Canadá: “una gota de agua en el océano”

Samira Figuigui. El sistema penitenciario canadiense consta de dos tipos de instituciones: por un lado, las cárceles provinciales o territoriales para los condenados a penas inferiores a dos años, y por otro, las penitenciarías federales para las penas de dos años o más.

La arquitectura, el funcionamiento y la salubridad de los centros penitenciarios provinciales son similares a los de las cárceles (“Maisons d’arrêt”) en Francia, en las que hay problemas de sobrepoblación y muchas veces se recluye a varias personas en una misma celda.

Quebec contempla la posibilidad de cumplir una condena de manera discontinua, en particular los fines de semana, según el perfil de la persona y el motivo de su condena. No obstante, esto puede resultar en una masificación puntual los fines de semana. Por ello, no es raro ver personas encarceladas en el gimnasio con colchones en el suelo y en condiciones de reclusión precarias. Asimismo, el hacinamiento, la insalubridad y la falta de dignidad pueden provocar tensiones entre los reclusos y con el personal.

Los dos tipos de instituciones distribuyen a los reclusos en tres niveles de seguridad: mínima, media, máxima. En Quebec, por ejemplo, las personas que llegan a una penitenciaría pasan primero por un centro regional de recepción que se encuentra en el complejo carcelario de Sainte-Annes-des-Plaines.

Durante tres meses, se evalúa a la persona con respecto a las infracciones cometidas, se comprueba si tiene antecedentes, problemas de salud mental o física, trastornos diversos, etc. y se define su grado de peligrosidad, así como su capacidad de adaptación al entorno carcelario. Esta evaluación determina el tipo de establecimiento al que se trasladará la persona.

En general, en los casos de homicidio, ya sea involuntario o no, las personas son recluidas en un centro de máxima seguridad. Al cabo de dos años, se reevalúa al recluso, lo que le permite tener la posibilidad de bajar al grado de seguridad media y así sucesivamente.

En cuanto al cambio de régimen, las autoridades evitan enviar a un recluso a un tipo de seguridad más elevado. En media hay un nivel de libertad notablemente mayor. Se tiene, por ejemplo, la posibilidad de ir a trabajar. En máxima el recluso sale muy poco de su celda. Una persona encarcelada en media que se encontrara de repente en máxima sufriría un shock psicológico aún mayor que el de la encarcelación inicial.

SF. En términos globales, observamos una falta de comunicación y de intercambio de información por parte de los servicios penitenciarios, por lo que sigue siendo difícil comprender las causas del reciente aumento en el número de casos. Lo que sí sabemos es que el virus tarda cierto tiempo en entrar a las prisiones, pues, al igual que en la primera oleada de la epidemia, se observa un desfase de tres a cuatro semanas con respecto a la población general. Sin embargo, este rápido brote de casos no se relaciona únicamente con la opacidad de la administración penitenciaria ni con la continuidad de los servicios, puesto que se interrumpieron en otoño. Por ejemplo, se suspendieron las visitas.

Un primer elemento de respuesta con respecto a la concentración de casos de COVID-19 en las prisiones de seguridad media podría ser simplemente la distribución de los reclusos y su densidad. Las de máxima seguridad son mucho más cerradas y concentran a menos reclusos que las de mínima y las de media.

De manera general, las medidas en los centros son similares a las de otros países, y consisten básicamente en el uso de mascarillas. Sin embargo, no es obligatorio en las celdas, puesto que se consideran como su lugar de residencia, un poco como en los domicilios de la población general. Dicho esto, se les recomienda encarecidamente llevarla puesta. Por lo demás, la mascarilla es obligatoria para desplazarse de un módulo a otro, durante los traslados y para cualquier salida del centro.

Los traslados se interrumpieron o por lo menos se limitaron mucho durante la primera oleada (primavera de 2020), lo que no ha sido el caso en la segunda. Se aplica una cuarentena de 14 días para todo traslado o nuevo ingreso. La puesta en libertad temporal durante el día, en particular para los reclusos que trabajan, se ha mantenido. A los que gozan de ese derecho se les ubica en un sector específico y no tienen contacto con los demás reclusos. En las cárceles provinciales se anunció toda una batería de medidas para asegurar el “bienestar” de las personas privadas de libertad. Estas medidas consisten básicamente en ofrecer un estuche con una radio u otros objetos con los que pasar el rato.

Las personas que se comunican la Sociedad John Howard, ya sean los reclusos o sus familias, manifiestan siempre tener el mismo miedo: contraer el virus. Durante la primavera pasada tuvieron lugar varias revueltas en los centros penitenciarios provinciales. Hubo cortes de agua en diferentes módulos de la cárcel de Bordeaux, en Montreal. Muchos reclusos han denunciado que los agentes penitenciarios no llevaban mascarillas, y se han quejado de que algunos agentes no cumplen las medidas de higiene. Lo mismo vale para los compañeros de celda. Hay un verdadero clima de ansiedad en el interior de los centros.

Las víctimas indirectas son las familias; madres, padres, hijos que no pueden visitar a sus seres queridos en prisión. Las visitas, que se habían reanudado durante algunas semanas en verano, se volvieron a suspender en otoño y se limitaron a videoconferencias, lo que supone un problema de acceso a internet para algunas personas.

SF. A mediados de febrero, se administraron 600 dosis de vacunas a reclusos de todo Canadá. Si bien es una gota de agua en el océano, la distribución de las primeras dosis a la población carcelaria causó indignación.

La sociedad canadiense, que esperaba con ansias la vacuna, se alarmó de que se diera prioridad a los delincuentes y se dejara morir a los ciudadanos más “respetables”.

La vacunación se ha hecho dentro de las propias penitenciarías. Por ahora, solo afecta a las prisiones federales y la incertidumbre persiste en las provinciales.

Las dosis se han destinado a los reclusos mayores de 70 años y a los más vulnerables por su estado de salud. La campaña de vacunación está gestionada por la agencia de servicio público, que también se ocupa de la población general. Por lo tanto, los reclusos están sujetos a los mismos criterios de acceso.

Los reclusos tienen que poder dar su consentimiento sobre los cuidados que reciben, al igual que la población general. Es decir, que si no quieren vacunarse, no están obligados. Los servicios penitenciarios, ya sean provinciales o federales, son responsables de la salud de la población carcelaria. Por lo tanto, están a cargo de los cuidados y de los servicios de salud de los reclusos, independientemente de su condición. En un ambiente tan cerrado e insalubre como el de las prisiones era urgente que los reclusos, al menos los de edad más avanzada y los más vulnerables, tuvieran prioridad para ser vacunados.