Chile es un estado unitario descentralizado. Gendarmería, establecida en 1911 bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, es la institución encargada del sistema penitenciario en Chile es maneja los centros penitenciarios (76 públicas and 8 privadas) y su objetivo es contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad. Casi un tercio de la población son detenidos que aún no han enfrentado sus juicios e imputados (34.7%). Chile tiene la segunda tasa de población femenina más alta de la región (7% del total).
Las Instituciones de Derechos Humanos han reportado las pobres condiciones de vida y las deficiencias sistemáticas para tener acceso a servicios de Salud por parte de los y las reclusos/as. También es la responsabilidad de Gendarmería facilitar el acceso a salud a las personas privadas de libertad a través de su Departamento de Salud. Su objetivo es manejar y coordinar los recursos destinados para garantizar los beneficios de salud a reclusos/as y quienes trabajan en las cárceles. Este departamento está a cargo de enfermerías de cárceles y hospitales, de trasladar personas privadas de libertad a facilidades externas de salud si lo requieren y de contratar a personal de salud para trabajar en las cárceles. Sin embargo, se dice que esta dotación es escasa, y que son pocas las especialidades médicas y el cuidado es de mala calidad.

El Sistema de Salud de los Centros Penitenciarios depende de Gendarmería, y su Departamento de Salud. Este último no está formalmente conectado al sistema de salud público, no obstante, los y las reclusos/as pueden tener acceso a éste cuando el sistema de la penitenciaria está sobrepasado.
Cuando el primer caso de COVID-19 fue identificado en el país, un protocolo para los centros penitenciarios fue desarrollado. El 23 de marzo, Gendarmería presentó su “Plan Comprehensivo de Contingencia COVID-19”, el cual adoptaba ciertos parámetros para aumentar la seguridad operacional del servicio y mejorar el acceso a servicios de salud, suministros y logísticas. Organizó una coordinación interinstitucional y de acceso a información, con el foco en la protección de funcionarios y personas depravadas de libertad.

A principios de marzo 2020, los ministros de Salud y Justicia visitaron algunos centros penitenciarios para informar sobre las medidas de prevención. La campaña de vacunación en contra de la influenza H1N1 fue estrenada para personas privadas de libertad y gendarmes, para reducir el riesgo de comorbilidad.

Esa misma semana, la institución penitenciaria decidió restringir las visitas, reduciendo el número de días, el número de personas a las cuales se les permitía entrar y prohibiendo las visitas de personas de la tercera edad y de mujeres embarazadas. Mientras el contagio se esparció en las cárceles, todas las visitas fueron suspendidas. El personal comenzó a sistemáticamente sanitizar los centros penitenciarios y los vehículos institucionales que hacen los traslados de reclusos/as antes y después de su uso.
Gendarmería de Chile estableció lugares en las cárceles para recibir a personas potencialmente infectadas o personas que habían estado en contacto estrecho con infectados. En todos los edificios, una cuarentena preventiva de completa aislación fue impuesta en todos que entraban desde el sistema judicial o de otro centro penitenciario. De acuerdo al reporte de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, 2.667 lugares fueron establecidos para este propósito. Un plan de contingencia fue desarrollado en caso de que todos los lugares de aislación fueran ocupados y que los trabajadores entrenados fueran sobrepasados: las dependencias del Centro Penitenciario de Concepción serían adaptadas para funcionar como un hospital de aislación para 1.600 personas. El plan también proyectaba la transferencia de reclusos/as de otras regiones, el aislamiento de gendarmes y la creación de un área médica equipada, que incluía un suministro de comida y funcionarios/as para su desarrollo.

La administración de centros penitenciarios informaba diariamente el número de casos, cifra que incluía a reclusos/as, gendarmes, y el número de personas vacunadas en contra de la influenza. Las cifras más recientes muestran que 2,156 personas y 1,763 gendarmes han sido infectados, y que 18 prisioneros7as y 2 gendarmes murieron a causa del COVID-19.
El primer caso confirmado fue un gendarme el 23 de marzo, 2020, seguido por un recluso el 29 de marzo en Puente Alto. La cárcel de Puente Alto en Santiago, donde el virus se propagó rápidamente, infectó a 68 reclusos y 81 gendarmes para Abril.
En junio 2020, el primer deceso a causa de COVID-19 en una cárcel fue informado : un recluso de 75 años, quien había estado preso desde 2013 en la cárcel más grande y más hacinada del país, CP Santiago Sur (ex Penitenciaria).
Otros brotes de COVID-19 fueron destacados en los últimos meses. El brote de CP Puente Alto fue seguido por casos en la cárcel de Valdivia, Chillán y en el centro de trabajo y educación penitenciaria en Valparaíso. De acuerdo a las autoridades de derechos humanos, el brote en Valdivia fue debido al traslado negligente de reclusos desde Santiago, quienes no habían sido testeados.

El promedio de la tasa de hacinamiento en Chile no es muy alta. Sin embargo, varios centros presentan serios contextos de hacinamiento y condiciones sanitarias pobres. Para reducir la población de cárceles y limitar los riesgos de salud, que son agravados por celdas llenas de personas, el Ministerio de Justicia y la Defensoría Penal Pública tomaron medidas para limitar la entrada de nuevos reclusos/as y promover la libertad anticipada.
El 25 de marzo, 2020, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional que apuntaba al indulto de personas identificadas de alto riesgo de salud en cárceles (incluyendo a personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, niños y adolescentes y personas con enfermedades crónicas). El proyecto fue aprobado el 16 de abril tras discusiones y modificaciones. Permitió que las condenas podrían ser conmutadas a arresto domiciliario para todos los mayores de 75, para hombres entre 60 y 75, para mujeres entre 55 y 75, para mujeres embarazadas o madres con un hijo menor de dos que viven con ellas, y para personas que tienen reclusión nocturna. También permitió la modificación temporal de condenas a personas con reclusión parcial. El proyecto de ley excluía a personas condenadas por crímenes serios, tales como violencia doméstica, tortura, violación, parricidio, femicidio, homicidio, o crímenes relacionados con genocidio, crímenes en contra de la humanidad o crímenes de guerra. Un total de 1.610 personas fueron liberadas¹.
Por otra parte, la Defensoría Penal Pública (DPP) promovió “masivas acciones de defensa para reemplazar la prisión preventiva de personas acusadas de pertenecer a grupos con un riesgo mayor a la salud”.² Entre abril y mayo 2020, la DPP llamo a todos sus profesionales a pedir la mayor cantidad de revocaciones de la medida de depravación de libertad. Como resultado:

• Hasta abril 2020, Comisión de Libertad Condicional entregó 1.560 permisos de libertad parcial de los 3.250 reclusos/as nominados por la DPP, con un 48% de éxito en la primera instancia. Después, 97 amparos fueron aceptados, lo cual llevó a una cifra total de 1.657.
• Para mayo 2020, las acciones de defensa fueron desplegadas para 8.199 personas, lo cual llevó a que revocaran las medidas preventivas para 2.489 de ellos.

La combinación de las medidas implementadas en las cárceles descongestionó las cárceles en un 9%, según datos de Gendarmería.

Las actividades que requerían de las personas privadas de libertad salir de las cárceles o la entrada de actores externos fueron, por la mayor parte, postergadas, reducidas, o canceladas. Los programas de reinserción social continuaron reducidamente y las sesiones de grupos fueron suspendidas. Los programas de drogas se mantuvieron durante la crisis. Las clases presenciales fueron suspendidas, pero los cursos online y las guías educacionales se mantuvieron disponibles para los reclusos. . ¹ Algunas actividades fueron suspendidas, mientras que más de 2.000 máscaras fueron hechas por las personas depravadas de libertad en talleres.

Todas las visitas fueron suspendidas en marzo 2020, en muchos casos, debido a la demanda de los y las reclusos/as para protegerse a si mismos y a sus familias. Como una alternativa para mantener contacto con las familias y el sistema judicial, nuevas tecnologías fueron implementadas para gestionar visitas virtuales. Gendarmería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suspendieron todas las sanciones por el uso de celulares en las cárceles, lo cual llevo a su acceso regularizado como una medida excepcional. Los equipos fueron gestionados por las familias o por el Ministerio de Justicia, a través del proyecto de “llamado humanitario” para donaciones de chips de teléfonos celulares. En julio 2020, se contaron 2.120 teléfonos celulares, 249 computadores, 470 teléfonos públicos, y 256 dispositivos móviles por parte del gobierno. ¹ Las personas privadas de libertad tenían permiso para un teléfono por persona, para ser usado durante específicos tiempos del día y solo para mantener comunicación con sus seres queridos o con sus abogados. Estos celulares eran controlados por la administración y regulados a través de un protocolo de uso y operación.
Dada la prolongada suspensión de visitas presenciales y la mayor flexibilidad de las medidas sanitarias en el resto del país, algunos reclusos demandaron que se debían re-instaurar las visitas presenciales. En diciembre 2020, un protocolo estricto de visitas fue desarrollado por Gendarmería de Chile. Algunas cárceles han empezado a implementar el protocolo.

Algunos motines y actos de protesta fueron reportados desde las cárceles chilenas. El primer gran motín fue en la CP Puente Alto (en Santiago), donde el primer brote fue observado y que tiene el 80% de todas las personas privadas de libertad infectadas. El disturbio fue liderado por 400 reclusos de la Torre 1, detenidos por “crímenes de alta complejidad”. Los manifestantes incendiaron colchones y denunciaron que el manejo de la pandemia por parte de las autoridades, la falta de testeos, y el acceso limitado a medidas de libertad anticipada, ya que fueron catalogados como reclusos de “alto riesgo criminógeno”, por lo que no son elegibles para el programa de indulto gubernamental. Gendarmería y Bomberos intervinieron. No hubo heridos.
Dos otros motines ocurrieron en C.C.P. Colina I (Santiago). De acuerdo a las autoridades de la cárcel, uno de ellos empezó después de una rutina de registro por parte de personal de la penitenciaria, lo cual fue seguido por una riña entre reclusos en la torre 4A. Cuatrocientas personas privadas de libertad estuvieron involucradas, y 36 reclusos y 12 gendarmes fueron heridos El segundo motín causó graves daños y dejó a 38 reclusos y 32 personal con heridas. Luego de los motines, Gendarmería transfirió 126 personas privadas de libertad a otras cárceles y regiones. Los reclusos de Santiago 1 protestaron en contra de las malas condiciones de higiene. Algunos intentaron escapar con la ayuda de familias y amigos desde afuera, sin éxito. El motín terminó con 25 reclusos heridos y 12 gendarmes. Otros motines e intentos de escape han sido reportados en prisiones privadas en Rancagua y Valdivia, entre otros. Una manifestación fue organizada por personal de Gendarmería en Calama, quienes demandaban más medidas preventivas para evitar la propagación del virus COVID-19 en la cárcel.
Videos y posters de protestas y descontento han sido dispersados por parte de los y las reclusos/as. Ellos demandan mejores condiciones en los centros penitenciarios, que sean elegibles para los indultos, que sean escuchados en decisiones que permiten o suspenden visitas, y en las decisiones que conciernen el manejo de la pandemia. Las personas privadas de libertad argumentan una y otra vez que sus vidas y derechos humanos deben ser vistos tan significantes como las de cualquier ser humano.

Varias organizaciones nacionales e internacionales han expresado sus preocupaciones por el estado de las cárceles chilenas, considerando a los y las reclusos/as como un grupo particularmente vulnerable dado la naturaleza de las restricciones, el hacinamiento y las pobres condiciones sanitarias.
La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema recomendó reducir la población de las cárceles con un sistema de libertad anticipada o temporal para aquellos que son considerados “seguros”, tomando en cuenta las Reglas Tokyo de medidas no custodiales. En su reporte sobre las acciones de Gendarmería, concluyó que no fueron capaces de evitar la crisis al interior de las cárceles en parte debido a las condiciones precarias estructurales. A pesar de iniciativas positivas, las medidas no fueron implementadas de forma uniforme.

Las organizaciones de Derechos Humanos han supervisado y promovido los derechos de salud de los y las reclusos/as, entre ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Colegio Médico (COLMED). Estas organizaciones han visitado las cárceles y han emitido recomendaciones a las autoridades penitenciarias.

En el reporte de la visita a la CP Puente Alto en abril 2020, las conclusiones fueron claras en argumentar que: (1) hubo una necesidad urgente para mejorar la infraestructura, (2) de mejorar la coordinación entre las cárceles, las autoridades y las organizaciones, (3) la implementación de medidas sanitarias para las encomiendas, y (4) limitar el acceso de familiares que están afuera de las cárceles para prevenir la propagación de COVID-19.

El reporte también declaró la necesidad urgente para más capacitación, la entrega y uso obligatorio de elementos de protección personal entre personal médico y de las cárceles. Muchas de estas recomendaciones han sido consideradas por Gendarmería, pero falta mucho por hacer.