Brasil: ante el desprecio a la vida

Rafael Godoi. Tres problemas principales caracterizan la situación de las prisiones en Brasil: la deterioración de las condiciones de vida, el incremento de los conflictos entre los reclusos y la respuesta militarizada del Estado.

La población carcelaria de Brasil es la tercera más grande del mundo y, de los tres primeros países, es la única que continúa creciendo a un ritmo acelerado; seguimos encarcelando a muchas personas, en medio de un contexto de crisis económica y política interminables, que no cesan de empeorar, y que tienen que ver con la ideología política que se ha instaurado, la cual manifiesta un desprecio total por la vida humana, y más aún por la de las personas privadas de libertad. Estas crisis que afectan el país degradan las condiciones de reclusión, lo que a su vez aumenta los conflictos entre los grupos de delincuencia organizada, tanto en prisión como al exterior.

A raíz de estos conflictos surgen las llamadas “guerras de facciones”, de las que resultan masacres como las que ocurrieron en 2017 en los estados de Amazonas, Rio Grande do Norte y Roraima. Esta escalada de conflictos en prisión provoca una gran cantidad de muertes entre los reclusos.

La situación es sumamente tensa dentro de las prisiones y la respuesta de las autoridades suele agravarla aún más, ya que, ante esta guerra, el Estado interviene con una fuerte militarización.

En respuesta a la crisis, el Gobierno federal interviene e interfiere en los establecimientos gestionados por los estados, y ha decidido crear una unidad militar de intervención penitenciaria (força tarefa de intervenção penitenciaria, FTIP) que se ha traducido en un aumento de los casos de tortura. El acceso a las prisiones se ha restringido a la sociedad civil y cada vez es más difícil exigir a las autoridades que rindan cuentas.

Como resultado, estamos presenciando una verdadera generalización de la tortura. Los testimonios de las personas encarceladas en los centros de los estados de Amazonas y Ceara, en los que ha intervenido esta unidad, son aterradores. La expresión “tratamientos inhumanos y degradantes” no basta para describir estas prácticas.

La unidad de intervención ha puesto en marcha lo que ellos llaman el “procedimiento”, en virtud del cual, si el director o un funcionario ingresa en un módulo de la prisión, los reclusos tienen que permanecer sentados en el suelo, desnudos, de espaldas, con la cabeza agachada y las manos cruzadas sobre la cabeza durante el tiempo de la visita.

Es en este contexto de recrudecimiento de la opresión en los centros penitenciarios que la pandemia se ha instalado y propagado.

RG. Brasil tiene 27 unidades federadas (26 estados y un distrito federal) y cada una de ellas cuenta con su propio sistema penitenciario, más el sistema federal.

Algunos estados concentran prácticamente el 30 % de la población carcelaria del país, como el de Sao Paulo, cuya población se eleva a más de 250 000 reclusos. Por el contrario, el de Tocantins cuenta con 4000 personas privadas de libertad, lo que corresponde a dos prisiones de Sao Paulo.

En el estado de Sao Paulo, las prisiones se encuentran lejos de la capital, mientras en el de Rio, se concentran en un gran complejo penitenciario al interior de la capital.

El Ministerio de Justicia y la administración penitenciaria se encargan de la gestión de algunos centros y existen otros privados o en gestión mixta, que funcionan a manera de alianzas público-privadas (con empresas u organizaciones sin ánimo de lucro). En resumen, existe una gran diversidad de situaciones y experiencias; en el sistema penitenciario, hay centros oficialmente especializados en la sanción de las personas privadas de libertad, como Bagu I o el Centro de rehabilitación Presidente Bernardi*. Otros centros más informales se encargan de castigar y aislar a los jefes de las facciones criminales.

Los reclusos del régimen diferenciado (regime diferenciado), que se alojan principalmente en centros del sistema federal, se encuentran en aislamiento casi total y la mayoría de sus derechos son vulnerados. Este tipo de tratamiento, legalizado, es contario a todos los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.

En cada una de estas situaciones, podemos observar una economía específica de “distribución” de los derechos y de las garantías, así como de precariedad institucional.

La deterioración de las condiciones de reclusión, que se manifiesta de manera más pronunciada en algunos estados que en otros, afecta a todo el país. Aunque la guerra entre facciones criminales haya estallado en algunos estados en particular (como Amazonas y Rio Grande Do Norte), esta situación ha provocado una reestructuración del sistema penitenciario de todos los estados. Por ejemplo, en los estados en los que no había un conflicto abierto, se ha tenido que reubicar a las personas privadas de libertad precisamente para evitar el conflicto.

En cuanto a la respuesta de las autoridades, cabe señalar que la militarización de la gestión se está convirtiendo en una tendencia, ya que el “procedimiento” puesto en marcha persiste tras la intervención de la FTIP: la administración penitenciaria local sigue aplicando el conjunto de prácticas, lo que provoca efectos en cascada, pues hasta los directores de los centros en los que no interviene la FTIP se han inspirado de estas “buenas prácticas” y han comenzado a adoptarlas.

RG. Cuando la nueva ola conservadora o de derecha llegó al poder (con el Gobierno de Bolsonaro a nivel nacional y gobernadores como Witzel en Rio de Janeiro), inmediatamente se planeó la privatización del sistema penitenciario. Este movimiento comenzó a llevarse a cabo en algunos estados, pero a raíz de la pandemia y la crisis económica generalizada, dejo de ser una prioridad.

Ahora estamos confrontados a un contexto fuertemente marcado por la pandemia y su evolución y por un subregistro deliberado de los casos positivos y los decesos a nivel nacional, y más grave aún, dentro de las prisiones.

El Estado brasileño no quiere saber nada ni medir nada, y le preocupa más el control de la información que el de la pandemia. En el sistema penitenciario, esto se traduce en una mayor opacidad y en una deterioración de las condiciones de vida, e incluso en un aumento de las tensiones y los conflictos entre los reclusos y el personal.

El personal penitenciario también se encuentra desprotegido, sin equipos de protección individual, y expuesto a una carga viral comunitaria.

En Sao Paulo, el sistema penitenciario se “cerró” desde el mes de marzo de 2020: se suspendieron las visitas, la entrega de alimentos y productos de higiene, se anularon los permisos de salida y se confinó a los reclusos en régimen semiabierto. En varias prisiones estallaron motines; el último se produjo en el estado de Amazonas.

Si bien anteriormente los motines se producían por ajustes de cuentas, este no es el caso de los levantamientos más recientes. Tanto los reclusos como sus familiares han dejado claro que las manifestaciones no tienen nada que ver con los conflictos entre reclusos, sino que se han organizado para exigir a la administración una mayor atención en materia de salud. Por lo tanto, podemos afirmar que la pandemia ha redefinido el contexto de exacerbación de los conflictos, ya que estamos asistiendo a una reducción de las tensiones entre bandas.

Al exterior, observamos que ha habido una movilización colectiva de allegados y familiares de personas privadas de libertad, que reivindican una política de desencarcelamiento y de respeto de los derechos humanos. Se trata de un movimiento social diverso, fuerte y esencial para ejercer presión sobre las administraciones penitenciarias y los tribunales de los estados para que otorguen la libertad a los reclusos en riesgo. La movilización de las familias también es muy importante para mantener las condiciones de higiene básicas en las prisiones, ya que son ellas las que aseguran la distribución de los productos que el Estado no suministra, como, por ejemplo, lejía, jabón y mascarillas; en otras palabras, todo lo que necesita una persona para protegerse, y que resulta indispensable en un foco de contaminación.