"Parodias de justicia" en Irak

Agnès Callamard. En primer lugar, el marco jurídico de los procesos instruidos contra los supuestos miembros del Estado Islámico (EI) es problemático. Estos individuos están acusados en base a la ley antiterrorista iraquí adoptada en 2006, que es una ley ambigua, ya que no establece ninguna distinción entre los diferentes tipos de crímenes o delitos cometidos. Por ejemplo, la sanción es la misma tanto por participar en un grupo terrorista, como por asesinar en nombre de una ideología terrorista. Además, los detenidos son casi sistemáticamente víctimas de actos de tortura o de malos tratos por parte de las autoridades; durante su detención, se les somete a actos violentos para forzar confesiones. Durante los juicios, los propios detenidos denuncian estas confesiones obtenidas bajo tortura. Según la ley iraquí, en caso de alegaciones de tortura, los jueces deben solicitar una investigación independiente para estudiarlas; lo que rara vez se hace. Por último, los juicios también son problemáticos.

La justicia se suele administrar de manera colectiva y expeditiva; algunos juicios se llevan a cabo en cuestión de minutos. En cuanto al derecho a la defensa, los acusados ven por primera vez a sus abogados unos minutos antes de empezar el juicio y estos ni siquiera conocen los detalles del caso.

Es una clara violación de las normas internacionales relativas al desarrollo de un juicio justo. Además, los que no hablan árabe casi nunca pueden recurrir a un intérprete, por lo que ni siquiera saben de qué se les acusa. Las sanciones son muy severas ya que, en muchos casos, estos juicios terminan con una condena a muerte. Es posible apelar (y, por lo general, se siguen los procedimientos); sin embargo, en muy pocos casos esto resulta en una revisión de la decisión final. En la medida en que las condiciones del juicio no hayan sido justas, si se aplica la pena de muerte, nos encontramos ante casos de ejecuciones arbitrarias.

AC. En primer lugar, es necesario considerar un cambio profundo del sistema y de las prácticas judiciales mediante la revisión de las leyes que rigen estos juicios. En teoría, los acusados podrían ser juzgados en base al derecho penal por cargos de asesinato. Estos enjuiciamientos solo hacen referencia a la ley antiterrorista que no incluye crímenes de derecho común. Además, la mayoría de las veces el único cargo en su contra es el de “pertenecer a un grupo terrorista”, por lo que los presuntos integrantes del EI que hayan cometido delitos graves, no están obligados a responder de sus actos. Asimismo, las acusaciones de terrorismo no toman en cuenta los actos violentos cometidos contra las víctimas: de hecho, estas nunca asisten a los juicios.

También es necesario modificar el derecho penal iraquí para que los jueces y tribunales puedan tener jurisdicción sobre los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio, ya que, en la actualidad, el derecho iraquí no recoge ninguno de estos crímenes.

Hace más de tres años que los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones exigen una revisión del derecho penal iraquí; se han redactado propuestas, pero hasta ahora ninguna ha tenido éxito.

Sin embargo, los fiscales podrían añadir, por iniciativa prop¡a, un cargo de derecho común al de participación en un grupo terrorista; lo que nunca hacen porque para demostrar un asesinato o una violación hay que reunir una gran cantidad de pruebas. En cambio, la acusación de participación en un grupo terrorista no requiere pruebas específicas: el sistema iraquí se basa en las confesiones de la persona incriminada. Por ello, los fiscales eligen el camino más fácil, especialmente considerando que la pena es más severa en caso de acusación de terrorismo.

En resumen, se debe revisar y transformar profundamente el desarrollo de los juicios. Es inadmisible que los acusados vean por primera vez a su abogado dos minutos antes del juicio y que este ni siquiera tenga conocimiento del caso. Hay que revisar todos estos elementos para que se puedan reunir las condiciones necesarias para un juicio imparcial.

AC. Es evidente que las autoridades europeas saben que las condiciones de juicio y detención en Irak constituyen violaciones internacionales. En el caso de los presuntos miembros del EI de nacionalidad extranjera, que no sean iraquíes ni sirios, y considerando las limitaciones y violaciones del derecho internacional que sufren, los países de origen no deberían contemplar más que una única solución: la repatriación de sus ciudadanos. En Irak, la tortura es casi sistemática. Los juicios sólo son una parodia de justicia y los acusados corren el riesgo de una condena de muerte: todo esto constituye una violación de las obligaciones internacionales de los Estados. Esto implica tanto su obligación de diligencia como de respeto del derecho a la vida. La negativa de repatriación genera una miríada de violaciones, pero desgraciadamente, no existe ningún instrumento de acción que obligue a los estados a cumplir con sus obligaciones.

Además, los Estados europeos no siempre cumplen con sus obligaciones consulares. En teoría, deberían asegurarse del respeto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como el desarrollo de un juicio imparcial y el respeto de las normas de las condiciones de detención. No he investigado directamente estas últimas, pero la información que me han comunicado muestra que son degradantes e, incluso, inhumanas.

Las prisiones están masificadas, los alimentos son muy limitados y los detenidos no cuentan con asistencia médica. No tienen luz y no pueden salir al aire libre. Algunos mueren en reclusión.

A pesar del discurso de los Estados, el acceso a la asistencia consular es una obligación impuesta a los Estados de origen que no puede aplicarse de manera discriminatoria: no se puede dar asistencia a algunas personas y no a otras.