Argentina es un Estado federal y cada provincia tiene su propio sistema penitenciario. El sistema federal encarcela a personas juzgadas por delitos federales y delitos cometidos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría de la población carcelaria se encuentra en prisiones federales y en la Provincia de Buenos Aires.
Cada sistema penitenciario es responsable de la atención médica de sus reclusos y del personal sanitario. En un estudio realizado en 2013 y 2019 por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, se les pidió a los reclusos que compartieran su opinión sobre la atención sanitaria. Los resultados indicaron un deterioro entre las dos encuestas. En 2019, en el sistema penitenciario de Buenos Aires, el 55 % de los reclusos mencionaron que no habían recibido atención médica cuando se habían puesto enfermos. La proporción es del 31 % en el sistema federal.
La sección argentina del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP) informó sobre el constante hacinamiento de las prisiones, las malas condiciones de higiene y la falta de alimentos.

Durante las primeras etapas de la pandemia, la Sociedad de Criminología Latinoamericana (SOCLA) evaluó a la población carcelaria de dos sistemas. En la Provincia de Buenos Aires, alrededor del 5 % de los reclusos se consideraron “en situación de riesgo”, mientras que a nivel federal se trataba del 10 al 15 % de la población total.
En marzo de 2020, los reclusos denunciaron la falta de medidas elementales ─como, por ejemplo, la cuarentena de las personas que regresaban a prisión después de un permiso temporal─ y pidieron que el personal aplicara de forma exhaustiva las medidas preventivas durante los cambios de turno. El OIP de Argentina también criticó el mal acceso a los servicios sanitarios e informó que los tratamientos médicos consistían únicamente en distribuir analgésicos y que solo se trasladaba a los reclusos al hospital en casos extremadamente graves.
A nivel local, se diseñaron protocolos sanitarios; por ejemplo, en abril, el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Sanidad elaboraron un protocolo de prevención para las prisiones de la Provincia de Río Negro, que preveía la distribución de medicamentos, productos de higiene y desinfectante. Todos los nuevos reclusos tendrían que someterse a un reconocimiento médico a su llegada a prisión para identificar posibles síntomas de COVID-19 (tos, dificultades respiratorias, fiebre, etc.). En la Provincia de Buenos Aires, 18 000 miembros del personal penitenciario recibieron botiquines compuestos por 250 mililitros de gel hidroalcohólico, jabón y diez pares de guantes. La administración penitenciaria y el Ministerio de Justicia anunciaron que se distribuirían 180 000 mascarillas al personal.

En mayo, el presidente de Argentina anunció la construcción de 12 unidades hospitalarias (con 288 camas) para las prisiones de la Provincia de Buenos Aires y cuatro unidades más para las federales. El mandatario anunció que las unidades se instalarían dentro de los establecimientos penitenciarios y que habría secciones específicas para el aislamiento de los pacientes.

El presidente reconoció el problema del hacinamiento en las prisiones y afirmó que: “Tener a esas personas hacinadas es un acto inhumano”.
El OIP de Argentina informó que las restricciones afectaban considerablemente a cientos de reclusos que padecen otras enfermedades (como hipertensión, diabetes, tuberculosis, artritis u osteoartritis avanzada), ya que los familiares, que habitualmente les proporcionaban sus medicinas, no podían hacerlo a causa de las restricciones de movimiento o la falta de recursos financieros. No se ha proporcionado ninguna solución a este problema.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) de Argentina creó una base de datos que recoge todas las medidas judiciales y administrativas relativas a la COVID-19 aplicadas en las prisiones. Las medidas varían de una provincia a otra y pueden aplicarse de manera diferente en los sistemas locales o federales. La base de datos incluye las categorías: medidas sanitarias, medidas de compensación, reducción de la población, grupos de riesgo, niños, niñas y adolescentes, y salud mental.

Las autoridades confirmaron el primer caso de COVID-19 entre los reclusos el 19 de abril de 2020. Se cree que la persona infectada, un recluso condenado a cadena perpetua en la prisión de Florencio Varela, contrajo la enfermedad durante su tratamiento por insuficiencia renal en el hospital Presidente Perón. Todos los que estuvieron en contacto con él (10 agentes penitenciarios y 5 reclusos) tuvieron que guardar cuarentena.
En abril, cuatro miembros del personal médico de la prisión federal de Devoto y un guardia de la prisión de Villa Devoto dieron positivo por COVID-19. En julio, 28 reclusos y siete guardias dieron positivo en la prisión militar de Campo de Mayo. Según el OIP de Argentina, varios guardias de la prisión contrajeron el virus, lo que redujo el número de personal disponible para las misiones de seguridad y vigilancia.
A finales de agosto, se habían registrado cerca de 390 casos de contagio y 13 decesos entre los reclusos. La mayoría de los casosse dieron en los Complejos I de Ezerira, II de Marcos Paz y CABA de Devoto.
Para el 24 de noviembre, 1629 reclusos se habían contagiado y 60 habían fallecido por COVID-19: 17 en el sistema penitenciario federal y 43 en el resto de sistemas provinciales. El mayor número de contagios se localizó en la Provincia de Córdoba (403). La edad media de los reclusos que murieron por COVID-19 es de 67 años.

Los tribunales siguen estudiando caso por caso las peticiones de puesta en libertad y de beneficios penitenciarios presentadas a raíz de la pandemia. En abril de 2020, Paula Litvachky, abogada y directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirmó que, entre mediados de marzo y abril, por lo menos 500 reclusos habían sido puestos bajo arresto domiciliario en la Provincia de Buenos Aires, lo que representa el 1 % de su población carcelaria.
Al menos 2609 reclusos de prisiones federales fueron puestos en libertad entre marzo y julio (cerca del 29 % en arresto domiciliario y el 14.7 % en libertad condicional). El número de liberaciones aumentó un 61 % con respecto al mismo periodo de 2018, y el número de arrestos domiciliarios se multiplicó por ocho.
La Procuración Penitenciaria de la Nación, (PPN) publicó  una guía para orientar a los reclusos liberados durante la pandemia y a sus familias. La guía incluía información sobre las instituciones que les podrían prestar ayuda, entre otros recursos.

La crisis afectó las actividades y el trabajo de manera considerable. Se suspendieron las clases y las actividades deportivas. Algunos profesores, gracias a su propia iniciativa y creatividad, aprovecharon las videollamadas como oportunidad de mantener la interacción con sus alumnos. A parte de esto, no se implementaron nuevas formas para realizar las actividades. Algunos reclusos vieron suspendida su actividad laboral. Como informó el OIP de Argentina, el hacinamiento se sintió de “forma muy dramática”, pues los reclusos tenían que pasar la mayor parte del día dentro de sus respectivos módulos.
En abril de 2020, se informó que los reclusos de las prisiones de San Nicolás, Bahía Blanca, Urdampilleta, La Plata, Magdalena y Florencio Varela estaban trabajando al menos ocho horas diarias en talleres textiles para fabricar mascarillas y camisolines para la policía, médicos, enfermeros, bomberos y funcionarios judiciales. Algunas mascarillas se pusieron a disposición de los reclusos. Los internos de Bahía Blanca ayudaron a poner en marcha un hospital de campaña en la escuela de la Unidad 4 para prepararse para un posible brote de contagios. Catorce reclusos fueron formados para asistir a los enfermeros de este hospital provisional, que cuenta con 46 camas.

Familia y seres queridos¶

La mayoría de las jurisdicciones establecieron nuevas normas que limitaron el contacto entre los reclusos y sus familias. Inicialmente, a finales de marzo, se suspendieron las visitas y los permisos de salida durante dos semanas, una medida que se prolongó posteriormente. En abril, el Comité para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió que estas decisiones podrían ser muy útiles para prevenir la propagación del coronavirus en los centros penitenciarios, pero que tendrían un impacto negativo en los vínculos familiares y en el bienestar psicosocial de los reclusos.¹
Como medida de compensación, en abril de 2020, el Tribunal de Casación penal autorizó el uso de teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles en la Provincia de Buenos Aires. La medida permanecería vigente mientras las visitas siguieran suspendidas. El uso de las redes sociales seguía estando prohibido, a excepción de la aplicación de Whatsapp. Los reclusos que ya tenían extraoficialmente un teléfono móvil podían notificar a las autoridades penitenciarias para decidir cómo y cuándo podían usarlo. Tras la autorización de los teléfonos móviles, más de 22 000 reclusos habían registrado un dispositivo móvil a mediados de junio.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que considera de crucial importancia el contacto telefónico entre los reclusos y sus familias, reconoció los efectos positivos de esta medida. Sin embargo, recomendó que también deberían instalarse líneas telefónicas para permitir las llamadas entrantes en las prisiones federales, ya que estimó que las medidas de compensación implementadas (videollamadas y distribución de tarjetas telefónicas gratuitas) resultaban “insuficientes”.
Para compensar la falta de visitas, se permitió a los familiares enviar paquetes con comida y bienes a los reclusos o llevarlos a la prisión para que el personal los repartiera, aunque en realidad no siempre podían hacerlo (ver “Condiciones sanitarias y atención médica”). El OIP de Argentina informó que muchos reclusos habían pasado hambre debido a los pocos alimentos proporcionados por la administración.

“Existe la creencia colectiva de que los reclusos están mantenidos por el Estado. Oficialmente parece ser verdad, pero, en realidad, son las familias las que los mantienen”

En agosto, el aislamiento de los reclusos y la falta de contacto con el mundo exterior seguían siendo un problema grave. La CIDH y la ONU denunciaron la decisión del Sistema Federal de Justicia de aislar a los reclusos durante un tiempo indefinido. Además, criticaron las condiciones de vida en las celdas de cuarentena, en las que los reclusos se encontraban completamente aislados del mundo exterior y sin posibilidad de acceder a la atención médica. La administración penitenciaria afirmó que esta medida era necesaria para evitar nuevos contagios.

Visitas de inspección¶

A principios de junio de 2020, en el marco del “Plan de Monitoreo en contexto de COVID-19”, el MNP de Argentina visitó los complejos penitenciarios federales I y II. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Directora General de Protección de los Derechos Humanos visitaron las prisiones de Marco Paz y Ezeiza, con el objetivo de observar las medidas adoptadas durante la pandemia y trabajar con las autoridades y los reclusos.
El Equipo de Salud Mental de la PPN y sus delegaciones regionales comenzaron a controlar el acceso de los reclusos a la atención psíquica y psicológica en las prisiones federales durante la pandemia.

Desde marzo de 2020 se han producido varios motines en las prisiones argentinas. La mayoría de los manifestantes pedían la aplicación de medidas sanitarias de prevención o medidas compensatorias a las restricciones vigentes.
Los primeros motines que se registraron tuvieron lugar el 23 de marzo, de forma casi simultánea, en diferentes prisiones, entre ellas las de Florencio Varela, Batán, Coronda y Santa Fe. Varios reclusos subieron a los tejados y otros intentaron escapar. Los reclusos denunciaban la falta de medidas preventivas y exigían mayor protección frente a la pandemia. Cinco reclusos murieron a raíz de los levantamientos, cuatro de ellos en la prisión de Santa Fe, en la que intervino la Tropa de Operaciones Especiales.
Los probables casos de contagio y los casos confirmados entre los reclusos y el personal también causaron levantamientos. A finales de abril, estalló una revuelta en Villa Devoto después de que uno de los guardias diera positivo por coronavirus. Los reclusos exigían la adopción de medidas sanitarias de emergencia y de procedimientos para su liberación. Algunos subieron al tejado, prendieron fuego a colchones y tomaron el control de dos plantas. En una de sus pancartas se leía: “Nos negamos a morir en la cárcel”. La protesta duró nueve horas. Los representantes de los reclusos acordaron reunirse con las autoridades para discutir sus peticiones. No se informó de ninguna víctima.
El 23 de abril, las autoridades penitenciarias de Buenos Aires contabilizaron 1184 reclusos en huelga de hambre en las prisiones: Unidad 41 de Campana (332 reclusos), La Plata (141), Unidad 48 de San Martín (97), Alcaidía de Olmos (70), Unidad 39 de Ituzaingó (42), Sierra Chica (26), Hornos (22) y Florencia Varela (25), entre otras. Los reclusos pedían que se les concediera el arresto domiciliario como lo ordenó el Tribunal de Casación.

Tras los disturbios de Buenos Aires, se creó una “mesa de negociación” con las autoridades y dos representantes de cada pabellón, en la que los reclusos pudieron expresar su gran temor al contagio.

En julio, los reclusos de la prisión de San Salvador de Jujuy iniciaron un motín al conocer que había casos positivos y un recluso enfermo en otro centro. Las autoridades confirmaron que no había casos positivos en esa prisión, pero los reclusos exigían mejores condiciones de vida. La policía intervino después de tres horas de disturbios. Dos internos murieron y no se informó el número de heridos. También en julio, los reclusos de la Comisaría Principal de Marcos Paz estaban preocupados por la detección de un caso positivo. Al expresar su preocupación, la policía golpeó a 28 de ellos. El OIP de Argentina denunció este acto violento y pidió que un médico de oficio les examinara las heridas y comprobara el estado de salud de los reclusos.
Para responder a algunas de las peticiones de los reclusos y hacer frente al hacinamiento, el Gobierno argentino inició, en el mes de agosto, un plan de obras de infraestructura en tres prisiones de Buenos Aires, con el objetivo de crear 1350 plazas para finales de año y añadir espacios comunes adicionales.
Según el OIP de Argentina, al inicio de la pandemia, los reclusos seguían correctamente las decisiones tomadas por las autoridades y aceptaban el hecho de no poder ver a sus familias. Sin embargo, la ONG declaró que el personal penitenciario debería haber añadido una serie de precauciones adicionales a esta medida. Al enterarse de los casos de COVID-19 entre los miembros del personal, los reclusos reaccionaron con vehemencia, a pesar de que muchos de ellos no habían estado en contacto directo con los agentes contagiados.
El NPM registró un total de 80 movimientos de protesta entre los meses de marzo y noviembre y destacó que la mayoría de los incidentes ocurrieron en prisiones en las que no había canales de diálogo con los reclusos que permitieran una “gestión pacífica de los conflictos”.[^mov] [^mov]: Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), “Reporte: Estado de situación de las personas privadas de libertad (PPL) durante el período de emergencia sanitaria por el COVID-19 al 24/11/2020”, Noviembre de 2020, p. 10.

El OIP de Argentina ha estado muy activo desde el principio de la pandemia. El 13 de marzo de 2020, la organización envió una carta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para expresar su preocupación por la crisis sanitaria y la “situación explosiva” del sistema penitenciario. El OIP subrayó los problemas sanitarios y la falta de alimentos en las prisiones del país, muchas de lproas cuales se enfrentan también a brotes de dengue, sarampión y tuberculosis. La asociación convocó una reunión con la administración penitenciaria federal para establecer una estrategia y evitar una situación similar a la que se vivió en las prisiones italianas.
El 25 de marzo, la OIP expresó su preocupación por la situación particularmente tensa en las prisiones de Buenos Aires. En una carta dirigida al Subsecretario de Derechos Humanos de las Personas Privadas de su Libertad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el OIP criticó la suspensión de los permisos de salida temporales y de todas las visitas familiares, por las que los reclusos se proveían de alimentos y medicinas. La ONG también señaló la falta de atención médica adaptada para las personas con diabetes, así como para los reclusos heridos o con problemas digestivos. Además, recalcó que las prisiones se encuentran en un estado de emergencia sanitaria y reclamó una intervención rápida y adecuada a la situación.
El 28 de marzo, la organización de la sociedad civil Espacio de Derecho Popular, junto a los familiares de los reclusos y sus abogados, presentaron un Habeas Corpus Correctivo Colectivo, con el fin de que se implementen “medidas para garantizar el derecho humano a la salud e integridad psicofísica de las personas privadas de libertad”. Esta acción beneficiaría a los reclusos de las prisiones de la Provincia de Córdoba: las prisiones de Bouwer, Monte Cristo y Unidad de Contención del Aprehendido (UCA). Este habeas corpus solicitaba medidas de emergencia con protocolos de prevención, provisión de equipo de protección sanitaria y atención médica, además de la preservación de los vínculos de los reclusos con el mundo exterior.