Francia: ¿Es la prisión una empresa como cualquier otra?

Isabelle Leroux. La implantación de un lugar de privación de libertad, como una cárcel o un centro penitenciario, suele ser un tema sensible para los futuros residentes de la zona; es lo que llamamos el síndrome NIMBY,Not in my backyard, (no en mi patio trasero y, sobre todo, no en mi casa). Se trata de un rechazo que refleja los temores imaginarios de las personas sobre la prisión, así como otros temores que consideran verdaderas amenazas. Varios estudios han demostrado que los habitantes a menudo sobreestiman los riesgos que conlleva la proximidad con una prisión, por ejemplo, una fuga que termina mal ─lo que en realidad casi nunca sucede─. A este sentimiento de inseguridad se suma el temor de perder algunas comodidades: que la prisión dañe la estética del paisaje, limite el acceso a los parques o devalúe una zona potencialmente turística. Los constantes conflictos que surgen en torno a este tema también tienen que ver con el valor de las propiedades, ya que se piensa que la prisión puede ocasionar perturbaciones en las zonas de cultivo o devaluar un edificio cercano.

La falta de un diálogo que permita a los futuros residentes de la zona anticipar la construcción de la prisión tiende a generar un sentimiento de injusticia, que puede dar lugar a manifestaciones de rechazo concretas (peticiones ante los poderes públicos, asociaciones contra la prisión, etc.).

El síndrome NIMBY es solo uno de los obstáculos que deben afrontar los proyectos de construcción de una prisión. En algunos casos, los problemas pueden ser más generales y afectar a toda una localidad, o incluso a varias, sobre todo, en un contexto de política local. El hecho de que se presente la prisión como una empresa que impulsará la actividad económica de la zona suele provocar conflictos, ya que se hace creer a las personas que la prisión generará ganancias económicas y empleo, que favorecerá la llegada de nuevas familias y nuevos servicios, y que aumentará los ingresos fiscales y la venta de bienes. Desafortunadamente, la realidad es otra muy distinta. La falta de información y de conocimiento sobre el funcionamiento y el modelo económico de una prisión, así como la falta de anticipación, son las principales fuentes de conflicto, ya que los habitantes se encuentran frente a una construcción que no tiene marcha atrás, y los alcaldes tienen que arreglárselas para lograr su aceptación. En otros casos, los problemas surgen cuando el Estado impone la construcción de la prisión, pese a las objeciones de los representantes electos y de los habitantes. Esto sucede, por ejemplo, cuando hay escasez de terrenos aptos para la construcción. En resumen, las consecuencias pueden ser desastrosas, tanto a mediano como a largo plazo, sobre todo por la falta de diálogo entre las diferentes partes.

IL. La prisión no es en sí una fuente de ingresos económicos y no se puede comparar con una empresa que viene a instalarse en una localidad determinada. De hecho, la construcción de las prisiones se confía a los grandes constructores nacionales que ganan la licitación y no a las empresas locales. La compra de alimentos, materiales y equipos se hace a través de grandes centrales de compra y no a través de los comercios del sector; la única excepción es la compra de cigarrillos que debe hacerse en la tienda más cercana ─aunque, en algunos casos, esta se sitúa en la localidad vecina y también puede ser motivo de conflictos─. Por otra parte, el personal de seguridad prefiere salir de su entorno laboral e instalarse en una localidad diferente a la de la prisión.

La presencia de los reclusos aumenta la población de las localidades, lo que permite un incremento de su dotación global. Sin embargo, se trata de un incremento muy marginal que representa alrededor de entre 90 y 100 euros por recluso cada año; lejos de lo que anuncian los representantes locales. Por último, una prisión no está sujeta a los mismos impuestos de las empresas. En el caso de las prisiones que funcionan en asociación público-privada, solo los operadores privados deben pagar un impuesto sobre los bienes inmuebles (cotisation foncière des entreprises), que es mínimo con respecto al presupuesto de las localidades, pues representa, en promedio, entre 7500 y 8000 euros al año por una prisión de 400 reclusos. Con la construcción de la prisión tampoco se crearán puestos de guardias, ya que, para obtener estos puestos, las personas deben aprobar una oposición nacional.

Hacer creer a los habitantes que la implantación de la prisión generará beneficios económicos para la localidad no hace más que generar decepción y conflictos.

Por el contrario, si la implantación de una prisión se anticipa como debe ser y se incluye en un proyecto económico, social y cultural, esta puede resultar beneficiosa tanto para la localidad como para los reclusos. No hay que olvidar que la reinserción se hace a través del empleo en los centros semi abiertos. Esto requiere un verdadero esfuerzo de colaboración tanto en las localidades de la prisión como en las aglomeraciones urbanas, por ejemplo.

Del mismo modo, es necesario mejorar los medios de transporte para que tanto los reclusos en régimen semiabierto como las familias, los empleados y los abogados puedan acceder fácilmente a la prisión. Cuanto más aislada se encuentra una prisión, más difícil será garantizar la reinserción y la lucha contra la reincidencia, y más altos serán los costes para la sociedad. Al mismo tiempo, se requiere un trabajo de pedagogía para lograr que las poblaciones locales acepten el proyecto en sus diferentes aspectos, entre ellos, el social y cultural.

IL. Una estrategia beneficiosa para el territorio, para la prisión y, en un sentido más amplio, para la sociedad, requiere de tiempo y de coordinación en todos los niveles (local, departamental, regional y estatal). A menudo, no existe un diálogo entre los representantes electos, las asociaciones y el Estado acerca de la futura construcción de la prisión y su relación con el territorio. En ciertos casos, las localidades tienen que lidiar con la incertidumbre durante mucho tiempo, ya que pueden pasar hasta diez años antes de que se concretice la implantación de la prisión y se inicien las obras. Sin embargo, para planear la construcción de una prisión en un determinado territorio, se debe también tener en cuenta, desde una fase muy temprana del proyecto, la intermunicipalidad y la aglomeración urbana, así como otros factores: el desarrollo económico, el comercio, el acceso a los servicios, instalaciones, las comodidades, la movilidad y la facilidad de acceso al centro para todas las personas, la vivienda, el desarrollo social, los vínculos con las asociaciones, la sociedad civil, la identidad territorial y la calidad de vida, y la comunicación del proyecto.

Lo ideal sería poder crear una actividad económica en torno a la prisión con el fin de favorecer la implantación de nuevas empresas, el acceso a los servicios, el comercio y el empleo de los habitantes, así como el empleo de las personas en régimen semiabierto. La zona de actividad también podría estar rodeada de zonas residenciales con instalaciones y servicios que se ajusten a las necesidades de todo el mundo, como, por ejemplo, medios de transporte sostenibles. Si bien existen varias configuraciones posibles en función del tamaño de la prisión, la geografía del lugar y el carácter urbano o periurbano de la zona en cuestión, ya se ha comprobado que implantar una prisión en una zona rural alejada de una fuente de empleo y sin medios de transporte no funciona.

El reto consiste en implicar tanto a los habitantes de la zona como a las asociaciones, y evitar politizar la implantación de la prisión. Para ello, es necesario explicar los beneficios que el proyecto aportará al territorio, confortar a los residentes, explicarles de manera concreta en qué sentido el proyecto será positivo para ellos, y reflexionar colectivamente sobre la cuestión de la identidad territorial y la calidad de vida.

Todo esto supone una gobernanza adecuada que cuente, por ejemplo, con una comisión de desarrollo territorial, que permanezca en relación con los servicios del Estado y que esté dirigida conjuntamente por los representantes electos de los diferentes territorios implicados (la localidad de la prisión, la intermunicipalidad, la aglomeración, etc.), las asociaciones y los promotores. Cuantas más competencias se unan al proyecto, más innovación habrá tanto en el ámbito institucional como en el social. La implantación de una prisión, si se lleva a cabo de manera adecuada, puede ser fuente de innovación y experimentación socioeconómica en los territorios. Actualmente, en el norte de Europa y en Francia, se están llevando a cabo varios experimentos prometedores que tienen por objeto implantar estructuras innovadoras de tamaño reducido o estructuras abiertas que favorezcan la reducción de la reincidencia y, por consiguiente, disminuyan los gastos para la sociedad.

France¶

Les fermes Emmaüs¶

• Site internet de la ferme de Baudonne (40)
Ferme en agriculture biologique qui accueille des femmes en aménagement de peine ; en leur proposant un travail, un logement et un accompagnement socio-professionnel.

• Site internet de la ferme de Moyembrie (02)
La ferme de Moyembrie accueille des hommes, sous écrou, qui bénéficient d’un aménagement de leur peine en “placement extérieur“, en moyenne pour neuf mois.

• Site internet de la ferme de Lespinassière (11)
La ferme agro-écologique Lespinassière accueille, depuis 2018, des hommes sous écrou en fin de peine.

Les Structures d’accompagnement vers la sortie (SAS)¶

• C’est ce nouveau type d’établissement pénitentiaire qui sera construit d’ici 2022 à Orléans, censé mieux préparer les détenus en fin de peine à leur retour à la vie civile. — Article de France Bleu, 15 juin 2019.

• À la SAS des Baumettes, les détenus préparent leur sortie un pied dedans, un pas dehors. — Article de Marsactu, 3 mars 2020.

Finlande¶

• Des prisons “ouvertes” pour réinsérer les détenus — Article d’Euronews, 19 juillet 2019.

• Dans les prisons ouvertes, surveiller (un peu) et réinsérer (beaucoup) — Reportage vidéo de France 24, 18 mai 2018.