Camerún: cuando los derechos no son más que una teoría

Maxime Bissay. Uno de los principales factores que dificultan el acceso a la justicia es la pobreza. Muchas personas carecen de recursos para pagar su defensa o para hacer avanzar sus procedimientos. La corrupción corroe todo el sistema judicial, la Policía y la Judicatura, por lo que los expedientes no se tratan si no hay dinero de por medio, y las decisiones favorables a menudo se supeditan a los sobornos. Las personas menos favorecidas son conscientes de que aquellas que tienen los medios para pagar, pueden esquivar la ley. Nadie confía en las instituciones judiciales, a la que se les considera parciales e ineficaces.

Para las personas privadas de libertad, el acceso a la justicia se limita a la teoría. Si bien la ley prevé la asistencia jurídica gratuita para las personas más desfavorecidas, los abogados y las abogadas de oficio que se les asignan se implican poco en sus casos, y no suelen considerarlos prioritarios. Esto se debe a que, a menudo, las jurisdicciones no pagan sus honorarios, a pesar de ser irrisorios.

Existen también otros factores que obstaculizan el acceso a una justicia imparcial, tal como lo prevén la Constitución y el Código de Procedimiento Penal de Camerún. La escasez de autoridades judiciales en el país, por ejemplo, limita tanto la transparencia como la aplicación efectiva de los procedimientos. Y, aunque las escuelas de la judicatura forman a nuevos y nuevas profesionales, este problema sigue sin resolverse. En cuanto a los presupuestos de los tribunales, es imposible conocerlos, ya que no se divulgan.

Según las cifras oficiales, más de la mitad de las personas privadas de libertad se encuentran en espera de juicio. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil afirman que estas cifras no reflejan realidad.

Si bien se supone que, en función de la gravedad del delito, el periodo de prisión preventiva varía entre tres y seis meses, renovable una sola vez —es decir, un máximo de 12 meses—, he visto casos de personas que pasan dos o tres años en espera de juicio. La demora en los procedimientos también se debe a la distancia geográfica entre los tribunales de instancia y los de apelación, ya que solo hay uno por región.

Las personas condenadas en primera instancia pueden impugnar la decisión. Sin embargo, los expedientes no se transmiten de manera automática al tribunal de apelación. Por otra parte, si las personas privadas de libertad no disponen de los medios necesarios para viajar a la ciudad en la que se encuentra el tribunal competente, sus expedientes terminan en el fondo del cajón, y su única esperanza son las asociaciones defensoras de los derechos humanos.

Las dificultades son aún mayores para las personas acusadas de terrorismo o de implicación en la crisis anglófona ¹. Este tipo de casos los instruye un tribunal militar, sin que se garanticen los derechos previstos en los procedimientos penales. Los periodos de prisión preventiva, por ejemplo, suelen sobrepasar los límites legales de seis meses, renovables una vez, y las personas acusadas de terrorismo se consideran culpables incluso antes de su juicio.

MB. El hecho de que no se haya ratificado el OPCAT no solo afecta a las personas privadas de libertad, sino también a las organizaciones de la sociedad civil. Sin esta ratificación, nuestras acciones en el ámbito carcelario son frágiles, pues el acceso a los establecimientos depende de nuestra relación con las direcciones, que pueden cerrarnos las puertas en cualquier momento.

La falta de un control exterior perjudica en gran medida a la población carcelaria. Las visitas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos tienen un poder disuasorio frente a las posibles violaciones de los derechos y generan en las personas privadas de libertad un sentimiento de seguridad. Sin un control externo, estas personas quedan abandonadas a su suerte en lugares propicios para los abusos.

Un hecho curioso es que, a pesar de no haber ratificado el OPCAT, Camerún creó su propio “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”, conformado por una subcomisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este organismo carece de independencia respecto al Poder Ejecutivo, ya que está bajo la tutela directa de la Secretaría General de la Presidencia de la República, y sus miembros, que suelen formar parte del partido en el poder, se nombran por decreto presidencial. Además, los informes que redacta son confidenciales y se dirigen exclusivamente a la Presidencia de la República. Desde su creación, las organizaciones de la sociedad civil solo han tenido acceso a un único informe, vacío de contenido. Estas deficiencias limitan de manera considerable el papel de supervisión que pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil.

MB. La legislación camerunesa sigue contemplando la pena de muerte, para la que establece tres etapas: la decisión de una autoridad judicial, la ejecución pública, y la publicación de la ejecución en el diario oficial. Si bien en la práctica Camerún mantiene una moratoria sobre la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales siguen ocurriendo. Por ejemplo, entre 2000 y 2001, el Gobierno puso en marcha la operación “Comando operacional”¹, con la que pretendía erradicar el crimen organizado en Douala. Durante este periodo, se llevaron a cabo ejecuciones sumarias sin que se presentara a las personas ante una jurisdicción militar o civil.

Hoy en día, la moratoria depende de la voluntad del presidente de la República. Para los defensores y defensoras de los derechos humanos, esto representa una verdadera espada de Damocles, pues basta con que otra persona asuma el poder para que se levante la moratoria. Pero, lo cierto es que esta incertidumbre no se disipará, mientras la pena de muerte siga inscrita en nuestro Código Penal. El problema es que las autoridades camerunesas sostienen que la pena de muerte es una herramienta de disuasión contra el terrorismo.

Es fundamental que sigamos abogando por la abolición tanto a nivel nacional como internacional. Los países abolicionistas también pueden jugar un papel crucial, dada su capacidad de influencia. En Camerún, la ACAT, junto con nuestros colaboradores, realizamos campañas de promoción ante las autoridades. Justo antes del 79° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebró en diciembre de 2024, intensificamos nuestras acciones. Por desgracia, una vez más, Camerún se abstuvo de votar a favor de las resoluciones de la ONU que instaban a la aplicación de una moratoria universal sobre las ejecuciones.

Hace poco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos redactó un memorando a favor de la abolición de la pena de muerte, que contó con la colaboración de la ACAT. Sin embargo, el documento nunca se compartió ni con la opinión pública ni con las organizaciones de la sociedad civil.

La ACAT trabaja para informar y sensibilizar a la población, pues muchas personas ignoran que la pena de muerte sigue vigente en el país. Las radios comunitarias son uno de los medios que utilizamos para arrojar luz sobre esta cuestión y promover al respeto del derecho a la vida, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta labor de sensibilización es fundamental, ya que, con frecuencia, los seres queridos de las personas condenadas a muerte las abandonan, sin importar la gravedad de los delitos que se les imputan. En muchos casos, las familias temen que se les vincule con los cargos, sobre todo, cuando se trata de terrorismo. Esta situación aísla mucho más a las personas condenadas a la pena capital.