En Europa, “los derechos de los reclusos bajo presión”

Leandro Mancano. La idea de este libro surgió a partir de varios factores. Mi interés por la privación de libertad se despertó cuando era estudiante de Derecho y, más tarde, decidí que enfocaría mi doctorado en este tema, ya que me di cuenta que no existía un análisis holístico sobre el enfoque de la Unión Europea con respecto a la detención. Al mismo tiempo, trabajaba con ONG (l’Altrodiritto, que opera principalmente en Toscana) y ofrecía asistencia legal gratuita a las personas privadas de libertad. Entrar en una prisión fue como entrar en un universo paralelo, con una gran sensación de marginación. Esta experiencia reforzó mi determinación de investigar sobre los derechos de los reclusos y aportar mi contribución a un tema poco explorado.

En el libro, trato de construir un marco analítico para abordar el tema de la privación de libertad dentro del Derecho de la Unión Europea a través de varias áreas: Derecho Penal substantivo y procesal, Derecho migratorio y de asilo, ciudadanía y libre circulación. Por una parte, el objetivo principal es poner de relieve los puntos comunes, así como los patrones que surgen de manera transversal.

De ello se desprende que el objetivo último de este vasto corpus legislativo y jurisprudencial es preservar la Unión Europea como un espacio sin fronteras internas.

Por otra parte, deseo subrayar que los bastiones tradicionales de la libertad personal ─como el derecho a la libertad─ deben reevaluarse y ajustarse a los retos que conllevan los nuevos sistemas de cooperación, como la Orden de Detención Europea. Dichos sistemas dentro de la Unión Europea están basados en la presunción de que los Estados miembro respetarán los derechos fundamentales e introducirán cierta automaticidad a la entrega interestatal de personas. Sin embargo, la legislación actual requiere nuevas y mejores soluciones.

LM. El ejemplo más común es la Orden de Detención Europea, pero en realidad todo el sistema de cooperación judicial en materia de asuntos penales ha tenido cambios significativos. Este “nuevo” mecanismo, que ya tiene veinte años, se basa en el principio de reconocimiento mutuo, a saber, el principio de que una decisión judicial emitida por un Estado ‘A’ para un Estado ‘B’ debe ser reconocida y ejecutada automáticamente y sin más formalidades. Este nuevo método ha racionalizado considerablemente el sistema anterior de extradición y, como resultado, ha planteado problemas con respecto a los derechos individuales.

A lo largo de los años, han surgido diferentes factores de controversia, en particular, la ejecución de órdenes de detención por condenas dictadas en rebeldía; la detención prolongada de la persona, en espera de la ejecución de la orden, fuera de los plazos establecidos en la legislación; y, en su mayor parte, las condiciones inhumanas de reclusión en el Estado al que se trasladará a la persona.

En el caso Aranyosi y Căldăraru, uno de los fallos más importantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el tribunal declaró por primera vez que una Orden de Detención Europea no debe ejecutarse si existe el riesgo de que la persona sea sometida a un trato inhumano y degradante en el país de entrega. Si bien muchas preguntas siguen sin respuesta y la interpretación no siempre ha sido coherente, es cierto que se ha adquirido mayor conciencia sobre la gravedad de las condiciones de detención; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -y los tribunales nacionales- se oponen a la ejecución de Órdenes de Detención Europeas en caso de que exista un riesgo de trato inhumano.

LM. La introducción y la implementación de un sistema de cooperación judicial más fluido se han materializado en la aplicación de medidas que resultan en la privación de libertad. Inevitablemente, esto ha ocasionado problemas y ha puesto los derechos de los reclusos bajo presión, a pesar de que también ha permitido protegerlos.

Las decisiones marco 2008/909/JHA y 2008/847/JHA introdujeron un mecanismo que permite (y en ciertos casos exige) el traslado de los reclusos a un país en el que existen mejores posibilidades de reinserción y en el que pueden beneficiarse de penas alternativas a la privación de libertad ─lo que podría ser en su país de origen─. Del mismo modo, la llamada Orden de Supervisión Europea (decisión marco 2009/829/JHA) regula el traslado de las personas en prisión preventiva a su Estado de residencia o de origen, en el que serán sometidos a una mejor supervisión y se les impondrán medidas menos restrictivas.

En los últimos años, algunos estudios teóricos y empíricos sobre la aplicación real de estas medidas han puesto de manifiesto algunas deficiencias y lagunas (por ejemplo, los reclusos son trasladados sin su consentimiento). Si bien estos instrumentos son un punto de partida para la mejora de los derechos de las personas privadas de libertad, aún queda mucho por hacer en este ámbito, así como en otros ámbitos que ya he mencionado previamente. Por último, no debe olvidarse la constante e indispensable labor del Consejo de Europa, de las Reglas Penitenciarias Europeas y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.