Brasil: la lucha de la Defensoría Pública en medio de la crisis

El sistema penitenciario brasileño nunca ha sido un ejemplo de buenas prácticas en materia humanitaria. Sin embargo, en los últimos años, la situación ha empeorado considerablemente. El aumento arrollador de la población reclusa ha contribuido de forma determinante a este panorama: en tres décadas, la cifra de personas privadas de libertad ha pasado de 90 000 a 900 000. El encarcelamiento masivo en Brasil ha agravado de manera alarmante el problema de la sobrepoblación de las prisiones, cuyo déficit de plazas es superior a 300 000.

Con una tasa de sobrepoblación del 170 %, era de esperarse que las condiciones de reclusión empeoraran, y lo cierto es que, en treinta años, se han convertido en una catástrofe humanitaria. Hoy en día, en las prisiones se producen todo tipo de violaciones de los derechos humanos: pésimas condiciones sanitarias, escasas oportunidades de estudio y trabajo, violencia, racionamiento de agua y alimentos, entre otros problemas de gravedad similar.

A la crisis humanitaria de las prisiones se sumó la crisis sanitaria de la COVID-19, cuya medida básica de contención es el distanciamiento físico, algo totalmente incompatible con las prisiones brasileñas, en las que celdas son, casi en su totalidad, colectivas.

El encierro de las personas, de por sí propicio a la proliferación del virus, se ha vuelto aún más problemático debido a las condiciones de reclusión del sistema penitenciario del país: sobrepoblación, falta de personal y programas sanitarios, racionamiento de agua y suministro precario de productos de higiene.

La tragedia que se anunciaba motivó a la Defensoría Pública y a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a ejercer presión sobre los poderes públicos para que tomasen medidas eficaces con el fin de evitar el riesgo de muerte en las prisiones. Sin embargo, al contrario de lo que se ha hecho en otros países (por ejemplo, medidas de liberación anticipada para las personas de grupos de riesgo, programas preventivos de salud o campañas de vacunación), en Brasil ha prevalecido el inmovilismo, incluso a la hora de realizar pruebas para detectar el virus.

La gestión de la pandemia en Brasil ha sido manifiestamente reconocida como una de las peores del mundo, en especial por el negacionismo del presidente de la República.

De hecho, la negación o la minimización de la gravedad de la enfermedad fue la seña de identidad del Gobierno en lo que se refiere a la pandemia de coronavirus. Su gestión se caracterizó, entre otras cosas, por el boicot a las acciones preventivas, la falta de comunicación de los datos epidemiológicos, el incentivo a tratamientos terapéuticos sin validación científica, la ausencia de estrategias nacionales en materia de salud y, la mayor parte del tiempo, el intento de quitarle credibilidad a la vacuna. Las personas privadas de libertad también fueron víctimas de la actitud negacionista del presidente, pues el número insuficiente de pruebas realizadas a los reclusos permitió a las autoridades negar la presencia del virus en las prisiones y, por lo tanto, subestimar la gravedad de la situación.

Sin medidas concretas por parte del Ejecutivo o del Legislativo, el Poder Judicial se concentró en las querellas individuales y colectivas de tutela de derechos de los reclusos, sobre todo las que realizó la Defensoría Pública. Dichas querellas se fundamentaban en la única medida significativa que se tomó para combatir la pandemia dentro del sistema penitenciario : la Recomendación n.º 62[^reco] de marzo de 2020, del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil.

[^reco] : Recomendación n°62

Por medio de este documento, el CNJ recomendó a los jueces que adoptaran medidas de prevención contra la infección del nuevo coronavirus en los sistemas de justicia penal y juvenil como, por ejemplo, la reevaluación de las penas de prisión preventiva o la liberación anticipada para determinados grupos de riesgo citados en el documento.

La medida, que se mostró prometedora en un principio, pronto reveló sus límites: la recomendación no era vinculante y no tuvo un impacto considerable en la vida de las personas privadas de libertad. Con la excepción de algunos casos puntuales, los jueces la ignoraron, y la población reclusa brasileña llegó incluso a aumentar durante la pandemia. Hasta el Tribunal Supremo de Brasil denegó de forma masiva las solicitudes de libertad fundamentadas en la recomendación del propio CNJ.

La mayoría de estos miles de solicitudes de revisión del cumplimiento de las penas se presentaron en forma de habeas corpus invocados por defensores públicos. La vía colectiva del habeas corpus se empleó en más de una ocasión: personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o personas de grupos de riesgo en lo relativo a la COVID. A pesar de esto, el Tribunal Supremo negó la posibilidad de que dichas personas cumplieran su pena bajo arresto domiciliario. Los casos aceptados por los tribunales brasileños fueron muy excepcionales.

La lucha de la Defensoría Pública no se limitó a las solicitudes de excarcelación de las personas pertenecientes a grupos de riesgo. En Sao Paulo, estado que concentra casi un tercio de la población reclusa del país, la Defensoría Pública entabló procedimientos judiciales para que los centros penitenciarios se dotaran de personal de salud, así como para que se instalaran teléfonos públicos y se organizaran visitas virtuales. Además, instó al presidente de la República a conceder el indulto humanitario a los ya mencionados grupos de riesgo. De todas esas medidas, la única que realmente se aplicó fue la de las visitas virtuales.

Del mismo modo, la Defensoría Pública de Sao Paulo realizó visitas de control a varias prisiones, a menudo, tras recibir denuncias por parte de los familiares de los reclusos. Se inspeccionaron 21 centros penitenciarios y los datos obtenidos durante las primeras 14 visitas revelaron lo siguiente:

a) entre los centros penitenciarios visitados, la tasa de ocupación más baja era del 122 %, y la más alta, del 230 %;

b) el 86 % de las prisiones racionaba el suministro de agua y una llevaba cinco días sin ofrecer agua a los reclusos;

c) el suministro de productos de higiene era precario y en un 31 % de las prisiones los reclusos declararon no haber recibido nunca dichos productos;

d) todas las prisiones inspeccionadas ofrecen apenas tres comidas diarias, de bajo valor nutricional y con 13 horas de diferencia entre la última comida de un día y la primera del siguiente;

e) la insalubridad de las instalaciones es un problema generalizado y hay poca iluminación y ventilación en las celdas;

f) ninguna prisión cuenta con suficiente personal sanitario, y en cuatro de ellas los reclusos no tienen acceso a un médico.

Incluso frente estas observaciones alarmantes, la postura de los poderes públicos brasileños sigue siendo negacionista. El inmovilismo de las autoridades nacionales llevó a la Defensoría Pública de Sao Paulo a solicitar una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de exponer la realidad de las prisiones de Brasil durante la pandemia y exigir al Estado que rinda cuentas.

Este llamamiento internacional abre nuevas posibilidades de cambio, aunque ya se haya ejercido presión internacional sobre el Gobierno de Brasil debido a su gestión de la pandemia, que ha sido la peor tanto dentro como fuera de las prisiones. En este contexto, las desigualdades y las violaciones de derechos se han agudizado aún más, así que, más que urgente, el cambio ahora es vital. Por ello, la Defensoría Pública seguirá luchando.