de Santa Fe están en huelga de hambre.

24 de abril. En Villa Devoto estalló un motín tras la confirmación de un caso positivo de Covid-19 entre los guardias. Los reclusos exigían medidas sanitarias de emergencia y la implementación de procedimientos de liberación. Algunos de ellos subieron al techo, prendieron fuego a colchones y tomaron el control de dos pisos. Una de sus banderolas señalaba: “Nos negamos a morir en la cárcel”. Los representantes de los reclusos aceptaron reunirse con las autoridades para discutir sus demandas. El movimiento duró nueve horas y no se reportó ningún herido.

23 de abril. Las autoridades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires registraron 1184 reclusos en huelga de hambre en los siguientes establecimientos: Unidad 41 de Campana (332 detenidos), La Plata (141), Unidad 48 de San Martín (97), Alcaidia de Olmos (70), Unidad 39 de Ituzaingó (42), Sierra Chica (26), Hornos (22) y Florencia Varela (25). Los reclusos exigen que se les conceda el arresto domiciliario, como ordenó el Tribunal de Casación.

24 de marzo. Mueren cinco presos tras un motín que tuvo lugar el día anterior. Cuatro de ellos fallecieron en la prisión de Santa Fe, en la que intervino la “Tropa de Operaciones Especiales”. La investigación sobre las circunstancias en las cuales fallecieron estos reclusos está en curso.

23 de marzo. Los reclusos de las prisiones Florencio Varela, Coronda, Las Flores, Batán se sublevan. Algunos suben al tejado, otros intentan escapar. Hay un fallecido y varios heridos. Los internos reclaman medidas sanitarias de prevención contra el coronavirus y denuncian la falta de medidas fundamentales como la cuarentena de los detenidos que regresan a prisión tras los permisos de salida o el respeto, durante los cambios de equipo, de las precauciones recomendadas por parte del personal.

Llamamientos y recomendaciones¶

6 de noviembre. El MNP argentino se reunió con las autoridades judiciales de la Provincia de Buenos Aires para analizar la situación actual de los establecimientos penitenciarios de esta provincia, y conversar sobre las acciones que se pueden llevar a cabo, en el marco de una cooperación interinstitucional, para resolver los problemas encontrados . El MNP afirmó que “las condiciones de detención en la Provincia de Buenos Aires constituyen una grave violación a los derechos humanos”, y reiteró a las autoridades la necesidad de abrir una investigación sobre la represión de los movimientos de protesta y sancionar a los responsables.

2 de noviembre. El MNP instó a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires a restablecer un diálogo interinstitucional para hacer frente a la violencia ejercida por los agentes contra las personas privadas de libertad. Por otra parte, lamentó la sobrepoblación en las prisiones de Buenos Aires e hizo un llamamiento a las autoridades para prohibir el uso de las comisarías como centros de reclusión prolongada. El MNP también recordó a las autoridades que “la pandemia de la COVID-19 no puede ser fundamento para suspender o demorar las decisiones judiciales sobre las salidas transitorias, libertades condicionales u otros derechos inherentes al régimen de progresividad”.

4 de agosto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU cuestionaron la decisión de la justicia federal de confinar a los reclusos por un periodo indeterminado. La administración penitenciaria justificó dicha medida con la necesidad de evitar el contagio. La ONU y la CIDH criticaron las condiciones de vida en las celdas de confinamiento, pues los reclusos se encuentran completamente aislados del mundo exterior sin acceso a la atención médica.

28 de marzo. La asociación Espacio de Derecho Popular, miembros de la sociedad civil, allegados de las personas detenidas y juristas presentan conjuntamente un Habeas Corpus Correctivo Colectivo en el que solicitan la aplicación de medidas para garantizar el derecho a la salud y a la integridad física de las personas privadas de libertad. Concierne a los reclusos de los establecimientos penitenciarios de la provincia de Córdoba: la prisión de Bouwer, la prisión de Monte Cristo y la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA). Este habeas corpus pide medidas de urgencia, especialmente:

• la adopción inmediata de medidas sanitarias y de higiene en las prisiones, mediante protocolos oficiales adaptados a cada una y su control por parte de las autoridades competentes.
• el suministro de material de higiene y desinfección, medicamentos y acceso a revisiones médicas periódicas
• el mantenimiento del contacto de las personas privadas de libertad con el mundo exterior, ya sea con sus abogados o con su familia, a través de medios alternativos a las visitas (por ejemplo, llamadas telefónicas o videoconferencias gratuitas).

25 de marzo. La situación en las cárceles de Buenos Aires es particularmente tensa tras haberse producido motines. La OIP se muestra preocupada en una comunicación dirigida al Secretario Adjunto de Derechos Humanos de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. En ella critican:

• por una parte, la suspensión de los permisos de salida en lugar de un posible arresto domiciliario;
• por otra, la suspensión de las visitas de allegados, mediante los que las personas detenidas podían recibir comida y medicamentos.

El OIP argentina advierte, asimismo, de la falta de atención médica adaptada para aquellas reclusos que sufran diabetis o se encuentren heridas. Dicho organismo señala que las personas con problemas digestivos tienen dificultades para alimentarse. La asociación considera que las prisiones se encuentran en estado de urgencia sanitaria; por lo que reclama una rápida y adecuada intervención.

Casos identificados¶

28 de diciembre. El virus continúa propagándose en las prisiones del país, con una tasa de mortandad considerable (3,5 %). En total, 1 754 personas privadas de libertad han dado positivo y 62 han muerto.

24 de noviembre. El número de casos positivos entre los reclusos asciende hasta la fecha a 1629. La provincia de Córdoba es la más afectada por el virus, con 403 reclusos contagiados. El número de muertes por COVID-19 se ha elevado a 60. Casi la mitad de los fallecidos (28) eran reclusos de las prisiones de la Provincia de Buenos Aires.

28 de octubre. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha notificado 1539 casos positivos por COVID-19 y 53 fallecimientos entre los reclusos.

7 de octubre. La tasa de mortalidad entre los reclusos infectados de COVID-19 preocupa al MNP, ya que es dos veces más alta que la de las personas en el exterior, a pesar de que la tasa de contagio representa la mitad que fuera de la prisión. Según el MNP, esto podría deberse al insuficiente acceso a la atención médica en reclusión.

24 de septiembre El MNP (Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, CNPT) informó sobre la presencia de 756 reclusos que dieron positivo, tanto en los sistemas penitenciarios provinciales (366) como en el federal (390). Treinta y seis reclusos fallecieron a causa de la COVID-19.

21 septiembre. La Procuración Penitenciaria de la Nación expresó su preocupación por el aumento de la propagación de la COVID-19 en las prisiones federales del país. En el último informe, se reportó un total de 374 casos identificados y 13 decesos entre los reclusos.

31 de agosto. El número de reclusos que han dado positivo en las prisiones federales aumentó a 390, trece de los cuales fallecieron. Los establecimientos de Complejos I de Ezeira, II de Marcos Paz y CABA de Devoto concentran la mayoría de casos. La edad promedio de los reclusos fallecidos es de 67 años.

6 de agosto. Siete reclusos en prisiones federales han fallecido por COVID-19 y 221 han dado positivo desde el inicio de la pandemia. Jorge Rigre Acosta y Miguel Etchecolatz, ambos personajes de la última dictadura militar condenados por crímenes contra la humanidad, han dado positivo en la cárcel de Ezeiza.

25 de julio. Veintiocho reclusos y siete guardias han dado positivo en la prisión militar de Campo de Mayo. Dos exmilitares encarcelados han muerto.

13 de julio. En las prisiones federales, el número de reclusos que han dado positivo ha aumentado a 53.

19 de abril. Las autoridades confirman por primera vez el caso de un preso que ha dado positivo y ha sido ingresado en el hospital Presidente Perón. El recluso, tratado por insuficiencia renal crónica, cumple una pena de cadena perpetua en la prisión Florencio Varela. Se sospecha que se contagió en el hospital durante su tratamiento. Diez miembros del personal penitenciario y cinco reclusos que habían estado en contacto con el paciente han sido confinados y no muestran síntomas.

13 de abril. Un guardia afirma que cuatro miembros del personal sanitario de la prisión de Devoto en Buenos Aires dieron positivo. Otros quince médicos y enfermeros están en observación y aislados en sus casas o en una clínica.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

25 de septiembre. El ministro de la Seguridad anunció que los casos de contagio entre el personal es muy bajo. Días antes, el Correctional Commissionner indicó que no se había identificado ningún caso. Sin embargo, el personal penitenciario ha afirmado estar muy preocupado por una posible propagación del virus entre el equipo.

16 de julio. La Compañía de Telecomunicaciones de las Bahamas (BTC, por sus siglas en inglés) donó equipos de protección personal a la administración penitenciaria: mascarillas reutilizables, pantallas de protección facial, trajes de protección y desinfectante para manos.

Vínculos con el exterior¶

1 de diciembre. En la prisión de Fow Hill Road, las visitas, suspendidas desde marzo, tras el primer caso confirmado de COVID-19 en el país, todavía están prohibidas. La administración de la prisión dice que no correrá “ningún riesgo”. “Una sola visita podría convertir a toda la prisión en un caos”, ha afirmado un funcionario de la administración penitenciaria.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

16 de julio. Cuarenta y ocho reclusos que estaban terminando de cumplir sus penas se beneficiaron de una liberación anticipada.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

19 de abril. Las autoridades refuerzan el protocolo sanitario en entornos penitenciarios, procedimiento que se activa para la gestión de episodios gripales. Se suspenden las visitas y, durante el ingreso a prisión, se somete a los nuevos reclusos a un examen médico durante el que se les pregunta por su estado de salud, tras lo cual ingresan en un módulo separado y se les realiza el test periódicamente. Permanecen 14 días en aislamiento antes poder unirse al resto de reclusos. Al personal se le toma la temperatura en cada turno.

Casos identificados¶

31 de diciembre. Dos guardias dieron positivo en la prisión de Island’s Dodds. Las autoridades anunciaron un despistaje general de todos los guardias y reclusos de ese centro penitenciario. Las fuerzas del orden (Barbados Defence Force) se movilizaron para llevar a cabo las tareas de seguridad, mientras varios guardias se encontraban en cuarentena, a la espera de los resultados de sus pruebas.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

15 de diciembre. Tras identificarse un importante foco en la prisión central de Belice, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Gobierno canadiense donaron equipos de protección individual al establecimiento.

10 de octubre. Las autoridades han ordenado el confinamiento general de la prisión de Hattieville tras el aumento del número de casos de COVID-19. La Fundación Kolbe, que desde 2002 se encarga de la administración del establecimiento, declara que se están creando pabellones para que los reclusos contagiados hagan la cuarentena.

3 de junio. La agencia Caricom Impacts suministró material médico para reforzar las medidas sanitarias adoptadas en la principal institucin del país. Actualmente, no hay casos que lamentar.

Vínculos con el exterior¶

21 de marzo Se suspenden las visitas de familiares y abogados en la prisión central de Наttіеvіllе. Los 1100 presos afectados podrán mantener el contacto por teléfono. Los familiares siguen estando autorizados a depositarles dinero. Una zona de confinamiento ha sido habilitada en edificios que no se utilizan. También se han impuesto medidas de higiene adicionales.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

16 de octubre. El Gobierno está considerando la posibilidad de liberar a algunos reclusos para reducir el hacinamiento. Al menos 630 reclusos podrían optar a la libertad condicional.

Casos confirmados¶

16 de octubre. Las autoridades han informado de 61 casos positivos por COVID-19: 37 miembros del personal penitenciario y 24 reclusos. En total, se les ha hecho la prueba a 128 trabajadores y 271 reclusos.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

24 de marzo. Se refuerzan las medidas de higiene en el centro penitenciario de Westgate.

Vínculos con el exterior¶

19 de marzo. Las autoridades anuncian la suspensión de todas las visitas y la búsqueda de un plan alternativo. Se recomienda al personal penitenciario que ”actúe con prudencia y esté atento a los movimientos y reuniones”.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

9 de julio. La prisión de San Pedro en La Paz recibió una donación de material de protección por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia. Las autoridades están estableciendo zonas de aislamiento y de diagnóstico en los centros. Las líneas telefónicas se utilizan para notificar a las familias de los reclusos.

5 de abril. Se envían a la prisión de San Pedro de Oruro equipos de desinfección. Se suministran trajes de bioseguridad al centro. El director de la administración penitenciaria anuncia que este material también se va a entregar al resto de los centros. Se suspenden las visitas en las 56 prisiones del país. Se mantiene la entrada de paquetes con comida preparados por los familiares.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

26 de mayo. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la administración penitenciaria establecieron un cronograma de visitas y prevén agilizar ciertos procedimientos administrativos. Además, se espera acelerar la liberación de los reclusos conforme al Decreto Presidencial del 4 de mayo, el Decreto de Amnistía e Indulto por razones humanitarias y de emergencia sanitaria nacional.

11 de abril. El gobierno concede un indulto a los reclusos mayores de 58 años y a las madres de 55 años o más. Esta medida excluye a cualquier persona condenada por feminicidio o violación de un menor.

Movimiento de protesta¶

27 de julio. Los reclusos de cuatro instalaciones penitenciarias de Cochabamba se amotinaron tras confirmarse tres nuevas muertes entre los reclusos de este departamento. Los internos exigían atención médica, medicamentos y pruebas rápidas.

19 de junio. Reclusos se amotinaron en San Roque tras el deceso de un recluso con síntomas de la Covid-19. Reclamaban una mejora en la atención médica. Lanzaron piedras y otros objetos al exterior de la prisión. El diario local El Correa del Sur informó que un recluso resultó herido durante el motín y fue trasladado al hospital. El movimiento duró cerca de dos horas; la policía y los bomberos fueron enviados para ponerle fin. Un video tomado desde el interior de la prisión muestra la presencia de humo.

11 de mayo. Un motín estalló en la prisión de Palmasola (Santa Cruz) luego del fallecimiento de un recluso que había dado positivo por la Covid-19; su infección se confirmó después de la autopsia. Los manifestantes exigían más atención médica y mejores condiciones de reclusión para afrontar el virus. Afirmaban que la aplicación de medidas de protección sanitaria es casi inexistente en el centro de detención: Palmasola es la prisión más grande del país, con una capacidad para 800 reclusos pero que actualmente alberga 6 000. El motín fue reprimido por las fuerzas de la policía.

12 de abril. Los presos se suben a los tejados de la cárcel de Oruro, al sur de La Paz,durante un motín. Exigen un mejor acceso a la atención médica. Uno de los prisioneros cuenta que un compañero de prisión murió el día anterior al motín porque no había recibido la atención médica adecuada. El Ministerio del Interior niega cualquier acto de negligencia.

Llamamientos y recomendaciones¶

9 de julio. Las autoridades penitenciarias solicitaron a los jueces que aceleraran la aplicación del decreto presidencial para otorgar amnistías y revelaron que solo 300 reclusos se han beneficiado del decreto. Las 48 prisiones del país suman un total de 18 000 reclusos, el 80 % de los cuales son acusados.

Casos identificados¶

27 de julio. En el departamento de Cochabamba, el número de reclusos fallecidos por COVID-19 ha ascendido a ocho.

9 de julio. El director de la administración penitenciaria anunció que 91 reclusos son portadores de la Covid-19.

8 de julio. La dirección del establecimiento de San Pedro confirmó la muerte de siete reclusos, presumiblemente por la Covid-19. Esta prisión, donde el hacinamiento es muy considerable, tiene 1 400 reclusos y una capacidad de 400 plazas. Veinte reclusos han sido puestos en aislamiento por sospecha de haber contraído el virus.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

23 de diciembre. La Pastoral de Prisiones (Pastoral Carcerária)denunció que durante el traslado de 1154 reclusos de la prisión Coronel Odenir Guimarães (Estado de Goiás), se violaron varios de sus derechos. La organización religiosa afirmó que el traslado se llevó a cabo sin el uso de mascarillas, sin equipo de protección individual y sin que fuera posible respetar las medidas de distanciamiento físico.

11 de diciembre. El Gobierno ha retirado a la población penitenciaria del plan nacional de vacunación. El pasado 1 de diciembre, cuando se presentó el plan de vacunación por primera vez, se anunció que los reclusos se incluirían en la primera ronda de vacunación, por ser considerados personas de alto riesgo. Sin embargo, el plan se modificó más adelante y se decidió excluirlos sin ninguna explicación o justificación. Las personas privadas de libertad son la única categoría que se ha eliminado del grupo prioritario. Infovirus recuerda que, más allá de los riesgos provocados por el hacinamiento, muchos reclusos padecen hipertensión, tuberculosis u otros factores concomitantes graves.

8 de diciembre. La plataforma Desencarcera RJ recibió, entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, 98 denuncias por falta de agua y alimentos en 12 establecimientos del estado de Río de Janeiro. Una serie de testimonios han denunciado cortes de energía en al menos cuatro establecimientos. La comisión local del MNP (Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura/ RJ) ha señalado que, de las 141 personas que murieron durante la pandemia, 20 se encontraban desnutridas y deshidratadas.

26 de noviembre. Infovírus ha criticado la falta de acceso a la salud física y mental en las instituciones del estado de Minas Gerais. Se estima que al menos 26 reclusos se suicidaron durante la primera mitad de 2020.

10 de noviembre. En Minas Gerais, un colectivo local de familiares de los reclusos ha denunciado las condiciones de reclusión y la forma en que se llevan a cabo las visitas. Se han quejado de que dejan a los reclusos bajo la lluvia y sin ropa adecuada durante las visitas a la prisión de Nelson Hungria, en la ciudad de Contagem. Los reclusos de la prisión de Dênio Moreira de Carvalho han denunciado abusos físicos y verbales, así como amenazas del personal. Afirman que los guardias llevan armas de fuego ilegalmente todo el tiempo y se quejan de que no se distribuyen los paquetes enviados por los familiares. Además, denuncian la falta de atención médica a los reclusos que dan positivo por COVID-19.

22 de Octubre. En Paraná, un colectivo local de familiares de los reclusos ha denunciado la falta de acceso a agua, alimentos y electricidad en la prisión agrícola de la ciudad de Piraquara.

30  de septiembre. Un recluso de la prisión de Caucaia con problemas respiratorios falleció después de haber sido abandonado por los escoltas a la entrada de un centro sanitario. Ellos mismos declararon que la persona fallecida estaba en aislamiento y carecía de recursos (indigente). El colectivo A voz do cárcere se ha movilizado para solicitar una nueva autopsia y organizar su funeral.

14 de septiembre. En un vídeo compartido en las redes sociales se denuncia la falta de atención médica a los reclusos en el Estado de Alagoas. Las imágenes muestran a varios internos enfermos tirados en el suelo, sin asistencia, después de que los guardias los sacaran de sus celdas, hacinadas, donde no podían respirar.

1 de septiembre. En el estado de Maranhão, la Unidad de Vigilancia y Seguimiento de las prisiones, órgano de inspección judicial, visitó los establecimientos penitenciarios de cuatro ciudades: Rosário, Itapecuru, Chapadinha y Tutóia. Uno de los jueces presentes informó de “la mejora general del sistema penitenciario del Estado”. Sin embargo, observó que “hay problemas comunes como el número excesivo de preventivos y la necesidad de mejorar las infraestructuras de las prisiones, en especial en lo que respecta al abastecimiento de agua, la renovación de las celdas y la extensión de los patios”. 

7 de agosto. En Minas Gerais, exreclusos de la prisión Professor Jacy de Assis denunciaron sus condiciones de reclusión durante la pandemia. Afirmaron que, después de la suspensión de las visitas, los actos de tortura física y psicológica se intensificaron. Los allegados relataron que se pueden oír llamados de auxilio desde los alrededores de la prisión. Las personas recientemente liberadas denunciaron actos de violencia, especialmente de parte del Grupo de Intervención Rápida (GIR), al cual se le acusa de utilizar gas y bombas lacrimógenas de forma injustificada y desproporcionada. “Debido a esta pandemia, no podemos comunicarnos con nuestras familias. Nos ayudamos entre nosotros, no hay motivo para represalias. Lo único que queremos es luchar por nuestros derechos”, declaró un recluso.

3 de agosto. La Corte Suprema anuló el veto del presidente Bolsonaro que levantaba el uso obligatorio de mascarillas en reclusión. La Corte consideró que la decisión del presidente era “inapropiada”. El uso de mascarilla actualmente es obligatorio para el personal penitenciario.

17 de julio. Reclusas de la prisión de Aparecida de Goiânia escribieron una “carta para pedir auxilio” después de que se confirmara la enfermedad de 11 reclusas de las 12 a las que se les realizó la prueba. Denunciaron la precariedad de la atención médica, así como la falta de agua y productos higiénicos. Aseguraron que, en las comidas, les sirven alimentos descompuestos. El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la OAB declaró que la COVID-19 ha agravado los problemas que el comité denuncia desde hace años. La administración penitenciaria aseguró que las reclusas que dieron positivo se encuentran confinadas y no presentan síntomas.

6 de julio. El presidente extendió a los establecimientos penitenciarios el veto a la legislación sobre el uso de mascarillas. Ya no es obligatorio el uso en las prisiones y la administración ya no está obligada a publicar consejos sobre la utilización de la mascarilla en los centros.

El presidente simplificó nuevamente la ley sobre el uso de mascarillas en lugares públicos. El artículo relativo al “uso de mascarillas en los establecimientos penitenciarios” ha sido retirado de la ley.

27 de mayo. Las autoridades construyen un hospital de campaña de 1 000 m2 en el interior de la prisión de Papuda en Brasilia. El hospital debería continuar funcionando luego de la pandemia.

Un recluso en régimen semiabierto en este establecimiento denuncia las condiciones de vida y la falta de pruebas. Exige apoyo psicológico para los reclusos y asegura que la tensión ha provocado algunos intentos de fuga. Otros detenidos de Papuda denuncian la falta de productos de higiene y de desinfección, así como el hacinamiento en el patio.

19 de mayo. El Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, o CNPCP, rechazó el uso de contenedores para aislar a los reclusos vulnerables, aunque autorizó la construcción de «instalaciones excepcionales», sin especificar ningún criterio arquitectónico. Antiguos miembros del CNPCP criticaron la decisión y el cambio constante de normas, alegando que dichas instalaciones podrían aumentar el riesgo de contagio. Por último, se muestran preocupados por la instalación de estructuras precarias en los establecimientos penitenciarios.

11 de mayo. El presidente del sindicato del personal penitenciario de São Paulo observa con preocupación el aumento de casos entre los miembros del personal. Mencionó las dificultades que tuvieron algunos de ellos para acceder a pruebas de detección. Algunos fueron objeto de rechazo en ciudades donde los alcaldes declararon que el sistema penitenciario es el “vector de la enfermedad”. El dirigente sindical afirma que varios compañeros están de acuerdo con el discurso del presidente Bolsonaro de restarle importancia a la pandemia. Algunos de ellos se rehúsan a utilizar el material de protección. La estrategia del sindicato es hacer que el personal tome conciencia sobre la importancia de respetar el confinamiento y que su presidente, hablando del virus, declare: “Somos nosotros quienes lo estamos introduciendo en prisión”.

8 de mayo. Un sindicato del personal penitenciario de Rio, Sindsistema, recurrió a la justicia para que las personas mayores de 60 años, las mujeres que están amamantando a sus hijos y las mujeres embarazadas puedan beneficiarse de una licencia laboral o del teletrabajo. La Justicia le dio la razón, pero la administración penitenciaria apeló. Esta afirmó que la profesión de funcionario penitenciario no permite el teletrabajo y que la falta de personal representa un “riesgo de colapso” del servicio penitenciario, así como riesgos de motines y fugas. La administración ganó la apelación. El presidente de “Sindsistema” critica la resolución y anunció que más de 100 funcionarios penitenciarios de Río están de baja por enfermedad a causa de la COVID-19, dos de ellos se encuentran en estado crítico y uno murió.

20 de abril. El Ministerio de Justicia estudia la posibilidad de instalar containers para aislar temporalmente a los reclusos vulnerables que no estén infectados. El coordinador de la ONG Conectas critica esta idea, recordando que el Gobierno federal ha tardado en tomar decisiones para evitar el contagio en las prisiones del país y que ha iniciado “una ofensiva” para criticar las recomendaciones de liberación del CNJ.

7 de abril. La administración penitenciaria afirma que las prisiones carecen de médicos. Los datos oficiales revelan un ratio de 1 médico y 1,83 enfermeros por cada 1 000 reclusos. A pesar de las cifras, la administración afirma que “no es correcto” hablar de precariedad en el entorno penitenciario.

1 de abril. Las mujeres detenidas en el centro penitenciario de Anisio Jobim (Manaos)confeccionan mascarillas de protección destinadas al personal penitenciario y al cuerpo de seguridad pública. Se les han suministrado cuarenta máquinas de coser para la elaboración de 10 000 mascarillas diarias. La iniciativa podría extenderse a todos los centros penitenciarios del estado de Amazonas.
La administración de dicho estado firma un acuerdo con una empresa distribuidora de combustible y una fábrica de químicos para el suministro de alcohol para la desinfección de los centros penitenciarios.

25 de marzo. Los reclusos de Sao Paulo confeccionan mascarillas de protección. La producción diaria estimada es de 26 000 mascarillas.

20 de marzo. El ministro de Justicia afirma que el Gobierno desea vacunar a los reclusos contra la gripe común. La medida permitiría evitar la confusión entre los síntomas de la gripe y los del coronavirus. El ministro se manifiesta en contra de la liberación de reclusos y considera preferible una evaluación caso por caso.

18 de marzo. El Gobierno recomienda el uso de cortinas y marcas en el suelo para delimitar la distancia mínima de dos metros dentro de las celdas colectivas. Esta medida se debe tomar cuando el establecimiento no puede aislar a las personas enfermas o que presenten síntomas de la COVID-19. El Gobierno proporciona instrucciones generales a los jefes de establecimientos, entre las cuales destacan la separación de reclusos mayores de 60 años y de aquellos que sufran una enfermedad crónica, el aumento de tiempo de caminata, la restricción de visitas y la creación de espacios dedicados a las personas que presenten los síntomas.

Sistema judicial¶

24 de noviembre. El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) ha autorizado las audiencias (audiência de custódia) por videoconferencia, las cuales tendrán lugar después de examinar al recluso para identificar posibles signos de violencia. Las salas de videoconferencia deberán estar equipadas de una cámara que permita al juez tener una visión completa de la habitación en la que se encuentra el acusado. Más de 70 organizaciones, especialmente asociaciones de abogados de oficio y en defensa de los Derechos Humanos, se han opuesto a esta decisión, pues afirman, en una carta al presidente del CNJ, que, al no haber presencialidad, el juez no podrá verificar si el recluso ha podido ser torturado.
Según estas organizaciones, el juez no podría evaluar la necesidad real de mantener la prisión preventiva. El presidente del CNJ justificó esta decisión, alegando que la situación actual requiere medidas excepcionales y reiteró que las videoconferencias seguirán una serie de protocolos que, en su opinión, evitarán que se produzcan actos violentos.

9 de septiembre. Se han reanudado las audiencias (audiência de custódia) en el estado de Roraima. Antes de septiembre, solo se realizaban en casos urgentes. Las audiencias se llevarán a cabo según las medidas sanitarias: se instalará plexiglás entre los participantes, se les tomará la temperatura, se distribuirán mascarillas y gel hidroalcohólico y se desinfectarán las salas entre cada audiencia.

1 de julio. En Joinville, el juez de ejecución de penas decidió reanudar las audiencias en persona. Afirmó que ”la videoconferencia es un medio, pero puede conducir a limitaciones en el ejercicio completo de la defensa”.

23 de junio. Más de 150 jueces, abogados y organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al Consejo Nacional de Justicia (CNJ) para protestar contra la celebración de audiencias (audiências custódia) por videoconferencia. Solicitaron que el CNJ vetara dicha propuesta, ya que este mecanismo no permite al magistrado identificar posibles signos de tortura y ofrecer al condenado un entorno propicio para la escucha.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

23 de septiembre. El número de reclusos en el estado de São Paulo es el más bajo registrado en los últimos siete años. En septiembre de 2020, alrededor de 216 000 personas estaban privadas de libertad, mientras que, en mayo de 2019, eran casi 234 000. La pandemia es, según los expertos, uno de los motivos de esta disminución. El número de ingresos en prisión cayó un 25,2 % entre enero y julio de 2020. Hasta la fecha, 5551 reclusos han sido puestos en libertad gracias a una orden judicial relativa a la COVID-19.

25 de agosto. En el estado de Alagoas, las autoridades informaron que entre el 17 de marzo y el 10 de agosto se liberaron 1148 reclusos. Unas 600 personas fueron liberadas bajo la recomendación número 62 del CNJ, lo que representa el 6.5% de la población carcelaria del estado.

7 de agosto. En Santa Catarina, la Corte de Justicia rechazó la demanda colectiva de habeas corpus de los reclusos vulnerables. La demanda, formulada por la Defensa Pública, buscaba la reasignación a domicilio de las personas condenadas por delitos menores, así como de las que se encuentran en régimen semiabierto. La reducción de las penas se deberá examinar caso por caso según la decisión de la Corte.

4 de agosto. Un grupo de investigadores de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y de la Universidad Federal de Santa María (UFSM) examinó las decisiones de los jueces respecto a las solicitudes de revisión del cumplimiento de las penas en el estado de Rio Grande del Sur. Comunicaron que el 92 % de las 486 solicitudes presentadas en mayo habían sido rechazadas.

23 de julio. En Bahía, las autoridades judiciales han informado que, entre marzo y junio, se han emitido 3 153 órdenes de liberación. La mayor parte de los beneficiarios de estas medidas estaban en regímenes semiabiertos o habían cometido delitos menores.

12 de junio. El CNJ ha declarado que al menos 32 500 reclusos han sido liberados (bajo arresto domiciliario o sometidos a vigilancia electrónica) desde el comienzo de la pandemia, es decir un 4,8 % de la población carcelaria del país.

8 de junio. Las autoridades judiciales de São Paulo han respondido favorablemente al 3 % de las solicitudes de liberación (es decir que de las 25 800 solicitudes, 726 se han traducido en una puesta en libertad ). La dificultad para probar que el recluso forma parte del grupo de riesgo es, según los abogados, uno de los principales obstáculos.

8 de mayo. En el estado de Sao Paulo, 3 190 reclusos serán liberados, de los cuales el 72 % están en prisión preventiva y el 10 % son mujeres. La abogada y directora de la ONG Instituto de Defensa del Derecho a la Defensa (Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD) afirma que ese número es irrisorio y recuerda que la población carcelaria de Sao Paulo cuenta con, al menos, 25 000 prisioneros que pertenecen a los grupos de riesgo. El Colegio de Abogados de Brasil (OAB) solicitó que se pusiera a disposición de los jueces una lista de nombres de los reclusos vulnerables para facilitar la revisión de las solicitudes de libertad condicional.

7 de abril. El director general de la administración penitenciaria solicita a las autoridades del país, mediante un mensaje privado, que le transmitan toda la información relativa a la comisión de delitos graves y violentos por parte de las personas liberadas durante la crisis. La administración penitenciaria reclama, esta vez por vía oficial, que los órganos de inteligencia de los estados le informen de la localización y de los datos disponibles de las personas puestas en libertad. El posicionamiento de la administración penitenciaria sigue al del Gobierno del presidente Bolsonaro quien, con frecuencia, se pronuncia contra las medidas de libertad de los reclusos debido a la crisis sanitaria.

6 de abril. La administración penitenciaria estima que alrededor de 30 000 reclusos fueron liberados u obtuvieron una revisión de pena, según el CNJ. Algunos de ellos se encuentran bajo vigilancia electrónica. Cerca de 60 000 de ellos estaban cumpliendo su pena de esta forma antes de la crisis sanitaria.

Vínculos con el exterior¶

30 de diciembre. Infovirus ha publicado una serie de testimonios de exreclusos y de allegados de los internos de la prisión de Papuda (Distrito Federal). Los testimonios denuncian la falta de atención sanitaria y de comida, así como casos de tortura y malos tratos. Además, revelan el considerable empeoramiento de las condiciones de reclusión desde el inicio de la pandemia, particularmente con la suspensión de las visitas, que son indispensables para el abastecimiento de comida y bienes, y permiten denunciar los abusos de los que son objeto los reclusos. El coordinador del proyecto Infovirus afirmó que ”la pandemia en las prisiones es una tragedia”.

9 de noviembre. El sistema penitenciario federal ha anunciado la reanudación gradual de las visitas. Cada recluso podrá beneficiarse de una visita presencial de sus allegados, con una duración de una hora al mes. Las visitas están limitadas a un adulto y un menor por recluso. Continúan las videoconferencias, implementadas en agosto.

26 de noviembre. En el Minas Gerais, las visitas familiares se han suspendido nuevamente en algunos establecimientos tras el aumento de casos entre los reclusos. Las prisiones en cuestión son las de Uberaba, Araxá, Furtal, Carmo do Paranaíba e Itapagipe.

4 de noviembre. Las autoridades del Estado de São Paulo anunciaron la reanudación progresiva de las visitas en la mayoría de los establecimientos a partir del fin de semana del 7 y el 8 de noviembre. Las visitas , que duran dos horas, se alternan según un calendario que comunicaron las autoridades y se limitan a un visitante por recluso. Además, se realizan en espacios abiertos o, en caso de lluvia, en salas ventiladas. Los visitantes no pueden ser menores de 18 años ni mayores de 59, y el uso de la mascarilla es obligatorio. El ingreso de productos o alimentos durante las visitas sigue estando prohibido y los reclusos seguirán recibiendo sus paquetes por correspondencia.

5 de octubre. En Río Grande del Sur, al menos seis reclusos han iniciado una huelga de hambre, y las familias se están manifestando para que se reanuden las visitas, que llevan suspendidas desde el 23 de marzo. Las autoridades afirmaron que a partir del 16 de octubre se reanudarían las visitas y que cada institución penitenciaria presentaría su propio calendario.

14 de octubre. En el estado de São Paulo, las familias de las personas reclusas se han reunido con la administración penitenciaria para pedir que reanuden las visitas presenciales e informar sobre las dificultades que tienen para comunicarse por videoconferencia o por correo electrónico. Los sindicatos del personal penitenciario de São Paulo se oponen a la reanudación de las visitas.

30 de septiembre. En el estado de Pará, se retomaron gradualmente las visitas en 38 centros penitenciarios. Las primeras visitas, que tuvieron lugar entre el 21 y el 25 de septiembre, siguieron las medidas sanitarias establecidas por el Departamento de Salud de Pará. Los visitantes deben llevar mascarilla y se prohíbe cualquier contacto físico.

22 de septiembre. Existe muy poca información disponible sobre las condiciones de reclusión en las prisiones del norte del país, según Infovírus. Tanto las medidas de prevención como la suspensión de las visitas de familiares y abogados obstaculizan el control de los centros penitenciarios desde una mirada exterior.

19 de septiembre. En el Estado de Alagoas, una orden judicial obligó a la administración penitenciaria a establecer un nuevo calendario para el envío de paquetes con comida por parte de los familiares de los reclusos. Para su recepción, se pondrá en marcha un protocolo sanitario.

5 de septiembre. De las 52 instalaciones del parque penitenciario del estado de Maranhão, 42 están equipadas para realizar visitas por videoconferencia. Se han suministrado ordenadores portátiles gracias a la asociación entre las autoridades del estado y la ONG Humanitas360. Varias personas expresaron su «alivio» al tener de la posibilidad de ver a su familiar desde la prisión, aunque lamentan el poco tiempo asignado a este tipo de visita. La esposa de un recluso declaró que la videollamada está limitada a cinco minutos y que hay problemas de conexión, además, afirmó que pudo ver el hacinamiento de la celda en la que está encerrado su marido en la cárcel São Luís. Las autoridades declararon que después de la pandemia, los reclusos podrán seguir teniendo visitas por videoconferencia, principalmente, aquellos que se encuentran lejos de sus familiares.

2 de agosto. En el estado de Espírito Santo, la asociación de familiares de reclusos Desencarcera ES recibió frecuentes denuncias relativas a vulneraciones de los derechos humanos en diversos establecimientos. Algunos reclusos afirman que no han tenido la posibilidad de avisar a sus familiares de su hospitalización.

14 de julio. Distintos jueces realizaron visitas de control en los centros penitenciarios de varios estados siguiendo las indicaciones del CNJ. Destacaron la importancia de estas visitas en el contexto de aislamiento en el que se encuentran los reclusos tras la suspensión de visitas. Uno de los visitantes, el juez Geraldo Fernandes, destacó la importancia del contacto entre las autoridades, los reclusos y sus familias: “La presencia del juez dentro del centro muestra que no se ha olvidado a estas personas y que se revisan las condiciones de salud y de dignidad. Es muy importante establecer este contacto, ya que también permite aclarar los bulos (fake news). Yo fui personalmente y esto tranquiliza a las familias”.

12 de julio. En Espírito Santo, ciertas familias de reclusos solicitaron un mejor acceso a la información y denunciaron violaciones de derechos. Tras una manifestación organizada por estas familias, las autoridades locales anunciaron que:

• las normas relativas a las llamadas se implementarán en un plazo de 30 días

• la administración elaborará un protocolo de visitas conjuntamente a las asociaciones de familiares de reclusos

• se establecerá un canal permanente en 15 días para facilitar la comunicación entre dichas asociaciones y la Secretaría de Justicia (SEJUS).

1 de julio. En el Distrito Federal, las familias afirmaron encontrar dificultades para contactar a sus familiares reclusos y para obtener información sobre el estado de salud de aquellos que han dado positivo. Denunciaron la precaria situación en las prisiones PDF-I y PDF-II. Algunos reclusos duermen en el mismo suelo, no disponen de suficientes productos de higiene y denuncian retrasos de dos meses en recibir paquetes enviados por sus familiares. La Comisión de los Derechos Humanos (CDH) de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal informó de que han recibido más de 300 quejas de las familias.

27 de junio. En Santa Catarina, el juez de aplicación de penas ha visitado la prisión de Joinville y ha informado de la existencia de problemas en la entrega de productos de higiene personal enviados por los allegados; los reclusos carecen de ropa, sábanas, toallas y desodorante. El juez también ha constatado que no todos tienen acceso a los dispositivos de videoconferencia a pesar de que, desde la suspensión de las visitas, los reclusos tienen derecho a una videollamada cada quince días.

25 de junio. En Minas Gerais, el Grupo de Amigos y Familiares de las Personas Privadas de Libertad y de Movimientos por la “Liberación” se manifestó en la capital administrativa de Belo Horizonte para pedir más información. Además, señalan la falta de agua, alimentos, sábanas y productos de higiene en las prisiones del estado.

En Roraima, los familiares y allegados también denunciaron la falta de información transmitida por las autoridades. “No sabemos absolutamente nada de lo que está sucediendo allí”, declaró un familiar.

16 de junio. Los allegados y las familias han declarado tener que confiar en los “rumores” que circulan entre el personal penitenciario y médico para obtener noticias sobre el estado de salud de los reclusos. Carolina, madre de un recluso encarcelado en Río de Janeiro, informa de que las familias comparten noticias en un grupo informal de Whatsapp. Cuando alguien se entera de que, por ejemplo, un recluso ha fallecido, comparte la información en el grupo. “El terror que sufrimos nos hace enfermar”, afirma.

1 de junio. En São Paulo, el poder judicial ordenó que la administración garantizase, al menos, el derecho de visita de los reclusos. La decisión estipula que el intercambio de cartas no puede ser el único medio de comunicación.

25 de marzo. La administración del estado de Sao Paulo suspende hasta nuevo aviso la posibilidad de que los familiares lleven paquetes (llamados jumbos). Dichos paquetes a menudo contienen productos de higiene personal, alimentos y otros productos básicos. La medida, aplicada a 230 000 reclusos, pretende responder a las inquietudes del personal penitenciario preocupado por el riesgo de contaminación que supone la aglomeración de los allegados frente a las prisiones. En adelante, se podrá enviar paquetes por correo y transferencias de dinero. El sindicato del personal penitenciario de Sao Paulo (Sifupesp) afirma que estas medidas son poco adecuadas: “el ‘jumbo’ existe como respuesta a un fallo del estado, pero es el estado el que debe hacerse responsable”.

Movimientos de protesta¶

19 de octubre. Una serie de vídeos de un enfrentamiento entre internos en la prisión de Carirí (Tocantins) ha estado circulando en las redes sociales. El incidente se produjo después de que un grupo de reclusos decidiera declararse en huelga de hambre para protestar por las deplorables condiciones de vida del establecimiento y el otro grupo se negara a participar. Las autoridades anunciaron que se había “restablecido el orden en la prisión“, pero no informaron si alguna persona resultó herida a raíz del incidente. Por su parte, los familiares de los reclusos realizaron manifestaciones frente a varios otros establecimientos en el estado de Tocantins y frente a la sede del Gobierno para exigir que se reanudaran las visitas, suspendidas desde el 14 de marzo.

28  de septiembre. Un motín estalló en la cárcel de Ponte Nova (Minas Gerais). Los videos del motín, publicados en las redes sociales, muestran algunas celdas en llamas y reclusos que golpean los barrotes. Algunas familias afirmaron que los internos se sublevaron contra los malos tratos recibidos y contra la suspensión de las visitas. El motín fue controlado y no se señaló ningún incidente grave.

24  de septiembre. Los reclusos de la prisión Nelson Hungria publicaron una carta abierta donde reclaman  la reanudación de las visitas, y el fin de las agresiones y abusos. Los internos hicieron un llamamiento a las autoridades para que se abran los diálogos.

22 de septiembre. En Paraná, 36 reclusos positivos por COVID-19 se fugaron de la prisión de Cambará. Dos de ellos fueron apresados nuevamente. Los reclusos utilizaron un túnel de cerca de 30 metros para escapar. La semana anterior, el centro había revelado que 118 reclusos habían dado positivo por COVID-19.

28 de agosto. Alrededor de 200 mujeres y familiares de reclusos se han manifestado en las calles de Maceió (Alagoas) para denunciar los casos de tortura en prisión. Los manifestantes afirman que los reclusos «se ven obligados a beber su propia orina, no se les permite dar paseos y no reciben comida». Reclaman la reanudación de las visitas y de la entrega de paquetes.

21 de julio. En el estado de Goiás, los reclusos preventivos de la cárcel de Rio Verde se alzaron en motín para denunciar la falta de comida, agua y atención médica, y alertar sobre la presencia de casos de COVID-19 dentro de la prisión. La policía militar intervino para poner fin al movimiento, en el que un recluso resultó herido. La administración penitenciaria afirmó que la policía usó armas no letales.

14 de julio. Miembros del cuerpo de la policía penitenciaria (policiais penais) protestaron frente a la prisión de Piraquara. Quince funcionarios de este establecimiento se encontraban de baja por enfermedad. Los manifestantes exigieron la contratación “de emergencia” y el cribado masivo del personal y los reclusos.

25 de mayo. La administración penitenciaria obtuvo una asignación adicional de 19 millones de reales (3,1 millones de euros) para la compra de equipamiento «no letal» (granadas, municiones, gas pimienta, etc.) con el fin de “reabastecer a las unidades de prevención de disturbios tras la suspensión de las visitas”. Las autoridades consideran que la falta de contacto entre los reclusos y sus familiares es la causa de tensiones y futuras rebeliones. Infovírus, el observatorio de la COVID-19 en las prisiones brasileñas, critica la actuación de la administración penitenciaria y lamenta su negativa a facilitar las listas de reclusos en situación de riesgo, a abstenerse de realizar exámenes a gran escala y a asignar más recursos a la represión.

2 de abril. Un motín estalló en la prisión de Puracquara en Manaus. Los reclusos protestaron contra la suspensión de las visitas y tomaron como rehenes a siete miembros del personal. En un video, los manifestantes afirman que los reclusos están enfermos. Sin embargo, las autoridades declaran que no hay casos confirmados de COVID-19 en el establecimiento.

Llamamientos y recomendaciones¶

24 de agosto. En el estado de Amazonas, varias organizaciones de la sociedad civil y familiares de los reclusos han interpelado a los órganos de control de las prisiones y denunciado la falta de transparencia en la gestión de la atención médica en las cárceles, ya que afirman que, durante toda la pandemia, las autoridades no han comunicado su proceso de detección del virus. Las organizaciones piden a los investigadores y a los expertos sanitarios que ayuden a la administración penitenciaria, y solicitan que se examine al menos a una persona por celda.

8 de agosto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su inquietud debido a las condiciones de reclusión en las prisiones brasileñas, ya que no permiten al Estado garantizar el acceso a la salud ni la integridad física de los internos. La CIDH exigió al Estado brasileño adoptar medidas encaminadas a reducir la sobrepoblación carcelaria, en especial, mediante la implementación de penas alternativas.

2 de julio. El CNJ hizo públicas unas nuevas directrices para las autoridades sobre el tratamiento de reclusos durante la crisis sanitaria. Las directrices hacen referencia a las «políticas de ciudadanía» que deben garantizarse por ley a la población privada de libertad, como la educación, la cultura, el trabajo, el acceso a la atención médica y la asistencia religiosa, material y jurídica. El Consejo también subrayó la importancia de la participación de la sociedad civil y de la actividad de control de los establecimientos penitenciarios.

1 de julio. El presidente de la CDH visitó la prisión Papuda e informó haber visto locales insalubres y celdas hacinadas. Se le había prohibido hacer fotografías y videos. Se mostró preocupado por una nueva ola de contagios en el centro y denunció el acceso a la atención médica, considerada precaria.

23 de junio. Más de 200 entidades nacionales han denunciado ante la ONU y la OEA la gestión de la crisis de la COVID-19 en las prisiones del país. El documento presenta una serie de datos y pruebas de vulneraciones de las normas y recomendaciones internacionales en seis áreas principales: el acceso a la atención médica, las revisiones de penas, la comunicación, el registro de defunciones, los motines y el uso de estructuras temporales inadecuadas para el alojamiento. El llamamiento conjunto muestra que la llegada de la COVID-19 ha agravado los problemas de un sistema penitenciario ya debilitado.

18 de junio. En São Paulo, los familiares y allegados de los reclusos publicaron una carta abierta a las autoridades en la que denunciaban violaciones de los derechos de los reclusos y señalaban el mal funcionamiento en el envío y recepción de paquetes. Los envíos postales, que ahora son obligatorios, no son una solución viable debido a su alto coste. Los reclusos dependen de los paquetes enviados por sus familiares para obtener alimentos y productos de higiene.

12 de junio. El CNJ ha prolongado 90 días la aplicación de las recomendaciones anunciadas en marzo a favor de las liberaciones y penas alternativas al encarcelamiento. (Recomendación nº 62).

21 de mayo. El CNJ publicó pautas para las visitas de control de las autoridades judiciales en términos de selección de establecimientos, periodicidad y procedimientos. El CNJ destacó que dichas visitas deben ser consideradas “actividades continuas y permanentes para garantizar y preservar vidas”. El documento fue elaborado en colaboración con el PNUD.

28 de abril. Más de 70 organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la ONU y la CIDH la propuesta de instalar contenedores para el aislamiento de reclusos vulnerables no contaminados. Esta propuesta, elaborada por la administración penitenciaria, fue presentada al Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria (CNPCP) para su aprobación. Las organizaciones signatarias afirman que “estos equipos no tienen sistemas de ventilación adecuados, exponen a los reclusos a altas temperaturas y violan el principio de la dignidad humana, puesto que exponen a un trato degradante a las personas privadas de libertad”.

24 de marzo. La Asociación Nacional de Defensores Públicos (Anadef) insta a las autoridades a dictar arresto domiciliario o penas alternativas para las personas vulnerables o encarceladas por delitos considerados menores. La asociación recuerda la necesidad de garantizar la distribución de gel hidroalcohólico, jabón y otros productos sanitarios entre los reclusos y el personal.

17 marzo. El Consejo Nacional de la Justicia (CNJ) publica recomendaciones para las autoridades judiciales con el fin de reducir la población penitenciaria. Recomienda principalmente:

• el arresto domiciliario de las personas detenidas por el incumplimiento del pago de pensiones alimentarias.

• la aplicación de medidas socioeducativas en espacios abiertos para los menores.

• la re-evaluación de las decisiones de detención preventiva cuando se trate de menores, mujeres embarazadas, personas detenidas en establecimientos masificados y personas acusadas de infracciones cometidas sin violencia.

El CNJ recomienda además la realización de audiencias por videoconferencia, cuando el acusado se encuentre detenido, o el aplazamiento de la audiencia cuando se encuentre en libertad.

Casos identificados¶

23 de diciembre. Al final del año, 54 807 personas dieron positivo (42 971 reclusos y 12 836 miembros del personal), es decir, un 10.2% más que el mes anterior. Al menos 222 personas han fallecido de COVID-19: 129 reclusos y 93 miembros del personal.

16 de diciembre. El número de reclusos que han dado positivo por COVID-19 ha aumentado en el estado de Goiás: se han registrado 214 casos nuevos entre noviembre y diciembre.

9 de diciembre. El virus continúa extendiéndose en las prisiones de todo el país. El número de reclusos infectados ha aumentado un 10,5 % en un mes. Un total de 40 479 reclusos ha dado positivo desde el inicio de la crisis. Al menos 126 reclusos han fallecido por COVID-19.

13 de noviembre. En el estado de Piauí, el número de reclusos que han dado positivo por COVID-19 aumentó de un 52 % entre septiembre y noviembre. Hasta la fecha, se han registrado 735 casos.

4 de noviembre. El número de reclusos positivos por COVID-19 ha aumentado a 35 560, de los cuales, al menos 119 han fallecido. Los casos positivos se concentran, sobre todo, en las prisiones de las regiones nordeste (30,8 %) y sureste (29,9 %).

19 de octubre. El número de reclusos y de miembros del personal que han dado positivo ha aumentado un 22.9 % con respecto al mes pasado: hasta la fecha, 33 668 reclusos y 10 882 miembros del personal. En total, se han registrado 203 decesos (117 reclusos y 86 trabajadores del centro).

14 de octubre. En el estado de São Paulo, las autoridades han informado del fallecimiento de 30 reclusos y 31 miembros del personal penitenciario. Casi el 11 % de la población carcelaria de este estado se ha sometido a un examen médico.

30 de septiembre. El número de reclusos positivos alcanzó los 28 233, entre ellos, 111 fallecieron. El CNJ censó 9788 casos positivos entre el personal penitenciario, de los cuales 84 fallecieron.

26 de septiembre. Se detectó un foco de COVID-19 en la prisión de Pato Branco (Paraná). Los 257 reclusos de este centro se sometieron a un examen médico y 41 dieron positivo. Se prohibieron las entradas y salidas de los presos durante los 15 días siguientes, con ciertas excepciones para recibir atención médica externa.

18 de septiembre. En el Estado de Espírito Santo, uno de cada tres reclusos ha dado positivo a las pruebas de la Covid-19. En este Estado se encuentran detenidas unas 22 000 personas.

9 de septiembre El número de reclusos que han dado positivo ha ascendido a 21 949, y el número de muertes a 106 . Se han contagiado más de 8500 miembros del personal y 78 han muerto.

7 de agosto. EnSão Paulo, 259 reclusos y 31 miembros del personal dieron positivo en la prisión de Hortolândia. Los casos se revelaron tras un despistaje masivo de 1570 reclusos. Este centro cuenta con más de 1700 reclusos y 97 trabajadores.

6 de agosto. En el estado de Paraná, el número de reclusos positivos en COVID-19 aumentó a 471. Ciento sesenta y cuatro miembros del personal dieron positivo y uno falleció. El director de la administración penitenciaria afirmó que “la evolución [de casos positivos] observada en la población no es proporcional a la de las prisiones” y consideró que “las cifras no son alarmantes”.

5 de agosto. El número de personas que han dado positivo dentro del sistema penitenciario aumentó a 19 683, de los cuales 150 fallecieron: 13 305 reclusos (82 decesos) y 6378 miembros del personal (68 decesos). Esta cifra representa un aumento del 82.3 % en relación con el mes anterior. Hasta la fecha, el 3.5 % de la población reclusa y el 18.5 % del personal penitenciario se han sometido a una detección sistemática.

3 de agosto. En Paraíba, el 20 % de la población carcelaria del hospital psiquiátrico penitenciario ha dado positivo.

30 de julio. El número de reclusos que han dado positivo ha aumentado a 11 386, entre los que se contabilizan 73 fallecidos. La mayoría de los casos se concentran en las regiones sudeste y noroeste del país.

21 de julio. En Goiás, el número de reclusos que han dado positivo asciende a 365, después de haber realizado 1 000 pruebas.

17 de julio. En Río Grande del Sur, 233 reclusos han dado positivo en la prisión de Charqueadas y 2 fallecieron.

12 de julio. En Santa Catarina, 229 reclusos de la prisión de Itajaí han dado positivo.

1 de julio. En el Distrito Federal, el número de reclusos que ha dado positivo aumentó a 1 348.

30 de junio. En la prisión de Acre, 31 reclusos y más de 230 miembros del personal han dado positivo.

22 de junio. El número de casos positivos entre reclusos y personal penitenciario ha aumentado un 241 % en un mes. El número de reclusos que ha dado positivo se ha elevado a 4 256, y se han notificado 58 fallecimientos. La mayoría de los casos identificados se concentran en las regiones centro-oeste (29,5 %), sureste (28,8 %) y nordeste (23,3 %) del país.

El contagio afecta especialmente al personal penitenciario, ya que 3 526 trabajadores han dado positivo. El número de fallecidos se eleva a 48.

16 de junio. En Paraná, al menos 35 reclusos infectados de COVID-19 fueron trasladados a la prisión de Campo Mourão, la cual aún no ha sido inaugurada oficialmente.

14 de junio. En Paraná, 142 reclusos de la prisión de Toledo han dado positivo, lo que representa el 77 % de las personas a las que se les hizo la prueba. Los reclusos han sido colocados en confinamiento y se ha suspendido todo nuevo ingreso a la prisión. El director del hospital penitenciario de Paraná realizó una visita de control a la prisión de Toledo para evaluar el estado de salud de los reclusos y sus condiciones de reclusión. Declaró que los enfermos presentaban síntomas leves y estables y que ninguno de ellos precisaba, hasta ese momento, de seguimiento en el hospital. La administración penitenciaria afirmó que los reclusos son examinados diariamente y que se desinfecta el establecimiento tres veces al día.

12 de junio. El número de reclusos que dieron positivo aumentó en un 800 % entre el 1 de mayo (245) y el 12 de junio (2212), y cincuenta y tres reclusos fallecieron. También se observa un aumento importante entre el personal penitenciario: 327 casos positivos en mayo contra 2944 hasta el momento, y el número de miembros del personal que ha fallecido ha aumentado a 41.

27 de mayo. Al menos 671 detenidos han dado positivo y uno falleció en la prisión de Papuda en Brasilia

19 de mayo. En São Paulo, un establecimiento de cada tres cuenta con casos positivos entre los reclusos.
En Pernambuco, el número de casos confirmados entre los reclusos y los guardias pasa de 20 a 80 en cuatro días.

18 de mayo. En Río, los últimas estadísticas semanales acerca de los fallecidos en las prisiones de este estado revelan que el número de personas fallecidas por enfermedades respiratorias se ha duplicado en comparación con el mismo periodo en 2019. Los abogados de la Defensoría Pública indican que estas cifras constituyen una prueba adicional de que están declarando un número de decesos por COVID-19 menor que el real.

14 de mayo. En Sergipe, un recluso de 32 años falleció por COVID-19. El director regional de la administración penitenciaria de este estado dio positivo el 11 de mayo.

11 de mayo. Al menos el 35 % de las prisiones del estado de Sao Paulo (62 de 176 instituciones) tienen casos sospechosos o confirmados de COVID-19 entre los detenidos y el personal penitenciario. Un total de 79 presos están en cuarentena y 232 miembros del personal están de licencia por enfermedad. Se han confirmado trece muertos: 7 prisioneros y 6 funcionarios.

8 de mayo. Diecisiete reclusos dieron positivo en la cárcel de Parintins en el estado Amazonas.

7 de mayo. Cuatro reclusos murieron a causa de la COVID-19 en Río.

5 de mayo. Muchas organizaciones de la sociedad civil han expresado dudas sobre las cifras proporcionadas por el Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN) a través de su base de datos (en portugués).

28 de abril. El número de casos positivos en prisión aumentó a 104. Cuatro reclusos han fallecido: tres en São Paulo y uno en Río de Janeiro.

22 de abril. Los gobernantes han afirmado que las pruebas de despistaje escasean en las prisiones de su estado; de hecho, menos del 0,1 % de la población penitenciaria del país ha tenido acceso a ellas. Las pruebas de despistaje se han puesto a disposición en Brasilia y, en pocos días, se han identificado 38 casos.

21 de abril. Un recluso falleció en Sorocaba (estado de São Paulo). El número de casos positivos en prisión se eleva a 93. Un total de 647 reclusos fueron sometidos a pruebas.

19 de abril. El número de casos positivos entre los reclusos asciende a 59. La mayoría de los reclusos enfermos (41) están en prisiones del Distrito Federal (Brasilia) y se sospecha que hay más de 140 casos en las prisiones del país.

17 de abril. Las autoridades confirman la muerte del primer recluso por COVID-19. El hombre falleció el 15 de abril en la unidad médica del centro penitenciario Complexo de Gericinó. Estaba cumpliendo su condena en régimen cerrado en el pabellón para personas de la tercera edad de la prisión Instituto Penal Candido Mendes (Río de Janeiro).

Para más información, consulte la sección de noticias de Infovírus, una iniciativa de universidades e investigadores brasileños que está monitoreando la pandemia en las prisiones brasileñas.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

7 de marzo. Las familias de los reclusos en la prisión de Drumheller han alertado sobre el deterioro de la salud mental de sus seres queridos, que han estado confinados durante más de dos meses. Se ha reportado un intento de suicidio. A los reclusos se les permite salir de sus celdas menos de una hora al día y tienen un acceso muy limitado a las duchas y al economato, en el que compran productos de higiene.

19 de diciembre. Entre abril y diciembre, los reclusos de las prisiones federales que trabajan para CORCAN confeccionaron más de 820 000 mascarillas y 49 000 batas. CORCAN, la agencia de trabajo vinculada a la administración penitenciaria, es criticada por su falta de modernidad, su atribución “sexista” de las tareas y sus bajas remuneraciones.

15 de diciembre. La probabilidad de contraer la COVID-19 es 13 veces mayor en prisión que en el exterior.

4 de diciembre. En Ontario, la prisión de mujeres de Grand Valley ha modificado sus condiciones de reclusión, tras detectar tres casos positivos entre los miembros del personal. Ahora los reclusos solo pueden salir de sus celdas durante 15 minutos. La administración penitenciaria ha indicado que estas medidas restrictivas tienen como objetivo aislar la fuente de la infección.

16 de noviembre. En la prisión de New Carlisle, el aumento de casos arroja una descarnada luz sobre las condiciones de reclusión : el centro se considera “uno de los peores de la Ciudad de Quebec”. La mitad del centro está habilitado como dormitorio común y las reglas de distanciación física no pueden aplicarse. “Es un establecimiento obsoleto y vetusto; aún hay puertas con barrotes, y presenta muchos problemas de ventilación, que, siendo honestos, es casi inexistente”, declaró un sindicato penitenciario. Tras descubrir cuatro casos entre los agentes de seguridad, una decena de guardias han sido puestos en cuarentena preventiva. El personal de otro centro ha venido prestar apoyo en esta situación.

12 de noviembre. El uso del aislamiento para contener los contagios “destroza” la salud mental de los reclusos, según la Elizabeth Fry Society. Afirman que el personal sanitario, que no está familiarizado con el entorno penitenciario, adopta medidas sumamente restrictivas incompatibles con los cuidados necesarios.

23 de octubre. Los reclusos de la prisión de Trois-Rivières circulan sin restricción alguna entre los diferentes pabellones. Un interno declaró: “Son los presos que se encargan de la limpieza y circulan de un sector al otro. No hay un aislamiento completo”. Los reclusos también comparten a diario las duchas y sanitarios.

3 de agosto. Quebec aplicó un plan de desconfinamiento en los establecimientos penitenciarios provinciales. El uso de mascarilla, obligatorio para el personal, es opcional para los reclusos durante su tránsito por las áreas comunes, lo que los sindicatos de agentes penitenciarios consideran como una “clara muestra de negligencia”.

21 de julio. El riesgo de contraer la COVID-19 es mucho mayor en prisión que en el exterior. Las probabilidades se multiplican por nueve en las prisiones federales y por cinco en las prisiones provinciales.

17 de julio. En Alberta, los reclusos denunciaron que no tienen acceso a mascarillas ni productos de higiene. Además, informaron que el personal penitenciario no usa mascarillas ni respeta el distanciamiento físico.

19 de junio. Ivan Zinger, director de las prisiones federales, ha solicitado a la administración penitenciaria que flexibilice las medidas sanitarias actualmente vigentes, ya que están causando tensión en las prisiones. Asimismo, mencionó que los reclusos han sido puestos en aislamiento prolongado y que se han suspendido los talleres, servicios religiosos y programas, incluso en establecimientos que no han tenido ningún caso positivo.

17 de junio. Un recluso de la prisión Mission (Columbia Británica) hizo declaraciones sobre las medidas sanitarias tomadas en la prisión; comentó, por ejemplo, que los guardias tardaron en implementar el distanciamiento físico, y que, una vez que el establecimiento fue puesto en cuarentena, las condiciones de reclusión empeoraron rápidamente: dos comidas servidas al día de manera irregular, sin duchas ni llamadas telefónicas. Asimismo, se habrían dado instrucciones al personal para que no se pusieran el equipo de protección con el fin de no preocupar a los reclusos.

15 de junio. En Ontario, los reclusos de la prisión de Lindsay hecho públicas sus condiciones de reclusión; consideran que estas son peores que las de otras prisiones y que están empeorando durante la pandemia. También han informado de la falta de acceso a agua potable, el deterioro de la calidad de los alimentos, la ausencia de contacto con los allegados y la falta de actividades. Los productos de higiene son insuficientes, hay poca ventilación y algunos regímenes específicos no están asegurados. El cierre de las celdas se efectuaría más temprano que en otras instalaciones.

24 de mayo. Los reclusos de la sección C de la prisión de Burdeos explican, en una carta abierta: “Aún no hay enfermería, ni biblioteca, ni visitas y, hasta ahora, no se nos ha permitido limpiar nuestras celdas desde hace dos meses”.

6 de mayo. Un abogado especializado en derecho penitenciario declaró: “Nuestros clientes están en confinamiento solitario en celdas 23 horas con 30 minutos al día (…). Eso significa que tienen 30 minutos al día para usar el teléfono y ducharse. Cada tres días, tienen 30 minutos adicionales para ir a pasear”.

3 de mayo. El director de un sindicato de personal penitenciario condenó la pobre respuesta de las autoridades ante la crisis, así como la falta de pruebas diagnósticas en la prisión de Burdeos, en la que solo se han realizado 121 pruebas para un total de 3600 reclusos.

20 de abril. El número de camas disponibles en los centros de semilibertad (halfway houses) disminuyó un 20 % debido a las recientes medidas sanitarias. En dichos centros, el personal sufre “una inmensa presión” y se dispone de equipos de protección “limitados o inexistentes”.

15 de abril. El personal penitenciario expone sus condiciones de trabajo. Declaran que tuvieron que “exceder” las directrices nacionales para “tranquilizar a su personal e impedir que algunos “devuelvan las llaves”. Sacan a pasear a decenas de reclusos a pesar de las recomendaciones. Hay entre 50 y 80 reclusos dependiendo del establecimiento. El personal castiga “una flagrante falta de conocimiento del terreno por parte de los nacionales”.

13 de abril. En la prisión Mission Institution 41 reclusos y 6 guardias son portadores de la COVID-19. Ocho reclusos están hospitalizados.

11 de abril. Más de 100 reclusos y miembros del personal de las prisiones federales dan positivo en la prueba. La administración penitenciaria informa de 61 reclusos y 56 portadores de la COVID-19 en seis establecimientos diferentes. Una prisión de la Columbia Británica (Mission Institution) tiene muchos casos: 25 reclusos y 4 trabajadores. El establecimiento está en cuarentena. Se están haciendo unas 15 pruebas.
En Quebec, la prisión para mujeres de Joliette tiene 33 oficiales infectados y 16 reclusos. Es el establecimiento con más personal portador de la COVID-19 en el país.

7 de abril. Un sindicato de guardias penitenciarios expresa su preocupación por las condiciones de trabajo del personal. Menciona el “exceso de trabajo, la falta de personal y la gran presión”.

30 de marzo. El establecimiento de Port-Cartier aplica una serie de medidas: se informa a las personas que han estado en contacto con portadores del virus; se desinfectan todas las superficies; se empiezan a utilizar máscaras; se toma la temperatura del personal.

29 de marzo. El primer ministro declara que el ministro de Salud anunciará un plan en los próximos días.

27 de marzo. El primer ministro Justin Trudeau reconoció, la semana anterior, que los reclusos corren un mayor riesgo de contraer y participar en la propagación del virus. No se anuncia ninguna acción.
A dos reclusos se les hace la prueba en Alberta. Durante el mes pasado, una decena de reclusos de la cárcel de Bowden dio negativo.

22 de marzo. La administración penitenciaria anuncia la interrupción de un programa de intercambio de jeringuillas. Este programa se ha propuesto en 9 de las 49 prisiones federales del país.

Sistema judicial¶

25 de abril. Las restricciones impuestas a los reclusos hacen que las condiciones de reclusión sean “extremadamente difíciles” y “vulneren claramente sus derechos fundamentales”, según un informe de la autoridad responsable del control de las prisiones. Los presos no disponen de tiempo para pasear durante el día y solo se les permite un desplazamiento de 20 minutos para ducharse o hacer una llamada telefónica.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

4 de diciembre. Entre marzo y noviembre, el número de mujeres recluidas en las prisiones federales ha disminuido un 9,8 %. La administración de la prisión ha afirmado que está trabajando junto con la Parole Board para identificar a los reclusos que podrían beneficiarse de una revisión del cumplimiento de sus penas.

29 de junio. En Alberta, la población carcelaria ha disminuido en un 35 % desde el comienzo de la pandemia; más de 1200 reclusos han sido liberados. Un cálculo realizado por el medio de comunicación Vice ha concluido que hubo una baja del 15 % a nivel nacional.

8 de junio. El Gobierno de la provincia de Quebec no tiene intención de conceder medidas de libertad condicional, lo que podría deberse, en parte, al cese de las formaciones. Estos programas suelen ser indispensables para justificar la concesión de la libertad condicional. Otros presos ya no cuentan con la promesa de ser contratados en el exterior, lo que se considera una garantía importante. Algunas provincias han puesto en libertad a entre el 25 % y el 55 % de su población carcelaria.

7 de abril. Las posibilidades de que se apliquen medidas de liberación anticipada se califican de “extremadamente limitadas”, debido a la incertidumbre sobre las condiciones de vida de quien podría ser liberado. Se indica que el número de oficiales habilitados a realizar las evaluaciones para conceder las puestas en libertad es insuficiente.

Vínculos con el exterior¶

10 de marzo. El Barton Solidarity project ha denunciado que en la prisión de Hamilton Wentworth el contacto con las familias solo se realiza por mensajería; los familiares pueden dejar un mensaje en el contestador automático del establecimiento, pero los reclusos tardan hasta tres semanas en recibirlo. Además, los reclusos no disponen de acceso al teléfono para ponerse en contacto con su abogado.

17 de noviembre. En la prisión de Trois-Rivières, las visitas por videoconferencia están suspendidas desde hace un mes, una situación que han denunciado los reclusos y sus allegados. El Ministerio de la Seguridad Pública ha declarado que no hay suficiente personal y ha aducido “dificultades en materia de seguridad, operaciones y tecnología” para justificar esta situación.

23 de octubre. Se han suspendido las videoconferencias en la prisión de Trois-Rivières. Un recluso informó que solo se autorizan las llamadas: “Ya hace un tiempo que estoy aquí y no tengo nada de contacto con mi familia porque han retirado el derecho a videoconferencias. Tengo dos niños y solo puedo hacer llamadas.”

27  de septiembre. En Quebec, se han anulado las visitas en las prisiones federales . Se prevé reevaluar esta medida cada semana en función de la evolución de la crisis sanitaria. Por el momento, no se ha anunciado ninguna medida en relación con las prisiones provinciales.

16 de julio. Se han reiniciado las visitas en las prisiones federales tras cuatro meses de suspensión. Las personas deberán programar su visita con 48 horas de anticipación. Se autoriza a un número reducido de personas, a quienes se les toma la temperatura al llegar y que deben usar mascarilla y mantener el distanciamiento físico.

4 de junio. En Ottawa, los capellanes ya no pueden visitar a los reclusos, por lo que consideran que no se están satisfaciendo las necesidades espirituales de los presos. Las visitas virtuales que sustituyen a las normales, consideradas insuficientes, son poco utilizadas y algunos reclusos ni siquiera conocen esta posibilidad.

2 de junio. No hay suficientes dispositivos para realizar visitas por videoconferencia en la prisión de Millhaven. Desde que se suspendieron las visitas, los familiares realizan las visitas a distancia aunque, debido a que solo disponen de un ordenador y al elevado número de peticiones, hay una espera de dos semanas para obtener un hueco.

26 de marzo. Se suspenden todos los programas. Una abogada explica: ”Mis clientes se quejan de estar completamente aislados. Ya no tienen contacto con sus seres queridos, solo por teléfono. Se suspenden todos los programas, en particular las salidas con o sin escolta”.

Movimientos de protesta¶

10 de marzo. Un miembro del Barton Solidarity Project denunció que más de cincuenta reclusos estaban haciendo huelga de hambre en la prisión de Hamilton Wentworth para exigir mejores condiciones de vida. En particular, pedían un mayor acceso a productos básicos de higiene, así como a ropa de cama limpia. También solicitaban poder salir de manera regular al patio. Los reclusos del establecimiento, que no habían salido desde hace más de un mes, exigieron que se reanudaran las visitas y que se les permitiera de nuevo llamar a sus abogados.

25 de octubre. Los reclusos de la prisión de Hull protestaron contra el confinamiento generalizado del establecimiento, impuesto por la autoridad regional de salud pública. Los internos incendiaron papel higiénico y golpearon ruidosamente los barrotes “con un bullicio cargado de gritos y golpes a las puertas”:

15 de junio. En Ontario, unos cien reclusos de la prisión de Lindsay han anunciado haber iniciado una huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de reclusión. Las condiciones, que el año pasado ya fueron denunciadas 770 veces ante el defensor del pueblo (Ombudsman), se han deteriorado aún más durante la pandemia.

6 de mayo. Se inició una huelga de hambre en la prisión de Burdeos. Las autoridades indicaron que no hay ningún «movimiento de masas» por el momento, lo cual se contradice con lo que describe un recluso sobre sus condiciones de reclusión: «¡La situación va a explotar si las cosas siguen así! (…) Hay prisioneros discutiendo continuamente, internos que envían a paseo a los guardias. El [pabellón] está asqueroso; hay gente tirando agua y basura por los aires. Algunos están perdiendo la cabeza por completo».

3 de mayo. Reclusos de la prisión de Burdeos amenazaron a los guardias penitenciarios con iniciar motines, puesto que sospechan que los agentes han participado en la propagación del coronavirus en la prisión. Varias fuentes han confirmado las tensiones.

Llamamientos y recomendaciones¶

15 de diciembre. El periódico Maclean’s redactó un artículo en el que sugirió que se adoptaran de manera permanente algunas de las reformas introducidas para luchar contra la pandemia, entre ellas: la supresión de las penas de prisión cortas; la reubicación de las prisiones en el corazón de las comunidades, ya que las prisiones alejadas geográficamente debilitan los vínculos familiares de los reclusos; y un mayor compromiso para garantizar la reinserción de las personas que salen de la prisión. Y concluyó: “A pesar de todo el daño que ha causado la pandemia, la COVID-19 nos ha permitido ver lo que podríamos hacer si nuestro objetivo fuera mantener a las personas fuera de las prisiones en lugar de mantenerlas dentro.”

17 de agosto. Melissa Munn, profesora del Okanagan College, ha solicitado la reactivación de la prensa carcelaria. “En un contexto donde la crisis de la COVID-19 y la violencia policial influyen en la opinión pública, la prensa carcelaria es uno de los únicos mecanismos que permiten a los reclusos expresarse y documentar su experiencia”.

21 de julio. Un miembro del Prison Justice Day Committee de Vancouver se alarmó por las condiciones de reclusión y por el peligro que estas representan para la salud de los internos, y pidió que se concedieran medidas de liberación por razones médicas.

17 de julio. La asociación de abogados Alberta Prison Justice Society (APJS, por sus siglas en inglés), envió una carta a las autoridades sanitarias y al ministro de Justicia de Alberta, en la que expresaron sus preocupaciones y denunciaron las repetidas violaciones del protocolo sanitario por parte de los guardias. Además, solicitaron visitas de control sin previo aviso y la publicación de los resultados.

8 de junio. Una organización abolicionista (un grupo anticarcelario) pide al Gobierno de Quebec que libere a más reclusos y señala que las condiciones de reclusión no garantizan su seguridad.

2 de junio. Una persona cercana a un recluso de Millhaven (Ontario) solicita a la administración penitenciaria que se amplíen las franjas horarias para las visitas por videoconferencia y que se les proporcione un segundo ordenador para garantizar que se mantenga la comunicación en caso de que el único ordenador del que disponen deje de funcionar.

24 de mayo. Los reclusos de la sección C de la prisión de Burdeos dirigen una carta abierta a las autoridades de Quebec en la que califican sus condiciones de reclusión de “deplorables”. Explican que están confinados en las celdas 22 horas al día, saliendo en grupos de 20 para dar un paseo “en un sótano que apenas tiene el tamaño del sótano de una casa”. Confiesan que tienen miedo de morir en prisión.

13 de abril. Un líder sindical en representantación de los funcionarios penitenciarios solicita que se reduzcan los movimientos del personal dentro de los establecimientos y los traslados entre ellos, “como ya ocurre en otros lugares”. También pide la provisión de mascarillas a los reclusos.

30 de marzo. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, invita a las administraciones penitenciarias y a las diferentes comisiones asesoras de libertad a facilitar la liberación de algunos reclusos.

La directora de la Sociedad John Howard de Canadá designa las tres categorías de reclusos con prioridad para ser liberados: los descritos como “de bajo riesgo” para la sociedad cuyas condenas ya hayan sido reducidas, los que están en condiciones de ser acogidos por sus familias y supervisados electrónicamente, y los reclusos más vulnerables.

El Sindicato de agentes correccionales de Canadá (SACC) se opone a esta propuesta y apela a la “falta de respeto completo por la seguridad pública”.

Los abogados muestran su inquietud con respecto al aislamiento de los reclusos. Indican que no es “viable a largo plazo” y que esto conlleva “graves efectos psicológicos a largo plazo”.

29 de marzo. El defensor del pueblo de las cárceles federales, Ivan Zinger, insta al gobierno a liberar a los presos que no supongan ningún riesgo para la comunidad.

27 de marzo. Un senador hace un llamamiento a la liberación de reclusos. En su opinión, los reclusos están en un “entorno peligroso”.

Casos identificados¶

12 de marzo. La dirección de la prisión de Drumheller ha registrado 70 casos positivos entre los reclusos y 21 entre los miembros del personal. Se ha solicitado apoyo a la Cruz Roja para gestionar la epidemia dentro del establecimiento.

10 de marzo. Un total de 72 personas, de entre ellos 51 reclusos, han dado positivo porCOVID-19 en las instalaciones de Hamilton Wentworth .

14 de diciembre. En Saskatchewan, la principal prisión federal,se registraron 24 casos positivos entre los reclusos. Todos fueron puestos en aislamiento para contener la propagación.

9 de diciembre. En Quebec, 12 de los 25 reclusos de la prisión de Percé han dado positivo por COVID-19. El responsable de un sindicato penitenciario ha indicado que el 30 % del personal no puede trabajar debido a las medidas de aislamiento a las que están sometidos.

En Gaspesia, las autoridades sanitarias consideran que la epidemia registrada en la prisión de New Carlisle se ha terminado.

4 de diciembre. En Ontario, la prisión para mujeres de Grand Valley ha registrado un total de tres casos positivos entre el personal. Las ocho mujeres reclusas que dieron positivo al inicio de la pandemia se han recuperado.

16 de noviembre. En la prisión de New Carlisle (Quebec), 23 reclusos y cuatro guardias son portadores de la COVID-19. Este aumento de casos se ha calificado de “brote grave”: cerca del 50 % de los reclusos de este centro han dado positivo.

12 de noviembre. Se han registrado cinco casos positivos en tres prisiones federales: dos en Drummondville (Quebec), dos en la prisión de mujeres de Edmonton y uno en Stony Mountain (Manitoba). Todas las personas contagiadas son aisladas y monitoreadas.

25 de octubre. Tres agentes penitenciarios y seis reclusos han dado positivo en la prisión de Hull.

23 de octubre. En la prisión de Trois-Rivières, 10 agentes y 13 reclusos dieron positivo. Los casos se encuentran en fuerte aumento desde la semana anterior, por lo que se organizó una campaña de cribaje.

13 de octubre. En la provincia de Manitoba, siete presos y dos miembros del personal han dado positivo en la prisión de Headingley. Se ha pedido a cerca de 150 personas vinculadas con el centro que se queden en sus casas.

17 de julio. En las prisiones provinciales de Alberta se han contabilizado 8 casos de COVID-19 entre los reclusos.

29 de junio. El número total de casos identificados en prisión se eleva a 576, la mayoría de los cuales serían reclusos dentro del sistema penitenciario federal. En Alberta, las prisiones provinciales han registrado dos casos de COVID-19. El hecho de que este estado se encuentre relativamente a salvo se explicaría por las prisiones ocupadas en promedio al 60 % de su capacidad.

19 de junio. Solo un caso «activo» entre los reclusos del sistema federal ha sido reportado hasta la fecha. Poco menos del 3 % de la población de las prisiones federales se ha visto afectada durante la epidemia, con 360 casos detectados en cinco establecimientos.

9 de junio. Las autoridades informaron de que todos los reclusos enfermos con COVID-19 en las prisiones federales se están recuperando. Además, informaron de dos muertes y de un caso “aún activo”.

21 de mayo. Un recluso de 72 años murió en la prisión de Burdeos. Esta es la primera muerte en una prisión provincial. Los familiares creen que no recibió la atención necesaria. Geneviève Guilbault, viceprimera ministra de Quebec y ministra de Seguridad Pública, declara lo contrario.

6 de mayo. Un recluso murió en una prisión federal de Quebec. Un prisionero del mismo establecimiento declaró: “En mi ala, todos lo tenemos, excepto un tipo. Hay cuatro de ellos en el hospital y hay rumores de que un recluso ha muerto, pero no hay confirmación. Era de esperar”.

31 de marzo. Dos presos dieron positivo en una prisión de máxima seguridad en Quebec. Están aislados del resto de internos. Nueve guardias también dieron positivo en la prisión de Port-Quartier. Se les pide que se queden en casa y sigan las instrucciones de las autoridades sanitarias.

30 de marzo. La administración penitenciaria publica periódicamente los casos de reclusos que han dado positivo en el test en instalaciones federales. Se han identificado tres casos: dos en la provincia de Quebec y uno en Ontario.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

3 de octubre. Gendarmería procedió a trasladar a 40 reclusos de dos establecimientos de Santiago a la prisión de El Manzano (Biobío). Las autoridades aseguraron haber elaborado un protocolo sanitario estricto para el traslado de los internos: cuarentena en Santiago, prueba PCR, aislamiento en una celda individual durante 14 días. La ONG Leasur criticó la decisión y aseguró que el uso de los traslados como medida de descongestionamiento de las prisiones de la capital no es “óptimo” para la seguridad sanitaria de los reclusos y pone en peligro los vínculos familiares.

12 de septiembre. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Los Ríos visitó la prisión de Valdivia. Se constató la falta de electricidad y de agua, así como problemas de humedad e inundaciones. La empresa Compass se encarga de la gestión de la prisión. Tras la visita, el INDH reportó dicha situación al juez de garantías, quien ordenó la implementación de las medidas sanitarias necesarias en el trascurso de los diez días posteriores. El juez señaló que las condiciones de detención violan los estándares necesarios para el respeto a la vida y a la integridad física de los reclusos.

19 de agosto. Varios reclusos de la prisión de Valparaíso se quejaron de la ausencia de medidas sanitarias en dicho establecimiento, así como del hacinamiento, la escasez de alimentos, y la falta de acceso al agua potable y a productos de limpieza. Según se informa, algunos reclusos infectados conviven con los recién llegados.

17 de julio. El hacinamiento en las cárceles junto con la propagación de la epidemia están saturando las dos unidades de aislamiento y cuarentena de la prisión de Valparaíso.

10 de julio. Las autoridades penitenciarias de la prisión de Punta Arenas aislaron todo el módulo A1, luego de la confirmación de un caso entre los guardias.

28 de junio. La llegada a la prisión de Rancagua de 79 reclusos trasladados de Santiago habría provocado un aumento de casos, según una organización profesional de policías. Las autoridades han informado de que las personas infectadas se encuentran en una zona asignada y aisladas del resto de la población carcelaria. El director del establecimiento penitenciario ha ordenado un régimen de cuarentena para el conjunto de la prisión; a los reclusos se les ha prohibido pasear y deben permanecer en los dormitorios.

13 de abril. La gendarmería informa de que el número de personal y de prisioneros infectados asciende a 83 (24 detenidos y 59 funcionarios), el doble que la semana anterior.

1 de abril. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, se pronuncia sobre la vulneración de los derechos humanos en las prisiones: “Hemos avanzado, pero estamos todavía a años luz de lo que exige la dignidad humana”. Afirma que ”cuando se habla de una distancia social de un metro, esto es una broma muy cruel”, en un contexto donde las habitaciones de 20 m2 albergan a 60 reclusos.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

16 de octubre. La Gendarmería de Chile anunció que las personas indultadas según la ley del Indulto Conmutativo (artículo 11 de la ley número 21.228), en el contexto de la pandemia, están obligadas a volver a reclusión. Aquellos que se beneficiaron de una libertad condicional quedan excluidos de esta obligación.

5 de junio. Las autoridades judiciales informan de que un tercio de la población carcelaria fue puesta en libertad entre el 18 de marzo y el 31 de mayo (13 321 personas). Aproximadamente 5 000 de estas personas liberadas estaban en prisión preventiva.

16 de marzo. El Gobierno anuncia una propuesta de ley para favorecer el arresto domiciliario de las personas de edad avanzada encarceladas por infracciones “menores” y crea un grupo de trabajo para proponer medidas preventivas.

Vínculos con el exterior¶

30 de diciembre. Gendarmería redujo de cinco a dos los días semanales para dejar paquetes para los reclusos de Colina 1. Los familiares deben hacer largas filas durante varias horas, en pleno sol y sin acceso a los sanitarios.

24 de diciembre. Los niños menores de 14 años se han excluido del plan nacional de reanudación de visitas, que comenzó en diciembre. Esto significa que alrededor del 67% de las mujeres privadas de libertad aún no podrán ver a sus hijos, según la asociación Red de Acción Carcelaria. La ONG Leasur ha manifestado su preocupación por esta decisión: ”Lamentablemente, las graves consecuencias que implica esto, como la pérdida del vínculo estrecho de un menor de edad con su madre, es algo que puede resultar incluso irreparable”.

28 de noviembre. Los familiares de los reclusos de Colina II han dirigido una carta al Director General de la Gendarmería para solicitar que se reanuden las visitas en «condiciones dignas, realistas y acordes a la realidad de cada recinto penitenciario».

2 de noviembre. La ONG Leasur ha publicado un informe sobre el uso de teléfonos móviles en los centros penitenciarios en el que se señala que, entre abril y agosto, se autorizó la utilización de 2120 teléfonos móviles y 249 ordenadores para realizar videoconferencias.

14 de julio. La ONG Leasur ha puesto en marcha la campaña «Teléfonos humanitarios» para informar y debatir sobre la importancia de mantener la comunicación entre los reclusos y sus familias. Esta iniciativa tiene relación con la implementación de sistemas alternativos a las visitas, como los teléfonos móviles, las videollamadas y la instalación de teléfonos fijos.

1 de junio. El director de la prisión de Mulchén ha explicado las modalidades de contacto de los reclusos con sus allegados desde el comienzo de la pandemia: “Para las visitas, tenemos dos opciones: las videollamadas, para las cuales disponemos de un ordenador en la zona de visitas, donde se encuentra un miembro del personal a cargo; y el acceso a un teléfono móvil, en la misma zona, para que puedan hablar con sus allegados. Todo debe quedar registrado.” También añade que los reclusos responden positivamente a estas medidas “extraordinarias”. Las prisiones de Yumbel y de Mulchén son las únicas del país equipadas con conexión internet dedicada exclusivamente a las visitas a distancia.

Movimientos de protesta¶

5 de julio. Los reclusos de Rancagua en O’Higgins han denunciado, mediante un video, las deplorables condiciones de salubridad y la falta de respeto a sus derechos fundamentales. El presidente nacional de la Asociación de Gendarmes afirma que no se puede culpar a la, ya que los reclusos son responsables de mantener la higiene de las instalaciones.

28 de junio. Ciertos reclusos de la prisión de Rancagua protestaron debido a la confirmación de 12 nuevos casos de Covid-19 en el establecimiento; los reclusos acusan a las autoridades penitenciarias de haber autorizado traslados que, según se sospecha, son el origen de los nuevos contagios.

19 de marzo. Los reclusos tratan de evadirse de la cárcel Santiago 1 por miedo a contagiarse. La policía y el servicio de inteligencia impiden el intento. Cerca de 200 reclusos, frustrados por fracasar en la evasión, provocan un motín. Algunos queman colchones. Varios seres queridos de los reclusos se reunieron frente a la institución penitenciaria para denunciar las precarias condiciones sanitarias. En la cárcel de Santiago 1, la más grande del país, hay cerca de 4 000 reclusos.

Llamamientos y recomendaciones¶

24 de octubre. Tras la solicitud de los reclusos de la prisión Colina II, la ONG Leasur publicó una serie de , recomendaciones para la reanudación de las visitas. El documento, elaborado por el equipo de «Salud y Cárcel» de Leasur, se basa en consejos técnicos de diferentes profesionales. Esta ONG se reunió con el director de Colina II para entregarle el documento y examinar los próximos pasos para la reanudación de las visitas. Las recomendaciones también se presentarán al Ministerio de Salud y a la Gendarmería.

17 de julio. Los diputados demócrata cristianos expresaron su preocupación por la propagación de la pandemia en los centros penitenciarios de las regiones de Aysén y Valparaíso y exigieron a los Ministerios de Justicia y Sanidad que adopten medidas urgentemente para frenar los contagios. Además, denunciaron el hacinamiento y pidieron que los enfermos sean trasladados a centros de salud.

16 de junio. La ONG LEASUR y varias organizaciones de la sociedad civil han dirigido una carta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gendarmería para denunciar la negligencia en las prisiones del país y los riesgos que corren los reclusos. En ella se oponen a la decisión de las autoridades de efectuar traslados entre prisiones y entre regiones y destacan el aumento significativo de casos entre reclusos y miembros de la Gendarmería. Los signatarios exigen más transparencia, especialmente en lo que concierne a las razones de los traslados.

15 de abril. Los detenidos de la prisión de Colina I presentan una carta a las autoridades del país en la que exigen que se adopten medidas para reducir la masificación penitenciaria, entre las que destacan:

• la puesta en libertad de personas en prisión preventiva, garantizando el principio de presunción de inocencia;

• la libertad condicional para cualquier persona que cumpla los requisitos previos;

• la búsqueda de soluciones adicionales para la puesta en libertad de personas con discapacidad, que sufran de enfermedades crónicas y para los reclusos que presenten un “comportamiento ejemplar”.

1 de abril. Amnistía Internacional pide a las autoridades acelerar la puesta en marcha de las medidas de reducción de la masificación en las prisiones. La ONG reitera su llamamiento a liberar a “todas las personas detenidas por haber ejercido su derecho de reunión pacífica, así como a revisar inmediatamente todas las medidas de detención preventiva actualmente en vigor”. La directora de Amnistía Internacional Chile critica la política de criminalización de las manifestaciones sociales, reforzada desde octubre de 2019 y responsable del encarcelamiento de cientos de personas por infracciones menores. La organización recomienda a las autoridades considerar la libertad condicional de todas las personas en riesgo. Solicita la aportación de recursos para garantizar el saneamiento de las instalaciones y el acceso al agua, a los productos higiénicos y a la atención médica.

Casos identificados¶

10 de diciembre. El número de reclusos positivos se eleva a 2008. Diecisiete han fallecido por COVID-19.

18 de noviembre. El número de casos positivos en el sistema penitenciario ha alcanzado los 3500: 1 912 personas privadas de libertad y 1 588 miembros del personal. Diecinueve personas han fallecido a consecuencia de la COVID-19 (17 reclusos y 2 miembros del personal).

28 de octubre. El número de reclusos que ha dado positivo en COVID-19 aumentó a 1853. El número de miembros de personal infectados es de 1512. Dieciocho personas han fallecido: dos agentes y dieciséis internos.

26 de agosto. En las prisiones el país, se han contabilizado 2942 personas infectadas y 14 fallecidos entre reclusos y miembros del personal.

16 de julio. Las autoridades penitenciarias reportaron la presencia de al menos 80 reclusos y 41 funcionarios infectados en la prisión de Valparaíso. Las pruebas se realizan a una de cada diez personas. El Observatorio Social Penitenciario acusó a las autoridades de una falta de transparencia respecto a la situación sanitaria.

29 de agosto. Las comunidades mapuche denunciaron un brote de casos en la prisión de Lebu. Varios presos políticos de dicho establecimiento han iniciado una huelga de hambre. Las comunidades acusan a las autoridades de guardar silencio o minimizar los síntomas que reportan reclusos. La prisión cuenta con al menos tres casos de reclusos enfermos.

24 de julio. El número de reclusos que han dado positivo ha aumentado a 1 234, entre los cuales hay 11 muertos. El personal de la prisión también se ve afectado por la propagación del virus: 1 103 han dado positivo y dos han fallecido.

21 de julio. La capellana Nelly León ha informado que casi la mitad de las reclusas del patio católico del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín ha dado positivo. Las reclusas de estos patios católicos pueden acceder a más actividades religiosas y a mejores instalaciones. La hermana León lleva confinada con ellas desde marzo.

17 de julio. Las autoridades confirmaron la existencia de 8 casos nuevos en la prisión de Aysén.

6 de julio. La Dirección Regional de Gendarmería de O’Higgins confirmó 44 nuevos casos positivos en la prisión de La Gonzalina en Rancagua. Después de que aparecieran los primeros casos en esta prisión, se realizaron pruebas a 210 reclusos: 166 dieron negativo y 43 dieron positivo; sin embargo, una prueba no es concluyente. Los reclusos que dieron positivo fueron puestos en cuarentena y tienen consultas diarias con el personal sanitario.

4 de julio. Las autoridades sanitarias confirmaron la propagación de la Covid-19 en la prisión de Tocopilla, que ha afectado tanto a reclusos como a guardias penitenciarios. De los 42 reclusos, 27 están infectados y fueron aislados y puestos en cuarentena.

17 de junio. La gendarmería reportó que 572 reclusos y 769 miembros del personal han dado positivo.

3 de junio. La Gendarmería confirma la primera muerte de un recluso por Covid-19.

2 de junio. El Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Médicos se muestra preocupado por las consecuencias de la pandemia en las prisiones y afirma que “el virus ha evolucionado hasta convertirse en una situación fuera de control que amenaza con agravar el problema de salud pública existente”. El Colegio de Médicos ha visitado, desde el 1 de abril, cinco establecimientos penitenciarios: Puente Alto, Valparaíso, La Serena, Santiago Sur y Valdivia, y declara haber iniciado debates con la policía y el Ministerio de Justicia. También indica que ha solicitado la ayuda del Ministerio de Salud, sin haber recibido respuesta hasta ahora.

27 abril. Las autoridades confirmaron 162 casos positivos de COVID-19 entre los reclusos y 164 entre el personal penitenciario.

Para más información, véase la sección de noticias (en español) de la ONG LEASUR dedicada a la Covid-19.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

10 de octubre. La administración penitenciaria ha informado que la tasa de ocupación pasó del 152 % al 123 % desde el decreto sobre la sustitución de penas del mes de abril. El director de la administración penitenciaria afirmó que la reducción del hacinamiento les ha permitido «humanizar más la pena». Algunas instituciones siguen teniendo una tasa de ocupación preocupantemente alta, como es el caso, por ejemplo, de la cárcel de Riohacha, en la que el número de reclusos duplica el número de plazas.
Las autoridades han informado que, hasta la fecha, se ha realizado la prueba a casi 34 000 personas (entre reclusos y guardias).

23 de julio. La estrategia implementada por la Secretaría de Salud Pública de Cali en el centro penitenciario de Villahermosa está dando resultado: la epidemia está retrocediendo gracias a las medidas sanitarias adoptadas (detección, identificación de personas de alto riesgo, aislamiento de las personas con síntomas). Se instalaron estaciones para el lavado de manos y se distribuyó alcohol en gel.

10 de julio. La administración penitenciaria declaró haber hecho la prueba a 10 675 reclusos (281 mujeres y 10 394 hombres) y a 3 231 miembros del personal (2 624 mujeres y 607 hombres). Las campañas de desinfección continúan en las 132 cárceles del país.

2 de junio. La tasa de ocupación ha disminuido un 12 % entre el 30 de marzo (151 %) y el 2 de junio (139 %), lo que se debe a las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia.

16 de mayo. Las autoridades judiciales ordenaron el traslado de la prisión de Villavicencio de 57 reclusos que sufren enfermedades crónicas y presentan un riesgo grave de contracción de la Covid-19, teniendo en cuenta el elevado número de casos identificados en esta prisión. Más de un tercio de la población carcelaria de Villavicencio ha dado positivo.

13 de mayo. El diario El Tiempo difundió un video del interior de una celda masificada en la que los detenidos procuraban confinarse y evitar las salidas. Las celdas miden entre 9 y 36 m2 y albergan a entre 8 y 14 personas. Los reclusos recibieron mascarillas y algunos productos gracias a donaciones.

12 de mayo. El director del establecimiento de Villavicencio denunció, durante una sesión virtual de la Asamblea Departamental, el abandono por parte de las autoridades nacionales y locales. Aseguró que el centro no cuenta con recursos para aislar a todos los reclusos que han dado positivo. Reportó que 1334 internos de avanzada edad que han dado positivo han sido reunidos y aislados en un local acondicionado, pero que “no es lo ideal”. El director de la prisión narró que algunos miembros del personal pagan de su propio bolsillo los medicamentos para los reclusos. Además, agregó que los médicos y enfermeras no desean trabajar en la prisión porque las autoridades no les brindan los materiales de protección necesarios. El Ministerio de Justicia ha instalado una carpa para uso médico en la prisión de Villavicencio con capacidad para 20 pacientes, mientras que 867 personas han dado positivo entre reclusos y vigilantes.

1 de mayo. Se han identificado al menos 421 casos positivos de la Covid-19 (entre reclusos y personal penitenciario) en la prisión de Villavicencio. La administración penitenciaria decidió enviar un equipo médico a este establecimiento para que se encargue de asegurar el cumplimiento del protocolo de aislamiento y de contratar profesionales sanitarios para atender a los reclusos. Esta decisión se tomó después del intento de fuga del pasado 29 de abril.

24 de abril. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Santander ordenó a las autoridades penitenciarias asignar los recursos presupuestales necesarios en un plazo de 48 horas para mejorar las condiciones sanitarias de seis establecimientos. El juez afirmó que las medidas tomadas en las prisiones de Santander “no son suficientes para evitar el contagio”. El fallo ordenó adicionalmente la adquisición de material (máscarillas, guantes, desinfectantes, jabón, etc.) para todo el periodo que dure la emergencia sanitaria.

15 de abril. El personal de la cárcel de Villavivencio publica en sus redes sociales un video para denunciar “el abandono total” por parte de las autoridades. Afirman que la entidad encargada de la administración de recursos para las instituciones penitenciarias (USPEC) no garantiza los servicios esenciales, como la atención médica a los reclusos. Según el personal, la prisión solo cuenta con una enfermera jefe y un auxiliar durante el día, pese a que allí hay 1 780 presos. Afirman que la USPEC no tiene un plan de urgencia para hacer frente a la crisis.

11 de abril. Las cárceles de Bogotá, Picaleña, Jamundí y Armenia están instalando “cámaras de desinfección” activadas por sensores de movimiento. El dispositivo libera un compuesto de alcohol, agua y Benzaldina fabricado por el personal y los reclusos. La administración penitenciaria desea que cada establecimiento pueda instalar un dispositivo similar.

23 de marzo. Equipo Jurídico Pueblos informa de que ciertos reclusos presentan síntomas característicos del coronavirus. Una mujer de la prisión Buen Pastor (Bogotá) permanece aislada después de contraer una fuerte fiebre.
Varias personas detenidas del módulo Torre 5 del establecimiento de alta seguridad de Valedupar tienen fiebre y se desmayan. Ponen a diez de ellos en aislamiento. Por su parte, reclaman que la administración penitenciaria tome las medidas necesarias para garantizar su atención sanitaria.
Se confina a los prisioneros del módulo Torre 4 de La Tramacúa en sus celdas como medida de precaución. Según los reclusos, el personal de vigilancia circularía sin respetar las medidas preventivas.
El Equipo Jurídico Pueblos afirma que estas situaciones contribuyen a generar pánico entre las personas detenidas así como entre sus allegados. La situación continúa siendo tensa en varios establecimientos. Según la asociación, la situación resulta especialmente grave debido a los castigos colectivos y a la falta de comunicación con sus seres queridos.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

23 de diciembre. La tasa de ocupación disminuyó de casi un 20 % desde el inicio de la pandemia. Esta disminución se debe al decreto presidencial 546, publicado en abril, que facilita la prisión domiciliaria.

18 de noviembre. En total, 1151 personas privadas de libertad han sido liberadas gracias al decreto del 14 de abril. El Ministerio de la Justicia preveía la liberación de unas 5000 personas. Más de 19 000 personas han sido puestas en libertad desde abril gracias a otros mecanismos ordinarios de revisión del cumplimiento de las penas.

10 de octubre. Hasta la fecha, más de 23 000 reclusos han sido liberados tras el decreto del mes de abril. Entre los beneficiarios figuran mayores de 60 años, madres gestantes, enfermos terminales, personas con discapacidad y reclusos con sentencias de máximo cinco años o que ya hayan cumplido el 40 % de su condena.

15 de abril. El presidente firmaun decreto que prevé el arresto domiciliario de unos 4 000 detenidos en situación de riesgo. Esta medida se anuncia unas horas después de la confirmación de varios casos de la Covid-19 en Villavivencio. La medida tiene una validez de seis meses y puede prorrogarse si así lo aconsejan las autoridades sanitarias. Excluye a toda persona condenada por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crímenes contra niños o adolescentes, así como a los condenados por corrupción.

31 de marzo. El ministro de Justicia decide que 10 850 prisioneros podrán cumplir sus penas en arresto domiciliario transitorio hasta el fin del estado de emergencia penitenciaria. La decisión beneficiará a los reclusos de edad avanzada, a las mujeres que amamanten a sus hijos, a los prisioneros muy enfermos y los que fueron condenados a menos de cinco años de prisión y hayan ejecutado ya 3/5 de la pena. Expertos en materia de política penal critican la insuficiencia de esta medida teniendo en cuenta la masificación carcelaria (151,2 % en febrero de 2020).

Vínculos con el exterior¶

22 de diciembre. Las visitas a la prisión de Berlín, en Socorro (Santander), se suspendieron tras la confirmación de varios casos positivos.

18 de noviembre. La administración penitenciaria ha ordenado reanudar los permisos de salida y ha anunciado que pronto los internos podrán recibir las visitas de las familias y de los abogados.

10 de octubre. Las visitas a las prisiones permanecen suspendidas. En numerosas instituciones se han acondicionado salas para realizar visitas por videoconferencia. La administración penitenciaria informó que se han realizado más de 25 000 visitas y más de 62 000 audiencias por videoconferencia desde el comienzo de la pandemia. Se está estudiando un posible proyecto piloto para reanudar las visitas a las prisiones militares.

1 de octubre. Los permisos de 72 horas se están retomando progresivamente. Las salidas siguen un protocolo sanitario (cuarentena, realización de la prueba al regresar a la prisión, etc.). De esta medida se beneficiarán, en principio, 469 reclusos de 132 prisiones.

27 de julio. Se han instalado salas de videoconferencia en 132 instituciones penitenciarias del país, en particular, en Cali, Bucaramanga, Medellín y Bogotá. El director de la administración penitenciaria ha afirmado que desde el comienzo de la pandemia se han realizado más de 88 000 visitas por videoconferencia.

13 de junio. Los familiares de los reclusos de la prisión Bosque de Barranquilla comparten sus inquietudes con los medios. Aseguraron que la administración les ha informado que los reclusos enfermos estarían confinados en la capilla, las aulas de clases o las celdas de aislamiento. Denunciaron la falta de comunicación con sus allegados e instaron a las instituciones a velar por el respeto de los derechos básicos de los reclusos.

Movimientos de protesta¶

24 de noviembre. Tras realizar una investigación, la organización Human Rights Watch (HRW) decretó que el día 21 de marzo, los guardias dispararon a los manifestantes de la prisión de La Modelo con intención de matarlos. Una protesta llevada a cabo en el mes de marzo le costó la vida a 24 reclusos, mientras que 76 resultaron heridos. Los informes no registran cualquier signo de heridas por arma de fuego realizadas con la intención de herir únicamente a las personas en lugar de matarlas», concluyeron los expertos independientes en el informe de la HRW. El director de HRW en América exigió a las autoridades «garantizar que los responsables por uso excesivo e injustificado de fuerza letal respondan por sus actos».

4 de noviembre. Algunos reclusos de la prisión de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá) se han declarado en huelga de hambre para denunciar el incumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de los guardias y la precariedad de las medidas que ha establecido la administración. Los internos han pedido a las autoridades que les permitan utilizar tarjetas SIM, a las que no tienen acceso desde mayo. Un representante de los reclusos, Jesús Emilio Gallego, afirmó que, el 30 de octubre, se reagrupó a 300 internos (algunos de los cuales dieron positivo por COVID-19) en un área de 20 metros de largo por 10 de ancho, sin ningún tipo de ventilación.

8 de julio. Alrededor de 50 reclusos del establecimiento de Armenia han iniciado una huelga de hambre como protesta y exigen el derecho a salir de las celdas después de varios días de restricciones. La dirección del centro penitenciario ha explicado que se trata de medidas de protección esenciales para su supervivencia tras el descubrimiento de un primer caso positivo el 22 de junio. Asimismo, diecinueve reclusos continúan en cuarentena.

22 de abril Las familias de los reclusos se reúnen frente a la prisión La Picota para apoyar el movimiento de protesta y para exigir la liberación anticipada (liberación humanitaria) de sus seres queridos.

21 de abril. Reclusos de la prisión de Cúcuta (al norte de Santander) participaron en manifestaciones contra la “fuerte represión por parte de la administración penitenciaria”.

20 de abril. El Movimiento Nacional Carcelario anuncia un día de protesta en la prisión de La Picota, organizado tras el anuncio de intervención del CORES (Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad) y el GRI (Grupo de Reacción Inmediata). Dos reclusos de este establecimiento penitenciario dieron positivo.

15 de abril. Los reclusos de la prisión de Eron Picota anuncian una huelga de hambre “hasta que el gobierno encuentre una solución al problema sanitario de las prisiones del país”.

7 de abril. Estallan nuevos movimientos de protesta coordinados a nivel nacional. Los detenidos exigen una mejora de las condiciones sanitarias y la liberación de personas que estén terminando de cumplir sus penas. Algunos de ellos comparten vídeos de la manifestación, mientras que otros muestran el hacinamiento en las celdas y declaran estar encerrados con 170 personas en un espacio para 48.

Siete guardias y tres detenidos de la prisión de “Pasto” resultan heridos durante las revueltas.

22 de marzo. Durante la noche, tras un anuncio del Gobierno, numerosos reclusos se sublevan. Nueve prisiones participan en el movimiento de protesta: Picaleña, Jamundí, Pedregal, Cúcuta, Picota, La Modelo, Cómbita, Palmira y Buen Pastor de Bogotá. Los presos denuncian la escasez de medidas preventivas, exigen la declaración del estado de emergencia sanitaria y solicitan que se adopten medidas contra la masificación.
Las autoridades denuncian que se ha producido un intento colectivo de escapar de la prisión La Modelo, la más masificada del país, durante el motín. Más de 70 ONG, incluida Equipo Jurídico Pueblos, denuncian una reacción desproporcionada por parte de las fuerzas del orden: falta de diálogo con los reclusos, utilización de armas de fuego y empleo excesivo de gases lacrimógenos. Mueren 23 presos y 82 resultan heridos.

Llamamientos y recomendaciones¶

31 de diciembre. Los reclusos de la prisión de Cómbita, en Boyacá, se alarmaron por el aumento en la propagación del virus. Además, denunciaron la falta de alimento y de atención adecuada para las personas contagiadas.

22 de julio. La fundación Sueños en Libertad denunció el deterioro de las condiciones de reclusión. Les preocupa que los reclusos no reciban ningún tipo de información del exterior. Además, la fundación está realizando una colecta para llevar productos de higiene a los reclusos de La Paz y El Pedregal. La Personería (defensor de los derechos) de Medellín solicitó que se entreguen productos de prevención para todos los reclusos de Medellín, donde hay casi 200 detenidos infectados.

El sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que hay casos positivos en 25 prisiones y denunció las deficiencias de las infraestructuras de aislamiento, que no permiten combatir la epidemia de manera efectiva. Además, considera que las medidas de prevención y los recursos médicos no son suficientes.

7 de mayo El Tribunal Constitucional se pronunció sobre la situación de la prisión de Villacicencio. El director de este establecimiento y los jueces tienen tres semanas para liberar a aquellos prisioneros que sean aptos para serlo.

21 de abril La asociación de familiares de detenidos “Libres e inocentes” denuncia las acciones de las autoridades del país. La asociación afirma que “El Estado colombiano actúa con negligencia ante la llegada de la pandemia a las prisiones” y que “al acelerar el contagio del virus se está actuando de forma criminal”. Manifiesta además que las liberaciones anunciadas han sido “claramente insuficientes” para resolver el problema de la masificación.

25 de marzo. El Movimiento Nacional Carcelario de la prisión de Cúcuta (MNC / COCUCC) denuncia el uso de armas de fuego y gas lacrimógeno por parte de la administración penitenciaria durante una protesta pacífica. Esta agrupación de prisioneros reporta que se hirió a 39 reclusos y pide la toma de las siguientes medidas: la liberación de reclusos de avanzada edad y de aquellos que sufren enfermedades graves, la elegibilidad para la libertad condicional de todas las personas detenidas sin importar el motivo de encarcelamiento y la reducción a la mitad de todas las penas pronunciadas.

Casos identificados¶

23 de diciembre. En el trascurso del año, cerca de 21 000 personas han dado positivo: 19 068 reclusos y 1477 miembros del personal. Al menos 110 internos fallecieron como consecuencia de la COVID-19, 104 hombres y 6 mujeres.

22 de diciembre. Se identificó un brote en la prisión de Berlín, en Socorro (Santander). Al menos 22 reclusos y cinco miembros del personal penitenciario dieron positivo. El director del establecimiento penitenciario aseguró que todas las personas infectadas fueron puestas en cuarentena en instalaciones específicas.

19 de noviembre. El coronavirus afecta 11 veces más a las personas encarceladas que a aquellas en libertad. La En la sociedad, la tasa de contagio es de una persona positiva por 1000 habitantes. En los centros penitenciarios, la tasa se sitúa en 11,3 personas positivas por 1000 reclusos. La sobrepoblación carcelaria explica en gran parte esta situación. Los centros más afectados por la pandemia son La Picota en Bogotá (1706 reclusos positivos), y La Picaleña en Ibagué (1400). El establecimiento para mujeres que presenta más casos es El Buen Pastor en Bogotá (900). En total, 69 personas privadas de libertad han fallecido por COVID-19.

17 de noviembre. El número de reclusos que ha dado positivo por COVID-19 asciende a 17 757. Por otra parte, 1467 miembros del personal han contraído el virus, de los cuales, la mayoría son guardias (77.8 %).

4 de noviembre. El procurador general ha mostrado su preocupación por la falta de pruebas diagnósticas y el riesgo de que aumenten los contagios en prisión. Afirma que, hasta la fecha, solo el 30 % de la población penitenciaria se ha sometido a examen.

3 de noviembre. Las autoridades han confirmado la detección de 133 casos positivos en la prisión de Neiva. Dos de los reclusos han fallecido por COVID-19 y otros dos están hospitalizados. La administración afirma que se han detectado nuevos focos del virus en ocho centros penitenciarios.

20 de octubre. El número de reclusos que han dado positivo aumenta a 15 413, de los que 1320 son miembros del personal. La administración penitenciaria ha informado de 84 muertes entre los reclusos y 9 entre el personal.

30  de septiembre. El número de casos entre los reclusos alcanzó los 13 594. Entre los guardias, 918 personas dieron positivo.

5 de agosto. La prisión de Cúcuta registró 20 casos positivos entre los reclusos. Un miembro del personal falleció por COVID-19.

30 de julio. Ocho personas han dado positivo en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

30 de julio. Al menos 188 reclusos y ocho guardias han dado positivo en COVID-19 en la prisión de Picaleña, en Tolima.

28 de julio. La prisión de Santa Marta registró 86 casos positivos. La mayoría de las personas son asintomáticas.

22 de julio. El centro penitenciario de La Paz en Itagüí ha registrado 371 casos positivos, lo que representa el 49,6 % del total de casos registrados en el municipio. El Hospital La María, responsable de la salud de la prisión, y el servicio municipal de salud realizaron 729 pruebas.

21 de julio. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) registró 2 Ò146 casos de personas infectadas en las 132 prisiones del país (1923 reclusos, 161 guardias, 13 funcionarios y 49 auxiliares).

16 de julio. Se registró la primera muerte por Covid-19 en la prisión de La Paz, en Itagüí.

19 de julio. El número de casos positivos en la prisión de Jamundí asciende a 46 (32 reclusos y 14 miembros del personal). Se puso en cuarentena a los internos infectados.

En la prisión de Las Mercedes (Montería), 56 personas, 53 reclusos y tres miembros del personal, dieron positivo. Las autoridades ordenaron el cierre de los patios y la realización de 600 pruebas.

18 de julio. La administración penitenciaria declaró que la prisión de Villavicencio ya no presenta ningún caso de Covid-19. Sin embargo, las autoridades aseguraron que se mantendrían las medidas de prevención.

17 de julio. En la prisión de Valledupar, se anunció la presencia de 58 casos positivos: 50 reclusos y ocho agentes.

14 de julio. Las autoridades confirmaron el primer caso positivo en la prisión de Neiva; se trata de un agente penitenciario. Catorce reclusos sospechosos de estar contagiados fueron confinados. Es el segundo caso confirmado en un centro penitenciario del departamento de El Huila, después de que se confirmara que un recluso había dado positivo en la prisión de Pitalito.

8 de julio. La dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) informó que 88 reclusos y un agente de la prisión mixta de Tuluá dieron positivo en la Covid-19, por lo que fueron puestos en cuarentena y recibieron tratamiento médico. Además, se confirmó la muerte de dos personas privadas de libertad en la prisión de Villahermosa en Cali, presumiblemente como resultado de la Covid-19. De las 722 personas infectadas, 637 son reclusos y 85 son agentes.

6 de julio. Las autoridades anunciaron 32 casos positivos entre los 145 reclusos sometidos a despistaje en la prisión de Buenaventura.

5 de julio. El alcalde de Jamundí ha confirmado que un prisionero y tres agentes de la prisión de Valle han sido infectados. Un guardia, en un estado particularmente débil, ha recibido tratamiento en el hospital de Cali. Los protocolos sanitarios de la prisión han sido reforzados y el establecimiento penitenciario está trabajando en colaboración con el hospital Piloto para prevenir una propagación masiva.

30 de junio. El director de salud del municipio de Espinal ha confirmado la detección de 103 nuevos casos positivos en un solo día en la cárcel de Tolima. De los 413 infectados, 19 son guardias; los reclusos infectados han sido puestos en cuarentena y los guardias han recibido tratamiento médico en sus domicilios. La prisión de Espinal tiene casi la mitad de los casos positivos de la Covid-19 en el departamento (934 en total).

10 de junio. El número de casos confirmados entre los reclusos y el personal de la prisión de Cali aumentó de 18 a 199 en dos días. En el centro hay más de 5 600 personas, lo que representa el triple del número de plazas disponibles.

4 de junio. Aproximadamente el 10 % de los reclusos de la prisión de Ternera, en Cartagena, (241 de 2 385) y el 78 % de la población carcelaria de Leticia (143 de 183) han dado positivo.

3 de junio. Las autoridades confirman que 878 reclusos de la prisión de Villavicencio han dado positivo, casi la mitad de la población del centro. Esta cifra equivale a casi la totalidad de los casos positivos (981) de todo el departamento de Meta.

16 de mayo. Dos reclusos han dado positivo en la prisión de Rodrigo de Bastidas, después de realizar las pruebas a 39 detenidos. La población carcelaria es de 1 271 reclusos, tres veces su capacidad de acogida.

12 de mayo. Un prisionero murió en la prisión de Leticia (Amazonas). Otros 89 presos y un miembro del personal dieron positivo.

8 de mayo El número de casos positivos confirmados en la prisión de Villacicencio aumentó a 772, de los cuales alrededor de cuarenta son guardias.

27 de abril. El número de casos confirmados de la Covid-19 en las prisiones aumentó a 213; tres reclusos han fallecido. Casi la totalidad de las personas infectadas se encuentran en la prisión de Villavicencio (204). Los demás casos se han identificado en las prisiones de Picaleña (Ibagué), Leticia (Amazonas), La Picota (Bogotá), Las Heliconias (Caquetá) y Guaduas (Cundinamarca).

15 de abril. Las autoridades del departamento de Meta confirman quince casos de coronavirus en la prisión de Villavivencio.

11 de abril. La administración penitenciaria confirma las primeras muertes por la Covid-19: dos hombres de 63 y 78 años en Villavicencio. El primero murió el 5 de abril, cuatro días después de su liberación. El segundo murió el 7 de abril, dos días después de su traslado al hospital.

Casos identificados¶

31 de diciembre. El número de casos positivos aumenta a 2885: 2261 reclusos y 624 miembros del personal.

11 de noviembre. El número de reclusos que han dado positivo es de 1746. Doce reclusos han muerto como consecuencia de la COVID-19.

22 de octubre. El número de casos de COVID-19 ha aumentado desde julio. A la fecha, ya se cuenta 1291 entre los reclusos y 497 entre el personal penitenciario. Once internos han fallecido.

21 de julio. Se han registrado nueve casos nuevos, por lo que el número total de reclusos infectados aumenta a 15.

3 de julio. Las autoridades han informado de que 5 reclusos han dado positivo.

1 de junio. El Ministerio de Justicia confirmó el primer caso positivo de un recluso en la prisión de La Reforma en Alajuela. Ha sido confinado junto a sus cuatro compañeros de celda. Trescientos internos se encuentran en cuarentena como medida preventiva.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

9 de junio. Los opositores al régimen denunciaron el confinamiento prolongado y el deterioro de las condiciones de reclusión de los presos políticos quienes, en ocasiones, son encarcelados fuera de sus provincias de origen, no reciben una dieta adecuada (en «estado de putrefacción »), ni atención médica. Las visitas aún están prohibidas y el confinamiento impide el desplazamiento de una provincia a otra, por lo que las familias no pueden atender las necesidades de los reclusos ni compensar las deficiencias del servicio penitenciario.

12 de mayo. Las esposas de los presos políticos denunciaron que el hacinamiento y las condiciones de higiene pueden tener graves consecuencias para la salud de los reclusos. Algunos prisioneros pueden tener ya comorbilidades como patologías o edad avanzada, por lo que solicitan su liberación.

6 de abril. La administración penitenciaria anuncia la aplicación de un plan de prevención para las personas detenidas, los guardias y cualquier otra persona que intervenga durante la reclusión. Las medidas incluyen especialmente un protocolo de higiene y desinfección, la atención médica y la creación de módulos de confinamiento.

1 de abril. Tres personas son condenadas a diez meses de prisión por la propagación de la COVID-19 y por no haber respetado las medidas sanitarias. Los viajeros cubanos que no cumplan la cuarentena se exponena una pena que va hasta los dos años de encierro.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

17 de junio. El presidente del Tribunal Supremo Popular aseguró que, debido a la epidemia, se podría otorgar una liberación anticipada a más de 10 000 reclusos. Algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos deploran el silencio de las autoridades respecto a la situación de los presos políticos, que permanecen en prisión. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria exigió, en el transcurso de las semanas anteriores, la liberación inmediata de algunos de ellos.

30 de abril. El gobierno ordenó la liberación de 6579 personas detenidas después de evaluarse su buena conducta. Los 421 acusados fueron enviados a casa para esperar el juicio y el resto de los reclusos están sujetos a libertad condicional.

Vínculos con el exterior¶

12 de junio. Las autoridades han anunciado que los servicios de transporte se reabrirán próximamente, lo que permitará la reanudación de las visitas en los centros penitenciarios del país.

12 de mayo. Las esposas de algunos prisioneros informaron que no han sabido nada de ellos desde hace varias semanas; también afirmaron que las autoridades no siempre respetan el derecho de los reclusos a hacer una llamada telefónica semanal o a recibir un paquete de alimentos de sus familiares.

Llamamientos y recomendaciones¶

La Organización de los Estados Americanos pide a las autoridades la puesta en libertad de los presos políticos.

Casos identificados¶

25 de julio. El director de epidemiología del Ministerio de Sanidad ha asegurado que ningún recluso ha contraído el virus desde el comienzo de la epidemia.

Vínculos con el exterior¶

6 de abril. Las visitas se suspenden hasta nuevo aviso, aunque se autoriza a los allegados a llevar dinero y paquetes. Los alimentos que se llevan se lavan con agua salada o con lejía antes de ser entregados a los reclusos. La administración aumenta el número de llamadas autorizadas. A toda persona que entre en detención se le mide la temperatura y debe desinfectarse las manos. Los recién llegados permanecen en cuarentena en un módulo específico. La masificación a veces implica la ubicación de dos o tres reclusos en las celdas individuales.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

3 de junio. Según las autoridades, el número de reclusos es, el más bajo registrado en los últimos años. Al menos 1525 personas han sido puestas en libertad desde el 1 de abril (fin o revisión de las penas). La administración penitenciaria afirma que la reducción efectiva de la población carcelaria se debe a su labor en coordinación con el Consejo de la Judicatura y a la aplicación de las recomendaciones de las organizaciones internacionales.

Llamamientos y recomendaciones¶

20 de junio. Varias organizaciones humanitarias ecuatorianas han exigido que el Gobierno adopte medidas para impedir que se continúe propagando la COVID-19 en los establecimientos penitenciarios. De los 699 reclusos infectados, diez han muerto como resultado del virus y se sospecha que otros diez lo hayan contraído.

Movimientos de protesta¶

4 de agosto. Un motín estalló en una prisión de la ciudad de Guayaquil. Once reclusos fallecieron y otros veinte resultaron heridos, al igual que seis policías. Las autoridades afirmaron que los actos violentos se dieron a raíz de un conflicto entre dos bandas relacionadas con el tráfico de drogas.

Casos identificados¶

18 de septiembre. Alrededor de 500 reclusos han dado positivo. Hasta la fecha, las autoridades han realizado 3000 tests rápidos y alrededor de 1000 tests PCR en las prisiones.

6 de julio. Cerca de 1000 personas, entre reclusos y personal penitenciario, han dado positivo desde el inicio de la pandemia. Más de 2400 individuos con síntomas se realizaron la prueba. El virus se encuentra presente en 20 de las 38 prisiones del país. Cerca del 80 % de los casos se ubican en la prisión de Ambato, Cuenca e Ibarra. La última de ellas cuenta con 119 casos positivos y una tasa de ocupación del 300 %.

20 de junio. El número de reclusos que han dado positivo desde el comienzo de la pandemia ascendió a 699, de los cuales diez han fallecido. El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que el 70 % de los reclusos de la prisión de Ambeto están infectados con el coronavirus.

6 de junio. Un recluso de la prisión de El Turi ha fallecido por la COVID-19. Es la cuarta defunción desde el inicio de la pandemia (un recluso en Quito y otros dos en la prisión de Ambato). Unos 500 presos han dado positivo.

2 de junio. Seis reclusos han dado positivo en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Ibarra.

Mayo. En la cárcel de Ambato, el 70 % de los 620 reclusos han dado positivo.

18 de abril. Un preso ha fallecido por la COVID-19 en el centro de detención preventiva El Inca, en Quito. Las autoridades confirman tres casos positivos entre los guardias de este establecimiento.

Condiciones sanitarias y atención sanitaria¶

15 de diciembre. En Alaska, la administración penitenciaria aún no ha determinado si se le dará prioridad a los reclusos para recibir la vacuna. Esto ha formado parte de un debate nacional sobre las campañas de vacunación. En Colorado, el gobernador ha afirmado que “de ninguna manera la vacuna irá a los reclusos antes que a las personas que no han cometido ningún delito. Es evidente.”

14 de diciembre. El personal penitenciario de las prisiones federales ha recibido las primeras vacunas. Los nombres de establecimientos incluidos en esta primera operación de vacunación no están muy claros.

13 de diciembre. En Massachusetts, los reclusos y el personal se encuentran entre los primeros grupos en ser vacunados. Aún no se ha definido la forma en que se suministrarán las vacunas, pero las autoridades proporcionarán más información una vez que se hayan recibido el equipo y las dosis.

9 de diciembre. En Nevada, la administración penitenciaria ha dado a conocer las medidas que prevé adoptar para luchar contra la rápida propagación del coronavirus dentro de la prisión: la firma de un contrato de 10 millones de dólares para realizar cribajes semanales masivos, una petición para que se apruebe el proceso de vacunación para los reclusos vulnerables, la distribución de mascarillas y la suspensión de visitas. Muchas de las familias de los reclusos y diversas organizaciones civiles consideran que estas medidas no son satisfactorias.

8 de diciembre. Las autoridades de 38 estados consideran que los reclusos son un grupo prioritario para recibir la vacuna. Los planes de vacunación elaborados por las autoridades suelen anteponer el personal penitenciario a los reclusos y son “poco claros e imprecisos”.
8 de diciembre. La organización Prison Policy Initiative ha calculado que la población penitenciaria debería reducirse entre un 30 % y un 40 % para permitir el cumplimiento de las medidas sanitarias. Algunos establecimientos son demasiado viejos y no permiten una buena ventilación o una correcta renovación del aire. En las prisiones de St Cloud y Stillwater, las celdas están cerradas con rejas. El aire que circula libremente no permite aislar correctamente a los pacientes.

30 de noviembre. Los reclusos tienen cuatro veces más probabilidades de infectarse que las personas del exterior. Su vulnerabilidad, sin embargo, no los hace prioritarios para recibir las primeras dosis de la vacuna. Este problema preocupa a las organizaciones.

17 de noviembre. En Luisiana, varios reclusos portadores de la COVID-19 en la prisión de Oakdale no han sido aislados del resto de la población. Si bien los responsables penitenciarios anunciaron disponer de un excedente de equipos de protección, los guardias contradijeron esta versión. Algunos afirmaron no llevar mascarilla. Un órgano de vigilancia exterior considera que ciertos miembros del personal no comprenden la necesidad de respetar algunas medidas sanitarias.

16 de noviembre. El estado deAlabama ha invertido diez millones de dólares en material de descontaminación. Algunos gastos han permitido la instalación de distribuidores de gel hidroalcohólico, el suministro de nebulizadores térmicos concebidos para la “desinfección de grandes superficies”, así como de mochilas pulverizadoras para superficies medianas (espacios comunes y oficinas).

12 de octubre. La pandemia ha dificultado el acceso a la atención médica. Los tratamientos se han aplazado, pues el personal sanitario es reacio a entrar en los centros penitenciarios por miedo a la COVID-19.

11 de octubre. En California, las condiciones laborales de los reclusos no han recibido la atención debida y han pasado por alto los protocolos sanitarios durante meses. Los internos cocinan, realizan tareas de planta, confeccionan mascarillas y limpian las instalaciones por salarios que van desde ocho centavos a un dólar por hora. En los lugares de trabajo, se juntan las personas alojadas en diferentes pabellones, lo que aumenta el riesgo de contagio. Algunos temen perder su empleo o que su fecha de salida sea postergada si se rehúsan a trabajar. Se desconoce cuántos de los 15 121 casos positivos que se han identificado en prisión eran trabajadores. En la prisión de Avenal, uno de los talleres se declaró como foco epidémico. En este establecimiento se han registrado 2930 casos positivos y siete decesos.

7 de octubre. En Carolina del Sur, la administración penitenciaria se prepara para instalar ionizadores aire. Bryan Stirling, su director, se enorgullece de ser el primer estado en realizar tal inversión, que asciende al millón de dólares. Además, considera que estos purificadores de aire, si bien no eliminan el virus del todo, por lo menos limitarán en gran medida su propagación.

Una inspección del centro penitenciario de Lompoc (California) reveló grandes deficiencias en la lucha contra la epidemia; los reclusos no siempre disponen de jabón y se ven obligados a utilizar sus propias toallas para limpiar sus celdas; las celdas de aislamiento, por lo general utilizadas como medida de sanción, se usan para colocar en cuarentena a las personas infectadas, quienes deben permanecer allí por 22 a 24 horas al día, sin poder salir o hacer llamadas telefónicas. Dichas condiciones habrían disuadido a algunos reclusos de informar a la administración sobre sus síntomas. Algunos de ellos afirmaron haber sido objeto de intimidaciones por parte del personal penitenciario para que no hablaran de tales deficiencias durante la inspección.

29 de septiembre. En Texas, un juez federal ha instado a las autoridades a proporcionar más desinfectantes de manos, especialmente a los reclusos en silla de ruedas, en un establecimiento reservado para reclusos de edad avanzada. La administración de la prisión se ha mostrado reticente a proporcionar gel hidroalcohólico por razones de seguridad.

23 de septiembre. En Virginia, hay numerosos reclusos vulnerables entre los internos de Deerfield. Muchos de ellos duermen en celdas en las que resulta imposible respetar las medidas de distanciamiento físico.

10 de septiembre. En Oregón, grandes incendios obligaron a evacuar tres prisiones; un total de 1450 internos fueron reubicados en el centro de Salem, que ya albergaba a 2000 personas, de las cuales 143 padecían COVID-19. Las autoridades reconocieron que esta situación podría favorecer la propagación del coronavirus. Los reclusos, amontonados en dormitorios, viven en condiciones de hacinamiento y muchos estaban teniendo dificultades para respirar por el humo. La espera para la distribución de alimentos es considerable y la atmósfera es tensa. El abogado de varios reclusos que han sido transferidos recientemente ha indicado: «para serle sincero, no sé si mis clientes están vivos o muertos».

9 de septiembre. Las autoridades responsables de las prisiones federales (Bureau of Prisons) pasaron por alto el estado de salud particularmente frágil de 93 de los 126 reclusos fallecidos por COVID-19. Como lo afirmó el Sentencing Resource Counsel for the Federal Public Community Defender en un comunicado de prensa, una cuarta parte de los enfermos tenían al menos 70 años y cuatro fallecieron después de que se les declarara curados. La cuarentena a veces tiene lugar en barrios condenados (especialmente por huracanes). Según las conclusiones de varios tribunales, la administración «subestima» o «minimiza» el peligro que representa el coronavirus, a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

1 de septiembre. En Indiana, el ejército se movilizó para compensar la falta de personal penitenciario. Algunos miembros de la guardia nacional fueron enviados a zonas sin contacto con los reclusos (control pods).

22 de agosto. En California, varias instituciones penales están ubicadas en áreas sujetas a órdenes de evacuación debido a los incendios que asolan la región. Este es el caso de dos establecimientos cercanos a Vacaville. La hermana de un recluso declaró: “Respiran fuego y humo, no tienen adónde ir *“Todos han sido evacuados, pero siguen en prisión. ¿Vamos a esperar al último minuto para dejarlos salir?”* Casi un centenar de reclusos de Vacaville, que habían sido trasladados a tiendas de campaña para evitar la propagación del virus en las celdas, fueron devueltos a prisión por los incendios.

17 août. Un informe del inspector general concluyó que el incremento vertiginoso del número de casos de covid-19 en los establecimientos penitenciarios de California se debe a un protocolo de pruebas demasiado vago, a una formación inadecuada del personal y al mal funcionamiento de los termómetros. La investigación reveló que la administración penitenciaria omitió publicar los resultados de las pruebas realizadas al personal.

14 de agosto. La mitad de los estados no exige el uso de las mascarillas al personal penitenciario, a pesar de que casi todos los estados las suministran. Prison Policy Iniciative estima que por esta razón los contagios no disminuyen rápidamente, y critica la lentitud para descongestionar las prisiones.

6 de julio. Se relevó de sus funciones al director médico del sistema penitenciario del estado de Californiatras haber aprobado el traslado de varios reclusos enfermos de la prisión de Chino a la de San Quintín, lo que provocó un nuevo brote de casos en este último establecimiento.

4 de agosto. Según la agencia de prensa Real News Network, la salud mental de los reclusos ha empeorado debido a las medidas relacionadas con la pandemia. El programa Rattling the bars expresó su preocupación respecto a las consecuencias de la suspensión de las visitas familiares, las actividades y el trabajo.

Un recluso declaró: “Lo peor de todo con este virus es la angustia para los compañeros. Me pregunto si sobrevivirán. “ 

8 de junio. En Texas, los reclusos de la prisión de Wynne contradijeron las declaraciones de las autoridades sobre la gestión del coronavirus. Afirmaron que no se han realizado pruebas desde abril y que los reclusos con fiebre son devueltos al régimen ordinario sin medidas preventivas. La prisión registró 20 muertes.

7 de junio. En Luisiana, las mujeres en reclusión viven en condiciones de hacinamiento considerables. En los dormitorios comunes, las camas no están suficientemente separadas. Estas condiciones se deben al traslado de 1 000 reclusas tras la inundación de la cárcel para mujeres de Luisiana (LCIW en San Gabriel) en 2016. Ahora conviven en dos centros masificados. Les han dado instrucciones como dormir alternando la posición pies contra cabeza para “aumentar el espacio de respiración” y evitar la propagación del coronavirus.

20 de mayo En California, se alzaron voces en contra de la deficiente gestión sanitaria de la epidemia en las prisiones. Se cree que los protocolos sanitarios no se han respetado en al menos seis establecimientos particularmente afectados. Los reclusos enfermos denunciaron la falta de agua, comida, atención médica y contacto con sus familiares o abogados durante la cuarentena, y afirmaron que no tienen acceso a las duchas o a los patios de recreo. Además, los reclusos han sido sancionados por usar mascarillas.

12 de mayo. En Arizona, los productos de higiene escasean. Los aparatos telefónicos no se desinfectan de forma periódica; una reclusa revela que los limpia humedeciendo compresas que ella misma compra. Otros reclusos informan que utilizan su propio jabón y champú para limpiar las tazas y los cubiertos, y aquellos reclusos encargados del mantenimiento indican que solo disponen de una “botella de líquido rosa” para limpiar las zonas comunes y las celdas y que no reciben guantes. Por otra parte, los reclusos que trabajan en los talleres no pueden respetar las medidas de distanciamiento y comparten las herramientas.

6 de mayo. En Nueva Jersey, los productos de higiene y las medidas sanitarias se consideran insuficientes. Un recluso se desvanece cuando le tomaban la temperatura. Los agentes lo rociaron con espray desinfectante antes de hacerse cargo de él, cuentan los testigos. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una denuncia.

19 de abril. La tasa de contagio en la prisión de Rikers Island es nueve veces mayor que en el resto del país. Un antiguo recluso expone las condiciones de reclusión que vivió: “En mi dormitorio éramos unos 37, todo el mundo anda, se mueve, lo toca todo”. Y, con respecto a los productos que se les proporcionaban, indica: “Agua y jabón, eso es todo lo que teníamos, nada de desinfectante. Y en cuanto a las mascarillas, tuvimos dos en 14 días”.

13 de abril. En Oregón, un prisionero expone que sus condiciones de trabajo no le permiten respetar las medidas de distanciamiento social. Los guardias llevan a cabo cacheos sin guantes. Los prisioneros trabajan “hombro con hombro”, usan las mismas instalaciones sanitarias y tocan los mismos objetos. Los que se niegan a trabajar pueden ser castigados o incluso trasladados a establecimientos con regímenes de detención más estrictos. Un defensor de los derechos humanos cree que el Departamento de Correcciones de Oregón ha “ignorado deliberadamente y a sabiendas la amenaza para la salud pública” que plantea la epidemia. Describió las medidas tomadas como “medidas a medias”.

8 de abril. Al menos 1324 personas relacionadas con el entorno penitenciario (personal, reclusos, agentes encargados de libertad condicional dan positivo en todo el país y treinta y dos personas fallecen. Estos datos están, probablemente, subestimados, ya que no todos los centros de detención han comunicado sus cifras.

En California, el personal de enfermería que trabaja en los centros penitenciarios durante el confinamiento podría ser llamado a trabajar en turnos de 16 horas consecutivas y debe “obedecer o esperar represalias”.

Los internos comen en las celdas, aunque aún disponen de acceso al patio y a las cabinas telefónicas, módulo a módulo.

7 de abril. Las autoridades de Luisiana prevén transferir a los reclusos portadores de la COVID-19 a un módulo específico, el Campamento J, dentro de la prisión de Angola. El edificio cerró en 2018 tras haber sido identificado por los malos tratos que se inflingían en ella, sus “infraestructuras en ruinas” y por una ventilación insuficiente. Un defensor de los derechos humanos indica que: “Es un calabozo en el que pusieron camas y una fregona.” Un representante de la administración penitenciaria explica que los casos graves serán trasladados al hospital. Actualmente, la prisión de Angola está siendo juzgada por sus malas condiciones de detención y la falta de atención médica.

5 de abril. En un documento interno de la administración penitenciaria de Alabama, se prevén, en el peor de los casos, alrededor de 185 muertes en las prisiones. Los reclusos de dos establecimientos de este estado están colaborando en la confección de mascarillas: se producen entre 2000 y 2500 unidades a diario.

4 de abril. Un abogado de Nueva York, manifiesta lo siguiente: “Tenemos mucho miedo; muchas personas no reciben atención médica, el personal está asustado y los reclusos tienen cada vez más la sensación de que se les abandona aquí para morir.”

1 de abril. Las autoridades penitenciarias federales anuncian el confinamiento (lockdown) de todas las instituciones federales por un período de quince días. Las visitas médico-psicológicas y las actividades de enseñanza se mantendrán “en la medida de lo posible”.

1 de abril. La situación en Oakdale (Luisiana), institución de luto por la muerte de dos reclusos, se define como “verdaderamente desesperada”. Las autoridades sanitarias indican a la administración penitenciaria que ya no es necesario proceder a la detección de casos y que es de suponer que todas las personas que presenten síntomas de la COVID-19 “seguramente lo tengan”.

31 de marzo. El exmédico jefe de Rikers Island (Nueva York) explica que las prisiones están “perfectamente organizadas para favorecer la transmisión de enfermedades contagiosas”. Falta de productos de higiene, ventilación insuficiente, hacinamiento: el médico señala las carencias del universo penitenciario y el estado de salud de las personas reclusas. Los reclusos de 50 años tienen el estado de salud de una persona de 60 años, con enfermedades cardiovasculares y renales.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

29 de diciembre. En California, las autoridades indicaron haber procedido a la liberación anticipada de 18 300 personas desde el inicio de la pandemia. Si bien el número de liberaciones por razones médicas se redujo durante el pico de la epidemia, la administración penitenciaria argumentó que las personas liberadas corresponden frecuentemente a distintas categorías. El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, afirmó estudiar cada solicitud con el fin de no hacer liberaciones “en masa”.

9 de diciembre. En Oregón, los reclusos a los que se les ha concedido la libertad aún esperan su salida. Las autoridades han indicado que tienen dificultades para encontrar un alojamiento adecuado para estas personas.

8 de diciembre. En Minnesota, se han extendido las condiciones para obtener la liberación por razones médicas. Sin embargo, de los más de 2300 reclusos de las prisiones estatales que han hecho la solicitud, se han aceptado poco más de 150, y no se prevé ninguna más.

30 de noviembre. En Nueva York, una reforma sobre la libertad bajo fianza permitió disminuir el número de reclusos preventivos en un 40 % al principio de la pandemia. Esta tendencia fue de corta duración, ya que la introducción de una nueva ley pretende reducir su alcance, y los jueces están explotando todos los vacíos legales. Así pues, el recurso de prisión preventiva aumentó en un 28 % entre abril y noviembre.

18 de noviembre. En Nevada, dos reclusos, entre una población carcelaria total de 14 000 personas, cumplen los requisitos para la liberación anticipada por ser población de riesgo frente a la COVID-19. Varias organizaciones, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), piden que esta medida se aplique a más personas.

4 de noviembre. En el estado de Nueva Jersey, las autoridades anunciaron la liberación de más de 2000 reclusos en un solo día. Otras mil liberaciones más podrían sobrevenir en las próximas semanas y meses. La población carcelaria ha disminuido de un 35% desde marzo. Los reclusos que purgan su último año de pena (salvo en casos de asesinato y agresiones sexuales) son eligibles. Tras la liberación, las personas son enviadas a centros de transición (transit hubs), centros de semilibertad o a su ciudad de origen. “Intentamos comprimir en un mínimo de tiempo un proceso que dura normalmente seis meses”, señaló el portavoz del gobernador.“Una profesora de justicia penal y antigua abogada declaró: “A menudo estas personas son liberadas con diez dólares, un billete de autobús, su camisa en la espalda y un ‘buena suerte’”. (…) Las liberan a causa de la pandemia para dejarlas en medio de ella. Pero mientras tengan lugar seguro al que puedan llegar, ¿qué hacemos para permitirles comenzar una nueva vida?”

6 de agosto. En Nueva Jersey, un proyecto de ley relacionado con la revisión del cumplimiento de las penas fue sometido a votación. La medida pretende liberar a 3000 reclusos con una pena restante inferior a un año, a excepción de aquellos condenados por delitos de naturaleza sexual. Desde el inicio de la pandemia, 338 internos vulnerables han sido liberados de los establecimientos federales y 700 de las prisiones de los condados. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nueva Jersey ha acogido con satisfacción esta ley, la primera de su tipo en el país: “Algunas personas han sido condenadas a penas de larga duración, mas no a morir en prisión.”

16 de julio. La población penitenciaria disminuyó, entre marzo y junio, en más de 100 000 prisioneros, es decir, un 8 %. Se cree que esta disminución, que afecta a las prisiones federales y estatales, se debe en parte a la suspensión de las transferencias de reclusos de las prisiones de los condados. Los datos recopilados en Virginia, Carolina del Norte, Nueva Jersey e Illinois indicaron que las liberaciones habrían representado un papel menor en la disminución de la población penitenciaria, lo que sería más bien el resultado de una menor actividad judicial y de la disminución del número de personas bajo vigilancia judicial.

En abril, se estableció una medida en Pennsylvania por la que 1500 reclusos podrían optar a la libertad anticipada. Tres meses después, menos de 160 se habían beneficiado de ella.

29 de junio. En California, las autoridades a cargo de la reinserción y de la libertad condicional han anunciado que los reclusos a los que les quede por cumplir menos de 180 días de pena serán puestos bajo arresto domiciliario (home confinement under post-release supervision); las primeras atenuaciones de penas deben comenzar el 1 de julio. Se excluyen de la medida a las personas condenadas por infracciones de carácter violento o sexua y a los autores de violencia doméstica. El Estado ya habría liberado a 3500 reclusos enfermos, mayores, vulnerables o que están terminando de cumplir sus penas. Muchos reclusos podrán ser liberados gracias a esta segunda medida.

22 de junio. En California, los reclusos a los que les quede menos de 180 días por cumplir podrían obtener libertad condicional. Las personas condenadas por delitos violentos, violencia doméstica o las que figuran en el registro por agresiones de carácter sexual están excluidas del plan.

9 de junio. En Michigan, el número de reclusos disminuyó un 5,2 % en tres meses. Esta baja, descrita como histórica, se debe a la revisión del cumplimiento de las penas, la disminución del número de ingresos y de los pocos regresos a prisión por incumplimiento de las condiciones de las medidas de libertad condicional. Las autoridades comunicaron que habían “acelerado” los procesos de liberación.

13 de abril. El gobernador de Arkansas excluye cualquier liberación de prisioneros: “Estos reclusos están en una prisión de máxima seguridad por una razón, así que, en estos momentos, ni nos lo planteamos”. Añade que, en el caso de una mayor propagación, podrían examinarse ciertos “planes”, pero que esa posibilidad “no está a la orden del día”. El estado tiene en ese momento casi 1 500 casos.

6 de abril. Una ordenanza establece, en California, el importe de la fianza en 0 dólares para la mayoría de delitos e infracciones consideradas menores. Esta disposición se presenta como una medida de “gran envergadura” y la “tentativa de vaciar las prisiones para frenar la propagación del nuevo coronavirus”.

31 de marzo. California planea la liberación de 3500 reclusos condenados por infracciones menores denominadas “no violentas”. La administración penitenciaria planea facilitar la libertad condicional de los reclusos que estén terminando de cumplir sus condenas y suspender la llegada de reclusos desde las jails. Además, tiene intención de reducir la población reclusa en 3000 personas en un mes.

Las autoridades comunican que van a trabajar para buscar soluciones de alojamiento para las personas puestas en libertad que no dispongan de vivienda.

30 de marzo. Durante el mes de marzo, el comisario del condado de Los Ángeles procede a liberar a 1700 reclusos que están finalizando sus penas.

27 de marzo. El gobernador del estado de Nueva York ordena la liberación de 1100 reclusos. Hay 80 000 reclusos en prisión.

Vínculos con el exterior¶

16 de noviembre. En Illinois, el sheriff del condado de Cook ha suspendido de nuevo las visitas a causa del aumento de casos. Se prevé reanudarlas en cuanto sea posible.

19 de agosto. En las prisiones federales, las visitas se han reanudado progresivamente. En nueve estados se autorizaron las visitas, bajo ciertas condiciones, mientras en otros 16 permanecen suspendidas. Según Marshall Project, 27 estados autorizan únicamente las visitas de los abogados.

18 de agosto. En el estado de Florida, la suspensión de las visitas se prolongó hasta el 14 de septiembre. Los reclusos podían comunicar con sus allegados por correo electrónico, llamadas telefónicas y videoconferencias.

17 de agosto. En Pensilvania, 177 de las 300 solicitudes de indulto aprobadas por la comisión de indultos siguen esperando que el gobernador del estado las valide. Según Philadelphia Lawyers for Social Equity, este retraso tiene graves consecuencias teniendo en cuenta el contexto actual de la pandemia.

12 de agosto. En California, casi 300 de los 10 000 reclusos a los que se les otorgó la liberación anticipada desde el inicio de la pandemia estaban infectados al momento de su salida. La portavoz de la administración penitenciaria declaró: “No podemos ordenar la cuarentena como condición para la liberación anticipada, ya que no se relaciona con un comportamiento delictivo”. La liberación masiva de los reclusos plantea ciertos problemas, debido a que no existe un sistema de seguimiento efectivo. La directora del programa de reinserción del estado afirmó que “ningún sistema externo podría manejar esta afluencia de reclusos liberados”, y manifestó su preocupación por la falta de servicios sociales para las personas vulnerables que salen de prisión.

11 de agosto. El gobernador de Wisconsin denegó la mayoría de las solicitudes de liberación por razones médicas, a pesar de la ola de calor. Expertos médicos afirman que las temperaturas excesivas en los establecimientos aumentan los riesgos de contagio y empeoran las consecuencias de la enfermedad. ”Un enfermo de covid-19 no debería, por ninguna razón, permanecer en un ambiente cálido”, declaró la doctora Susi Vassallo de la Universidad de Nueva York.

7 de agosto. En el estado de Arizona, la suspensión de las visitas se prolongó hasta el 13 de septiembre. La mitad de los 1066 reclusos del establecimiento de Whetstone dieron positivo por coronavirus a principios de agosto.

1 de agosto. En California, las autoridades tuvieron dificultades para encontrar personal calificado para contener los incendios. Uno de cada cuatro reclusos forma parte del equipo de bomberos del estado gracias al programa de entrenamiento prison fire camps. Sin embargo, solo la mitad de los reclusos bomberos estaba disponible debido al confinamiento total (lockdown) que se impuso a las prisiones. A los reclusos bomberos se les paga entre dos y cinco dólares diarios, con una prima de un dólar por cada hora que permanecen en el lugar del incendio.

22 de julio. Se reanudaron las visitas familiares con algunos ajustes y limitaciones en ocho estados. En Minnesota, por ejemplo, se reanudaron en 7 cárceles que habían registrado menos de dos casos en los quince días anteriores. En Dakota del Norte y Ohio, las instituciones organizaron las visitas al aire libre.

En 26 estados se autorizaron las visitas de los abogados. En Carolina del Norte también están autorizados los capellanes.

Por otro lado, 18 estados mantienen la suspensión total de las visitas con muy pocas excepciones. El Marshall Project ha realizado un resumen general.

30 de junio. En Florida, la suspensión de visitas se prorrogó hasta el 15 de julio. La reanudación de las visitas será decidida por expertos en salud pública. Los reclusos pueden mantener el vínculo con sus allegados a través de correspondencia, correo electrónico o teléfono.

10 de junio. En Carolina del Norte, la epidemia ha contribuido a la escasez de personal encargado de la seguridad. La administración penitenciaria firmó un contrato con una empresa privada para contratar guardias, a los que se les pagará un salario hasta dos veces y media superior al de un funcionario,. El portavoz de la administración penitenciaria niega querer privatizar las prisiones. Una cláusula prevé recurrir a agentes privados durante dos años.

12 de marzo. La administración penitenciaria de Florida anuncia un acuerdo con las empresas Securus Technologies y su proveedor Jpay. Todos los presos podrán disfrutar, hasta el 5 de abril, de dos llamadas de 15 minutos, el envío de cuatro correos electrónicos (pagados por unidad) y una visita mediante videoconferencia. Las familias piden que estos servicios sean gratis y también critican la brevedad de estas llamadas, así como las desigualdades tecnológicas que impiden el acceso equitativo a las visitas por videoconferencia.

Movimientos de protestas¶

13 de diciembre. En Texas, las personas privadas de libertad han provocado docenas de incendios durante la pandemia para protestar contra sus condiciones de reclusión. Para los guardias, estos acontecimientos son “fáciles de ignorar” debido a que muchos establecimientos no cuentan con detectores de humo o alarmas contra incendios. Una inspección en 2019 informó de casi 3000 averías; menos del 6% ha resultado en reparación.

14 de noviembre. Al menos 106 movimientos de protesta por parte de los reclusos han tenido lugar, entre marzo y junio, para protestar contra la gestión de la epidemia. El informe del proyecto Perilous, publicado el 12 de noviembre, enumera las huelgas de hambre, los intentos de evasión y los motines que se registraron en un periodo de 90 días.

10 de agosto. El pasado mes de julio, un recluso de la prisión de San Quintín en California inició una huelga de hambre para protestar contra las condiciones de vida en régimen de aislamiento y expresar sus reclamos: “No trasladen a los reclusos enfermos, aíslenlos en sus celdas y atiéndanlos allí. Desplazar a los reclusos de un edificio a otro o de un establecimiento a otro va en contra del objetivo de detener la propagación del virus. Quisiera que las autoridades penitenciarias escucharan realmente a la población carcelaria y al personal.”

1 de agosto. En la prisión de Ware State Prison, en Georgia, estalló un motín, en el que, según la administración penitenciaria, tres reclusos y dos miembros del personal resultaron heridos. Por su parte, las fuentes de Human and Civil Rights Coalition notificaron diez heridos entre los internos y tres entre el personal. Los reclusos protestaban contra el confinamiento que las autoridades impusieron desde el 17 de julio a raíz de cuatro presuntos casos de homicidio.
Los reclusos grabaron varios videos del motín que ahora circulan por las redes sociales.

27 de junio. En la prisión de Salisbury, en Carolina del Norte, estalló un motín. Los recién llegados protestaron por haber sido puestos en cuarentena.

30 de marzo. Dos prisioneros de 69 y 73 años de edad denuncian a la administración penitenciaria de Texas. La acusan de no garantizar la seguridad de los detenidos a su cargo. Las autoridades declaran haber tomado medidas, entre ellas la reducción del número de participantes en las actividades y de personas en los comedores y la suspensión de las visitas. Los denunciantes consideran que son insuficientes e indican que no siempre se aplican.

Llamamientos y recomendaciones¶

21 de octubre. En California, la administración penitenciaria ha mostrado una “indiferencia deliberada” hacia la salud y la seguridad de los reclusos. Las medidas tomadas se han considerado inadecuadas. En el fallo, el Tribunal de Apelación del Primer Distrito consideró que las autoridades no midieron la urgencia de la situación y que esta imprudencia es “moralmente indefendible y constitucionalmente insostenible”, e instó a la administración penitenciaria a reducir a la mitad la población carcelaria.

21 de octubre. En Texas, los derechos de cientos de menores reclusos en cinco prisiones distintas se vulneran regularmente. Las organizaciones Texas Appleseed y Disability Right Texas exigieron al Ministerio de Justicia que aborde las condiciones de reclusión, cuyo control se dificulta debido a la pandemia. En una denuncia que se presentó a nivel federal se mencionaron casos de agresiones sexuales, deficiencias en la atención de salud mental, uso frecuente de la fuerza (esposas, gas pimienta, etc.) y presencia de personal no calificado.

29 de septiembre. En Texas, se ha dictado una sentencia después de que un grupo de reclusos de edad avanzada y vulnerables presentara una denuncia contra la administración de la prisión (Departamento de Justicia Criminal de Texas). Los reclusos han señalado la existencia de medidas inadecuadas y han exigido equipos de protección y productos de higiene. El juez ha dado la razón en su sentencia y ha afirmado que los agentes actuaron “con una indiferencia deliberada hacia las necesidades médicas de los reclusos y pasaron por alto imprudentemente los evidentes riesgos que el virus representa para la salud”. Las autoridades penitenciarias han anunciado que apelarán esta decisión y han indicado que están tomando todas las precauciones sanitarias necesarias. El juez ha afirmado dudar de estas afirmaciones y se ha apoyado en mensajes de texto intercambiados entre agentes con el objetivo de lograr una interpretación favorable. A lo largo del juicio, han fallecido otros dos reclusos.

16 de agosto. Varias asociaciones de defensa de los reclusos hicieron un llamado para reaccionar contra lo que describieron como “provocaciones gratuitas” e “infecciones intencionales de los reclusos negros” por parte del personal penitenciario del estado de California. El sitio Liberation news publicó el testimonio de un recluso, en el que declaró: “Los guardias intentan, a toda costa, agitar a los internos y provocar reacciones violentas. Creemos que tratan de infectar a los reclusos deliberadamente para reducir sus posibilidades de obtener una liberación anticipada. Pensamos que el racismo es la causa del uso abusivo de la fuerza contra los reclusos negros, desarmados y dormidos.”

13 de agosto. Según el Marshall Project, desplazar a los reclusos sin haberles realizado pruebas previas favorece la propagación del covid-19 en los establecimientos. El sistema federal transporta a los reclusos a través de todo el país para comparecencias en los tribunales, emergencias médicas o traslados. Muchas personas denuncian la falta de pruebas, de mascarillas y de cuarentena tras el traslado a una nueva instalación.

3 de agosto. En Georgia, la Human and Civil Rights Coalition denunció la falta de atención sanitaria en el establecimiento de Ware State Prison. Los reclusos de todo un pabellón estarían infectados y sin el acceso adecuado a la atención médica. Un antiguo vigilante declaró que la prisión presentaba una grave falta de personal.

21 de mayo. Una tribuna abierta criticó la gestión de la epidemia por parte de la Dirección de Prisiones. El autor, Andrew Cohen, cree que las autoridades no han tomado en cuenta el peligro que representa la COVID-19 y que no han “protegido adecuadamente a los reclusos y al personal”. Además, criticó la decisión de mantener los talleres en funcionamiento cuando la mayoría de los comercios e industrias suspendieron sus actividades. Finalmente, lamentó la falta de transparencia de la administración con el público.

12 de mayo. En Arizona cinco reclusos con estados de salud delicados presentan denuncias contra el director de la prisión de Florence, la administración federal de prisiones y el servicio de policía del Gobierno federal. La denuncia es presentada por la ACLU y el bufete de abogados Perkins Coie. Una de las principales peticiones es que se envíe a un experto independiente al centro para constatar si las medidas sanitarias se están aplicando correctamente.

7 de abril. En Oregón, siete reclusos encarcelados en cuatro establecimientos diferentes llevan a miembros del personal ante los tribunales. Los reclusos los acusan de no haber prevenido lo suficiente la epidemia del coronavirus en las prisiones. Todos los denunciantes presentan un estado de salud que les hace particularmente vulnerables a la COVID-19.

4 de abril. En California, un panel de jueces federales rechazan una solicitud de libertad “masiva” formulada por diferentes abogados. Estos declaran no sentir ninguna satisfacción al rechazar una cuestión que consideran “importante”. Otra decisión judicial alienta al Estado a liberar a 6 500 reclusos. Los tres jueces exigen a las autoridades penitenciarias “más acción”.

31 de marzo. Los abogados muestran su preocupación por sus clientes en prisión preventiva. Estos deben esperar detenidos mientras se pospone la revisión de su situación. Sus casos corren el riesgo de ser revisados tras la llegada de nuevos asuntos más importantes, una vez se reabran los tribunales.

30 de marzo. Varios expertos en salud pública y abogados exigen al gobernador del estado de Nueva York que conceda la libertad condicional a los reclusos que tengan razones médicas (especialmente a los presos ancianos y con enfermedades crónicas), que otorgue la libertad anticipada a los reclusos que están finalizando sus penas y que ponga en libertad a las 4000 personas encarceladas por violar las condiciones de su libertad condicional (por ejemplo, por no acudir a una cita con un oficial).

27 de marzo. Una demanda presentada ante el Tribunal Federal de Brooklyn, Nueva York, exige la liberación inmediata de 540 reclusos considerados especialmente vulnerables.

18 de marzo., la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se dirige a las autoridades de Arkansas. La asociación reclama la excarcelación de los reclusos con remanentes de condena inferior al año, así como la liberación de los internos enfermos. El gobernador se opone. Considera que las medidas adoptadas en las prisiones del estado son suficientes y apropiadas. Las visitas se encuentran suspendidas y se aísla por quince días a los internos ingresantes. El estado de Arkansas cuenta con 26 000 internos, 18 000 de los cuales se encuentran detenidos en cárceles estatales. Un interno da positivo por la COVID-19 en Rikers Island (en el estado de Nueva York). A su vez, un sindicato penitenciario informa del contagio de un guardia. Se suceden los llamamientos a liberar a los internos.

Condenados a muerte¶

5 de agosto. El Departamento de Justicia ha programado dos ejecuciones federales para finales de septiembre. Se realizaron tres ejecuciones en julio y hay otras dos programadas para agosto. Esta reanudación de las ejecuciones pone fin a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.

20 de mayo. Se reanudaron las ejecuciones. En Misuri, Walter B. recibió la inyección letal, lo que representa la primera ejecución desde el 5 de marzo. Una decena de ejecuciones habían sido aplazadas, especialmente en Ohio y Tennessee.

Sistema judicial¶

19 de agosto. Las audiencias presenciales se han venido reanudando progresivamente en algunos estados, con ciertas diferencias en función de los distritos; su suspensión fue una de las cinco medidas que preconizó El National Center for State Courts.

Casos identificados¶

29 de diciembre. En California, el número total de personas privadas de libertad que ha dado positivo desde el inicio de la pandemia aumentó a 32 000. Más de un tercio de los casos se registraron durante los primeros dos meses. La tasa de incidencia en prisión es de 390 por cada 1000 habitantes, mientras en el exterior es de 53.

28 de diciembre. En Colorado, otros cuatro reclusos fallecieron, lo que aumentó a 24 el número de decesos relacionados con el coronavirus. En diciembre, el estado registró más de 1500 casos “activos” entre las personas privadas de libertad y 1200 entre el personal penitenciario.

27 de diciembre. En Alaska, la prisión de mujeres de Hiland Mountain reportó 109 casos positivos.

19 de diciembre. Uno de cada cinco reclusos ha dado positivo en COVID-19, es decir, cuatro veces más que en la población general. El número de decesos en las prisiones se elevó a 1700, una cifra que, según un antiguo médico de la prisión de Rikers, es muy inferior a la realidad.

En Arkansas, cuatro de cada siete reclusos han contraído el virus, mientras en Kansas, se ha contagiado la mitad de la población carcelaria; estos dos estados presentan, respectivamente, la segunda y la tercera tasa de infección más elevadas del país.

16 de diciembre. En California, la prisión de Donovan (San Diego) ha registrado 400 casos entre las personas privadas de libertad. Los reclusos enfermos permanecen en aislamiento dentro del gimnasio de la prisión. Se han distribuido mascarillas y equipos de protección individual, y se han implementado campañas de cribado.

15 de diciembre. En Alaska, el establecimiento de Goose Creek cuenta con 708 casos positivos. También se han registrado varios casos en otros establecimientos como Anchorage (112) y Yukon-Kuskokwim (68).

Las ciudades, condados y estados que cuentan con más personas encarceladas son también los más afectados por la epidemia de COVID-19. La organización Prison Policy Initiative ha publicado un informe para mostrar el vínculo entre el “encarcelamiento masivo” y la propagación del coronavirus dentro de “la comunidad y los entornos” de la prisión. La aplicación excesiva del encarcelamiento ha provocado 500 000 nuevos casos en tres meses. La organización ha detallado estos resultados en su informe y ha tomado el condado de Marion (Ohio) como ejemplo.

14 de diciembre. En Pensilvania, la prisión de Westmoreland ha identificado 114 casos. Dos pabellones han sido puestos en cuarentena durante 14 días. Los reclusos aislados pueden ducharse y hacer ejercicio a diario.

12 de diciembre. ** Alabama** es el cuarto estado más afectado por la COVID-19 dentro de prisión.

11 de diciembre. En Hawai, la prisión de Halawa ha registrado 68 reclusos que han dado por COVID-19. Otras prisiones estatales también se han visto afectadas: Oahu (449), Waiawa (213).

10 de diciembre. En Alabama, se han presentado varias denuncias en contra de las prisiones del estado, en las que se alegan violencia, abuso sexual, condiciones de reclusión insalubres, tratamiento médico insuficiente, etc. El brote del coronavirus en prisión ha puesto de relieve sus múltiples problemas, con 43 muertes desde principios de año.

9 de diciembre. En Nevada, los casos de COVID-19 están aumentando dentro de las prisiones y algunos establecimientos se han visto completamente afectados. Los enfermos representan, a nivel nacional, el 12 % de los reclusos y del personal. La administración de la prisión ha defendido su gestión y las acciones llevadas a cabo, y a señalado que la responsabilidad recae en otros agentes.

8 de diciembre. La administración federal de prisiones ha notificado que 5000 reclusos federales y 1500 miembros del personal son portadores de la COVID-19.
EnMinnesota, la prisión de Duluth suma 41 reclusos y tres miembros del personal positivos en COVID-19.

5 de diciembre. En Alaska, el brote en la prisión de Goose Creek se ha intensificado. Un total de 581 reclusos ha dado positivo por COVID-19, lo que representa el 46 % de la población total del establecimiento. Se ha declarado un brote en la prisión de **Yukon Kuskokwim ”, con 46 casos identificados. Trece reclusos se encuentran actualmente hospitalizados.

2 de diciembre. En Pensilvania, la prisión de Laurel Highlands ha notificado 444 casos positivos, es decir, la mitad de su población. Se han reportado ocho muertes en los últimos 15 días. La prisión ocupa las instalaciones de un antiguo hospital psiquiátrico y aloja a la mayoría de los reclusos ancianos y enfermos del estado. La administración penitenciaria ha afirmado que la mitad de los casos identificados ya han sido restituidos y que su plan de prevención está dando frutos. Las medidas tomadas han sido presentadas como un patrón (cancelación de visitas, test preventivos, limitación de los paseos).

1 de diciembre. En Alaska, se ha registrado el deceso de un hombre de 77 años.

30 de noviembre. A nivel nacional, un total de 200 000 reclusos han dado positivo hasta la fecha. Al menos 1450 reclusos y miembros del personal penitenciario han fallecido por COVID-19.

24 de noviembre. En Alaska, el número de casos en la prisión de Goose Creek continúa aumentando, con 299 reclusos positivos por COVID-19. Un tercio ya se consideran “recuperados”. Un hombre de 69 años ha fallecido.

En California, la prisión ubicada en el centro de Los Ángeles, el Metropolitan Detention Center, ha registrado 219 casos entre los reclusos y 12 entre el personal. Es el cuarto foco epidémico más importante del sistema penitenciario.

20 de noviembre. En Iowa, 3400 casos y nueve decesos han sido registrados entre los reclusos y el personal. Tres cuartas partes de los reclusos en la prisión de Anamosa han dado positivo.

17 de noviembre. En el estado de Delaware, unos 20 reclusos han dado positivo en la prisión de James T. Vaughn. De ellos, 18 han sido transferidos a un centro de salud dependiente del establecimiento penitenciario. Desde el inicio de la pandemia, el estado ha notificado 590 casos y 11 decesos.

16 de noviembre. En Alabama, el número de reclusos que ha dado positivo desde el inicio de la pandemia se eleva a 761.

15 de noviembre. En Texas, el número de decesos por COVID-19 asciende a 231, de los cuales 204 reclusos. Nueve de ellos esperaban su liberación tras una adaptación de pena y 21 habían purgado el 90 % de la condena.
En el Mississippi, el Marshall County Correctional Center ha registrado 53 casos positivos entre los reclusos.

13 de noviembre. En Nevada, más del 80 % de los reclusos de la prisión de Carson City ha dado positivo.
En el estado deIowa, las autoridades informaron que, en una semana, más de mil reclusos han dado positivo. Este estado es uno de los tres que cuenta con más casos. Cinco internos han fallecido desde el inicio de la pandemia en los siguientes centros: Fort Dodge (3), Coralville (1) y Anamosa (1).

9 de noviembre. En Alaska, la prisión de Goose Creek, la más importante del estado, ha visto una explosión del número de casos, con 110 reclusos que han dado positivo. Las otras prisiones del estado se han visto también afectadas, como los centros de Fairbanks (104 cas), Anchorage (2) y Wildwood (1). Las autoridades no han notificado hasta ahora ningún deceso.

18 de octubre. En Alaska, 33 reclusos de la prisión de Fairbanks dieron positivo. El establecimiento fue puesto en cuarentena por 14 días.

16 de octubre. En Dakota del Sur, 127 reclusos de la Mike Durfee State Prison dieron positivo. Se suspendieron los traslados, las actividades y las clases.

14 de octubre. En el estado de Nueva York, los centros del condado de Greene han presenciado un aumento notable del número de casos de COVID-19. Hay 89 presos con coronavirus, la mayoría en la prisión de Coxsackie.

En Wisconsin, una tercera prisión del estado hace frente a un gran número de nuevos contagios. En la prisión de Racine/Sturtevant hay 127 casos. Esta situación se suma al estado de crisis de los centros de Kettle Moraine (352 casos) y Oshkosh (347 casos). La ACLU ha señalado las deficiencias de las autoridades y considera que «asumirá las consecuencias de la falta de acción». La asociación había solicitado la puesta en libertad de los reclusos más débiles, aunque sin resultado.

13 de octubre. En Michigan, la prisión de Marquette Branch cuenta con 158 presos con COVID-19. Se necesita más personal, ya que de momento 79 miembros están confinados en sus domicilios. Según el portavoz de la administración penitenciaria, no todos los guardias cumplen las medidas sanitarias, aunque la videovigilancia tiene como objetivo solucionar este problema.

6 de octubre. En Utah, una de las prisiones del complejo penitenciario de Draper cuenta con un 60% de reclusos positivos por COVID-19. Estos 196 internos se encuentran reclusos en Wasatch, uno de los establecimientos del complejo penitenciario.

23 de septiembre. En Virginia, 10 reclusos fallecieron por COVID-19 en la prisión de Deerfield. Treinta y seis guardias dieron positivo.

En Minnesota, En la prisión federal de mujeres de Waseca, dos miembros del personal y 88 reclusas, lo que corresponde al 15% de su población, dieron positivo por coronavirus.

8 de septiembre. En Oregón, un recluso falleció en la prisión de Snake River. Es el sexto preso de este Estado que muere por COVID-19.

4 de septiembre. En la prisión de Muskegon, en el estado de Michigan, 885 de los 1300 reclusos han dado positivo, al igual que veintiséis miembros del personal. Estas cifras superan las registradas en la prisión de Lakeland, en la que se ha infectado la mitad de la población carcelaria (815 personas).

3 de septiembre. La tasa de mortalidad de los reclusos es dos veces más alta que la de la población general, mientras que la tasa de infección es cuatro veces mayor.

1 de septiembre. En Indiana, más de 100 internos de la prisión de Terre Haute dieron positivo en COVID-19. En mayo, un recluso falleció en ese establecimiento.

21 de agosto. En Arizona, los funcionarios de la prisión de Yuma intimidaron a los internos para que se negaran a someterse a la prueba de covid-19. Según varios parientes de los reclusos, los funcionarios de la prisión pretendían reducir las cifras de contagios.

20 de agosto. Casi la mitad de los 1300 reclusos de la prisión de Muskegon, en Michigan, han dado positivo por coronavirus. Los internos declararon que algunos de sus compañeros que dieron positivo no fueron aislados inmediatamente: “Le dijeron que era positivo, él recogió sus cosas y se quedó esperando a que lo trasladaran… estaba de pie justo frente a seis o siete de nosotros, sin mascarilla, y delante de un gran ventilador”.

14 de agosto. En Michigan, un recluso encarcelado en la prisión privada de North Lake Prison falleció por covid-19. Se ha denunciado la grave negligencia médica del establecimiento, que se describió como “parte de una vasta cultura de indiferencia hacia la salud de los reclusos”. El interno había sido trasladado de la prisión privada de Taft en California; ambas instalaciones son Criminal Alien Requirement prisons, donde se encuentran los extranjeros que serán deportados una vez cumplida su sentencia. A menudo se cuestiona la transparencia de este tipo de instituciones.

14 de agosto. Un recluso se suicidó con su mascarilla, según informó el Servicio de Prisiones de Connecticut. La policía está investigando el caso y la administración penitenciaria prevé analizar la peligrosidad del equipo de protección que se distribuye. Se ha acusado a algunas instituciones, en particular, en Alabama y Pensilvania, de retirar el equipo de protección debido al riesgo de uso indebido.

5 de agosto. En Arizona, 517 reclusos de la prisión de Tucson Whetstone han dado positivo, cifra que representa la mitad de la población del establecimiento. Los internos contagiados se aíslan de los demás.

Tras una campaña de cribaje masivo en la prisión de Muskegon, en Michigan, se identificaron 155 casos positivos, la mayoría de ellos asintomáticos.

El promedio de infectados es cinco veces y media mayor dentro de prisión que en el exterior: 3251 por cada 100 000 personas en comparación con los 587 por 100 000 en el caso de la población en general. Las muertes ascienden a 39 por cada 100 000 personas en prisión, y a 29 por cada 100 000 en el exterior.

4 de agosto. En California, 8300 reclusos dieron positivo y 49 fallecieron. Solo el complejo penitenciario federal de San Quentin suma 2469 casos y 21 muertes desde finales de mayo. El contagio se debe al traslado de 121 reclusos desde el establecimiento de Chino, en la zona sur del estado.

3 de agosto. 811 reclusos de la Kentucky State Reformatory dieronj positivo en coronavirus. Seis internos fallecieron debido a la COVID-19.

22 de julio. En Texas, 510 mujeres han dado positivo por coronavirus en una prisión federal.

21 de julio. En Arizona, una prisión privada, administrada por la empresa CoreCivic, informó que tiene 69 casos entre los reclusos. Aunque la institución en cuestión alberga reclusos de diferentes estados (Kansas, Hawái, Nevada), todos los internos que dieron positivo son de Nevada y ninguno presentó síntomas. Los reclusos que estuvieron en contacto con los enfermos fueron puestos en cuarentena por precaución.

16 de julio. Al menos 64 119 reclusos dieron positivo en COVID-19. Se encontraron más de 7300 casos nuevos en comparación con la semana anterior, un aumento del 13 %.

Texas es el estado con la mayor cantidad de reclusos contagiados (más de 12 000), seguido de California y Ohio. El mayor número de enfermos por 10 000 reclusos se registró en Arkansas, Nueva Jersey y Tennessee.

30 de junio. En Florida, las prisiones han registrado 1963 casos positivos y 24 fallecidos. La administración penitenciaria también informa de 438 casos positivos entre el personal.

29 de junio. En California, en la prisión de San Quentin, se han identificado 900 casos adicionales durante las dos últimas semanas. Los traslados efectuados entre las prisiones habrían contribuido a la propagación de la epidemia.

En Michigan, dos reclusos de la prisión privada de North Lake han fallecido por la COVID-19. La administración penitenciaria federal (Federal Bureau of Prisons) ha indicado que otros 100 están curados. La empresa GEO gestiona el conjunto de aspectos relacionados con la reclusión, incluyendo la atención sanitaria. Las autoridades presentan esta prisión como “modelo”.

22 de junio. Las prisiones de San Quentin y Corcoran (California) tienen más de 300 y 150 casos positivos respectivamente. En San Quentin, el número de pacientes se multiplicó por seis en 48 horas y dos pabellones de la prisión han sido puestos en cuarentena. Este aumento se produce tras el traslado de los reclusos de los establecimientos de Chino, donde se detectaron más de 850 casos; según se informa, los trasladados no han sido sometidos a un despistaje antes de su salida. Asimismo, en las prisiones de California hay 3700 casos positivos y 19 fallecidos.

10 de junio. Según las autoridades, la epidemia de coronavirus en la prisión de Shutter Creek, en Oregón, “ha terminado”. La aparición de nuevos casos parece estar disminuyendo y el número de reclusos que han dado positivo en coronavirus ha aumentado a 167.

En Alabama, murió un segundo recluso que durante los dos últimos años había alertado a las autoridades sobre su frágil estado de salud.

9 de junio. Las autoridades comunicaron que Michigan es uno de los dos estados que evalúan a todos los reclusos. Además, reportaron la muerte de 68 reclusos y 3 944 casos positivos.

8 de junio. En Texas, el número de casos en cárceles estatales ascendió a 6900. Mil guardias dieron positivo. El número de casos «se ha disparado» después de las campañas de pruebas masivas en las prisiones estatales.

7 de junio. En Luisiana, dos cárceles para mujeres tienen una tasa de infección por coronavirus de respectivamente el 87 % y el 60 %. Desde el inicio de la epidemia, dos reclusas y 12 reclusos han fallecido.

En California, en la prisión de San Quintín 14 reclusos y seis miembros del personal son portadores de coronavirus.

2 de junio. En Virginia Occidental, 118 reclusos han dado positivo en la prisión de Huttonsville.

1 de junio. En California, se anunció el primer deceso entre el personal penitenciario.

En Tennessee, cientos de reclusos y miembros del personal han dado positivo en la prisión de Bledsoe, con lo que este establecimiento se ha convertido en uno de los más afectados del estado. Algunas personas denuncian una gestióndeficiente y una epidemia que “podría haber sido evitada al 100 %”. La falta de personal podría llevar a las autoridades a recurrir a la Guardia Nacional.

20 de mayo. En California, 3200 reclusos se enfermaron y al menos 16 han fallecido.

19 de mayo. “Las prisiones se han visto desbordadas por el virus”, titula el New York Times. Informa acerca de más de 42 000 casos identificados y 432 fallecidos entre los reclusos y el personal. Los tres clústeres más importantes cuentan con más de 1 200 casos cada uno. Casi todas las prisiones estatales se verían afectadas, aunque un gran número de personas son asintomáticas.

18 de mayo. En Michigan, un responsable sindical de los sheriffs estima que “trabajar en una prisión del condado de Wayne es una condena a muerte”.

Reuters indica que algunas prisiones han recurrido a diagnósticos de gran alcance; las 37 prisiones estatales que lo han hecho cuentan con 10 000 casos confirmados de una población total de 44 000 personas, y las prisiones federales reservan los diagnósticos para los reclusos que presentan síntomas considerables, de entre los que se han confirmado cerca de 4200 casos. La principal incógnita se encuentra en las prisiones locales (local jails), donde la situación es “opaca” y no se ha efectuado ningún seguimiento.

12 de mayo. En Arizona, los datos públicos no permiten conocer con precisión el número de personas sometidas a pruebas entre las 4000 de la prisión de Florence. Por otra parte, al menos 400 se encuentran en cuarentena.

5 de mayo. En Luisiana, la prisión de Oakdale confirma que 113 reclusos han dado positivo.

30 de abril. En Texas, una reclusa de 30 años de edad fallece por la COVID-19 dos días después de dar a luz. Durante el parto, la mujer tuvo que ser conectada a un respirador artificial.

En California, la administración penitenciaria federal informa de una tasa de infección de hasta el 70 % entre los reclusos a los que se les ha realizado la prueba.

29 de abril. El Proyecto Marshall registra el número de casos identificados, el estado en que se encuentran y el número de muertes. El número de reclusos portadores de la COVID-19 en ese momento era de 14 513. Los estados como Ohio y Michigan son en gran medida responsables del fuerte aumento en los últimos días.

28 de abril. La prisión de Sterling en Colorado confirma 238 casos. Es el centro con mayor impacto de la epidemia en este estado.

20 de abril. En Ohio, más de 1800 reclusos de la prisión de Marion dan positivo en el test, así como 109 guardias penitenciarios.

19 de abril. En California, fallece el primer recluso por la COVID-19.

18 de abril. En Alabama, fallece el primer recluso por la COVID-19.

13 de abril. En Illinois, cerca de Chicago, 306 reclusos de la prisión del condado de Cook dieron positivo en la prueba. Dos prisioneros han fallecido, veinte están hospitalizados, 32 fueron internados en un centro de recuperación (recovery facility) y 48 dieron negativo. inco prisioneros del Stateville Correctional center fallecieron.

En Arkansas, 44 de los 47 reclusos de un mismo edificio de la prisión de Cumins dieron positivo. La portavoz de la administración penitenciaria explica que las prisiones estatales siguen recibiendo a recién llegados (transferidos de cárceles locales), pero que son puestos en cuarentena durante dos semanas.

8 de abril. En California, el número de personas que da positivo se eleva a 81, de las cuales 19 son reclusos. Entre los miembros del personal hay 62 casos, de los cuales dos son de enfermeras.

En Tejas, 15 establecimientos se ponen en cuarentena. El balance es de 56 agentes y 47 reclusos con resultados positivos. Cientos de personas puestas a disposición judicial se encuentran en observación.

En Illinois, las prisiones de Chicago se encuentran entre las más afectadas por la epidemia del coronavirus. Más de 350 personas han dado positivo en las últimas dos semanas.

7 de abril. En Luisiana, 28 reclusos y 22 miembros del personal dan positivo por la COVID-19. En California, 17 reclusos y 53 vigilantes son declarados portadores del virus.

6 de abril. En Ohio, tres reclusos fallecen a causa del coronavirus en la prisión de Elkton. La administración contabiliza 23 reclusos y dos agentes que dieron positivo en este mismo establecimiento penitenciario. Se llama a la Guardia Nacional como refuerzo, y sus agentes no irán armados ni realizarán ningún acto relativo a la seguridad. ”Es una misión médica”, recuerda el gobernador.

4 de abril. Se realizan pocos test en los centros penitenciarios de Nueva York. Se han realizado pruebas a siete presos entre los 1 700 reclusos del Metropolitan Detention Center (MDC)1 de Brooklyn.

1 de abril. Un segundo recluso encarcelado en Oakdale muere a consecuencia de la COVID-19. Otros veinte han sido hospitalizados.

31 de marzo. Veintidós agentes y cuatro reclusos han dado positivo en el test.

30 de marzo. Dos prisioneros y siete guardias dieron positivo en varias instalaciones de Texas. Se ha restringido el movimiento de cientos de reclusos.

Ciento un prisioneros y una docena de guardias dieron positivo en una prisión de Chicago, Illinois. Las autoridades de Michigan cuentan 78 reclusos en las prisiones estatales. La institución de Rikers Island, Nueva York, tiene 167.

Las prisiones estatales registran siete muertes por consecuencia de la COVID-19.

29 de marzo. Un recluso encarcelado en Oakdale (Luisiana) muere a consecuencia de la COVID-19. Se trata de la primera muerte registrada por las autoridades federales.

29 de marzo. Un prisionero dio positivo en la prisión de East Baton Rouge, Louisiana. Noventa y cuatro reclusos están en cuarentena.

25 de marzo. En Nueva York, 75 reclusos y 37 guardias dan positivo.

17 de marzo Un investigador del servicio penitenciario (Department of Correction investigator) de la ciudad de Nueva York muere como consecuencia de la COVID-19.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

19 de junio. Tres meses después del primer caso en el país, la Dirección General del Sistema Penitenciario inició las licitaciones para la adquisición de medicamentos, material sanitario y servicios de limpieza.

28 mai. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) lamenta la falta de material sanitario en los centros de privación de libertad del país.

22 de mayo. Las autoridades anunciaron el acondicionamiento de zonas de aislamiento para los reclusos más vulnerables y la renovación de instalaciones, como la prisión de Fraijanes II, destinadas a la recepción de los reclusos que dieron positivo.

13 de mayo. Los relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura consideran que la masificación endémica de las prisiones del país impide cualquier distanciamiento social. Además, han constatado la ausencia de desinfección de los paquetes que los reclusos reciben, al igual que la falta de material de protección para internos y personal penitenciario. Por lo tanto, los reclusos han tenido que obtener por sí mismos alcohol en gel y mascarillas.

8 de mayo Luis Rodolfo Escobar, jefe de la Dirección General del Sistema Penitenciario, anunció que no se realizarán nuevas pruebas a los presos que no presenten síntomas porque el virus “no está dentro de las cárceles”.

14 de abril. Dos reclusos de la prisión de Mariscal Zavala presentan síntomas y se someten a pruebas, con un resultado negativo. El establecimiento penitenciario de 135 plazas acoge a 240 reclusos.

30 de marzo. Los reclusos menores de edad del centro juvenil Las Gaviotas, al sur de Guatemala City, cosen 5 000 mascarillas en dos semanas. Las mascarillas fueron distribuidas a instituciones y familias que no las pueden adquirir. “Si en el pasado he dañado a Guatemala, hoy por hoy deseo enmendar mis errores”, testifica Jason. El proyecto debe extenderse a los cuatro centros penitenciarios administrados por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS). Los materiales utilizados están certificados por médicos militares y se imprimirán mensajes de apoyo en las mascarillas como parte del programa de reinserción.

Sistema judicial¶

8 de junio. Las autoridades publicaron las estadísticas del sistema penitenciario. A pesar de las recomendaciones de los expertos y de diferentes instancias internacionales, en las prisiones del país hay más reclusos que al principio de la epidemia.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

4 de julio. La Corte Suprema de Justicia ha puesto en libertad a 140 reclusos de forma anticipada bajo la presión de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.

23 de junio. El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) ha confirmado la liberación anticipada de 61 reclusos, de las 159 solicitudes examinadas desde la aparición del primer caso; el Defensor de las Personas Privadas de Libertad considera estas liberaciones “pocas”. El bajo número de liberaciones sería el reflejo de los mínimos resultados de las disposiciones previstas por la ley y demostraría el poco interés de las autoridades por la salud de las personas que se encuentran privadas de libertad.

4 de julio. La Corte Suprema de Justicia ha puesto en libertad a 140 reclusos de forma anticipada bajo la presión de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Se anunció que en los próximos días presentará reformas judiciales para liberar reclusos y reducir el riesgo de epidemia en las prisiones. En la actualidad, se están estudiando los casos de otros 380 reclusos, y cada liberación se trata individualmente.

Vínculos con el exterior¶

Se prohíben las visitas en las prisiones y los centros de detención para menores.

Llamamientos y recomendaciones¶

10 de junio. Los expertos y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) creen que es necesario llevar a cabo pruebas en las cárceles de todo el país ya que, hasta ahora, no han sido suficientes.

21 de abril. Un recluso se preocupa por las condiciones en las que vive en reclusión y entrega a Prison Insider una carta exponiendo las medidas de substitución de pena que, según él, deberían adoptarse.

Movimientos de protesta¶

16 de abril. Dos pacientes convalecientes de Covid-19 se escapan del hospital temporal del Parque de la Industria. Uno de ellos es capturado. Los dos podrían enfrentarse a penas de prisión de entre uno y seis años.

Casos identificados¶

22 de julio. La dirección de la administración penitenciaria ha identificado 200 reclusos que han dado positivo, de los cuales 18 han muerto.

26 de julio. El antiguo director de la administración penitenciaria de Guatemala, detenido en la prisión Mariscal Zavala, ha fallecido por COVID-19.

28 de julio. La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura ha denunciado las deficiencias de los protocolos sanitarios y las medidas de confinamiento debido al hacinamiento en las instalaciones. De los 26 000 reclusos del país, solo se les ha realizado la prueba a 433, de los que 198 han dado positivo.

17 de julio. La autoridades informaron de la muerte de 15 reclusos por coronavirus, mientras que en el último informe presentado dos semanas antes el número de fallecidos había sido 11. De los 201 casos que han dado positivo, 197 son hombres y 4 son mujeres. Hasta la fecha, 108 reclusos han recibido tratamiento y se han recuperado.

14 de julio. Las autoridades informaron de que 20 reclusos han dado positivo en la prisión de Mariscal Zavala.

12 de julio. Las autoridades confirmaron la muerte de un recluso en la prisión de Mariscal Zavala

24 de junio. Las autoridades penitenciarias comunicaron 103 casos confirmados y nueve fallecidos entre los reclusos. Además, han anunciado la recuperación de 35 personas. El número de pruebas que se han estado realizando es insuficiente.

18 de junio. Las autoridades reportaron ocho muertes entre los reclusos e indicaron que estos padecían otras enfermedades y pertenecían a grupos vulnerables.

15 de junio. El Ministerio de Salud ha anunciado 91 casos positivos entre los reclusos después de haber realizado 170 pruebas en dos prisiones del país. Todos fueron trasladados a la prisión de Fraijanes II.

10 de junio. Las autoridades comunicaron que había 10 casos en las prisiones del país. Los informes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura dieron a conocer 51 reclusos infectados. Además, se ha informado de al menos cinco muertes.

9 de junio. El Ministerio de Salud ha confirmado 51 casos positivos en el sector I del Centro de Detención Preventiva de la zona 18.

6 de junio. Después de que se hayan realizado unas veinte pruebas, el ministro ha informado, que ocho personas entre los reclusos y el personal han dado positivo en un pabellón de la zona 18. Se ha puesto en cuarentena a 534 personas en el sector 11 y a 65 en el sector “El Hospitalito”.

5 de junio. El Ministerio de Sanidad confirma la muerte de dos reclusos del Centro de ´Detención de la zona 18 tras haber sido hospitalizados.

29 de mayo. Un recluso del Centro Preventivo falleció como consecuencia de la Covid-19. El Ministerio de Salud no da información respecto a las campañas de despistaje. El establecimiento, con una capacidad de 1 500 plazas, alberga a 4 555 personas.

28 de mayo. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que dos mujeres dieron positivo en la prisión de Fraijanaes. Dos casos más fueron reportados, uno en la prisión de la Torre de Tribunales y el otro en la de Quetzaltenango.

23 de mayo. Un detenido dio positivo en la prisión Fraijanes II, un establecimiento administrado por la policía nacional en Quetzaltenango. Las autoridades anunciaron el traslado del recluso y el refuerzo de las medidas sanitarias y declararon que no hay casos que lamentar en las instalaciones administradas por las autoridades penitenciarias.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

26 de septiembre. Las autoridades no han abierto ninguna investigación sobre el contagio de más de un centenar de reclusos en la prisión de Lusignan. El director ha afirmado que el virus pudo haber entrado por varias vías.

23 de agosto. El ministro del Interior y la administración penitenciaria expresaron su preocupación respecto a las insatisfactorias condiciones de reclusión de la prisión de Lusignan. Se propusieron varias medidas, entre ellas un proyecto de construcción de locales adicionales para permitir el distanciamiento de los reclusos.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

18 de noviembre. Las autoridades han liberado a 65 reclusos condenados por delitos menores.

7 de abril. Los reclusos a los que les queda menos de un mes de pena son liberados. La administración anuncia la pronta liberación de reclusos que padecen enfermedades crónicas.

Movimientos de protesta¶

20 de septiembre. Un motín estalló en la prisión de Lusignan. Los reclusos protestaban contra el hacinamiento y los largos retrasos de las audiencias. Les preocupa el riesgo de contagio tras el despistaje de dos internos. Algunos intentaron huir durante el levantamiento y los vigilantes dispararon a siete de ellos. Dos fallecieron y los otro cinco fueron hospitalizados.

Casos identificados¶

18 de noviembre. Las autoridades informaron que, en octubre, más de 290 reclusos dieron positivo en la prisión de Lusignan.

22 de septiembre. El número de reclusos que ha dado positivo aumentó a 140 en la prisión de Lusignan. Dicho resultado se obtuvo tras una campaña de despistaje realizada luego de que se identificaran los dos primeros casos.

15 de septiembre. Dos reclusos de la prisión de Lusignan dieron positivo. El director del establecimiento indicó que se examinará y se hará un seguimiento a todo aquel que presente síntomas.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

5 de junio. La agencia Caricom Impacs advirtió del hacinamiento extremo en las prisiones del país y respondió a la solicitud de “asistencia urgente” de las autoridades con la donación de material sanitario.

27 de mayo. La Defensoría del Pueblo considera que las autoridades minimizan la crisis. Lamenta la inacción que esto causa respecto a la propagación del virus dentro las prisiones del país. Decenas de prisioneros con síntomas no habrían tenido acceso a pruebas. El defensor del pueblo teme la muerte de varios cientos de reclusos.

22 de mayo. El director del Servicio Penitenciario anunció un plan para hacerle la prueba al personal y a los reclusos después de haberse confirmado varios casos positivos. Los exámenes se llevarán a cabo de forma gradual en grupos de 50. La prisión de Puerto Príncipe, con una capacidad de 778 plazas, tiene más de 3600 reclusos. Algunas celdas destinadas a acoger menos de veinte personas, a veces, alojan cuatro veces su capacidad. El hacinamiento y las condiciones sanitarias aumentan el temor a una rápida propagación dentro de las instalaciones.

12 de mayo. La administración penitenciaria anunció que se realizarán acciones de sensibilización, se pondrá a disposición material de prevención y se reforzará la limpieza de las instalaciones. Cuatro establecimientos penitenciarios serán acondicionados como centros de atención para los reclusos infectados.

8 de abril. Una militante de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) alerta sobre el riesgo de “enfrentarse a una hecatombe”. Indica que la masificación alcanza el 380 % en ciertos establecimientos. Las celdas albergan hasta 80 detenidos en vez de los 10 o 20 que deberían. Informa de que que las celdas “están muy mal iluminadas y no disponen de ventilación”.

La administración penitenciaria expresa su preocupación por la cantidad insuficiente de mascarillas para el personal penitenciario y aquellos que vienen del exterior.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

2 de julio. El primer ministro ha solicitado la suspensión temporal de las 415 medidas de liberación anticipada por la controversia que se ha creado al conocerse la identidad de las personas presentes en la lista.

23 de junio. El presidente indultó a 415 reclusos con miras a reducir el hacinamiento en las prisiones. Hasta ahora, solo se ha puesto en libertad a 800 reclusos. La medida da paso a duras críticas en relación con la imposibilidad de establecer condiciones sanitarias adecuadas en las cárceles del país.

8 de abril. La administración penitenciaria elabora una lista de 600 personas a liberar de entre los condenados. Una segunda lista referente a los acusados debería ser elaborada dentro de poco. Las personas acusadas representan tres cuartos de los 11 300 presos del país, con periodos de prisión preventiva que frecuentemente superan los plazos establecidos por ley. El director de la administración penitenciaria denuncia que algunos de ellos continúan encarcelados después de cinco o seis años, a pesar de que sus penas no deberían ser mayores a un año.

Vínculos con el exterior¶

27 de junio. Los reclusos sufren de malnutrición desde que se prohibieron las visitas de las familias. Sin las aportaciones de los allegados, la alimentación de los reclusos es demasiado pobre para ser suficiente. La administración penitenciaria ha registrado al menos 5 fallecimientos por malnutrición.

Llamamientos y recomendaciones¶

5 de abril. Representantes de la ciudadanía exponen su preocupación por el riesgo de propagación entre los reclusos de las prisiones más hacinadas del país.

24 de marzo. Los tribunales y las prisiones son insalubres. La FBH (“Federación de Colegios de Abogados de Haití“) declara que resulta imposible poner en práctica las medidas anunciadas en el contexto de la pandemia. Este organismo advierte del “silencio de las autoridades respecto al destino de las personas detenidas, hacinadas en celdas masificadas y, muchas de ellas, sufriendo de desnutrición”. Los allegados de los prisioneros consiguen cada vez con menos frecuencia abastecerles los víveres necesarios. La FBH llama a la articulación de audiencias especiales con el objetivo de liberar a los que se encuentran encarcelados por delitos considerados menores.

Casos identificados¶

27 de junio. La dirección de la administración penitenciaria ha identificado 70 casos positivos y 332 casos sospechosos. Hasta el momento, se han realizado 210 pruebas.

10 de junio. La dirección del departamento de salud confirmó la presencia de 12 casos positivos dentro de la prisión de Jérémie.

2 de junio. Las organizaciones locales han anunciado que al menos dos reclusos han muerto en la Penitenciaría Nacional. La semana anterior, el director administrativo declaró que la situación estaba “bajo control”.

28 de mayo. Un recluso enfermo y que necesitaba respiración artificial falleció en la prisión de Puerto Príncipe como consecuencia de un corte de electricidad. La muerte del recluso habría originado un movimiento de pánico dentro del centro. El director de la administración penitenciaria anuncia 11 casos comprobados en dicho establecimiento.

22 de mayo. Las autoridades examinaron a 12 detenidos en la prisión de Puerto Príncipe, de los cuales once dieron positivo. Además, alrededor de 50 reclusos presentan síntomas.

12 de mayo. El responsable de la administración penitenciaria aseguró no contar con ningún caso positivo entre los reclusos a pesar de la propagación del virus en el país. Desmintió los rumores al indicar que la muerte de un recluso de 61 años en abril habría sido causada por otras patologías. Sin embargo, el inspector general constató varios casos de fiebre entre los detenidos. La administración penitenciaria espera los resultados de las pruebas realizadas por un equipo del Ministerio de Salud Pública.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

19 de junio. Las autoridades penitenciarias han comenzado a realizar las pruebas en la Penitenciaría Nacional. Hasta el momento, 122 reclusos han dado positivo.

21 de mayo. Una investigación reveló la falta de pruebas y de atención a los reclusos que han estado en contacto con enfermos. Solo se han llevado a cabo 22 pruebas en las prisiones de El Pozo y Tamara. Las personas que dieron positivo habrían estado en contacto con más de 7 000 personas. Si bien el Instituto Nacional Penitenciario (INP) quiere transmitir calma al presentar un «protocolo de bioseguridad», las condiciones de reclusión y el hacinamiento aumentan el temor a una multiplicación de los riesgos de contagio en las prisiones del país.

16 de mayo. La asociación de familiares de reclusos advierte que las mascarillas donadas por la Cruz Roja hondureña no se han distribuido entre los presos del centro penitenciario Marco Aurelio Soto. Al mismo tiempo, lamenta la falta de agua corriente que impide que los reclusos puedan lavarse las manos.

14 de mayo. Un testimonio reporta las condiciones de reclusión en la prisión de La Esperanza durante la pandemia. La prisión cuenta con 454 internos en un espacio para 70 personas, por lo que hasta 130 reclusos se hacinan en una misma celda. El acceso al agua es difícil y los internos comparten un único baño comunal. Las enfermedades respiratorias son frecuentes, especialmente como resultado de pasar noches en el suelo sobre camas improvisadas y expuestas a corrientes de aire. Algunos médicos temen que la condición actual tenga un impacto importante sobre la salud mental de los reclusos. Se han reportado expresiones de preocupación sobre los estragos que el virus podría causar si se propagara dentro de las prisiones que, hasta el momento, se han visto relativamente poco afectadas por la enfermedad. Los centros de privación de libertad del país presentan una masificación global del 220 %.

Sistema judicial¶

28 de julio. Desde el inicio de la pandemia se han suspendido más de 80 000 audiencias, de las que el 70 % son de orden penal.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

6 de julio. Desde el comienzo de la epidemia, la Corte Suprema de Justicia ha concedido medidas de preliberación a más de 1 500 personas.

16 de junio. Las autoridades anunciaron la liberación anticipada de 1,642 reclusos. Una serie de medidas facilitó la concesión de libertad condicional o conmutación de las penas para ciertos reclusos.

15 de junio. El Gobierno ha anunciado que se ha otorgado la liberación anticipada a al menos 1 600 reclusos.

Vínculos con el exterior¶

14 de mayo. La prisión de La Esperanza cuenta con tres teléfonos para 454 reclusos, disponibles a una tarifa prohibitiva.

Movimiento de protesta¶

29 de julio. Veintidós reclusos asintomáticos impidieron su traslado de la prisión Marisca Zavala a la prisión de Fraijanes 2. Las autoridades accedieron a su petición de permanecer en aislamiento en su institución actual.

22 de julio. Los reclusos de las instalaciones penitenciarias de Tamara atacaron con armas automáticas y granadas a los militares que vigilan la prisión. Un soldado resultó herido. Durante una inspección se incautaron una veintena de armas y unas treinta libras de marihuana.

Llamamientos y recomendaciones¶

18 de junio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido a las autoridades que tomen todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los reclusos. A esta le preocupa, especialmente, la falta de transparencia sobre las campañas de pruebas realizadas en las instituciones penitenciarias; asimismo, expresó preocupación por las medidas de liberación y aislamiento. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) manifestó inquietudes similares.

15 de junio. Las organizaciones de defensa de derechos humanos han exigido una intervención humanitaria en la prisión de Tamara, así como la concienciación de las autoridades. También han denunciado la insuficiencia del sistema de salud en reclusión.

16 de mayo La asociación de familiares de los reclusos pide a las autoridades penitenciarias que proporcionen mascarillas y gel hidroalcohólico a todos los detenidos del país.

Casos identificados¶

29 de julio. De las 2 114 pruebas realizadas en las diferentes prisiones del país, 1 084 personas han dado positivo por el virus, entre ellas, 902 reclusos.

27 de julio. Más de 21 reclusos han dado positivo en el centro penal de Santa Rosa de Copán.

19 de julio. Una reclusa de la prisión de Tegucigalpa falleció. Se ha iniciado una investigación para determinar la causa. Las autoridades aseguraron que habían realizado 1 143 pruebas, de las cuales 283 resultaron en un positivo.

6 de julio. En la prisión de Trujillo, treinta y seis personas han dado positivo: 14 reclusos y 21 guardias.

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos ha anunciado que al menos 2 500 reclusos han sido afectados por el virus y 16 han muerto. Por lo menos mil se encontraban en la prisión de Tamara.

29 de junio. El Instituto Nacional Penitenciario ha informado de que los 80 reclusos que contrajeron el virus en la prisión de Tamara son asintomáticos. Habría 228 personas infectadas, incluyendo personal y reclusos, en las once prisiones del país. La multiplicación de otras enfermedades dificulta la identificación de las personas enfermas. Las autoridades están interviniendo para detectar los casos de VIH, dengue y tuberculosis.

17 de junio. El representante del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras declaró que los establecimientos penitenciarios del país cuentan con al menos 300 casos positivos. Dicha afirmación fue desmentida formalmente por las autoridades, que afirmaron que solo se habían registrado 122 casos y una muerte.

15 de junio. El presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos ha ordenado a las autoridades que tomen las medidas necesarias para evitar una tragedia dentro de la prisión Marco Aurelio Soto. Al menos 1 000 reclusos presentaban síntomas, algunos en estado grave.

12 de junio. Se ha informado de que 120 reclusos han dado positivo en la prisión de Tamara.

10 de junio. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informó de que al menos 121 reclusos dieron positivo en la Penitenciaría Nacional de Tamara, cerca de Tegucigalpa. Dicha institución alberga al 32 % de los reclusos del país. A estos se sumaron tres casos en el centro de El Porvenir y un caso en El Pozo. Se cree que al menos tres personas más han muerto por Covid-19, pero las autoridades atribuyeron estas muertes a otras enfermedades.

6 de junio. Las autoridades penitenciarias han informado de 65 casos positivos en la Penitenciaría Nacional situada cerca de Tegucigalpa. Las familias, por su parte, afirman que más de 800 reclusos tienen síntomas. Las autoridades atribuyen estos síntomas a una epidemia de dengue o de gripe.

29 de mayo. Las autoridades reportaron que 30 reclusos dieron positivo, 28 de los cuales se encuentran detenidos en el Penitenciario Nacional.

19 de mayo. Un recluso da positivo en la prisión de El Porvenir. Las autoridades anuncian que no permitirán ningún ingreso hasta nueva orden.

16 de mayo. Las autoridades confirman un caso positivo en el centro penitenciario Marco Aurelio Soto situado en la aldea de Támara. El recluso ha sido aislado y la administración ha anunciado que se han realizado 80 pruebas a otros detenidos y al personal de la prisión. Es el segundo caso confirmado en las prisiones del país tras la muerte de un recluso en la prisión de El Pozo.

Casos identificados¶

19 de mayo. Las autoridades identifican dos casos positivos en la prisión de Northward. La administración penitenciaria anuncia que se procederá al aislamiento de algunas zonas para evitar la propagación. Los reclusos y miembros del personal están esperando todavía los resultados de sus pruebas de detección.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

21 de abril. El director de la prisión de Northward anunció la repatriación de cuatro extranjeros para reducir el hacinamiento en las cárceles. Catorce prisioneros ya habían sido liberados a finales de marzo, incluidos seis de la Unidad de Reintegración Mejorada (Enhanced Reintegration Unit), y se está considerando la posibilidad de realizar otras liberaciones.

Vínculos con el exterior¶

17 de marzo. Se suspenden todas las visitas durante 30 días, salvo las de abogados y de cuerpos de seguridad bajo determinadas condiciones. Dos centros han preparado zonas de aislamiento. Las autoridades penitenciarias han impuesto normas de higiene estrictas y limitado los movimientos de los reclusos. También se contemplan otras medidas, tales como restringir la presencia del personal, reducir los programas internos e implementar medidas para que los reclusos puedan mantener el contacto con sus familiares.

Vínculos con el exterior¶

17 de marzo. Se suspenden todas las visitas durante un periodo de 30 días.

Condiciones sanitarias y acceso a la atención médica¶

24 de septiembre. Las autoridades han confirmado la presencia de casos entre los reclusos del establecimiento de Kingston. Se han restringido los desplazamientos dentro de la prisión y se ha habilitado un ala para utilizarla como lugar de cuarentena. Un recluso ha señalado la falta de equipo médico y protección personal.

31 de agosto. Las autoridades no han establecido el uso obligatorio de mascarilla a pesar del aumento en el número de casos dentro de un establecimiento penitenciario. La directora de Stand up for Jamaica criticó esta decisión en vista del hacinamiento endémico que imposibilita el distanciamiento físico.

23 de abril Varios reclusos en cada institución reciben una formación sanitaria con fines preventivos en el contexto de la pandemia. El personal médico no está presente de forma continua en las instituciones y, por ello, estos “auxiliares médicos”” de facto podrían ser movilizados para escoltar a otros reclusos en los pabellones de aislamiento. Se les ha formado para poder llevar a cabo esta función sin exponerse al contagio. La formación cubre de igual forma, las medidas para el uso de mascarillas, la desinfección de manos y la toma de temperatura.

29 de marzo. El Departamento de Servicios Penitenciarios (DCS, por sus siglas en inglés) aísla, durante un período de 14 días, a cualquier preso o guardia que deba desplazarse entre la prisión y el exterior (citas médicas, escolta, audiencias, etc.). Las personas con fiebre pueden ser puestas en cuarentena. El personal está sujeto a exámenes médicos y medidas de desinfección. Solo llevan sus uniformes dentro de las prisiones y se les exige que mantengan una distancia de un metro entre ellos y cualquier otro individuo.

Los prisioneros han estado limpiando enérgicamente sus celdas desde el brote del virus, según un guardia. Algunos prisioneros se enfrentan a normas de higiene problemáticas. Las celdas aún tienen un balde para recoger los excrementos.

Dos reclusos son puestos en aislamiento después de desarrollar síntomas parecidos a los de la gripe. Dieron negativo para la COVID-19, pero completan su cuarentena. Los reclusos y guardias de las prisiones de St. Catherine y Tower Street expresaron gran preocupación.

Vínculos con el exterior¶

22 de abril La suspensión de visitas se prolonga hasta el 31 de mayo.

Se modifican las horas de llamada de los reclusos, para facilitar la continuidad del vínculo con sus seres queridos y se está haciendo lo necesario para empezar a usar las videoconferencias.

El Departamento de Servicios Penitenciarios (dcs por sus siglas en inglés) “continúa proporcionando las comidas a los detenidos”, reiterando que los seres queridos pueden depositar hasta 132 euros por mes en la cuenta de los prisioneros. Las autoridades judiciales suspenden la autorización del ingreso de paquetería para prevenir la propagación.

29 de marzo. Se suspenden las visitas. El contacto sigue siendo posible por teléfono y los familiares pueden depositar hasta 130 euros al mes en la cuenta personal de los detenidos.

Llamamientos y recomendaciones¶

29 de marzo. La consejera de la Reina, una abogada de renombre, pide la liberación de algunos prisioneros, acompañada de aislamiento en un hospital. Los grupos de derechos humanos expresan la misma petición.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

31 de agosto. El Gobierno sigue oponiéndose a la liberación anticipada de reclusos “de bajo riesgo” de los establecimientos sobrepoblados. Algunas asociaciones como Stand up for Jamaica ponen de relieve los riesgos que conlleva tal decisión sobre la salud de las personas tanto en términos de propagación de la enfermedad como en términos de salud mental, ya que los reclusos se encuentran aislados del mundo exterior desde hace varios meses.

Casos identificados¶

10 de noviembre. Las autoridades han informado que se han identificado 96 casos positivos, entre los reclusos y el personal, desde el inicio de la pandemia.

22 de septiembre. Dos reclusos dieron positivo en la prisión de Tower Street, en Kingston. Se habría identificado otros cinco reclusos infectados en la prisión de Horizon algunas semanas antes.

31 de agosto. Cuatro reclusos que dieron positivo en el centro penitenciario Horizon en Kingston fueron colocados en confinamiento. El establecimiento ha suspendido el ingreso de nuevos reclusos.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

26 de noviembre. Desde el inicio de la pandemia, la delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la Ciudad de México informó haber recibido un total de 221 denuncias por la falta de atención médica y de tratamientos para otras enfermedades como, por ejemplo, el VIH/SIDA. La asociación AsiLegal afirmó que la COVID-19 ha revelado las carencias del sistema sanitario del país, que se llevan acarreando desde hace varios años.

7 de julio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha publicado informes que detallan las medidas sanitarias adoptadas en cada estado del país. Dichas medidas, que incluyen el número de pruebas realizadas, son muy desiguales: algunos estados no han realizado pruebas o no han indicado cuántas han realizado. El estado de Chihuahua afirmó haber realizado más de 5 000 pruebas desde el comienzo de la pandemia. La CNDH ha declarado que la atención médica es insuficiente, ya que hay hacinamiento en las prisiones, las instalaciones son precarias y es imposible acceder al agua potable. La Comisión indica que hay falta de personal médico y de medicamentos.

6 de junio. La Comisión de Derechos Humanos denunció las problemáticas condiciones de reclusión: hacinamiento, insalubridad y la falta de acceso a la atención médica. Uno de cada dos reclusos comparte celda con al menos otros cinco internos, el 30 % no tienen acceso al agua potable en las celdas y solo el 8 % recibe productos de higiene.

27 de mayo. El gobernador del estado de Puebla anunció la implementación del primer centro de reclusión especialmente dedicado para recibir a los 52 reclusos infectados de la región. Se prevé aumentar la capacidad del establecimiento de 150 a 280 plazas.

18 de mayo. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México informa de que más de 200 reclusos sospechosos de ser portadores se encuentran aislados de la población general. Entre ellos, la mayoría son recién llegados, a los que se aisla sistemáticamente durante 14 días.

14 de mayo. Allegados de los reclusos han reportado varios casos de personas que presentan síntomas y que no han sido aislados ni se les ha realizado la prueba. La directora de la Asociación Reinserta denuncia la imposibilidad de implementar el distanciamiento solicitado por las autoridades en celdas de 16 m² que albergan a más de 40 personas.

9 de mayo. El director de asistencia legal para los derechos humanos José Luis publicó una crítica virulenta del estado de hacinamiento en las cárceles mexicanas, en particular las de Acapulco o Chilpancingo : “Hay hasta 10 o 15 personas durmiendo en una celda, ¿cómo pretenden aislar a alguien?”. También denuncia un fracaso generalizado de los servicios sanitarios en prisión, en particular en la prisión de Guerrero.

7 de mayo. Varios expertos y asociaciones advirtieron sobre la falta de confinamiento y denunciaron el peligro que corren los prisioneros en un debate titulado «Las cárceles: una bomba de tiempo en la contingencia». La dependencia de los prisioneros de los paquetes traídos por sus familias, especialmente de alimentos, impide el confinamiento efectivo de las instituciones. La emergencia sanitaria se agrava por la falta de higiene y de equipos de protección, lo que hace temer un contagio masivo y disturbios que podrían llevar a muertes de prisioneros.

13 de abril. El gobierno federal está desarrollando un plan de acción para prevenir la propagación en los 18 Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO), en los que hay más de 17 000 reclusos, el 8.4 % de la población penitenciaria.

11 de abril. “Decidimos no visitarlo para evitar el riesgo de contagio” declara Mónica, esposa de un preso de 58 años que sufre de diabetes. En el establecimiento Seguridad penitenciaria 1, “no se le dio ninguna información sobre la Covid-19, ni se le dio nada para protegerse. Pudimos traerle un litro de cloro, pero no fue suficiente. Ni el gobierno ni la sociedad se preocupan por la supervivencia de los reclusos”.

2 de abril. Las prisiones de México City no disponen de los equipos sanitarios necesarios para tratar a los enfermos por la COVID-19. La introducción de productos por parte de las visitas incrementa el riesgo de contaminación desde el exterior.

31 de marzo. El hacinamiento y las deplorables condiciones sanitarias dificultan la aplicación de medidas de prevención. Cerca de la mitad de los prisioneros son detenidos en celdas colectivas (de más de 5 personas). Los detenidos de más de 50 años conforman el 11,2 % de la población carcelaria. Un tercio no tiene acceso al agua potable.

26 de marzo. La administración penitenciaria anuncia la puesta en funcionamiento de medidas reforzadas de higiene y desinfección. Los prisioneros confeccionan máscaras en varias prisiones del país, entre ellas la del Reclusorio Norte en la Ciudad de México. Una parte de las máscaras es destinada a los detenidos.

18 de marzo. Las autoridades penitenciarias publican un plan de prevención para los detenidos, el personal y las visitas. Las medidas abarcan el control de temperatura y el consecuente aislamiento de quienes presenten estados febriles, el lavado de manos y el uso de gel anti-bacteriano y máscaras. El dispositivo prevé un mayor acceso a la higiene y la distribución de material de información sanitaria. Los internos enfermos que no necesiten ser hospitalizados serán recluidos en una zona de aislamiento. Las visitas se restringen a una única persona a la vez vez por interno. No se permite la visita de menores de 12 años o de mayores de 60. Se suspenden las visitas a los internos de edad avanzada o inmunológicamente vulnerables.

Sistema judicial¶

15 de diciembre. La población penitenciaria aumentó en un 7 % (13 840 personas) a lo largo de los diez meses de crisis sanitaria, lo que ha agravado el problema del hacinamiento. Hoy en día, más del 40 % de los centros penitenciarios están sobrepoblados. El aumento en el número de reclusos se debe a un incremento en el uso de la prisión preventiva; en diciembre de 2019, los preventivos representaban el 37% de la población penitenciaria, mientras para octubre de 2020, sobrepasaban el 42 % (cerca de 90 000 personas).

5 de mayo. El Ministerio del Interior insta encarecidamente a los estados a no ordenar penas de prisión para los delitos relacionados con el coronavirus. El ministerio considera que las sentencias, de dos a cinco años, anunciadas por el estado de Querétaro son «desproporcionadas, potencialmente inconstitucionales y discriminatorias contra los pobres».

13 de abril. Se dicta una sentencia de cuatro años de prisión por videoconferencia. Es la primera vez que se implementa este sistema de sentencia remota. El anuncio había sido hecho el lunes anterior por el presidente del Poder Judicial de Coahuila.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

22 de octubre. La ONG AsiLEGAL informó que se ha liberado a 3760 personas desde el comienzo de la pandemia. La mayoría de los liberados eran reclusos de las instituciones penitenciarias del Estado de México (2583).

1  de septiembre. Las autoridades han informado que entre marzo y julio se liberaron 415 reclusos de edad avanzada de las prisiones de la Ciudad de México. Los reclusos puestos en libertad padecen una enfermedad crónica degenerativa o terminal.

7 de julio. La ley de amnistía habría beneficiado únicamente a entre 100 y 150 reclusos, según un informe publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

6 de junio. La organización Human Rights Watch declaró que la ley de amnistía era “insuficiente” e instó al Gobierno y a los fiscales federales y de los estados para a usar todos las facultades que ya les confiere el derecho para colaborar con los jueces con el objeto de reducir el número de reclusos. Actualmente, esta ley alcanza del 2 % al 3 % de la población carcelaria.

25 de mayo. El presidente de AsilLEGAL lamentó que se hayan dejado de conceder liberaciones anticipadas mientras que el número de casos aumenta.

14 de mayo. El gobernador del estado de México exigió la liberación de 380 reclusos y anunció contar con un plan para liberar a hasta 4 000 personas.

13 de mayo. La ONG Asilegal contabilizó 2 680 presos a los que se les ha concedido la libertad anticipada.

12 de mayo. La Comisión de Derechos Humanos de México anunció varias riñas y disturbios en las prisiones del país tras la aplicación de las medidas sanitarias. La ONG Asilegal informó sobre nueve incidentes de este tipo.

7 de mayo. Los expertos del sistema penitenciario mexicano criticaron la ley de amnistía, que solo se aplica en las prisiones federales. La mayoría de los reclusos implicados en los delitos contemplados en esta legislación están encarcelados en prisiones estatales.

5 de mayo. El Gobierno anunció la liberación de 88 reclusos, con otros 248 que serán liberados en las próximas semanas. Tras la aprobación de la ley de amnistía el 20 de abril, el gobierno planea liberar a más de 800 reclusos en total. Unos 1 835 reclusos ya han sido puestos fuera bajo vigilancia electrónica en el estado de México.

21 de abril. El responsable de la política de reinserción del sistema penitenciario federal anuncia que el número de personas que podrán ser puestas en libertad será de “800 detenidos, lo que representa menos de los 2600 estimados por el Senado”. Las medidas de revisión del cumplimiento de las penas, así como los arrestos domiciliarios, podrían concernir a 400 detenidos adicionales, lo que incluiría a personas en prisión preventiva. El funcionario hace un llamado a agilizar las medidas, con la finalidad de que se pongan en marcha “en cuestión de días”.

20 de abril. El Senado vota una ley de amnistía que podría conducir a la liberación de entre 5 000 y 6 000 personas condenadas por “delitos menores”, incluyendo ““robo sin violencia”, delitos relacionados con drogas sin intención de distribución y el aborto, legal desde el año 2007 (2019 en el estado de Oaxaca). Esta medida fue criticada por diversas razones: la oposición política la considera peligrosa, mientras que el exjuez del Tribunal Supremo la considera demasiado comedida. “Afectará a pocos reclusos porque se trata de sentencias federales. Los estados locales decidirán por el resto.”

El Gobierno anuncia la liberación anticipada de 400 reclusos de más de 65 años.

18 de abril. El estado de México libera a 1 972 reclusos.

20 de marzo. Las actividades jurídicas y administrativas se suspenden hasta el 20 de abril, con la excepción de varias cortes especializadas. Para tratar los casos urgentes, los jueces trabajarán según un sistema de rotación.

Vínculos con el exterior¶

29 de agosto. Las clases en línea y por televisión han permitido un progreso inédito en el acceso a la educación para las mujeres recluidas, que suele ser limitado debido a cuestiones logísticas de desplazamiento y de seguridad. La fundación Plan B lanzó un sitio web que permite la inscripción de profesionales que deseen transmitir sus conocimientos a las personas privadas de libertad.

17 de junio. La Secretaría de Seguridad Pública anunció que las visitas están autorizadas nuevamente en los Centros de Reinserción Social de Quintana Roo. Se han implementado medidas sanitarias. Los menores de edad y las personas mayores aún no pueden asistir a las visitas.

11 de junio. El estado de Jalisco ha suspendido las visitas. Para garantizar que se mantengan los vínculos familiares, se permite llamar por videoconferencia cada dos semanas, aunque algunas llamadas solo duran unos minutos.

13 de mayo. Los parientes de los reclusos irrumpieron en una prisión en Chalco en el estado de México derribando una valla. Están pidiendo información tras los enfrentamientos entre unos diez reclusos. Este hecho refleja la constante preocupación que han experimentado las familias desde que se implementaron las medidas restrictivas relacionadas con la epidemia.

11 de mayo. Las reclusas de la prisión de mujeres de Santa Martha solicitaron enviar a sus hijos fuera del establecimiento para que los puedan cuidar otras personas. Se ha informado que una docena de niños ya se ha beneficiado de esta medida. Algunas mujeres no tienen parientes que puedan cuidarlos, en cuyos casos la asociación Reinserta sugiere que los niños sean transferidos al Centro de Prevención Social Federal (CPS 16) en Morelos.

2 de abril. Las visitas se han reducido un 40 % en la prisión Reclusorio Norte, según una fuente de la prisión. Todavía se permiten para los cerca de 25 000 reclusos de 13 instituciones de México City.

26 de marzo. Las visitas se reducen a la mitad y se desarrollan de manera alternada. Las personas vulnerables ya no son admitidas en las visitas. Se organiza una evaluación sanitaria con toma de temperatura al ingreso de los visitantes. En ciertos establecimientos federales se suspenden totalmente las visitas. Los reclusos dependen de sus familiares para satisfacer sus necesidades esenciales (alimentación, agua potable, productos de higiene y limpieza, productos antibacteriales…).

Movimiento de protesta¶

23 de julio. Los reclusos de la prisión de alta seguridad de Altiplano se manifestaron para expresar su descontento ante la suspensión de las visitas conyugales. Dos semanas antes, habían iniciado una huelga de hambre para denunciar a la dirección del establecimiento, especialmente por distribuir alimentos en mal estado, negar el acceso al agua para los reclusos y prohibir el ingreso de medicamentos.

10 de junio. Los reclusos de San Cristóbal han estado en huelga de hambre durante varias semanas para protestar contra la falta de atención médica y productos de higiene. Además, expresan su preocupación por la falta de información por parte de la administración penitenciaria sobre la epidemia, que ha exacerbado las tensiones en la prisión, ya que los reclusos tienen “la sensación de que la muerte los rodea”.

22 de mayo. La autoridades informaron sobre una confrontación violenta en la prisión federal de Puente Grande en el estado de Jalisco, que resultó en ocho reclusos muertos y ocho hospitalizados. La ONG AsiLEGAL atribuyó este acontecimiento a las tensiones originadas por la propagación del virus en las cárceles del país.

12 de mayo. La ONG AsiLEGAL declaró que las revueltas en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Huitzilzingo en Chalco, al igual que en el Centro de Reinserción Social de Colima, causaron la muerte de tres reclusos y se han reportado 29 heridos. La ONG señala nueve incidentes de este tipo desde el inicio de la pandemia.

31 de marzo. Estallan motines en varias prisiones. La asociación Fair Trails explica que son el resultado del contagio, de la inquietud de los familiares y de su dificultad para proveer artículos de primera necesidad.

Llamamientos y recomendaciones¶

17 de julio. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) consideró insuficientes las medidas para limitar la propagación del virus e instó al país a reducir la cantidad de reclusos y a revisar el cumplimiento de las penas.

18 de junio. La ONG AsiLEGAL expresó su preocupación por las nuevas medidas nacionales que preparan el “regreso a la normalidad”, recordando la catastrófica situación de los establecimientos penitenciarios, el aumento del número de casos y el insuficiente número de excarcelaciones anticipadas. Asimismo, recalca que es imposible reconciliar la situación sanitaria actual con la “antigua normalidad”. La organización aboga por un “nuevo horizonte penitenciario en el que la reinserción social deje de ser una utopía y se convierta en un hecho”.

8 de junio. El Gobierno federal intenta acelerar la puesta en libertad anticipada de las personas mayores de 65 años que hayan cumplido el 70 % de su condena y de los mayores de 60 años que hayan cometido infracciones consideradas menores.

14 de mayo. La ONG AsiLEGAL denunció la desinformación generalizada respecto a la pandemia en las prisiones del país, al igual que la falta de liberaciones anticipadas. Señalan que la preocupación y las revueltas que esto causa generan riesgos para los reclusos. La ONG pidió mayor transparencia, así como la aceleración de los procesos de liberación anticipada. Otras asociaciones como Reinserta llaman a un cambio de paradigma en la represión penal en México. 7 de mayo. La ONG EQUIS Justicia para las Mujeres publicó un informe en el que se denuncia la falta de consideración de las autoridades judiciales respecto a las condiciones de reclusión. La ONG recomienda ciertas medidas como la liberación anticipada e insta a las autoridades a que reconozcan los riesgos de contagio inherentes a la vida en prisión y actúen en consecuencia.

12 de abril. La mayoría de los 200 000 prisioneros están en peligro debido a las condiciones de reclusión y a la insuficiencia de las medidas adoptadas, según el reciente informe de la CNDH. Más de uno de cada diez detenidos debe compartir cama debido al hacinamiento. Un tercio de ellos no tienen acceso a agua potable en las celdas.

27 de marzo. La red Alerta Temprana se dirige a las autoridades nacionales e internacionales en un llamado urgente que concierne el respeto de las reglas Nelson Mandela. Pide que se utilice la asignación de residencia para ciertas categorías de reclusos (los prisioneros políticos, los que podrían recibir una liberación anticipada, los que han sido juzgados como no responsables penalmente) y la liberación de los más vulnerables (los reclusos de edad avanzada o que sufran de enfermedades crónicas degenerativas). La red recomienda facilitar el acceso a la atención sanitaria y poner a disposición el material necesario.

18 de marzo. Múltiples voces se alzan para solicitar medidas urgentes. La Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) y 14 organizaciones de la sociedad civil emiten recomendaciones: renunciar a la detención por crímenes no violentos, limitar el uso de la detención preventiva, liberar a los reclusos de edad avanzada o vulnerables, poner en marcha, principalmente, medidas de prevención y de protección.

Casos identificados¶

8 de diciembre. En total, 3289 reclusos han dado positivo y al menos 272 han fallecido por COVID-19.

26 de noviembre. Desde el mes de marzo, en la Ciudad de México han fallecido 59 reclusos por COVID-19.

30 de septiembre. El número de reclusos que dieron positivo aumentó a 2926, de los cuales 261 fallecieron. En total, 429 miembros del personal penitenciario han estado infectados y 65 fallecieron.

25 de septiembre. En el estado de Baja California, la prisión La Paz suma 21 reclusos positivos. Las autoridades han afirmado que los reclusos contagiados se encuentran estables, que están aislados y que se ha informado a sus familiares.

18 de agosto. En 2020, el número de personas fallecidas en prisión se eleva a 464, contra 191 en el mismo periodo del año anterior. Según varias asociaciones de derechos humanos, esta sobremortalidad está ligada directamente a la pandemia. Asilegal reportó 215 muertes de reclusos a causa de la COVID-19. En total, 2498 reclusos han dado positivo. La ONG Documenta denunció la falta de transparencia del sistema penitenciario y propuso un cuadro resumen de medidas de prevención por establecimiento.

25 de julio. El número de reclusos fallecidos por Covid-19 se ha triplicado desde mediados de julio según el grupo parlamentario PRD, que acusa al Gobierno federal de dejar a la deriva a la población carcelaria y le insta a desarrollar una estrategia para prevenir los contagios y evitar más muertes.

13 de julio. Las autoridades informaron de 73 casos en las prisiones de Ciudad de México. El número de decesos ha aumentado a 54.

9 de julio. La ONG AsiLegal identificó más de 1000 casos positivos en las prisiones de todo el país, de los cuales 939 son reclusos.

5 de julio. La CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) ha informado de 106 muertes entre los reclusos desde el comienzo de la epidemia. Hay 686 reclusos enfermos; la mayoría de los cuales se encuentran en el estado de Puebla, donde se han llegado a contabilizar 195 casos.

1ero de julio. El número de muertes en las prisiones del país ha aumentado en un 500 % desde el inicio de la epidemia. Entre los meses de abril y junio, el aumento fue del 214 %.

24 de junio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha confirmado el fallecimiento de 5 reclusos en la prisión de Huimanguillo en el estado de Tabasco.

22 de junio. En el estado de Hidalgo, 12 casos fueron identificados en los tres Centros de Readaptación Social (Cereso); dos de ellos están hospitalizados y los demás fueron puestos en cuarentena. La organización AsiLEGAL informó que, a nivel nacional, 638 personas privadas de libertad estaban infectadas y que 79 fallecieron.

15 de junio. El secretario de Gobernación del estado de Puebla informó que ocho reclusos han fallecido y que hay 144 casos positivos, de los cuales 10 fueron hospitalizados en la prisión de San Miguel. A nivel nacional, la ONG AsiLEGAL ha contabilizado 512 casos y 46 fallecidos entre los reclusos.

11 de junio. El estado de Jalisco informa de 95 casos positivos y seis fallecidos entre los reclusos de la prisión de Puente Grande.

9 de junio. La ONG AsiLEGAL ha informado de 422 casos positivos y de 36 muertes en las prisiones del país.

3 de junio. La ONG AsiLEGAL ha registrado 372 casos positivos y 34 fallecidos. El presidente de la asociación Réinserta denuncia la ausencia de seguimiento oficial de los reclusos infectados. La falta de visibilidad de las personas enfermas o fallecidas provoca una mala gestión de la epidemia en las prisiones.

1 de junio. Las ONG lamentan el aumento especialmente preocupante del número de casos en las prisiones del país que se dio en la semana anterior. La organización AsilLEGAL registra más de 326 reclusos positivos y 31 fallecidos.

25 de mayo. La asociación civil AsiLEGAL identificó 211 casos que han dado positivo y 29 fallecidos entre los reclusos del país. La asociación teme que el número real de casos sea mucho mayor.

19 de mayo. Mientras que las autoridades locales se mantienen en silencio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que al menos tres reclusos fallecieron a causa de la epidemia en las prisiones del estado de Tabasco. La ONG identifica, en las prisiones del país, al menos 120 casos positivos, 21 fallecidos y 74 bajo sospecha de estar infectados.

15 de mayo. Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron las cifras oficiales y afirmaron que la pandemia ha tenido un impacto mucho mayor dentro de las prisiones.

12 de mayo. La Comisión de Derechos Humanos de México confirmó 100 casos de prisioneros con resultados positivos y 79 casos bajo sospecha. Además, se registraron nueve muertes. El primer recluso dio positivo en el Centro de Reinserción Social (CERESO) en León. Las autoridades anuncian que se han instalado medidas de confinamiento sanitario dentro y fuera del centro.

7 de mayo. Expertos y activistas manifestaron sus dudas sobre las cifras oficiales de infección en las prisiones del país en vista del hacinamiento y el mantenimiento de las visitas, y manifestaron sus sospechas sobre el ocultamiento de al menos 92 casos.

21 de abril. Menos de 10 casos se han confirmado en los Estados de México,Yucatán y Jalisco. Por el contrario, las autoridades penitenciarias mencionan alrededor de 150 casos sospechosos en el país. Ningún caso sospechoso se ha detectado en las prisiones federales, las instituciones de alta seguridad menos pobladas.

20 de abril. Se informa de que seis reclusos dieron positivo por la COVID-19, en los estados de México y de Yucatán. La Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH) se alarma ante la presencia de 24 casos sospechosos en una prisión de Tamaulipas, en un contexto de importante masificación.

12 de abril. Las autoridades reportan un nuevo caso en el establecimiento de Mérida en Yucatán. El recluso, que tiene 60 años, presenta síntomas leves y está recibiendo atención médica en una zona separada de los demás reclusos.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

9 de septiembre. Celia Cruz, una mujer trans activista y originaria de la isla de Ometepe, ha puesto de manifiesto las condiciones de reclusión. Celia se encuentra presa en una pequeña celda con seis hombres, sin agua ni comida ni medicamentos. No se ha tomado ninguna medida frente a la propagación de la COVID-19. Su abogado critica la gestión de la pandemia por parte de las autoridades: «Se ha utilizado la COVID-19 como un arma contra los activistas presos. Muchos reclusos se han infectado debido a la negligencia de las autoridades, a la sobrepoblación y a la falta de agua potable. No se les han realizado análisis, por lo que no hay pruebas; pero la pandemia ha llegado a las prisiones.».

13 de julio. Las autoridades anunciaron la recepción de la segunda donación india de medicamentos para combatir la epidemia.

28 de junio. Un recluso ha declarado que las autoridades penitenciarias de La Modelo pulverizan las celdas con productos fitosanitarios todos los días, toman la temperatura y fotografían a los reclusos. “No hay consultas médicas, y mucho menos medicamentos. La comida está racionada.”, narra dicho preso político.

6 de junio. Los reclusos han hablado sobre su vida diaria en tiempos de pandemia en la prisión Jorge Navarro. Tienen una única consulta médica cada 10 semanas, solo disponen de dos cubetas de agua al día y tienen limitado el acceso a productos de higiene. Las visitas siguen suspendidas y las áreas de reclusión no están comunicadas. Se ha reservado un ala para los reclusos que presenten síntomas. Algunos han adoptado medidas preventivas individuales como la limpieza de las instalaciones o estrategias de distanciamiento. La llegada de la temporada de lluvias podría agudizar la epidemia.

8 de mayo. Alianza Cívica criticó la falta de información de las autoridades, mientras que el hacinamiento y la ausencia de medidas sanitarias eficaces hacen temer una rápida propagación del virus. También informó que varios presos muestran diversos síntomas, incluidos problemas respiratorios.

8 de mayo Amnistía Internacional informó que una docena de presos políticos que presentaban síntomas permanecían detenidos en condiciones de hacinamiento y sin recibir la atención necesaria. Algunos de ellos ya han sufrido patologías que podrían hacerlos particularmente vulnerables.

5 de mayo. Las autoridades de la prisión celebraron las medidas tomadas para prevenir la propagación del virus, entre las que figuran la toma de temperatura, el lavado de manos de los visitantes, la desinfección de los paquetes y zapatos, así como el uso de medios audiovisuales para promover las medidas preventivas. Los establecimientos también se beneficiarían de equipos médicos capaces de proporcionar atención las 24 horas del día.

11 de marzo. El vicepresidente Rosario Murillo anuncia la publicación en un corto plazo de tiempo de un plan especial destinado a los sistemas penitenciarios del país. Los especialistas sanitarios se preocupan de que no se haya aplicado todavía ninguna medida contra el coronavirus, hecho que consideran, podría causar importantes estragos en las prisiones del país.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

4 de agosto. Las autoridades liberaron a 4515 reclusos entre abril y mayo, y 1605 en junio . A mediados de julio, cuatro activistas y disidentes políticos fueron liberados.

5 de junio. El Gobierno liberó a 42 reclusos hondureños de la prisión de alta seguridad La Modelo para luchar contra la propagación del virus. Los mismos presos fueron expulsados del territorio.

13 de mayo. El Gobierno anunció la liberación de 2 815 reclusos; decisión que se tomó como consecuencia de una denuncia presentada por allegados de los reclusos respecto a la eventual propagación de la epidemia dentro de las prisiones del país. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ayuda a las autoridades a gestionar la crisis, ha confirmado la liberación de estos reclusos. Esta medida no es aplicable para los prisioneros políticos.

Vínculos con el exterior¶

19 de mayo. Las familias de los reclusos informan de haberse enterado del cierre de la prisión La Modelo en Tipitapa, mientras se preparaban para llevar comida. Las autoridades han rechazado la entrega de paquetes y no han dado ninguna explicación en cuanto a esta medida. Los allegados se preocupan por una puesta en cuarentena relacionada con la aparición de nuevos casos.

Movimientos de protesta¶

29 de mayo. Un grupo de prisioneros políticos inició una huelga de hambre en la prisión La Modelopara exigir su liberación. Este movimiento recibe apoyo de las familias de los reclusos y de numerosas personalidades del país.

Llamamientos y recomendaciones¶

4 de agosto. Defensores de los derechos humanos denunciaron la atención insuficiente para los reclusos positivos por COVID-19 y acusaron a las autoridades penitenciarias de minimizar los síntomas que presentaban los internos; a muchos les respondieron que se trataba de un resfriado común o que sus síntomas eran psicológicos.

12 de junio. La asociación Víctimas de Abril ha informado de las condiciones de reclusión “inhumanas” de los 86 presos políticos, de los cuales 45 presentan síntomas. La asociación acusa al presidente de aprovecharse de la pandemia para imponer una “guerra biológica” a los ciudadanos que protestan contra el régimen desde el 2018.

12 de mayo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al régimen de Ortega Murillo a que reduzca el hacinamiento en las cárceles insistiendo, entre otras cosas, en la liberación de los presos políticos.
Michael G. Kozak, diplomático del Departamento de Estado de los EE.UU. denunció la propagación del virus en las cárceles nicaragüenses, instó al régimen de Ortega a que tomara las medidas necesarias para detener la epidemia y, al mismo tiempo, pidió la liberación de los presos políticos. También cuestionó la veracidad de las estadísticas publicadas por las autoridades.

11 de mayo. El Colegio de Abogados de Nicaragua propone la liberación anticipada de presos de la tercera edad o enfermos crónicos. Esta medida beneficiaría a los presos encarcelados por delitos «menores», a los que ya hayan cumplido gran parte de su condena o a los que se encuentren en prisión preventiva.

8 de mayo La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta a las autoridades de Managua a adoptar las medidas necesarias para reducir el hacinamiento en las cárceles y cumplir con las recomendaciones.

Casos identificados¶

16 de mayo. El independiente Observatorio Ciudadano señala que 37 presos políticos presentan síntomas. Los familiares de los reclusos corroboran esta afirmación.

12 de mayo. Se cree que al menos nueve reclusos murieron como resultado de la COVID-19. Un grupo de familiares de presos políticos informó que al menos 23 de estos presos y un número desconocido de otros internos están mostrando síntomas en La Modelo. La Asociación de Víctimas de Abril (AVA) informó de la desaparición de un preso político, Uriel Pérez, quien ha mostrado síntomas y no se presentó en su audiencia.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

27 de julio. La ministra del Interior lamentó la falta de acceso a agua potable en las cárceles para hacer frente a la epidemia, y declaró: “La falta de agua potable es una de las falencias más grandes del sistema penitenciario del país, por eso decidimos que a la fecha de un año íbamos a tener a todos los centros penitenciarios dotados de agua potable”.

24 de junio. El ministro de Sanidad regional confirmó que se habían tomado medidas para imponer una cuarentena en la prisión de Chiriquí, después de que 25 guardias dieran positivo.

19 de mayo. La administración penitenciaria anuncia una serie de medidas: aislamiento durante 14 días de cada recién llegado, aislamiento y traslado de los reclusos que den positivo, suministro de mascarillas y de material sanitario y, en coordinación con las autoridades sanitarias, desinfección de las instalaciones y atención médica, incluyendo la realización de pruebas.

12 de mayo. La ministra Janina Tewaney aseguró que se están tomando medidas estrictas para prevenir la propagación del virus. Un miembro del comité asesor del Ministerio de Salud está preocupado por el alto riesgo de contagio en las prisiones panameñas debido principalmente al hacinamiento, el espacio limitado, la falta de ventilación y la escasez de agua, factores que se ven agravados por la prevalencia de la malnutrición, el tabaquismo, el alcoholismo y la depresión.

7 de mayo. La Defensoría del Pueblo considera, después de una visita al Centro Femenino de Rehabilitación, que las zonas de aislamiento y las medidas aplicadas en todo el centro respetan los derechos humanos y las normas recomendadas de higiene y saneamiento.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

10 de junio. Se redujeron las penas de 24 reclusos tras una medida “humanitaria” y se le concedió la libertad anticipada a 253 presos condenados por delitos comunes.

12 de mayo. El presidente concedió reducciones de pena a casi 200 reclusos. El sistema penitenciario todavía tiene más de 18 393 reclusos para una capacidad nacional total de 14 591.

Vínculos con el exterior¶

3 de junio. La Dirección General del Sistema Penitenciario prevé la puesta en marcha de videoconferencias para la comunicación entre los reclusos y sus abogados. Algunos denuncian este sistema, temiendo que no pueda garantizar la confidencialidad de las comunicaciones.

Movimientos de protesta¶

23 de junio. Un motín estalló en el centro penitenciario de Ciudad del Este para exigir que se realizaran pruebas. Hasta el momento, hay tres casos positivos en el establecimiento: dos guardias y un recluso.

Llamamientos y recomendaciones¶

5 de junio. El jefe del departamento jurídico de la Defensoría del Pueblo comparte su preocupación por el hacinamiento en varias instalaciones, particularmente en la de Santiago.

1 de junio. Human Rights Watch ha instado a las autoridades a incluir a los reclusos en la respuesta nacional a la pandemia, a generalizar el acceso a las medidas de prevención, de detención y a la atención sanitaria. Esta llamada insiste, principalmente, en la liberación de las personas en prisión provisional.

29 de mayo. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a las autoridades del país a tomar medidas urgentes para contrarrestar el fuerte aumento del número de casos en las prisiones del país. Recalcó la importancia de reducir la masificación al exigir a las instituciones judiciales que limiten el uso de la prisión preventiva.

Casos identificados¶

10 de noviembre. Se ha identificado un nuevo foco de infección en la prisión de Penonomé, en la provincia de Coclé. Al menos 390 reclusos han dado positivo, es decir, el 75 % de la población del establecimiento. No se ha confirmado ningún caso positivo entre el personal penitenciario. Los reclusos enfermos reciben kits que contienen mascarillas, medidores de oxígeno y analgésicos.

Seis reclusos han muerto de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

18 de julio. Las autoridades anunciaron la muerte de dos reclusos tras su traslado al hospital.

16 de julio. Cuatro jóvenes en reclusión en el centro Aurelio Granados de Chiriqui dieron positivo.

6 de julio. Las autoridades penitenciarias han informado de que actualmente 266 reclusos son portadores de coronavirus en todo el país, de los cuales 128 están en la prisión de Chiriqui.

Un comunicado de prensa ha enumerado los casos positivos en las prisiones del país: Chiriqui (128 casos activos), La Joya (41), Cefere (34), La Joyita (21), Bocas del Toro (19), Transición La Chorrera (13), Tinajita (6) y La Nueva Joya (6).

29 de junio. Las autoridades han indicado que 88 reclusos han dado positivo en la prisión de Chiriqui y han afirmado estar realizando diariamente pruebas y aislando a los pacientes que padecen enfermedades crónicas.

20 de junio. La administración penitenciaria comunicó que 105 personas habían dado positivo en todo el país. También anunció que 734 se habían curado y que la mayoría de los infectados estaban en La Nueva Joya.

16 de junio. La administración penitenciaria anunció que, de los 815 detenidos que dieron positivo en las cinco prisiones del país, 703 se encuentran en remisión. La mayoría de las personas que aún presentan síntomas se encuentra en La Joya.

9 de junio. Las autoridades informaron de que 501 reclusos se están recuperando.

5 de junio. Las autoridades han informado de que más de 700 reclusos han dado positivo.

2 de junio. La administración penitenciaria anunció la muerte del primer detenido como consecuencia de la COVID-19 en la prisión de Santiagos en Veraguas. En la prisión Nueva Joya, el número de casos detectados ya es de 228. Los establecimientos del país cuentan con 664 reclusos que han dado positivo.

29 de mayo. Las autoridades sanitarias constataron un aumento considerable del número de casos en las prisiones del país. Más de 333 detenidos han dado positivo en la prisión deSantiago, en Varagas, lo que representa más de dos tercios de la población del establecimiento, inicialmente previsto para recibir a 150 personas. En la prisión de Nueva Joya, en Pacora, se han identificado 48 casos. 503 reclusos han dado ya positivo en el país.

El Comité Consultivo del Ministerio de Salud atribuye este aumento repentino del número de casos a las condiciones de masificación que dificultan la implementación de medidas de distanciamiento social.

25 de mayo. El Ministerio de Sanidad anunció que 15 reclusos de Nueva Esperanza se han recuperado.

20 de mayo. Se identificó el primer caso en la prisión de La Nueva Joya. Lamentablemente, también hay nuevos casos positivos en la prisión de Santiago. Las autoridades confirmaron la existencia de 133 casos en las cárceles del país y anunciaron que garantizarán la atención y las medidas sanitarias necesarias “para salvaguardar la vida y la salud de la población privada de libertad”.

19 de mayo. La administración penitenciaria anuncia haber detectado tres nuevos casos en la prisión de Santiago en Veraguas.

12 de mayo. La prisión de Nueva Esperanza de Colón ha registrado 26 casos positivos entre los reclusos. Estos se suman a las internas del Centro Femenino de Rehabilitación, con lo que el número total de personas en reclusión infectadas asciende a 117. Once guardias de tres instalaciones también dieron positivo.

15 de abril. Fuentes oficiales informan de seis casos confirmados entre los reclusos, cinco de los cuales se encuentran en la cárcel de Nueva Esperanza, en Colón. Los presos que dan positivo por coronavirus son transferidos a la antigua prisión de menores de Basilio Lakas.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

7 de septiembre. Un miembro del personal de la prisión de Concepción dio positivo por coronavirus. Las autoridades anunciaron la continuación del protocolo sanitario y monitorean la aparición de síntomas en los reclusos.

Vínculos con el exterior¶

31 de mayo. Las visitas se han reanudado en todas las prisiones y centros educativos del país. Los visitantes siguen un protocolo sanitario con la concertación de citas previas, la presentación del documento de identidad, la cumplimentación de un cuestionario de salud, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Algunas categorías de visitantes quedan excluidas: las personas de más de 65 años, las mujeres embarazadas y aquellas que dan el pecho a sus hijos, así como las personas que presenten una temperatura superior a 37,5°. No se ha identificado ningún caso de coronavirus en las prisiones hasta el momento. Los reclusos de siete prisiones indican que quieren prolongar la suspensión de las visitas al menos hasta el 6 de junio (Tacumbú, Pedro Juan Caballero, Misiones, Buen Pasto, San Pedro, La Esperanza y Encarnación), para evitar cualquier riesgo de contagio.

10 de mayo. La ministra de Justicia está considerando la posibilidad de restablecer ciertas visitas. Tras las protestas, la ministra está visitando diferentes instituciones para escuchar las demandas de los reclusos e informa que la principal queja concierne las suspensiones de juicios.

17 de marzo. Las visitas a las prisiones y centros educativos para menores se suspenden hasta el final del período de cuarentena. Algunos trabajadores pueden, de forma excepcional, continuar su trabajo en prisión. En colaboración con las fuerzas del orden, se están adoptando medidas, para evitar la presencia del público en las periferias de los establecimientos penitenciarios. La ministra de Justicia apela a la comprensión y paciencia de los familiares de los detenidos y anuncia que, para “calmar los ánimos”, los establecimientos organizarían campeonatos deportivos, proyecciones de películas, karaokes, competiciones de baile y encuentros espirituales.

Movimientos de protesta¶

16 de agosto. Un grupo de reclusos de la prisión de Esperanza en Asunción se amotinó para exigir la reanudación de las visitas, la regularización de la situación de las personas en espera de juicio y mejores condiciones sanitarias. Los internos publicaron un video en el que aparecen con el rostro cubierto y armados con bates, reclamando el respeto de sus derechos y la cuarentena del personal penitenciario tras la detección de un caso positivo. El ministro accedió a evaluar sus exigencias y derivar las propuestas a las instituciones correspondientes.

Casos identificados¶

8 de octubre. Un recluso falleció por COVID-19 en la prisión de Pedro Juan. En total, 180 personas (entre reclusos y guardias) han dado positivo en estas instalaciones.

1 de septiembre. Un recluso dio positivo por primera vez en el centro penitenciario de Villarrica. El establecimiento ha puesto en marcha un protocolo sanitario y todos los internos del mismo pabellón se encuentran confinados en sus celdas.

19 de agosto. Las autoridades reportaron la presencia de 142 casos positivos en la prisión de Tacumbú, 99 de los cuales son internos. Cerca de cien personas aún esperan los resultados de sus pruebas.

6 de agosto. Cuarenta y nueve personas (14 guardias y 35 reclusos) dieron positivo por coronavirus en la prisión de Tacumbú, en Asunción.

22 de julio. Un recluso falleció por COVID-19 en la prisión de Ciudad del Este.

26 de junio. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, manifestó, durante una conferencia de prensa, su inquietud respecto a la propagación de casos en el departamento de Alto Paraná en la frontera con Brasil, la cual señaló como la “zona más roja del país”. La prisión de Ciudad del Este se encuentra particularmente afectada. El número de reclusos y vigilantes enfermos podría ser de 140.

25 de junio. Las autoridades han expresado alarma por la rápida propagación de la COVID-19 en la prisión de Ciudad del Este, donde al menos 105 personas han dado positivo (40 reclusos y 65 miembros del personal). La ministra de Justicia ha afirmado que la mayoría son asintomáticos. Esta prisión es la más superpoblada del país, con 1 100 reclusos para una capacidad de 500.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

23 de junio. Los reclusos de Lurigancho se organizaron para contener el virus. Con la ayuda de las autoridades penitenciarias, han implementado equipos de prevención encargados de evaluar a los demás reclusos e informar a los profesionales de la salud sobre casos potenciales. Han recibido termómetros de infrarrojos, fumigadores y mascarillas confeccionadas por ellos mismos. Cada pabellón pabellón cuenta con un equipo; cada miembro usa un traje de bioseguridad y recibió una capacitación sobre las herramientas suministradas.

Aquellos que presentan síntomas leves reciben medicamentos y son puestos en cuarentena. En casos con síntomas más severos, los reclusos pueden ser ubicados en un pabellón pabellón especial administrado por profesionales de la salud o pueden ser trasladados al hospital. Actualmente, cuentan con seis pacientes, mientras que, durante el pico de la epidemia, 40 camas estaban ocupadas. El director de la administración penitenciaria comunicó su intención de “hacer un anillo de contención epidemiológica y estabilizar al recluso dentro del mismo establecimiento penitenciario para evitar que sea evacuado a la red de salud pública, que está bastante saturada”.

20 de abril. Las autoridades anuncian el establecimiento de 60 “instalaciones temporales” para tratar a los reclusos enfermos de Covid-19. Se utilizarán treinta módulos en las prisiones de la capital, 21 de ellos en la cárcel de San Jorge. Esta prisión, anteriormente cerrada, se ha reabierto para albergar a los presos afectados por el coronavirus. Otras medidas sanitarias incluyen el suministro de guantes y de productos desinfectantes para guardias e internos, así como un mejor acceso al agua, a la electricidad y a la alimentación.

3 de abril. Los reclusos que trabajan en los talleres de producción de las cárceles de Arequipa, Iquitos y Pucallpa confeccionan mascarillas para abastecer a las prisiones del país.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

15 de junio. El Ministerio de Justicia ha informado de que se ha liberado a 1500 reclusos desde hace dos meses, lo que representa la mitad de lo que el Gobierno había anunciado en abril.

5 de junio. Las autoridades han publicado dos decretos destinados a reducir la población carcelaria. El primero prevé medidas de liberación de procesados y la cesación de la la prisión preventiva dictada contra las personas que estén siendo juzgadas por delitos menos lesivos y el segundo decreto promueve el uso de la vigilancia electrónica. La administración penitenciaria anuncia que se destinarán unos 50 millones de soles peruanos (unos 14,5 millones de dólares) para la adquisición de 8 000 brazaletes, cuya costo será asumido exclusivamente por la administración penitenciaria. Este decreto permite el uso de la vigilancia electrónica en un contexto de revisión de penas, siempre que las personas afectadas estén sujetas a un “régimen de mínima peligrosidad”. También se examinará su comportamiento durante la reclusión, que deberá ser ejemplar.

20 de mayo. El Ministerio de Justicia prevé la liberación de cerca de 10 000 reclusos y de al menos 2500 condenados.

19 de mayo. Al menos 933 reclusos fueron liberados gracias a un indulto presidencial (187) o a una revisión de pena (746). Las personas beneficiadas por esta medida son adultos mayores de más de 60 años y condenados por infracciones menores, como no pagar pensión alimentaria o reparación civil.

23 de abril Según el Ministerio de Justicia, casi 3 000 personas podrían beneficiarse de un indulto presidencial. La Comisión de Gracias Presidenciales se encarga de evaluar los casos de enfermos crónicos, de mujeres embarazadas, de internas encarceladas con sus hijos, de personas mayores de 60 años y de personas con condenas inferiores a los cuatro años o a las que les falten menos de seis meses por cumplir.

Quedan excluidas de esta medida las personas reincidentes, las personas en prisión preventiva y aquellas condenadas por determinados delitos (como tráfico de drogas “con agravantes”, blanqueo de capitales, violencia contra la mujer…).

18 de abril. La líder del partido de oposición Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicita su liberación. Su abogado menciona un “gran riesgo de contagio por coronavirus” en la prisión donde se encuentra. Fujimori está en prisión preventiva desde el 29 de enero. Otras mujeres reclusas en el mismo establecimiento denuncian que no se respetan las medidas sanitarias y que no se ha puesto en marcha ningún protocolo para el personal.

2 de junio. El número de personas puestas en libertad se eleva a 1 355, de las cuales 37 son menores.

Movimientos de protesta¶

11 de mayo. Las reclusas de la prisión Santa Mónica exigen ayuda para afrontar la COVID-19 tras la detección de un caso en el centro. Los vecinos escucharon y grabaron gritos de las internas.

27 de abril. Estalló un motín en la prisión Miguel Castro Castro de Lima, centro con una capacidad de 1 140 plazas donde viven 5 500 reclusos. Los internos prendieron fuego a colchones y protestaron contra la negación de liberar a los más vulnerables. La policía y los guardias llevaron a cabo una operación para recuperar el control del establecimiento. Tres reclusos fallecieron tras la intervención en circunstancias que las autoridades “no han aclarado”.

22 de abril. Las familias de los reclusos de las prisiones de Ancon 1 y 2 han organizado una reunión para solicitar a la administración que ponga en marcha medidas con el fin de evitar la propagación del virus y tratar a los presos enfermos. Las familias afirman que la administración penitenciaria les impide la distribución de guantes, material desinfectante y medicamentos entre los reclusos.

18 de abril. Las familias de los reclusos se reúnen frente a la prisión de Picsi, donde tuvo lugar un motín en el que fallecieron dos reclusos. Las familias, especialmente las esposas y las parejas, piden información sobre el estado de salud de sus seres queridos.

15 de abril. Los reclusos de la prisión de Ancon II publican una carta abierta dirigida a las autoridades, en la que reclaman medidas de liberación para reducir el hacinamiento en sus centros, en especial, la puesta en libertad de los presos que tengan 60 años o más, de los que padezcan enfermedades mortales, de mujeres embarazadas, de los encarcelados por falta de pago de su pensión alimentaria y de los que ya hayan cumplido más de la mitad de su condena.

24 de marzo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destituye al director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a todos los integrantes del Consejo Nacional de dicho organismo. La decisión se ha tomado tras los recientes motines. La administración penitenciaria también hace un llamado al Ministerio del Interior para que refuerce la seguridad del perímetro en el conjunto de los centros penitenciarios del país.

22 de marzo. Una serie de motines se desata. Se informa de la muerte de dos reclusos. Entre los heridos figuran seis reclusos y once guardias.

Llamamientos y recomendaciones¶

13 de abril. Miembros de la Defensoría del Pueblo visitaron la prisión Ancon 1 después de un motín y constataron que diez guardias de seguridad y 20 reclusos resultaron heridos. La Defensoría solicita a las autoridades más personal sanitario y medicamentos para los reclusos. La prisión Ancon 1 cuenta con solo una persona a cargo de la salud de más de 2 700 presos.

Casos identificados¶

15 de junio. Las autoridades han afirmado que al menos 212 reclusos han fallecido por Covid-19 y 67 han sido hospitalizados. Desde el comienzo de la pandemia, quince guardias han fallecido y cientos de ellos han dimitido por miedo al contagio en los centros de reclusión.

20 de mayo. Se realizaron pruebas de despistaje a más de 2 800 miembros del personal (de 11 000) y 3 212 reclusos (de 96 870). En total, 674 miembros del personal y 1223 reclusos dieron positivo.

23 de abril. La prisión de máxima seguridad E.P Callao (también conocida como Sarita Colonia), en la provincia de Callao, confirma 430 casos positivos por Covid-19 entre los reclusos.

La Sarita Colonia es una de las prisiones más masificadas del país: 3 267 personas están encarceladas allí cuando solo disponen de 572 plazas, lo que da lugar a un 463 % de hacinamiento (Inpe, 2020). Es la prisión más afectada por el virus y hay más casos de Covid-19 confirmados en esta cárcel que en toda la región de Ancash (365 casos), donde vive más de un millón de personas.

22 de abril. Las autoridades confirman que 113 miembros del personal penitenciario han dado positivo por Covid-19 y que dos de ellos han fallecido.

18 de abril. Las autoridades confirman que al menos siete reclusos han fallecido y otros cuarenta están infectados. Veintiseis guardias dieron positivo.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

28 de abril. La administración penitenciaria anuncia que se realizarán pruebas de coronavirus a los 9 000 reclusos y a los 6 000 miembros del personal penitenciario del territorio.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

11 de mayo. El Senado aprobó la legislación que autoriza al Departamento de Correcciones y Rehabilitación (DCR) a ajustar las sentencias de ciertas categorías de reclusos para que puedan cumplir sus condenas fuera de las instituciones y así minimizar el riesgo de propagación del virus.

3 de abril. “El sistema penitenciario no tiene los recursos necesarios para hacer frente al riesgo de contagio”, según el senador Héctor Martínez. Pide la puesta en libertad condicional de muchos presos, entre ellos los que se encuentran bajo medidas de custodia mínima, los que no representan un peligro para la comunidad, los que están finalizando de cumplir sus penas, los mayores de 65 años o los que tengan problemas graves de salud. “En el sistema penal, siempre hay confinamiento, ya que nadie sale, pero nunca hay distanciamiento social”, añade. El senador pide que se transfieran fondos de emergencia para comprar material de prevención.

Casos identificados¶

23 de julio. El presidente del Tribunal Federal ha advertido que la prisión de Guayanabo no puede recibir más reclusos provenientes de Estados Unidos, ya que se han detectado casos positivos desde la llegada de 40 reclusos norteamericanos.

18 de julio. Cuarenta reclusos provenientes de Estados Unidos fueron trasladados. Siete de ellos dieron positivo. Este traslado no estaba previsto. Actualmente, en el país hay 10 casos positivos.

8 de mayo. El Ministerio de Justicia anunció que no se han identificado nuevos casos después de la pruebas efectuadas a todos los prisioneros del país. Se habían identificado dos casos en el Centro de Tratamiento Social de Ponce, un centro para menores.

Condiciones sanitarias y atención sanitaria¶

24 de junio. Aproximadamente sesenta condenados se han visto obligados a pasar varias semanas en un autobús equipado que ha servido como “prisión móvil” en Santo Domingo. Han dormido, comido y hecho sus necesidades en un espacio de tres metros de largo por un metro de ancho. El Defensor del Pueblo ha pedido al Fiscal General de la República que pusiera fin a esta situación con carácter de urgencia.

2 de junio. El procurador general de la República reconoce que la pandemia ha puesto en evidencia la magnitud del hacinamiento penitenciario en el país y prevé la aplicación de un “plan de humanización” del sistema penitenciario que incluye, principalmente, la ampliación de varios establecimientos.

5 de abril. La prisión de La Victoria realiza1000 pruebas entre los 8500 reclusos. Según la candidata de la oposición a la vicepresidencia, sería necesario realizar la prueba a todos los presos. No obstante, alaba las medidas de aislamiento, las actividades de desinfección y la “reubicación de reclusos”. El fiscal general de la República Dominicana pide a las empresas encargadas de la construcción de la prisión de La Nueva Victoria agilizar las obras para hacer frente al hacinamiento en estos centros.

Movimientos de protesta¶

6 de mayo. Reclusos de la prisión de La Romana protestaron contra la inacción de la administración penitenciaria, especialmente quemando colchones. Afirman que supuestamente hay casos positivos presentes en la prisión y, por lo tanto, solicitan que les hagan pruebas. También hay rumores de la muerte de un recluso, pero, según las autoridades, no existen tales casos.

10 de abril. Estalla un motín en la prisión de La Victoria en Santo Domingo. Los reclusos incendiaron los colchones. Piden ser liberados, tras la muerte de cuatro de sus compañeros de prisión. La policía respondió disparándoles con balas de goma. Cinco prisioneros y un policía están heridos. La prisión de La Victoria tiene 9 000 reclusos para 1 500 plazas.

Llamamientos y recomendaciones¶

29 de mayo. El juez Rafael Báez llamó a una reforma para descongestionar las prisiones para hacer frente a la crisis. Invitó a reflexionar sobre los motivos sociales que conducen al encarcelamiento en vez de promover el encarcelamiento de manera sistemática.

15 de mayo. La Oficina de Defensa Pública de San Cristóbal pide una reducción de las medidas de detención preventiva, “el factor principal que contribuye al hacinamiento en las prisiones”. De los 294 nuevos reclusos que llegaron en abril, 253 estaban en prisión preventiva.

Casos identificados¶

1 de julio. Las autoridades han informado de 917 casos positivos, de los cuales 346 aún están activos.

17 de junio. La Oficina del Procurador General de la República reportó que 32 reclusos habían dado positivo, resultados que se comunicaron antes de realizar 171 pruebas dentro de la prisión de San Juan de la Maguana. Se anunció la realización de pruebas posteriores.

6 de junio. Las autoridades han informado de que 643 reclusos han dado positivo y de 17 muertes en las instalaciones penitenciarias del país. La prisión de La Victoria es la que registra más casos, lo que se atribuye al hacinamiento en el centro. El procurador general adjunto se alegra por el “impacto mínimo” de la epidemia.

27 de mayo. Las autoridades sanitarias anunciaron la presencia de 28 casos en la prisión de la provincia de La Altagracia que serán trasladados y luego puestos en cuarentena.

11 de mayo. Las 41 prisiones del país tienen 468 casos positivos entre los reclusos, de los cuales 48 no presentan síntomas, según informaciones de las autoridades. El fiscal general de la república dice que se han realizado 11 300 pruebas a reclusos con síntomas.

27 de abril. Más de 239 casos se han confirmado en la prisión de La Victoria entre los 5500 reclusos a los que se les realizó la prueba.

21 de abril. El procurador general de la República anunció la muerte de siete reclusos en la prisión de La Victoria. Asimismo, se reportó el fallecimiento de una persona en prisión preventiva. Estos números son más bajos que los datos presentados por varias personas en las redes sociales.

10 de abril. El Ministerio de Salud anuncia que cuatro prisioneros han muerto por Covid-19 y añade que 25 internos dieron positivo y 50 han sido puestos en cuarentena.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

12 de noviembre. Las autoridades penitenciarias han afirmado que siguen activos los protocolos sanitarios que llevan en vigor desde marzo, como el uso de mascarillas, la desinfección de manos del personal y la toma de temperatura corporal para cualquier persona que entre en la prisión. En la prisión hay tres celdas dedicadas a la cuarentena de 14 días que deben guardar los recién llegados. La administración penitenciaria afirma que estos protocolos sanitarios se mantendrán hasta el final de la pandemia.

27 de mayo. Las autoridades reciben importantes donaciones de material sanitario de la organización regional CARICOM IMPACS para prevenir la propagación de la epidemia. También se prevén otras entregas de material. No se ha informado de ningún caso entre los reclusos. No obstante, la organización teme un desastre sanitario si la epidemia llega a afectar a las prisiones del país.

7 de mayo. El Comisionado de Servicios Penitenciarios celebró la aplicación de medidas de precaución al inicio de la epidemia, las cuales habrían sido eficaces para proteger la salud de los reclusos. Asimismo, afirmó que se han suspendido las visitas y se están realizando actividades de sensibilización en los lugares de privación de libertad. También anunció la implementación de medidas de desinfección.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

7 de mayo. El Comisionado de Servicios Penitenciarios anunció la aplicación de un plan de liberación anticipada para los reclusos.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

6 de junio. La administración penitenciaria detalló los protocolos vigentes en el centro de Bordelais. Todas las visitas están suspendidas excepto las de los abogados. Se somete a los nuevos reclusos a un examen médico y se les confina durante 14 días. Tras este periodo se les somete a un nuevo examen médico, reciben mascarillas y les toman la temperatura diariamente. No se han notificado casos y las autoridades afirman tener los recursos necesarios para hacer frente a una posible epidemia, sobre todo gracias al material proporcionado por la agencia Caricom Impacs.

Vínculos con el exterior¶

6 de junio. Las autoridades anunciaron que se llevarán a cabo visitas por videoconferencia con las familias.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

5 de septiembre. Las condiciones de reclusión en las prisiones de Quezaltepeque y de Izalco no permiten respetar las medidas de distanciamiento físico entre los reclusos, quienes se encuentran aglomerados en celdas no adaptadas y con una mascarilla de tela como única protección.

17 de agosto. La Embajada de Qatar y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) entregaron material médico y de prevención para el personal de las prisiones del país.

24 de junio. Varios diputados miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa solicitaron una audiencia con el ministro de Justicia y Seguridad para informarse sobre las medidas adoptadas en prisión.

5 de junio. La Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha donado 500 colchones para hospitales y 250 camarotes para detener la propagación de la epidemia.

3 de junio. Se aplican medidas sanitarias para frenar la propagación de la epidemia en reclusión. Según las autoridades, todos los reclusos recibirán tratamiento médico “como si fueran salvadoreños corrientes”. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos lamentan la ausencia de garantías de cara a impedir la propagación del virus.

27 de abril. Se han levantado ciertas medidas estrictas respecto al control de las personas privadas de libertad, con el objetivo de limitar la propagación del coronavirus. Se sabe que las condiciones sanitarias son extremadamente deficientes en las prisiones del país, en las que, según la Revista Panamericana de Salud Pública, prevalecen las enfermedades respiratorias y la tuberculosis se encuentra cincuenta veces más presente que en el exterior.

25 de marzo. “Las cárceles son una bomba de tiempo para la propagación del coronavirus”, según el infectólogo Jorge Panameño, quien llama a tomar medidas urgentes de prevención, como la suspensión de visitas de allegados y abogados.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

8 de julio. El ministro del Interior publicó la séptima lista de 22 personas que han recibido una rebaja de pena. El número de personas a quienes se les han otorgado medidas de libertad anticipada asciende ahora a 253.

27 abril. Ninguna medida de liberación se ha anunciado en el país, pese a tener una tasa de ocupación superior al 210 %.

25 de marzo. Las autoridades judiciales y penitenciarias, junto con algunos representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, estudiaron la posibilidad de conceder la libertad a los reclusos mayores de 60 años y a aquellos que padecen enfermedades graves “en fase terminal”. Asimismo, fuentes judiciales han mencionado la liberación de exfuncionarios encarcelados por delitos de corrupción. Los miembros de pandillas quedarían excluidos de estas medidas. Los reclusos se han visto obligados a amontonarse en los patios de las prisiones, sentados con las extremidades estrechamente entrelazadas, mientras registraban sus celdas.

Movimientos de protesta¶

19 de junio. Un motín se desató en la prisión de San Roque tras conocerse el primer caso positivo en el establecimiento, por el que los reclusos exigían un mejor acceso a la atención médica. La intervención de las autoridades para poner fin al incidente incluyó el uso de “agentes químicos”.

25 de abril. El presidente ordenó un confinamiento generalizado (lockdown) de 24 horas para las prisiones donde se encuentren detenidos miembros de pandillas. Esta sanción incluye el cierre de comedores, la prohibición de establecer contacto con el exterior, la suspensión de actividades y el aislamiento de los líderes de las pandillas. Esta medida surge como respuesta a 22 homicidios cometidos en el país en el plazo de un día. La política de “tolerancia cero” implementada por el presidente prevé aplicar sanciones a los reclusos en caso de que aumente la criminalidad fuera de las prisiones, ya que se calcula que cerca del 80 % de los ataques realizados en el exterior habrían sido ordenados desde el interior.

Llamamientos y recomendaciones¶

14 de mayo. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denuncia el hacinamiento en las prisiones. Lamenta la situación de las mujeres reclusas desde el comienzo de la pandemia. Las autoridades no están paliando las necesidades causadas por la cuarentena de las instituciones. Las reclusas no pueden recibir productos de protección higiénica, leche o pañales. El Centro pide a las autoridades que adopten una serie de medidas para proteger a los reclusos y garantizar la provisión de productos de primera necesidad.

29 de abril. Human Rights Watch (HRW) denunció el “trato cruel y los ultrajes a la dignidad” infligidos a los reclusos durante el cierre de emergencia del 25 de abril. El director de HRW recuerda que la privación de libertad no justifica poner en peligro a los reclusos y exponerlos al riesgo de contagio.

Casos identificados¶

16 de junio. El director de la administración penitenciaria reportó 1097 reclusos con síntomas.

2 de junio. El director de los centros penitenciarios ha anunciado más de 1000 casos sospechosos. Se han comunicado varios en la prisión de San Vicente (396 casos), en La Esperanza (513 casos) y en Quezaltepeque (154 casos).

30 de mayo. Las prisiones del país registraron 142 reclusos que dieron positivo y 945 casos bajo sospecha. Según el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, este brutal aumento está relacionado con los castigos colectivos practicados en el transcurso de las últimas semanas, durante los cuales se reunía a los reclusos en condiciones de hacinamiento considerables.

26 de mayo. Las autoridades sanitarias informaron de la existencia de al menos 36 casos confirmados entre los reclusos: veinticinco en la prisión de San Vicente y 11 en la prisión de Quezaltepeque. Se han habilitado zonas de aislamiento. Estos casos se han manifestado en un contexto de condiciones de reclusión extremadamente severas luego de la violencia de las últimas semanas. Numerosas imágenes han circulado en las redes mostrando a los reclusos reunidos en ropa interior, sin la protección adecuada y sin respetar el distanciamiento social. Las entradas de las celdas de los miembros de las pandillas se han cubierto, según las autoridades, para impedir que se comuniquen entre ellos; lo que además provoca que no haya luz y que, desde dentro de ellas, ya no se pueda ver el exterior.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

14 de octubre. Se ha trasladado a los presos que han dado positivo en COVID-19 a un edificio del Departamento de Recursos Marinos y de Pesca. Dicho inmueble se ha habilitado, de manera temporal, para aislar a los reclusos enfermos.

24 de septiembre. Una nota de voz que circula por las redes sociales relata las explicaciones de un recluso acerca de las condiciones de vida ”deplorables” dentro de la prisión. El Comisionado de Prisiones (acting prisons commissionner) lo ha negado y ha afirmado que se trata de información falsa. Según él, no se ha registrado ningún deceso debido a la COVID en los establecimientos penitenciarios.

24 de agosto. La administración penitenciaria anunció la implementación de medidas de prevención y de despistaje en las prisiones del país.

8 de junio. La administración penitenciaria recibió diez estaciones para el lavado de manos de parte de la agencia Caricom Impacs. Otras medidas incluirán la toma de temperatura, la puesta en cuarentena de nuevos reclusos y el suministro de productos de higiene.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

17 de septiembre. El Centro de Derechos Humanos del Caribe (CCHR, por sus siglas en inglés) afirmó que los reclusos que podían beneficiarse de una liberación anticipada aún no han sido liberados.

3 de abril. El fiscal general anuncia la liberación de 388 reclusos de entre los 3 959 que suman las prisiones del país. Solo tendrán este derecho las personas encarceladas por infracciones “menores”, muchas de las cuales podían ser liberadas bajo fianza. Serán sometidas a un examen médico antes de salir.

Vínculos con el exterior¶

5 de diciembre. Las autoridades penitenciarias anunciaron la reanudación de las visitas en las prisiones del país, a excepción de la prisión de Claxton Bay. Cada establecimiento organizará 50 visitas diarias; los reclusos preventivos podrán recibir una visita por semana, mientras los penados podrán recibir una al mes. Los visitantes deben hacer su solicitud mediante el Whatsapp de la administración penitenciaria y no podrán llevar bienes a los reclusos. Las autoridades siguen sugiriendo las visitas virtuales a través de la plataforma Zoom.

6 de abril. Se organizan alternativas a las visitas, como correos electrónicos o videollamadas, en los establecimientos para investigados en prisión preventiva, para mujeres y en la prisión de máxima seguridad de Golden Groves. Cada recluso podrá beneficiarse de una videollamada de una duración de diez minutos cada dos semanas.

31 de marzo. Se suspenden las visitas hasta nuevo aviso.

Movimientos de protesta¶

22 de septiembre. Al menos 139 reclusos exigieron a las autoridades penitenciarias poder comunicarse con las embajadas de sus países. Dichos internos forman parte de la huelga de hambre que inició la semana anterior. La mayoría de ellos (96 personas) se encuentran en prisión preventiva. La administración penitenciaria aseguró que los oficiales de las embajadas pueden visitar las prisiones y que no hay “nada que esconder”.

16 de septiembre. Algunos reclusos de la prisión de Puerto España iniciaron una huelga de hambre para exigir que se disminuya el importe de la multa para los autores de delitos menores y que se les suministre ropa y medicamentos. Los huelguistas acusaron a los policías y vigilantes de torturar a los internos del pabellón número 13 de la prisión de alta seguridad con el objetivo de obtener confesiones. Aseguraron que dicho pabellón es “un ambiente cerrado, inhumano y perfecto para el contagio de la COVID-19”. Las autoridades penitenciarias declararon que las acusaciones de los internos son “infundadas y falsas”.

Llamamientos y recomendaciones¶

24 de noviembre. El sindicato de guardias pidió al Ministerio de Sanidad que se realice la prueba a todos los reclusos, puesto que ha habido un aumento «exponencial» de contagios en prisión. «El Ministerio de Sanidad debe procurar que se les realice la prueba a todos los reclusos en grupos de 200 personas cada dos días, hasta que tengamos una idea precisa de los grupos de contagio y de la evolución de la infección en las prisiones», insistió el sindicato, que también afirmó que el material de protección en las instituciones penitenciarias es insuficiente o, en ocasiones, simplemente inexistente.

17 de noviembre. El Centro de Derechos Humanos del Caribe (Caribbean Centre for Human Rights, CCHR) reiteró su llamamiento a las autoridades ante el aumento en el número de casos positivos en la prisión de máxima seguridad y afirmó que el Gobierno no ha cumplido la promesa de liberar a los reclusos condenados por delitos menores. «Es imposible mantener la distancia física en las prisiones sobrepobladas, y esto no solo pone en peligro a la población carcelaria, sino a toda la comunidad, ya que las prisiones no funcionan de forma aislada», señaló el CCHR.

17 de septiembre. El Centro de Derechos Humanos del Caribe (Caribbean Centre for Human Rights, CCHR) reiteró su llamamiento al Gobierno y lo motivó a dirigir mayores esfuerzos para disminuir el riesgo de propagación de la COVID-19.

Casos identificados¶

18 de noviembre. En la prisión de máxima seguridad de Arouca, el número de reclusos contagiados asciende a 86. El sindicato de guardias ha alertado sobre la «situación explosiva» de estas instalaciones.

10 de noviembre. Las autoridades han anunciado que más de 200 reclusos se someterán a un test en la prisión de máxima seguridad de Arouca. Se trata de casos de contacto directo o indirecto con los 18 reclusos que dieron positivo durante el fin de semana anterior. La prisión se encuentra actualmente en cuarentena. Un total de 57 reclusos han dado positivo en el país hasta la fecha.

20 de septiembre. Se puso en cuarentena a más de 250 miembros del personal, 26 de los cuales dieron positivo.

16 de septiembre. Las autoridades reportaron cinco casos positivos entre los reclusos. Todos los casos se registraron en la prisión de Puerto España.

27 de agosto. Más de 230 miembros del personal penitenciario fueron colocados en cuarentena y otros 28 han dado positivo. La administración anunció que serán remplazados por 300 nuevos funcionarios.

24 de agosto. La prisión de Golden Grove cuenta con dos reclusos y varios trabajadores que han dado positivo en coronavirus. La administración anunció un robusto plan de prevención.

13 de agosto. Un tercer miembro del personal penitenciario dio positivo y 77 fueron puestos en cuarentena.

10 de agosto. Un recluso de la prisión de Port of Spain dio positivo por coronavirus. La administración penitenciaria afirmó que, tras conocer el resultado, se trasladó al recluso a un hospital y se informó de la situación a sus familiares. Un miembro del personal lo custodió mientras permaneció en la habitación del hospital, en la que había cámaras de vigilancia.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

13 de abril. A trece reclusos con síntomas respiratorios característicos de la Covid-19 se les ha realizado la prueba. Ocho de ellos dieron negativo y otros cinco, puestos en cuarentena, esperan los resultados. En la Unidad 4 Santiago Vázques, un módulo con una capacidad de 400 plazas está equipado para examinar y alojar a los reclusos que presenten síntomas. En otras prisiones del país se están acomodando instalaciones similares.

16 de marzo. Se establece un protocolo sanitario en todos los centros penitenciarios. En el protocolo se prevé, en cuanto a las visitas, la limitación de un único visitante adulto por recluso, la distribución de los horarios de visitas para evitar aglomeraciones y la toma de temperatura de todas las personas que entren en el centro (guardias, cualquier persona que intervenga en la prisión, nuevos reclusos). Las personas que tengan una temperatura superior a los 37,5 °C no podrán entrar y serán trasladadas a un centro de salud. Los reclusos que presenten síntomas gripales se pondrán en cuarentena. En el plan se prevé la distribución de productos de higiene al personal (gel antiséptico, mascarillas, guantes) y de jabón neutro e hipoclorito de sodio a los presos, así como la fumigación de las zonas colectivas y de los vehículos utilizados para los traslados de reclusos.

Vínculos con el exterior¶

27 de mayo. Cinco homicidios se dieron en el mes de mayo en la prisión Unidad 4 Santiago Vázques (ex Comcar). El ministro del Interior aseguró que el aumento de la violencia y de las tensiones entre los reclusos es una de las consecuencias de la escasez de drogas en las prisiones, que según el ministro, sería causada por un control más estricto a la entrada de los establecimientos. Ocho de diez reclusos tienen un “consumo problemático” de drogas, según el Instituto Nacional de Rehabilitación. No se ha implementado ningún programa de reducción de riesgos para enfrentar este problema.

Llamamientos y recomendaciones¶

13 de abril. El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la organización Nada crece a la sombra reclaman medidas sanitarias urgentes y proponen :

• una cuarentena de siete días para los nuevos reclusos en cuanto lleguen a prisión. Al finalizar este período se debe realizar una prueba de coronavirus. Si no se pudiera realizar la prueba, la cuarentena debe extenderse a 14 días. • el suministro de mascarillas para los reclusos y el personal. El uso de las mascarillas debe ser obligatorio durante la atención médica y las visitas, y cuando sea imposible respetar la distancia de seguridad de un metro y medio. • la creación de un “comité de emergencia interinstitucional” para fortalecer la coordinación entre las diferentes entidades que trabajan en las prisiones.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

15 de octubre. La ONG Una Ventana a la Libertad ha revelado en un informe que los reclusos de las comisarías de los estados **Varga ** y Miranda carecen de agua y alimentos. Muchos reclusos están enfermos: 558 sufren de desnutrición, 183 padecen de tuberculosis y 10 son portadores del VIH/SIDA.

10 de septiembre. Según un estudio de Insight Crime, el número de muertes bajo custodia se duplicó durante la pandemia. La organización informó que, entre marzo y agosto, 287 personas privadas de libertad fallecieron: 162 en las prisiones y 125 en las comisarías. Esta cifra fue de 137 para el mismo período de 2019. La mayoría de las muertes en prisión están relacionadas con enfermedades como la tuberculosis (51) y la malnutrición (40). Casi un tercio de los decesos contabilizados este año se presentaron tras un motín que tuvo lugar en mayo, en el que la Guardia Nacional abatió 47 reclusos en Los Llanos. Durante la custodia policial, la mayoría de las muertes se produjeron como resultado de intentos de fuga (74). Insight Crime afirmó que la “explosión” de las muertes está directamente relacionada con la suspensión de las visitas, una medida adoptada desde el mes de abril.

4 de agosto. Los familiares de las personas privadas de libertad en la prisión de Mérida denunciaron la falta de atención médica y de pruebas para los reclusos.

27 de julio. Se ha llevado a cabo una jornada de atención médica y de despistaje de coronavirus en la comisaría de policía de Vargas. Si bien los 24 detenidos de esta comisaría dieron negativo, se les entregaron medicamentos a los que presentaban otras enfermedades.
Se ha realizado la prueba a cuarenta y seis reclusos de la prisión de San Carlos, en Zulia, gracias a los movimientos de protesta organizados por los reclusos y sus familiares. Estos denuncian la falta de atención sanitaria y de medicamentos. Más de 400 personas están detenidas en esta prisión.

26 de julio. Las autoridades sanitarias llevaron a cabo una jornada de desinfección en los calabozos de la Policía Municipal de El Hatillo, en Caracas. Las familias se quejaron del proceso y declararon que los reclusos sufrieron dificultades para respirar durante la aplicación de los productos.

20 de mayo. Los 438 reclusos transferidos de Cepello a la prisión David Viloria siguieron un protocolo sanitario al llegar. Los reclusos fueron alineados en un patio para cortarles el cabello y, recibieron un uniforme amarillo y azul, kits de higiene personal y productos de limpieza. Los miembros del personal les explicaron las normas a los recién llegados antes de la asignación de celdas.

2 de mayo. El personal sanitario solicitó a los allegados de los reclusos heridos durante el motín que proporcionaran productos de higiene, batas quirúrgicas y guantes, y afirmaron que no pudieron proporcionar atención médica o exámenes forenses debido a la falta de material médico.

23 de abril. La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, declara haber visitado varias prisiones para comprobar que se está respetando el protocolo de prevención sanitaria. El Ministerio está trabajando en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual proporciona kits higiénicos, bombas de agua y dispositivos para lavarse las manos.

15 de abril. Los reclusos del centro de detención provisional de Zulia sufren de hambruna y aumenta la tensión entre internos, revela Una Ventana a la Libertad. A pesar de la suspensión de visitas, las familias pueden seguir enviando provisiones, aunque se enfrentan a grandes dificultades para llegar a las instituciones, lo que limita en gran medida la entrega de productos básicos (comida, jabón y medicamentos). Las familias mencionan como problemas principales la suspensión de transporte público entre distintos municipios, la obligación de presentar un salvoconducto y la escasez de gasolina. Declaran, además, tener miedo de que el personal o los jefes de pandillas confisquen las provisiones. En tres semanas ha habido dos intentos de fugas masivas en la institución de Zulia.

Una Ventana a la Libertad se preocupa por la situación de las personas detenidas en dependencias oliciales (calabozos). La organización afirma que la policía no cuenta ni con los recursos para alimentar a la población penitenciaria, ni la logística o el personal necesario para prevenir las fugas, las protestas y las revueltas. La ONG remarca en un comunicado que “el encierro de los prisioneros en espacios reducidos, en condiciones de reclusión precarias y sin comida puede dar cabida a tragedias”.

Quienes no respeten las medidas de confinamiento pueden ser arrestados, puestos en prisión preventiva y verse obligados a participar en talleres de sensibilización sobre la epidemia de la COVID-19. A la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto le preocupa esta medida y destaca que la entrada de personas externas pone en peligro a la población de la cárcel, la cual ya es de por sí muy vulnerable. Algunos talleres han contado con hasta 400 participantes.

2 de abril. Reclusos de la institución de El Hatillo (Caracas) envían a UVL fotos y vídeos que muestran el estado alarmante de hacinamiento y las malas condiciones de las celdas. Explican que los agentes penitenciarios han soldado las puertas de las celdas para mantenerlas cerradas. Numerosos reclusos denuncian haber tenido problemas para respirar y que algunos se han desmayado. La institución, situada en la región más afectada por el virus, no dispone de gel hidroalcohólico ni de mascarillas. Los reclusos piden ser trasladados a centros que puedan garantizar su seguridad.

1 de abril. El Gobierno de Carabobo extiende el programa de desinfección de los espacios colectivos en los centros de detención preventiva (CDP) de Valencia.

Abril. En la prisión de El Llanito, metieron a 56 reclusos en un contenedor, donde sufren de calor y hacinamiento.

Sistema judicial¶

19 de julio. El director del Instituto Autónomo de Policía en el estado de Nueva Esparta indicó que, junto con los tribunales, el Ministerio Público y los organismos de seguridad de la región, habían tomado medidas con el objetivo de acelerar las audiencias de aquellos en prisión preventiva. Estas medidas conciernen a los detenidos con delitos “menores” y se aplican en los seis centros para acusados de dicho estado (más de 700 personas).

Revisión del cumplimiento de las penas¶

10 de agosto. En el marco de un plan para reducir la sobrepoblación de las estaciones de Policía, los tribunales otorgaron la libertad a 18 reclusos del estado de Miranda, encarcelados por delitos menores.

8 de agosto. Se otorgó la libertad condicional a más de 50 reclusos preventivos del estado de Falcón.Para beneficiarse de tal medida, los reclusos debían admitir los hechos que se les imputaban, haber cometido un delito que supusiera una pena de cinco años o menos, y no haber podido asistir a la audiencia preliminar debido a la cuarentena u otra razón.

27 de julio. El Tribunal Penal de Apure ha autorizado la libertad condicional de 88 reclusos en prisión preventiva por delitos menores en las cárceles de San Fernando y Biruaca.

15 de junio. Al menos 1 410 reclusos fueron liberados entre abril y junio, la mayoría de los cuales estaban encarcelados en las prisiones de Carabobo, Miranda, Guárico, Falcón y Portuguesa. Las familias de reclusos afirman que las liberaciones se han producido porque la administración penitenciaria ha retomado los expedientes que no habían sido tratados antes de la pandemia y denuncian la demora en el desarrollo de los procedimientos que la administración acumula desde hace años.

23 de abril. Un total de 382 reclusos, de los cuales 25 son mujeres, han sido liberados de la prisión de Tocuyito (estado de Carabobo). Solo los presos que cumplían sentencias inferiores a ocho años pudieron optar a ser liberados. Las autoridades afirman que han analizado cada situación antes conceder la medida.

1 de abril. Las autoridades empiezan a poner en marcha un plan de descongestión de las prisiones. Los jueces de Táchira autorizan la liberación de 32 personas y el traslado de 72 reclusos hacia el centro penitenciario de Occidente.

Vínculos con el exterior¶

7 septiembre. Se reanudaron las visitas en la prisión de CICPC Amazonas. Las personas deben mantener una distancia de 10 a 15 metros y se permite la entrega de alimentos y medicinas.

3 de agosto. Familiares de los reclusos infomaron que los guardias pedían dinero por autorizar las visitas (oficialmente suspendidas). En la prisión de Boleíta, los guardias pedían cinco dólares por una visita de 30 minutos y 10 dólares por una visita conyugal; en la prisión de San Agustín del Sur, cobraban 2 dólares por media hora de visita.

20 de julio. Las familias de los acusados en reclusión preventiva en Oculare del Tuy (estado de Miranda) han mostrado su preocupación por el estado de salud de sus parientes. Los reclusos no reciben ninguna atención médica y solo cuentan con sus familias para conseguir antibióticos y otros medicamentos. Las condiciones generales de dicho centro han empeorado debido a la paralización del sistema judicial.

19 de julio. Las parejas de los reclusos de El Hatillo (Caracas) protestaron por la falta de comunicación. Se ha prohibido la correspondencia. Las familias exigen que los defensores de derechos humanos puedan realizar visitas de control a dicho centro.

18 de junio. La suspensión de visitas ha agravado el hambre y la epidemia de tuberculosis en prisión, ya que los alimentos, agua y medicamentos son proporcionados principalmente por los familiares durante las visitas.

15 de abril. La prohibición de visitas y la restricción de desplazamientos entre las diferentes regiones del país hacen que algunos reclusos separados de sus familias sean muy vulnerables. Los presos de las cárceles de Carabobo y Lara comparten su comida con otros compañeros a los que se les impide recibirla. El Ministerio especifica que los paquetes de comida no son suficientes para compartirlos entre varios reclusos y que las transferencias económicas permiten contrarrestar los efectos de la prohibición.

Movimientos de protesta¶

2 de septiembre. Los familiares de los reclusos de Caraballeda informaron sobre un motín en una celda de la prisión de Retén de Caraballeda, donde están detenidas unas cien personas. Las familias explicaron que los movimientos de protesta son cada vez más frecuentes, debido sobre todo al hacinamiento y a la paralización de los procedimientos judiciales.

16 de julio. Los familiares de los internos de distintos centros de Caracas informaron de vulneraciones de derechos desde el principio de la pandemia.

Reclusos de la prisión de El Llanito iniciaron en abril una huelga de hambre para exigir la aceleración de sus juicios, sin éxito alguno.

Los allegados de los internos de El Polihatillo protestaron por las dificultades experimentadas para poder visitar a sus seres queridos y llevarles alimentos.

En la prisión de Polibaruta, los familiares denunciaron la prohibición de llevar medicamentos y la falta de atención médica.

16 de mayo. Mas de 2 000 reclusos fueron evacuados de Los Llanos Occidentales (Cepello) tras el cierre de las instalaciones. La ministra de Servicios Penitenciarios anunció que 1 718 reclusos fueron transferidos a otra prisión y 380 fueron ubicados en “cárceles de transición”. El centro penitenciario de Los Llanos podría reabrir en tres meses con “una nueva cara”. La ministra declaró que la evacuación de esas instalaciones cerró un “capítulo vergonzoso del sistema penitenciario venezolano”.

8 de mayo. El fiscal general anuncia que 12 personas, entre ellas miembros del personal y reclusos, son acusadas de participar en los actos violentos del 1 de mayo en la prisión de Los Llanos. No se ha comunicado ningún detalle sobre sus identidades.

2 de mayo. Un recluso de Los Llanos ha descrito cómo se desarrollaron los hechos que condujeron a la masacre: “Desde que se prohibieron las visitas, tenemos hambre. La recepción de los paquetes de alimentos no se desarrolla de la misma forma. Un grupo de reclusos comenzó a quejarse porque los guardias solo dejaban pasar uno de cada dos paquetes y se quedaban con algunos”.
Casi 18 horas después de la masacre, la ministra Iris Varela dio su versión de los hechos y declaró que el motín fue consecuencia de «un intento de evasión». Afirmó que rechaza la violencia y lamentó “profundamente la situación [en la que se encuentran] los hogares de las familias venezolanas (…). Seremos firmes con aquellos que por razones innobles generan violencia que hace sufrir a la familia venezolana”.
María Beatriz Martínez, diputada y miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos, considera que la responsabilidad es de la Guardia Nacional Bolivariana. El jefe de la brigada supuestamente ordenó la intervención en la prisión, aunque no está autorizado para hacerlo. Se sospecha que fue el “recluso jefe” (llamado Pran) quien inició las protestas.

1 de mayo. Al menos 47 reclusos murieron durante un motín en el centro penitenciario de Los Llanos en Guanare, en el que también resultaron heridos 75 reclusos y el director del centro. El Observatorio Venezolano de Prisiones informa que los guardias comenzaron a disparar después del amotinamiento.

2 de abril. Más de 1 000 personas detenidas en las comisarías de policía de Boleíta (PNB de Boleíta) anuncian una huelga de hambre. Protestan contra los retrasos en los procedimientos judiciales, acentuados desde el principio del confinamiento. Cientos de mujeres acuden a las puertas de las comisarías para apoyar a sus allegados detenidos. Los condenados y los acusados se encuentran detenidos por igual en las comisarías.

18 de marzo. La fuga de 84 de los 518 reclusos de la prisión de San Carlos, en el Estado de Zulia, se salda con la muerte de 10 de ellos.

Llamamientos y recomendaciones¶

21 de julio.. En Miranda, las familias de los reclusos de Los Teques exigieron que se realizaran pruebas a toda la población carcelaria luego de la confirmación de dos casos.

25 de mayo. Los reclusos en Nueva Esparta y sus familiares exigieron al Poder Judicial que reanuden las audiencias, que llevan suspendidas desde el mes de marzo, y las actividades del Palacio de Justicia de La Asunción con protocolos que respeten la distancia social.

3 de mayo. Los allegados de los reclusos fallecidos en el motín de Los Llanos informan de grandes dificultades para reconocer los cuerpos y organizar los entierros. Uno de ellos afirma que las autoridades prevén enterrar los cuerpos en una fosa común, en lonas de plástico y sin funeral. La diputada María Beatriz Martínez denuncia la intención de las autoridades de disimular así la naturaleza de las heridas de las víctimas.

2 de abril. Las familias de los detenidos piden a las autoridades que se lleve a cabo una jornada de desinfección en los centros de detención preventiva (CDP) de Caraballeda, Macuto y La Guaira.

Casos identificados¶

27 de agosto. Una Ventana a la Libertad informó que un total de 85 reclusos preventivos han dado positivo. Un recluso ha fallecido por COVID-19.

5 de septiembre. Las autoridades reportaron 12 casos nuevos de coronavirus entre los preventivos encarcelados en los locales de Policía Base III, en La Asunción (estado de Nueva Esparta). El número de reclusos que ha dado positivo en dicho estado aumentó a 76.

9 de agosto. Treinta y seis reclusos dieron positivo en la prisión de Porlamar en el estado de Nueva Esparta.

6 de agosto. En la prisión de Los Teques, en el estado de Miranda, las autoridades municipales confirmaron ocho casos positivos entre los reclusos y el personal penitenciario. Los familiares de los reclusos denunciaron la falta de tratamiento médico adecuado y afirmaron que, a las personas enfermas, a las que se aísla en una oficina, solo se les administra analgésicos y vitaminas.

4 de agosto. Una Ventana a la Libertad informó que 51 personas en prisión preventiva habían dado positivo.

Las autoridades confirmaron la primera muerte de un recluso por COVID-19 en la prisión de Bermúdez, en el estado de Sucre.

26 de julio. Treinta y seis preventivos de la cárcel de Mariño, en Nueva Esparta, han dado positivo. Las autoridades afirmaron que estas personas están aisladas y reciben tratamiento médico.

8 de julio. Un diputado de la Asamblea Nacional confirmó la presencia de un caso positivo en la prisión de Ramo Verde y mostró su preocupación por la falta de adopción de medidas preventivas para el resto de los reclusos con el fin de evitar la propagación de la epidemia en esta prisión hacinada, que tiene 500 reclusos para una capacidad de 125 plazas.