Destinos inciertos tras las rejas

Catherine Heard. Los reclusos en prisión preventiva pueden encontrarse en diferentes etapas del proceso legal, como exponemos en nuestro informe: -En la etapa de «instrucción o investigación penal preparatoria», durante la cual la investigación está en curso o se está esperando la audiencia de juicio oral ante el tribunal. -En la etapa de «juicio», durante la cual está en curso el proceso para determinar la culpabilidad y/o la sentencia. -En la etapa de «condena sin sentencia», durante la cual la persona ha sido declarada culpable pero aún no ha sido sentenciada. -En la etapa de «recurso y espera de sentencia definitiva», durante la cual se ha dictado una sentencia que puede ser recurrida¹.

La finalidad de la prisión preventiva, en principio, es garantizar que la persona no eluda la acción de la Justicia, no interfiera con los testigos o las pruebas, ni cometa delitos. La prisión preventiva se entiende originalmente como una medida excepcional que se utilizaría como último recurso, dado que con otras medidas se pueden alcanzar objetivos similares. Sin embargo, nuestra investigación muestra que cuando los tribunales dictan medidas de prisión preventiva suelen basarse en supuestos generales, en lugar de estudiar cada caso concreto de manera específica, basándose en el riesgo real que representa. Además, en los casos en que la prisión preventiva es legalmente procedente, se supone que su duración debería limitarse al mínimo necesario para lograr el objetivo deseado, pero las investigaciones demuestran que su duración promedio varía enormemente.

La duración promedio es de 167 días en los Estados Unidos de América. En Brasil, varía de un estado a otro: el promedio nacional es de 368 días, pero en algunos estados es de hasta 900. En algunos países, las prisiones preventivas se extienden por más tiempo que las sentencias que usualmente se imponen para sancionar el delito objeto del proceso.

Las consecuencias del uso indebido de la prisión preventiva son graves. Incluso cuando los períodos de reclusión son breves, pueden verse afectados los lazos familiares, el derecho a la intimidad, el acceso al dinero y al trabajo, conllevando consecuencias duraderas, lo que puede tener repercusiones a largo plazo y cambiar la vida de las personas. Un hecho conocido es que las condiciones de reclusión de los detenidos en prisión preventiva son a menudo peores que las de los presos condenados: en gran parte del mundo, viven en prisiones insalubres, violentas y sobrepobladas. Por lo general, no pueden acceder a la educación, a los programas de rehabilitación ni al trabajo; su encarcelamiento también afecta su derecho a un juicio justo porque, mientras se está bajo custodia, es más difícil preparar la defensa, consultar a un abogado y prepararse para las audiencias. Las personas en prisión preventiva sufren una mayor presión por confesar o aceptar acuerdos con la Fiscalía. Nuestro estudio también muestra que en algunos países es más probable que los jueces impongan una pena privativa de libertad a una persona que haya estado esperando el juicio tras las rejas que a alguien que haya sido puesto en libertad bajo fianza.

CH. La población de detenidos en prisión preventiva está creciendo en todo el mundo. En los Estados Unidos hay casi medio millón de prisioneros en esta situación, en la India más de 300 000 y en Brasil son más de 250 000. También hay ejemplos sorprendentes de países con grandes proporciones de personas en prisión preventiva entre su población carcelaria: en Libia, el 90 % de la población carcelaria total está en esa situación; en Bangladesh, la cifra es superior al 80 % y en Paraguay, al 70 %.

Desde el año 2000, el número total de reclusos en prisión preventiva ha aumentado en un 30 %, lo que representa un 5 % más que el crecimiento de la población carcelaria total en todo el mundo.

Por regiones, hay signos aún más llamativos de este incremento: en Asia, el aumento ha sido del 72 %, impulsado en su mayoría por Camboya, Indonesia y Filipinas. En las Américas, la población penitenciaria total en prisión preventiva aumentó en un 60 %. Desde el año 2000, el número se ha más que duplicado en Brasil, Paraguay, El Salvador y Venezuela. En Europa, por otro lado, hemos visto una disminución significativa en las cifras de detenidos en prisión preventiva, lo que se debe principalmente a la caída del número de detenidos en Rusia. El total aumentó drásticamente en Oceanía, más que en cualquier otro continente, en un 200 % a nivel global.

Estas cifras contrastan con la notable disminución de los niveles de delincuencia en muchos países, así como con la cada vez mayor disponibilidad de medidas alternativas, como la vigilancia electrónica, que deberían reducir la necesidad de que los jueces recurran a la prisión preventiva.

En lugar de aumentar la seguridad de las personas y reducir la delincuencia, la prisión preventiva a menudo implica efectos opuestos que no se pretendían.

Para algunas personas, encontrarse en prisión mientras esperan sus juicios puede tener un efecto criminógeno, por varias razones: se pueden perder los factores de protección que ayudan a desistir de cometer delitos (relaciones familiares, trabajo y hogar); puede aumentar el riesgo de formar asociaciones que podrían conducir a futuras actividades delictivas; o pueden verse obligados a endeudarse debido al consumo de drogas o por tener que pedir dinero prestado a otros reclusos para pagar artículos de primera necesidad, como crédito telefónico o medicamentos. Estos factores pueden aumentar el riesgo de cometer delitos en el futuro, por lo que la prisión preventiva es en gran medida contraproducente.

CH. Si una prisión ya está luchando para gestionar un alto número de presos, el uso excesivo de la prisión preventiva ejerce una presión adicional sobre el personal, el espacio penitenciario y los recursos disponibles. El hacinamiento afecta a los sistemas penitenciarios de aproximadamente el 60 % de los países del mundo, lo que empeora el nivel de seguridad y atención médica que se puede proporcionar a los reclusos condenados. La rehabilitación en este contexto es más difícil de lograr.

Abordar el uso excesivo de la prisión preventiva se ha convertido en un asunto aún más crucial ahora que la COVID-19 es una realidad en las prisiones de todo el mundo. Como hemos visto en Estados Unidos, las comunidades externas están en estrecha interacción con las poblaciones penitenciarias. Esto significa que cuando una enfermedad contagiosa se extiende, como está ocurriendo con la actual pandemia, la infección se propaga rápidamente y se apodera de la prisión. Un gran número de individuos de la comunidad exterior, incluyendo a las familias del personal y de los reclusos, se ve afectado. Tanto los condenados como los detenidos en prisión preventiva se enfrentan a mayores riesgos para la seguridad cuando las prisiones están superpobladas. Esto también implica riesgos adicionales para el personal que trabaja en las cárceles y sus familias. Esta situación ya se ha observado en el caso de muchas otras enfermedades infecciosas: las enfermedades no se detienen a las puertas de la prisión, ni tampoco lo hacen las consecuencias.

El uso indebido de la prisión preventiva tiene otros efectos más allá de las peores condiciones de reclusión: impone una carga adicional sobre los miembros de la familia. Debilita la confianza de la gente en la equidad de los sistemas de justicia penal.

La reducción de las tasas de personas en prisión preventiva podría lograrse limitando, para empezar, el número de personas detenidas. Es posible buscar enfoques alternativos ajenos a los sistemas judiciales; por ejemplo, los conflictos con la ley a menudo están motivados por problemas no resueltos de salud mental, por pobreza y por adicción. Tratar estas áreas a través de intervenciones sociales, comunitarias y sanitarias, en lugar de imponer un sistema basado en el control policial y las sanciones, podría reducir radicalmente el número de personas que entran en el sistema judicial.

Por último, en los casos en que sea necesario recurrir a algún tipo de vigilancia para garantizar que un sospechoso o acusado asista a las audiencias, se deben establecer otras medidas que la reclusión. Si se recurre a una fianza monetaria, esta debe ser asequible, pues de lo contrario la gran mayoría de las personas que entran en contacto con la ley no podrían beneficiarse de ella. Siempre que sea posible, se deberían utilizar otras medidas, como el arresto domiciliario, las restricciones horarias o la presentación periódica de la persona en comisaría.