Las duras condiciones de reclusión de los menores togoleses

Laure Elmaleh. El sistema de justicia juvenil ha adoptado un enfoque punitivo, en el que cualquier niño o adolescente que cometa un delito debe recibir un castigo, disciplinarse. Esta mentalidad se refleja en el trato que se brinda a los menores en custodia policial o en prisión, un trato que puede catalogarse de inhumano o degradante, e incluso de tortura. Los agentes de las fuerzas del orden y de la seguridad, así como las víctimas de los delitos, a veces recurren a estas prácticas para castigar a los menores o para obligarlos a confesar. La ausencia de abogados y representantes durante la custodia policial explica por qué esta situación se produce de manera frecuente.

La asistencia jurídica, que, en teoría, el Estado debería proporcionar de manera obligatoria, es inexistente, y solo se obtiene a través de las organizaciones de la sociedad civil. La falta de representación impide a los menores hacer valer sus derechos y pasar menos tiempo en prisión preventiva.

Los procedimientos son lentos, hay escasez de personal, asesores, y secretarios, y existe una falta de recursos financieros, materiales y técnicos que ocasionan retrasos en los procedimientos. Algunos niños pasan más de un año en prisión preventiva por delitos menores, como el hurto, por ejemplo¹. La correccionalización judicial no ha permitido aligerar la justicia y la pandemia de COVID-19 causó aún más demoras en los procedimientos.

LE. Anteriormente, cada una de las 13 prisiones civiles contaba con un módulo para menores. Hoy en día, debido a la pandemia, el Estado reunió a todos los menores privados de libertad en los módulos de menores de cuatro prisiones, y las celdas vacías se utilizan para el aislamiento.

Las condiciones de reclusión de los menores son muy difíciles; los centros penitenciarios carecen de infraestructuras y equipos adecuados, como colchones y sanitarios. Las enfermerías de los módulos de menores no cuentan con personal, ni medicamentos, ni equipos suficientes. Los menores sufren a menudo de enfermedades infecciosas y de la piel, y, rara vez se les brinda la atención necesaria. Algunos no tienen acceso a los sanitarios y deben hacer sus necesidades en cubos, cerca del lugar en el que comen y duermen. Además, la administración penitenciaria no les ofrece programas educativos ni actividades. Antes de la pandemia, las ONG cubrían estas carencias. Sin embargo, esto no ha sido posible desde la suspensión de las visitas.

En diciembre de 2020, la brigada de menores, el único centro de reclusión para jóvenes ubicado en Lomé, se remplazó por el centro de acceso a los derechos y la justicia para menores (centre d’accès aux droits et à la justice pour les enfants, CADJE). Este establecimiento, que dispone de 13 dormitorios equipados con colchones y sanitarios, respeta un poco más las normas internaciones en términos de infraestructura. Sin embargo, aún no dispone de suficiente presupuesto ni personal, sobre todo, de guardias. El 8 de octubre de 2020 se inauguró otro centro para menores en el norte del país (Kara), pero todavía no es operacional.

Si bien la construcción de estos centros representa un progreso, la dura realidad de las condiciones de reclusión es la misma. Los establecimientos carecen de recursos financieros, materiales y técnicos y no tienen una misión claramente definida.

Los niños que viven en la calle a veces terminan en prisión, mezclados con menores acusados de delitos. Esto se debe a que no existen instituciones específicas para albergarlos, y la Policía tiende a “recogerlos” y encarcelados mientras encuentra a sus padres. Los niños que han nacido en prisión, viven con sus madres en las mismas condiciones deplorables que las demás reclusas del módulo femenino, y no cuentan con una protección particular o un trato favorable, al igual que sus madres ─que no disponen de medidas alternativas, por ejemplo─.

LE. Desde la pandemia de COVID-19, ni las ONG ni los familiares de los reclusos han podido ingresar en prisión, lo que ha provocado una ruptura de los vínculos y una falta de control externo sobre las prisiones. El único organismo al que se le autoriza la entrada a los recintos es el MNP. La suspensión de las visitas sigue vigente a pesar de ya no ser necesaria, y las prohibiciones actuales son desproporcionadas con respecto a la situación sanitaria.

Para los menores, la prohibición de las visitas tiene un efecto aún más perjudicial que para los adultos, pues su percepción del tiempo es diferente. Mantener los vínculos con sus padres es crucial para ellos.

Por otra parte, los familiares de los menores también se encargan de suministrarles alimentos, lo que permite mejorar la cantidad y la calidad de sus comidas. La OMCT intenta encontrar la manera de restablecer el acceso a los centros penitenciarios sin entorpecer las medidas sanitarias. Para ello, hemos entablado algunas conversaciones con las autoridades penitenciarias, sobre todo las de Lomé, para estudiar la posibilidad de habilitar una sala de visitas en la que se instalarían paneles transparentes.

Para mejorar las condiciones de reclusión de los menores, la primero que se debe hacer es permitir la entrada de los visitantes y sensibilizar a los actores del sistema penal sobre la tortura y los malos tratos. Durante las visitas de la CACIT y la OMCT, que se llevaron a cabo entre 2019 y 2020, recibimos varias denuncias de tortura y malos tratos. La OMCT había impartido al personal una formación relativa a estos temas, que permitió observar ciertas mejoras en Lomé. La idea es continuar con estas formaciones en las demás regiones del Togo.

Para más información:

Consulte el informe alternativo sobre las condiciones de reclusión de los niños en conflicto con la ley en Togo, publicado en junio de 2021 por el CACIT y la OMCT con motivo de la 130 sesión del Comité de Derechos Humanos.