Bélgica: ¿qué significa Haren?

Olivia Nederlandt. Si bien la posibilidad de aplicar penas alternativas a la privación de libertad se ha ampliado estos últimos años, también ha surgido una serie de leyes que han endurecido la justicia penal y que podrían aumentar el recurso al encarcelamiento; se han prolongado los plazos de prescripción, se han limitado las posibilidades de apelación o de oposición, y se han hecho más complejas las condiciones para acceder a la libertad condicional y demás beneficios penitenciarios.
Por el lado de la política, vemos que el ministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, sostiene un doble discurso, al igual que su predecesor Hoen Geen.

Por una parte, existe la voluntad de reformar el derecho penal, los procedimientos penales y el derecho de aplicación de las penas; una reforma seguramente necesaria para lograr una disminución de la inflación carcelaria.

Por otra parte, la ampliación del parque penitenciario se sigue presentando como la solución a la sobrepoblación y a otros problemas relativos a las condiciones de reclusión. El Master plan III, aprobado en 2016, al que han nombrado “reclusión e internamiento en condiciones humanas”, tiene por objeto tanto renovar, “para recobrar las capacidades perdidas en los establecimientos existentes”, como construir celdas y prisiones adicionales dentro de alianzas público-privadas¹. Además de las tres nuevas prisiones de Marche-en-Famenne (2013), Beveren (2014) y Leuze-en-Hainaut (2014), la construcción de de Haren y Termonde debe completarse en 2022; hay otras obras programadas o que incluso ya han comenzado. Esta política penitenciaria expansionista, centrada en las instalaciones y las cifras, es fuertemente criticada (una tribuna recogió un centenar de firmas de expertos del mundo académico y asociativo: “Surpopulation carcérale et nouvelles prisons : l’État belge va-t-il droit dans le mur ?“, La Libre Belgique, 23 de enero de 2019), ya que no resuelve el problema de la inflación carcelaria. Construir nuevas prisiones no reduce el número de reclusos.

ON. La prisión de Haren, cuya construcción debe terminarse en 2022, tendrá una capacidad para 1190 personas (hombres y mujeres) y será la más grande de Bélgica. Las instalaciones contarán con un centro de observación, un centro médico y psiquiátrico. Actualmente, la capacidad media de las prisiones es de 300 personas, excepto por las prisiones de Bruselas (1084), Lantin (694) y Brujas (626). Se supone que Haren remplazará la prisión de Bruselas, pero eso está por verse. Por ejemplo, con la construcción de Marche-en-Famenne no se cerraron las prisiones de Namur, Dinant y Huy como se había anunciado.

La administración penitenciaria parece muy entusiasta con su proyecto, que presenta como “la ciudad penitenciaria de Haren”, y ha anunciado que se conformarán pequeñas unidades de vida de 30 personas privadas de libertad, y que estas dispondrán de una tarjeta magnética que les dará acceso a sus celdas y a otros lugares.

La prisión tendrá infraestructuras deportivas, salas de formación e instalaciones para el trabajo penitenciario. La gestión del personal también cambiará, puesto que se hará una distinción entre el personal encargado de la seguridad y el encargado del acompañamiento de los reclusos. Según la administración, todos estos elementos permitirán a los reclusos tener mejores condiciones de vida y asumir una mayor responsabilidad.

Sin embargo, diversos actores, del ámbito judicial, del Colegio de Abogados, del comité del sector y del entorno asociativo, implicados en temas relativos a la prisión y al medio ambiente se oponen a este proyecto. Se ha creado una coalición de fuerzas con el nombre de “Plataforma para poner fin al desastre carcelario” (“Plateforme pour sortir du desastre carcéral”), así como el “Haren Observatory“; una “Zona A Defender” (ZAD)¹ se ha instalado en el lugar de las obras y se ha publicado un libro para respaldar la lucha contra esta “maxiprisión”.

Una de las principales críticas es la de la impertinencia de construir una nueva prisión, ya que la ampliación del parque penitenciario nunca ha resuelto el problema de la sobrepoblación. Otras críticas se basan en una perspectiva abolicionista, otras denuncian el recurso a las alianzas público-privadas (algunas calificadas de dudosas) y otras la falta de transparencia de esta privatización².

La crítica con respecto al medio ambiente es también fuerte, ya que la construcción de la prisión ha conllevado la destrucción de la ZAD de Keelbeek de 20 hectáreas de tierra cultivable y de una gran biodiversidad.

La ubicación de la prisión también ha suscitado cierta preocupación. Mientras que la prisión de Bruselas se sitúa en un lugar fácilmente accesible en transporte público y cerca del Palacio de Justicia, la prisión de Haren se ubicará en el norte de la región de Bruselas-Capital. El riesgo es que, debido a la distancia, los abogados y familiares reduzcan la frecuencia de las visitas, que son esenciales para las personas privadas de libertad. La administración penitenciaria afirma que se está considerando ampliar el acceso en transporte público, pero no hay ninguna garantía de ello. Por otra parte, no es porque las instalaciones son nuevas, cómodas y con buena infraestructura que las condiciones de reclusión serán mejores. ¿Cuál será precisamente el régimen de vida? ¿Con qué frecuencia se podrán utilizar las salas de formación y de deporte? ¿Quién podrá trabajar?, ¿cuáles serán las condiciones de acceso al trabajo?, ¿cuál será su remuneración? ¿Cómo se organizarán las visitas (reservas, horarios, acceso)?

Todas estas preguntas, que quedan sin resolver, son las que determinan las condiciones de reclusión. El investigador David Scheer habla de la “paradoja de la modernización carcelaria”³: a menudo los reclusos se sienten mejor en las prisiones viejas e insalubres que en las nuevas, que consideran más frías. Tanto la apertura automática y remota de las puertas como la “comodidad” de la celda (teléfono, ducha) reducen drásticamente el contacto humano y las posibilidades de circulación.

La infraestructura no lo es todo, por ejemplo, las prisiones de Marche y Leuze tienen la misma, pero los regímenes de vida difieren: régimen abierto y regresivo en la primera, régimen cerrado en la segunda. Este es un aspecto al que habrá que prestar atención cuando se abra Haren. Por otra parte, teniendo en cuenta la crisis económica que se avecina, su enorme costo, asociado a la evidente ineficacia del encarcelamiento, hace que nos preguntemos: ¿No habría sido mejor invertir este dinero en el ámbito social y en la salud pública? La pregunta se responde sola.

ON. La prisión de Haren me hace pensar en una gallina que corre sin cabeza. La administración penitenciaria insiste en hacer lo mismo una y otra vez ─con los retoques que mencionamos anteriormente, que no son más que una fachada─ sin tener en cuenta las protestas unánimes de la sociedad civil y de las personas que trabajan en el ámbito carcelario. Por supuesto, un cambio en la política penitenciaria es posible; en la Bélgica neerlandófona, por ejemplo, está cobrando fuerza una corriente reformista que preconiza el remplazo progresivo de las prisiones actuales por pequeños establecimientos ubicados en las ciudades. La asociación De Huizen (“Las Casas”) se está desarrollando a nivel europeo con el nombre del movimiento Rescaled (leer Rescaled: prisiones en la ciudad – Prison Insider en nuestro sitio web).

Debido a su visión expansionista, el ministro de Justicia pretende instaurar estas casas, además de las nuevas prisiones tradicionales, para internar solamente a las personas que suponen un “bajo riesgo”. Por el lado de la Bélgica francófona, asociaciones como el Observatorio Internacional de Prisiones y el Colectivo de Lucha Anticarcelaria (Collectif de luttes anticarcérales, CLAC) son mucho más críticas, e incluso abolicionistas, y piden que se detenga la ampliación del parque penitenciario.

Construir más prisiones no resuelve el problema de la sobrepoblación, por el contrario, incita a recurrir al encarcelamiento. La solución está en manos del Parlamento y el Poder Judicial y se debe hallar, en una etapa temprana, en el marco de una reforma global y una disminución del recurso a la privación de libertad.

La administración penitenciaria podría instaurar regímenes de vida orientados a la reinserción y aplicar una política de ejecución de penas enfocada en la salida de las personas.

Querer continuar a toda costa con el proyecto de Haren, a pesar del rechazo masivo, en mi opinión, pone de relieve la necesidad de una política penitenciaria democrática, transparente y concertada; todo lo opuesto a lo que es hoy en día. La política penitenciaria nunca se ha sometido a debates parlamentarios previos, ni se ha elaborado en concertación con los profesionales del medio, ni ha tomado en cuenta los estudios científicos. Sin embargo, la ley del 23 de marzo de 2019 prevé la creación de un consejo penitenciario, conformado por diversos actores de la cadena penal y miembros del mundo académico, que formule recomendaciones en este sentido. Ahora bien, este consejo todavía no existe y no se ha adoptado ningún decreto real que permita la entrada en vigor de las disposiciones legales necesarias. El Poder Ejecutivo debería comenzar por crear dicho consejo, consultarlo y tener en cuenta sus recomendaciones antes de elaborar su política penitenciaria. Eso sería al menos un primer paso…

                                         Traducido por Diana Girón Silva.