Brasil: ¿Dónde queda el derecho al voto?

El complejo penitenciario de la ciudad histórica de São Cristóvão es la prisión más grande de Sergipe. Conocido como COPEMCAN (Complexo Penitenciario Manoel Carvalho Neto), este centro penitenciario cuenta con tres veces más hombres que plazas, la gran mayoría, en prisión preventiva. En principio, las personas que gozan de la presunción de inocencia conservan sus derechos políticos.

Los reclusos dependen de las autoridades para todos sus trámites administrativos. Una resolución de 2010 del Tribunal Superior Electoral de Brasil exige a las autoridades y entidades electorales, judiciales y penitenciarias realizar un esfuerzo colectivo para garantizar el ejercicio del derecho al voto de las personas en prisión preventiva.

De este modo, se recomienda lanzar campañas de expedición de documentos de identidad, regularización e inscripción en el censo electoral. Asimismo, desde 2010, las autoridades tienen la obligación de instalar mesas electorales en las prisiones en las que se hayan registrado al menos 20 votantes.

A pesar del progreso que se observó en aquel entonces, el ejercicio del derecho al voto de los reclusos preventivos del COPEMCAN está lejos de ser una de las principales preocupaciones de las autoridades. “Lo que no se ve, no existe”: varias fuentes pusieron de relieve la inacción de las autoridades con respecto a la regularización de los reclusos (pago de posibles multas, expedición de documentos de identidad) y a su inscripción en el censo electoral. Los que ya estaban domiciliados y registrados en la ciudad de São Cristóvão antes de su encarcelamiento podían votar. Los demás, una gran mayoría, tenían que solicitar un registro temporal para acceder a la mesa electoral de la prisión.

En abril, el Tribunal Regional Electoral del Estado de Sergipe (TRE-SE), responsable de la supervisión y organización de las elecciones, emitió un requerimiento formal a las autoridades penitenciarias para recordarles que la inscripción podía hacerse por internet hasta el 4 de mayo, según el calendario electoral publicado en diciembre de 2021. El TRE-SE propuso a las autoridades penitenciarias colaborar con la inscripción de los reclusos preventivos en el censo electoral y con la instalación de mesas electorales dentro de las prisiones.

Pese a que el requerimiento se envió a principios de abril, la respuesta de las autoridades penitenciarias llegó el 3 de mayo. La Secretaría de Justicia (SEJUC), responsable local de la administración penitenciaria, confirmó disponer de los medios tecnológicos (ordenadores, tabletas, etc.) para el registro en línea de los reclusos preventivos. Sin embargo, declaró que, tras consultarlo con los directores de las prisiones, se concluyó que no era posible garantizar la logística y la seguridad necesarias para las inscripciones, puesto que solo estaban a un día de la fecha límite.

La Fiscalía cuestionó al TRE-SE, el cual afirmó que se instalarían mesas electorales en los centros penitenciarios, pero que las personas que tenían que registrarse o regularizar su tarjeta de votante no podían hacerlo.
En septiembre, Prison Insider se reunió con el fiscal Augusto César Leite de Resende, quien declaró que “existe una grave violación de los derechos políticos de los reclusos preventivos”, derechos que están consagrados en la Constitución brasileña y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Según él, “el derecho al voto solo se garantiza de manera parcial, ya que los reclusos que necesitaban cambiar su domicilio o regularizar su situación no tenían la posibilidad de hacerlo“. Augusto César cumple actualmente un mandato de dos años como fiscal electoral de la jurisdicción de São Cristóvão, que incluye el complejo penitenciario COPEMCAN.

En junio, el fiscal presentó una demanda civil colectiva en nombre de la Fiscalía contra el Estado de Sergipe y exigió que se adoptaran las “medidas administrativas, técnicas y de seguridad” necesarias para garantizar el derecho al voto de todas las personas en prisión preventiva; demasiado tarde para la votación de 2022. El fiscal pidió que se condenara al Estado de Sergipe por violar un derecho fundamental y que se indemnizara a las personas afectadas.

Según las cifras que la administración penitenciaria nos facilitó el pasado 28 de septiembre, 1411 personas se encuentran en prisión preventiva en el estado de Sergipe. Entre ellas, solo 498 podían votar.

2 de octubre de 2022, día de elecciones. En el complejo penitenciario de COPEMCAN, la sala de videoconferencias se convirtió por un día en la sección electoral número 275. Cuatro personas, miembros del personal penitenciario y de la unidad médica de la prisión, se ofrecieron como presidentes de mesa electoral y asesores. “Es la primera vez que organizamos una sección electoral en COPEMCAN”, explicó uno de los asesores. En este complejo penitenciario, que alberga a 2700 hombres, la mayoría en prisión preventiva, solo 26 figuraban en la lista electoral. En cuanto se abrieron las votaciones, a las 8 de la mañana, los guardias sacaron a los reclusos de sus celdas para acompañarlos a depositar su voto. Enseguida, fue el turno de las personas en semilibertad, llamadas “colaboradores”. Se trata de reclusos que trabajan en el establecimiento, en el servicio general o en la unidad médica, por ejemplo. “Los colaboradores hacen cola para votar, como afuera”, explicó un miembro del personal.

En la pared, junto a la urna electrónica, había una lista con los nombres y números de los candidatos. Esta lista estaba previamente disponible en la oficina de los trabajadores sociales. “Es posible consultar la lista de candidatos antes de las elecciones, pero muchos de ellos vinieron con su ‘colinha’ (papel donde se anota el número del candidato por el que van a votar)”. Un recluso “colaborador” dijo que la dirección de la prisión le había informado con antelación sobre la posibilidad de votar.

Cuando le preguntamos por el bajo número de votantes con respecto a la cantidad de personas en prisión preventiva, respondió: “Creo que es porque muchos no tienen documentos”. En realidad, muchos reclusos carecen de documentos de identidad, lo que dificulta sus trámites administrativos y legales. Algunas personas llegan a prisión tras la custodia policial, aunque no tengan ni documentos de identidad ni documentos biométricos. Una vez allí, estos “no ciudadanos” se excluyen aún más de la sociedad.

Al parecer, en COPEMCAN, los trabajadores sociales se pasan el día haciendo trámites para registrar en el sistema a las personas indocumentadas. “Si la prisión no estuviera sobrepoblada, sería más fácil”. “Hay demasiados reclusos para tan poco personal”.

¿El caso de este complejo penitenciario es excepcional o es el reflejo de la situación nacional? Un día antes de la votación, el Tribunal Superior Electoral comunicó que se habían instalado 220 mesas electorales en los centros penitenciarios del país. Si bien un total de 14 653 personas se registraron (entre reclusos y personal penitenciario) en el censo electoral, esta cifra resulta muy baja en relación con las 227 622 personas que se encontraban en prisión preventiva en 2021.