Francia: "acompañamiento a los consumidores, en lugar de prohibición

Matthieu Fieulaine. Al ingresar en prisión no se les brinda ninguna atención de forma automática. Para recibir atención, la persona debe asumir su dependencia y hablar sobre ella a la llegada. En la mayoría de los casos, los reclusos no lo manifiestan, por vergüenza o miedo a ser estigmatizados. Los reclusos dependientes al alcohol se enfrentan a una desintoxicación feroz y sin ningún acompañamiento, lo que es extremadamente peligroso para la salud.

A aquellos que informan de su dependencia se les puede brindar « atención médica para la desintoxicación », lo que solo concierne a una pequeña parte de la población carcelaria, sobre todo debido a que los medios humanos y materiales para garantizar el tratamiento necesario son muy insuficientes.

Las drogas psicotrópicas son una respuesta sistemática y masiva. Su objetivo es prevenir los síntomas manifiestos del síndrome de abstinencia, la descompensación psicológica o cualquier otro síntoma inducido por lo brutal que resulta el encarcelamiento.

Pero el sufrimiento psicológico que puede resultar constituye un factor de aumento del uso de sustancias obtenidas ilegalmente y, por lo tanto, de las dependencias. ¹

A la salida, a los reclusos identificados como dependientes también se les puede proponer un programa especializado. Se les puede conceder la libertad condicional si aceptan continuar e intensificar la abstinencia iniciada en prisión. En ese caso, se les exige que vayan a un centro de tratamiento de la adicción. Pero, en la práctica, normalmente se reanuda el consumo, e incluso se incrementa. Algunos casos terminan en sobredosis o comas etílicos.

Según la administración penitenciaria, no existe ninguna necesidad, ya que no existe consumo. En consecuencia, observamos una diferencia entre lo que se anuncia y la realidad. Para poder hablar de gestión, la administración penitenciaria debería reconocer las dependencias y las prácticas de consumo.

MF. Hasta la década de 1980, el vino y la cerveza estaban permitidos y regulados durante las comidas en prisión. Hoy en día, usando como pretexto motines que involucraron a una o más personas alcohólicas, se ha prohibido el alcohol de forma generalizada y absoluta. Pero dicha norma puede cuestionarse: ¿por qué el consumo de alcohol, una sustancia lícita, está autorizado en la sociedad y no en la cárcel? ¿Por qué esta prohibición se aplica al alcohol y no al tabaco? La gestión de las prisiones en Francia se caracteriza por un enfoque totalmente basado en la seguridad.

En el extranjero, existen políticas más pragmáticas y efectivas en las que la administración penitenciaria no pretende controlar todos los aspectos de la vida de los reclusos, incluyendo su intimidad.

Mientras la administración penitenciaria se niegue a reconocer la existencia de prácticas de consumo, no será posible implementar una política de reducción de riesgos (RDR). Sin embargo, este es el enfoque que yo recomendaría, como lo haría la mayoría de expertos en dependencias y en RDR: el objetivo es realizar un acompañamiento para que las prácticas de consumo sean más seguras. En prisión, actualmente esto es imposible ya que existe una negación institucional de la existencia del consumo.

¿Entra alcohol en prisión? En caso afirmativo, ¿cuál es su consumo? ¿Cómo podemos ofrecer un acompañamiento a esos consumidores? Estas respuestas permiten formalizar las prácticas de consumo y poner en marcha las herramientas necesarias para realizar un acompañamiento. Por ejemplo, el acceso a material de inyección. Proporcionar jeringas para la inyección de opiáceos u otros inyectables evita que se usen bolígrafos. En América del Sur, la notable presencia de cocaína en prisión obliga a la administración a suministrar a los reclusos material para esnifar, para limitar el riesgo de propagación de enfermedades como la hepatitis C.

Por otra parte, en Francia existe una política de represión inadecuada. Una prueba de alcoholemia positiva al volante o en caso de reincidencia puede llevar a penas de tres a seis meses de prisión. Estos encarcelamientos, además de poner fin a nuestro trabajo de seguimiento, solo conllevan la pérdida de empleo, de vivienda o incluso de lazos familiares y, por tanto, refuerzan las prácticas adictivas. Pensamos mucho en las personas que terminan en prisión preventiva o en prisión sin acompañamiento.

Es hora de que la Justicia adopte una visión pragmática, carente de juicio moral sobre estas cuestiones de dependencia.

Algunos países han instaurado un sistema de atención para los casos de consumo masivo o de restricciones ligadas a él (falta de material, condiciones higiénicas peligrosas, etc.). En otros países, la integración de la reducción de riesgos en la política de sanidad pública es una tradición.

MF. Esta prohibición específica se basa en la prohibición de las bebidas alcohólicas en prisión. Es una aberración. Actualmente la presión sobre las prisiones, consideradas como posibles focos epidémicos del coronavirus, es aplastante. Las condiciones de reclusión y en los lugares de uso común, como los pasillos, favorecen la propagación del virus. El personal sanitario se ha visto especialmente reducido debido a las misiones prioritarias en los hospitales o a las obligaciones familiares. Sin embargo, el gel hidroalcohólico es un producto de prevención eficaz. Es un medio para garantizar la limitación de la propagación del virus en la entrada y la salida de los lugares de uso colectivo. Es inaceptable prohibirlo en prisión. Sabemos que hay reclusos que han sido sancionados porque sus familias trataron de pasarles gel hidroalcohólico durante las visitas al comienzo de la crisis sanitaria.

Si un recluso consumiera gel hidroalcohólico, no sería por ganas, sino por el síndrome de abstinencia. Para nosotros, profesionales de la salud, ese consumo sería una señal de la existencia de síndrome de abstinencia y de la falta de tratamiento.

Ese uso inapropiado requeriría una atención inmediata. Por todas estas razones, esperamos que se levante esta prohibición específicamente francesa y que no existe en otros países, como por ejemplo en Chile.

Algunas organizaciones que defienden los derechos de los reclusos han recurrido al Consejo de Estado con respecto al acceso a mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico. El Consejo ha indicado que no se puede obligar a la administración penitenciaria a suministrar mascarillas y guantes en cantidad suficiente. En cuanto al gel hidroalcohólico, puede reemplazarse por agua y jabón. Tenemos constancia de un aumento de los cortes de suministro de agua, especialmente en la prisión de la Santé en París. No se trata de discutir sobre una posible escasez o no: se trata de denunciar lo absurdo de prohibir el gel hidroalcohólico, un producto que no tiene otra función más allá de la sanitaria y que es particularmente necesario en tiempos de epidemia.