MM. El recurso al aislamiento es uno de los principales problemas en Canadá. Aunque este se ha abolido en las prisiones federales, en las cárceles provinciales aún se aplica. Nosotros seguimos luchando y presentando recursos para que esta práctica desaparezca por completo, pero los tribunales no responden de manera positiva, ya que no quieren meterse en la gestión penitenciaria. Los centros penitenciarios son lugares cerrados en los que no es fácil acceder a la información.
A nivel federal, no se nos considera abogados, sino “asistentes”, por lo que durante las audiencias frente a la comisión de libertad condicional estamos al mismo nivel que el padre o la madre de la persona reclusa, y no tenemos acceso a los expedientes.
Desde hace nueve años que ejerzo como abogada, pocas cosas han cambiado en este sentido. Uno de los objetivos de la Association des avocats carcéralistes progressistes (asociación de abogados penitenciarios progresistas), que yo misma he creado, es ejercer más presión para obtener más derechos. Pero por ahora nada funciona y el progreso es demasiado lento.
PB. Solo desde 2017, las personas privadas de libertad en las cárceles provinciales pueden contar con un abogado en caso de falta disciplinaria. Antes de esta fecha, tenían que comparecer solas, sin asistencia letrada, durante las audiencias. Hoy en día, el sistema penitenciario de Quebec restringe este derecho para intentar evitar la presencia de los abogados, por lo que ya no se hacen audiencias disciplinarias en casos de falta grave o moderada, sino solo en caso de falta leve. De este modo, las sanciones consisten únicamente en multas, y las personas no tienen derecho a recurrir a un abogado.
MM. La regla es mantener la boca cerrada. A veces, el personal penitenciario me llama de manera anónima para confirmarme que se han producido actos violentos contra las personas privadas de libertad. Pero mientras el funcionario no quiera testificar, no puedo utilizar esta información para defender a mi cliente. Es necesario que más personas visiten la prisión, aun así cuando solicitamos la autorización para realizar una misión de observación dentro de un centro penitenciario, por ejemplo, nos responden que esa es la misión del Defensor del Pueblo. Sin embargo, el Defensor del Pueblo casi nunca visita las prisiones y las personas privadas de libertad tienen poco acceso a él. Los que desean presentar una denuncia deben utilizar los teléfonos que se encuentran en los pasillos y hablar frente a todo el mundo, incluidos los guardias. No hay ninguna confidencialidad y la única respuesta que reciben del otro lado de la línea es que envíen una denuncia escrita. El Defensor del Pueblo solo puede emitir recomendaciones, así que nada cambia.
