Baréin: acallar la disidencia política

Jawad Fairooz. Tras la crisis política que estalló en el país durante la primavera árabe, en 2011, la justicia bareiní ha condenado a muerte a docenas de ciudadanos.

Para acabar con el movimiento prodemocrático que surgió en Baréin en febrero de ese mismo año, las autoridades ejercieron una represión brutal y cometieron graves violaciones: se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, se condenó a cadena perpetua a activistas y a líderes opositores, se perpetraron actos de tortura sistemáticos y agresiones sexuales, se revocó la nacionalidad a ciertas personas, se deportaron ciudadanos, se suprimieron los derechos políticos y se dictaron penas de muerte.

Para octubre de 2021, 27 personas ─12 de las cuales son prisioneros políticos─ habían agotado todos los recursos de apelación legales. Si bien el Gobierno de Baréin no comunica públicamente el nombre de las personas que están a la espera de su ejecución, el Tribunal de Casación, que es la instancia judicial suprema en Baréin, ha confirmado la sentencia de estas 12 personas que detallamos a continuación. Una vez que el Tribunal de Casación ratifica la pena de muerte, no es posible apelar la sentencia y no queda más que aguardar la fase final del proceso, que corresponde a la ratificación de la condena por parte del rey.

Con un Poder Judicial influenciado por la política y sin ninguna independencia, la pena de muerte se ha convertido en una herramienta para atemorizar a los miembros de la oposición y acallar a los disidentes. Muchas condenas a muerte se han dictado con base en confesiones obtenidas bajo tortura, como son los casos de Hussein Ali Mousa y de Mohamed Ramadhan, entre otros.

El 15 de enero de 2017, por ejemplo, Baréin ejecutó a Ali Al-Singace, a Abbas Al-Samea y a Sami Mushaima. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación, ya que se presume que para obtener las confesiones de los tres hombres ─tras las que se les condenó y ejecutó─, las autoridades les aplicaron descargas eléctricas y los sometieron a humillaciones sexuales. Las instancias judiciales desestimaron los argumentos de sus abogados y se negaron a investigar sus denuncias de tortura. Una vez ratificada la sentencia, la ejecución se llevó a cabo en menos de una semana, sin que se les notificara previamente ni a ellos ni a sus familias. El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales confirmó el carácter “extrajudicial” de las muertes, debido a la manera ilegal en la que se obtuvo la información.

Del mismo modo, el 26 de julio de 2019, Baréin ejecutó a Ali Al-Arab, y a Ahmed Al-Malali, así como a un ciudadano de Bangladés del que se desconoce la identidad. Ninguno de los tres hombres tuvo un juicio justo, a pesar de que expertos de la ONU en derechos humanos solicitaron a las autoridades de Baréin que detuviera las ejecuciones, ya que se sospechaba que sus confesiones se habían obtenido bajo tortura. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “condenó sin paliativos” las ejecuciones y reiteró su preocupación por que tanto Ali como Ahmed se vieron obligados a declararse culpables por unos delitos que no habían cometido. A partir de estos hechos, la explicación más razonable es que Baréin utiliza la pena de muerte como una herramienta política para reprimir a los disidentes del país.

JF. Las personas condenadas a muerte, a las que se mantiene completamente aisladas de los demás internos en la prisión de Yaw, viven en condiciones de reclusión precarias. Si bien las condiciones de vida de todas las personas privadas de libertad son deficientes ─pues las prisiones de Baréin no cumplen las Reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos, a las personas en espera de ejecución se les reserva un trato aún más duro y degradante.

Existen varias deficiencias dentro del sistema penitenciario en general:

Falta de mantenimiento de las instalaciones y poca higiene.

Violación de la privacidad.

Denegación del acceso a la educación: aunque, en algunos casos, las autoridades penitenciarias han permitido a los reclusos continuar con sus estudios, no se han establecido políticas o procedimientos claros a este respecto. Muchos internos se quejan de dilaciones por parte de la administración penitenciaria, de la falta de acceso a la educación para todos los reclusos, y de los largos plazos de los procedimientos.

Sobrepoblación: las prisiones de Baréin están entre las más sobrepobladas de todo el mundo árabe.

Denegación de tratamiento médico: a pesar del elevado número de reclusos, sobre todo en la Prisión Central de Yaw, la cantidad de doctores disponibles es sumamente limitada y, en ocasiones, los centros penitenciarios no cuentan con ningún médico. Como resultado de esta escasez, y según algunos testimonios, los médicos no pueden practicar exámenes y solo prescriben analgésicos. En ciertos casos, los doctores retrasan el traslado de los internos a los hospitales y clínicas externas, y en otros, se impide su traslado porque la administración penitenciaria no los lleva a las citas médicas concertadas por el centro de salud externo.

Según informes fiables, uno de los métodos de tortura que emplean las autoridades penitenciarias consiste en negar el acceso a la atención médica, lo que ha empeorado las condiciones sanitarias en las prisiones.

Baréin lleva años denegando las visitas de relatores especiales o de expertos en derechos humanos a las prisiones para evitar que comprueben las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad.

JF. El Gobierno sostiene que la pena de muerte se impone “en conformidad con el derecho internacional y los estándares de derechos humanos, entre ellos, las salvaguardias de las Naciones Unidas.”* Sin embargo, las autoridades de Baréin aplican cada vez más la pena de muerte para delitos no letales, lo que supone una violación flagrante de las normas internacionales.

En su aplicación, la interpretación actual de la pena capital no parece distinguir a los autores de delitos no letales, pero sí endurecer las penas de las personas acusadas de delitos de naturaleza política. El estado de Baréin continúa basándose en confesiones obtenidas bajo tortura y amenazas, y utilizando la pena de muerte como método para silenciar de manera permanente a los prisioneros políticos. Los poderes legislativo y judicial, a los que no se les exige que rindan cuentas y no tienen ninguna independencia, se han mostrado inútiles a la hora de remediar esta situación, y muy probablemente hasta sean cómplices.

En muchas ocasiones, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha afirmado que es creíble que las personas condenadas a muerte hayan sido arrestadas y detenidas de forma injusta e ilegal, y que se les haya infligido torturas para obligarlas a confesar y juzgarlas a partir de sus confesiones.  

SALAM DHR y otras ONG de Baréin hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que pidan al Gobierno de Baréin que rinda cuentas, para presionarlo a que declare una moratoria en la aplicación de la pena de muerte, y exigirle que cumpla con sus obligaciones internacionales.

Salam DHR ha lanzado una campaña contra la pena de muerte, en colaboración con la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y miembros de la Coalición. En octubre, Salam DHR y organizaciones asociadas hicieron un llamamiento al rey de Baréin para que:

• conmute, con carácter inmediato, y como un primer paso, todas las penas de muerte que el Tribunal de Casación ha confirmado. A finales de 2020, había en el país 27 casos de este tipo;

• acabe con la oposición de Baréin a la resolución bianual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés) que hace un llamamiento para establecer una moratoria en las ejecuciones con la idea de abolir definitivamente la pena de muerte, incluyendo el votar a favor o, como mínimo, abstenerse en la votación de 2022;

• declare una moratoria en la aplicación de la pena de muerte en el país.