Francia: “un cambio de estrategia”

Arnaud Gaillard. Si bien ha habido cierto progreso en cuanto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad ─por ejemplo, el derecho al voto─, aún no se ha observado ninguna mejora en las condiciones de reclusión de las prisiones francesas. La sobrepoblación carcelaria es un problema endémico que afecta a las personas privadas de libertad en todos los aspectos de su vida: social, médico, profesional, etc., lo que socava la misión de la prisión, que es proteger a la sociedad y evitar la reincidencia. Tales fallas en el sistema penitenciario resultan desfavorables en todos los sentidos, y solo dan lugar a la violación de los derechos de los reclusos.

En su fallo del 30 de enero de 2020, relativo al caso JMB c. Francia, el TEDH condenó a Francia por tratos inhumanos y degradantes en las prisiones. El dictamen sobre la efectividad de los derechos fundamentales en prisión, que la CNCDH adoptó en marzo de 2022, está en consonancia con la decisión y el razonamiento de los jueces.

Recordemos que, en medio del pánico de la primera ola de la pandemia de COVID-19, las autoridades francesas decidieron descongestionar las prisiones por razones sanitarias. Sin embargo, esta solución excepcional fue muy breve, ya que, al 1 de marzo de 2022, la tasa de ocupación de las cárceles se elevaba al 137.7 %. Hoy en día, hay 1665 colchones en el suelo de celdas sobrepobladas. La reciente visita de una senadora a la prisión de Perpiñán permitió darse cuenta de que, en este lugar, que tiene una capacidad para 105 personas, se encontraban 311 hombres privados de libertad. Es decir, una tasa de ocupación del 296 %.

En la práctica, las recomendaciones del TEDH en el caso JMB aún no se ha aplicado. En una decisión de seguimiento de septiembre de 2021, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, los delegados “manifestaron su preocupación con respecto a las últimas cifras, que confirmaban el acelerado y considerable aumento de la [sobrepoblación carcelaria]”. Los ministros “exhortaron a las autoridades a adoptar con celeridad una estrategia coherente a largo plazo para reducir la tasa de ocupación de las prisiones”. De manera más específica, recomendaron “movilizar y reforzar los recursos necesarios para desarrollar medidas no privativas de libertad y, al mismo tiempo, prever nuevas disposiciones legislativas más vinculantes para reducir la población carcelaria”. En su dictamen, la CNCDH, coincide con esta postura y emite una serie de recomendaciones para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en prisión.

AG. El objetivo de esta recomendación es que se adopte una medida lo suficientemente vinculante para que las autoridades francesas se preocupen por fin por la situación de las prisiones. ¿Qué debemos hacer para restablecer el principio aritmético básico: 100 plazas igual a 100 personas privadas de libertad? La solución que proponen los políticos de manera sistemática es construir más prisiones y aumentar la capacidad. Pero, como ya se ha comprobado, ninguna política pública ha logrado resolver el problema de la sobrepoblación, sea cual sea la capacidad de los establecimientos penitenciarios.

En Francia, la lógica es encarcelar a 300 personas en 200 plazas. Así que, crear más plazas no resolverá nada y solo logrará aumentar la capacidad para, de nuevo, sobrepasarla.

El principio del mecanismo de regulación de la población carcelaria, que recomienda la CNCDH, es bastante sencillo: no exceder la capacidad de las prisiones. Su adopción resulta indispensable tanto para resolver el problema de la sobrepoblación como para prevenirlo.

En este dictamen, la CNCDH hace la diferencia entre los dispositivos que tienen un efecto inmediato, como las medidas de liberación anticipada ─similares a las que se adoptaron durante la pandemia─, y las medidas a largo plazo, como la prohibición de llenar las prisiones a más del 100 % de su capacidad. El Inspector de los Lugares de Privación de Libertad (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, CGLPL) apoya esta recomendación. Es importante que esta medida se incluya en la legislación para que tenga un efecto vinculante y se pueda imponer tanto a los magistrados como a la administración penitenciaria. De manera más concreta, el dictamen de la CNCDH tiene por objeto limitar el número de ingresos en prisión y favorecer las liberaciones con la ayuda de un umbral de alerta que impida superar el 100 % de la tasa de ocupación. La idea es que cuando la población carcelaria se acerque al umbral de alerta, las personas que están a punto de cumplir su condena puedan beneficiar de medidas de liberación o suspensiones de pena.

Este enfoque requiere una reasignación de los recursos por parte del sector de la Justicia. Es decir que, en lugar de construir más prisiones para crear más plazas ─lo que de manera indefectible aumenta la población carcelaria─, la CNCDH recomienda invertir el presupuesto en la renovación de los establecimientos deteriorados y en la aplicación de diferentes medidas de seguimiento que favorezcan otras formas de castigo, fuera de la prisión. En otras palabras, este dictamen promueve un verdadero cambio de estrategia que permita adoptar una política de regulación de la población carcelaria.

AG. Los resultados del dictamen de la CNCDH dependen de la audacia y la determinación política. No pretendemos que los legisladores reinventen la rueda; a nivel europeo ya existe una tendencia hacia la reducción de la población carcelaria. Por ahora, Francia se ha quedado rezagada en este aspecto, pero no tiene por qué seguir siendo así. Algunos países vecinos con posiciones similares a las de Francia han logrado reformar sus mecanismos penales. Los Países Bajos, por ejemplo, lograron vaciar sus prisiones y hasta han alquilado las plazas vacantes a sus vecinos belgas.

El sistema penal debe abordar de antemano el objetivo de la reducción de la población carcelaria, mediante la prevención de los delitos y la lucha eficaz contra la reincidencia.

Recordemos que el alto porcentaje de reclusos preventivos que se encuentran en las cárceles agrava el problema de la sobrepoblación. Por lo tanto, es necesario que los legisladores limiten el recurso a la prisión preventiva y reduzcan su duración.

Del mismo modo, los legisladores deben reducir el número de delitos punibles con penas de prisión y desarrollar alternativas a la privación de libertad. Sin embargo, también deben velar por que estas medidas no se traduzcan en un aumento del número de personas a disposición de la justicia, en particular, personas con dificultades sociales, culturales y económicas.

Por último, este dictamen recuerda la necesidad de aplicar de manera efectiva el apartado 2 del artículo 132-12 del Código Penal ¹, que estipula que la privación de libertad se utiliza como una medida de “último recurso”. Hasta ahora, los intentos de reforma han sido infructuosos e incluso han resultado contraproducentes. Así pues, la Comisión recomienda cambiar de estrategia para resolver los problemas de las prisiones francesas. Esta vez, se podría, por ejemplo, elaborar un nuevo proyecto penal y penitenciario que implique a todos los actores del ámbito carcelario: abogados, jueces, fiscales, reclusos y familiares, personal médico y social, Defensor del Pueblo, etc.