a) La falta de acceso a una atencion médica adecuada se traduce en un importante número de habeas corpus correctivos. Estos procedimiento legales permiten que los reclusos obtengan simplemente la atencion médica primaria que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) debería dar en primer lugar. Para obtener el respeto de este derecho fundamental, los familiares de los reclusos deben realizar múltiples trámites burocráticos ante los juzgados, a pesar de ser terceros en el conflicto.
b) El desbordaminento de los Juzgados de Ejecución Penal y la falta de personal capaz de dar un seguimiento adecuado la poblacion carcelaria de la provincia. Esto trae como consecuencia una larga autonomía y discreción del SPB en cuanto al acceso a derechos de los reclusos, dado que el organo de control no dispone de recursos suficientes para cumplir su misión.
El OIP denuncia además que las instancias judiciales de la provincia han levantado una muralla que hace casi imposible la comunicación y el ejercicio del derecho. Por ejemplo, se señala el caso de la Jueza de Ejecución Penal de San Martín que niega el correo institucional a organizaciones de derechos humanos como el OIP, solicitando que cualquier cuestión a plantear se haga por fax, instrumento que está casi en desuso.
Además, el envío puede tomar una semana debido al abarrotamiento telefónico. En las Defensorías Oficiales, el OIP pudo constatar que, para evitar atender las llamadas, los funcionarios levantan el teléfono y lo cuelgan nuevamente.
c) Los traslados arbitrarios y excesivos entre centros penitenciarios traen como consecuencia la imposibilidad de cumplir los requisitos exigidos para acceder a liberaciones anticipadas o condicionales. Según el OIP, esta práctica es “una forma solapada de castigo y también de objetivación del sujeto, tratado como cosa y no como persona.”
d) El uso abusivo de la prisión preventiva y la lentitud de la justica.
e) El alargamiento de las condenas y el aumento de las penas, que están llevando el sistema penitenciario de la provincia al colapso. De acuerdo con el OIP, “entran al sistema penal cada vez más individuos y salen cada vez menos”.
El OIP presentó una solicitud de medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de proteger el derecho a una medicación adecuada, una alimentación acorde, el acceso a la salud mental, educación y a las visitas de allegados que permiten mantener conexión con el mundo extramuros.
Inicialmente publicado en español el 20 diciembre 2017.¶
