Hace poco, brindé asistencia jurídica a un joven de 17 años al que habían arrestado por travestirse, lo que se considera un delito de usurpación de identidad. Este joven permaneció recluido con adultos, a pesar de que el centro penitenciario cuenta con un módulo para menores. Cuando me entrevisté con él, me contó que el guardia penitenciario le dijo a los demás que “podían hacer lo que quisieran con la chica que acababa de llegar”, refiriéndose a él. El joven no entendía nada de lo que estaba sucediendo. El hombre más viejo de la celda le ofreció su “protección” a cambio de dinero y, al sentirse en peligro, el joven aceptó. Al día siguiente, el guardia volvió para asegurarse de que los reclusos le habían dado la “bienvenida” al joven.
El supuesto protector aseguró al guardia que él mismo se había encargado de “darle lo suyo al chico toda la noche”. El guardia entonces lo aplaudió y le dijo “bravo, te ganaste una cerveza”.
El precio que se había convenido por la protección era de 25 000 francos CFA (unos 380 euros), una suma que el chico no podía pagar a tiempo. Tampoco podía recurrir a sus padres, puesto que ellos ignoran su orientación sexual, así que yo pude ayudarlo y comenzar a trabajar por su liberación.
Durante su última noche de reclusión, su “protector” presintió que no iba a recibir la suma de dinero acordada, por lo que los reclusos más mayores de la celda lo violaron.
Gracias a la asistencia jurídica, el joven pudo salir de prisión. Recuerdo que cuando salía de su celda, todos los guardias vinieron a verlo para humillarlo y burlarse del estado en el que se encontraba. Yo quedé sorprendido y aterrorizado de verlo así.
Es imposible entablar una denuncia por este tipo de casos. Los padres de la víctima aún desconocen la orientación sexual de su hijo; lo rechazarán si se enteran. Además, el chico podría estar expuesto a una estigmatización aún mayor, puesto que la audiencia es pública. En pocas palabras, no hay ninguna salida para este tipo de situaciones.
