Bélgica: una crisis tras otra

Olivia Nederlandt. Las autoridades belgas adoptaron tres tipos de medidas para los centros penitenciarios, en los que el hacinamiento y, en algunos casos, las pésimas condiciones sanitarias suponen un riesgo de propagación muy elevado. Las medidas adoptadas pretendían, en primer lugar, reducir la población carcelaria, sobre todo, mediante la suspensión de algunas penas de prisión de cinco años o menos y la liberación anticipada o temporal.

En segundo lugar, el objetivo de estas medidas era limitar las entradas y las salidas de prisión.

Esto se tradujo en la suspensión de las visitas y los permisos de salida temporales, así como en la ausencia de los reclusos durante sus audiencias, a las que solo asistían sus abogados en calidad de representantes.

En tercer lugar, se instauraron medidas sanitarias como el aislamiento preventivo o médico, el uso de mascarillas, y la separación de los reclusos en “burbujas” para las visitas, el acceso a las actividades, etc.

ON. Es difícil responder brevemente a esta pregunta, ya que no solo se trata de las medidas en sí, sino también del momento de su adopción. De manera general, se podría decir que las medidas que pretendían reducir la población carcelaria fueron insuficientes debido a las condiciones de acceso restrictivas, y al hecho de que solo se dirigían a las personas condenadas y no a aquellas en prisión preventiva ─a pesar de que las cárceles son las instalaciones más sobrepobladas, vetustas y con un mayor riesgo de propagación─. La reacción de las autoridades ante la urgencia y la falta de conocimiento del virus durante el primer confinamiento es comprensible. Pero, durante la segunda ola, la suspensión de las visitas y de los permisos de salida, que permiten a las personas preparar su reinserción, así como la ausencia de los reclusos en sus audiencias parecen desproporcionadas, pues en ese momento, podrían haberse adoptado medidas que no vulneraran de tal modo los derechos de las personas privadas de libertad.

ON. La mayoría de las medidas descritas en el artículo ─publicado el pasado marzo─, se prolongaron durante la tercera ola de marzo de 2021 (las medidas de la primera ola se extendieron de mediados de marzo a mediados de junio de 2020 y, las de la segunda, de finales de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021). Todas las medidas previstas en la ley relativa a la pandemia se prolongaron hasta el 30 de junio de 2021 y la liberación temporal (interrupción de la pena) hasta el 15 de julio de 2021. A la fecha, no existe una disposición jurídica que prevea una nueva prórroga ni se ha aplicado ninguna medida específica además de la campaña de vacunación, que ya ha comenzado en las prisiones. Inicialmente, la conferencia interministerial de Salud Pública decidió vacunar de manera prioritaria al personal penitenciario y no a los reclusos ─una resolución que recibió fuertes críticas y condujo al profesor Tom Daems a mencionar el principio de “menor elegibilidad”. La vacunación de las personas privadas de libertad pertenecientes al grupo de riesgo comenzó a finales de mayo de 2021, lo que significa que no se dio ninguna prioridad a la población carcelaria; una decisión reprochable teniendo en cuenta el alto riesgo de propagación que existe en los lugares cerrados.