El Ministerio de Justicia es responsable de la administración penitenciaria, que se encarga de la gestión, vigilancia, registro (seguimiento del encarcelamiento), libertad condicional y reinserción de los reclusos. El sector privado está a cargo, en algunos establecimientos, de las operaciones cotidianas como los servicios de comidas, alojamiento, formación, trabajo, mantenimiento y, desde hace unos años, de las visitas familiares.
La asistencia sanitaria es responsabilidad de los hospitales públicos (Ministerio de Salud) desde 1994. Existen dos tipos de atención sanitaria: atención sanitaria general y atención psiquiátrica. El acceso a las unidades médicas varía de una prisión a otra. La atención médica general se considera satisfactoria, a pesar de algunos problemas en los centros penitenciarios (dificultades con los horarios, procedimientos disciplinarios en marcha, etc.) Existen graves deficiencias en los tratamientos especializados, concretamente, en oftalmología, odontología y el tratamiento de afecciones crónicas, debido a que no hay suficientes especialistas. Las solicitudes de visitas médicas se deben hacer por escrito y pueden tardar varios meses en llevarse a cabo. Los problemas que se citan con más frecuencia son la preocupación por la salvaguardia de la confidencialidad de los pacientes y la falta de recursos en las unidades médicas.

El hacinamiento general de los centros penitenciarios supuso un obstáculo para el control del virus. Al inicio de la crisis, más de 1.600 reclusos dormían en colchones colocados sobre el suelo en celdas sobrepobladas. Además, el mal estado de las instalaciones no siempre permitía una ventilación adecuada.
“En realidad, cada prisión es un foco epidemiológico en potencia. Desde hace años, la situación de las personas privadas de libertad se ha venido deteriorando, y la crisis actual está arrojando una cruda luz sobre un sistema que ya venía enfermo”.
A finales de marzo de 2020, se distribuyeron las primeras mascarillas al personal penitenciario; su uso se respetó de manera general dentro de las unidades sanitarias, mientras en otros espacios se adoptó de manera menos estricta. Las prácticas variaban en función del centro penitenciario.
Durante la segunda ola de la pandemia, se implementaron nuevas medidas relativas al uso de las mascarillas. Por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Toulouse ordenó a la administración de la prisión de Toulouse-Seysse que “organizara una campaña de cribaje (…) y suministrara mascarillas a los internos en ciertas instalaciones cerradas y compartidas“. En octubre, el uso de mascarillas se hizo obligatorio tanto para los reclusos como para el personal en las zonas de “alerta máxima”.

Como medida de prevención, los reclusos recién llegados debían permanecer en cuarentena durante 15 días. En todos los centros penitenciarios se denegó el uso de gel hidroalcohólico debido a la prohibición de bebidas alcohólicas. Otro de los problemas que surgieron durante la crisis fue el acceso reducido a la atención médica─excepto en las prisiones más grandes y con mayores recursos─ para aquellos problemas médicos no relacionados con la COVID-19.

El 3 de abril, en la prisión de La Santé, el acceso al agua se interrumpió durante varias horas, lo que impidió a los reclusos lavarse las manos. El incidente se produjo debido a una fuga en una tubería y fue el segundo corte de suministro de agua que se registró en tres meses En otros centros, los internos se quejaron de no tener acceso a jabón.
Muchas organizaciones describieron como preocupantes las condiciones de reclusión, e instaron a las autoridades a que aplicaran medidas de liberación anticipada para descongestionar las prisiones. El 25 de mayo, un miembro de la sección francesa del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP francés) afirmó que, por temor al contagio, algunos reclusos no habían puesto un pie fuera de sus celdas desde el inicio del confinamiento, y habían permanecido encerrados 24 horas al día, 7 días a la semana, sin recibir ninguna visita. El OIP francés lamentó la falta de consideración de la administración hacia los reclusos.

Al final de la primera ola de la pandemia, la propagación de la enfermedad parecía estar controlada en las prisiones. El número de casos positivos era de 292 entre el personal (entre ellos, un deceso) y 118 entre los reclusos (entre ellos, un deceso).

El 23 de marzo de 2020, entraron en vigor las medidas establecidas por el Ministerio de Justicia, de las cuales se dio prioridad a la descongestión de las cárceles. Se pidió a los juzgados que aplazaran la ejecución de las penas de prisión de corta duración, lo que permitió registrar unos 30 ingresos en prisión diarios, “en comparación con los más de 200 habituales”, según su nota de prensa. Algunas penas alternativas, como la vigilancia electrónica, no se pudieron aplicar, ya que los técnicos no trabajaron durante el confinamiento.
El 27 de mayo, en una circular firmada conjuntamente por la Dirección de Asuntos Penales e Indultos (Direction des affaires criminelles et des grâces) y la Dirección de la Administración Penitenciaria, el Ministerio de Justicia recomendó a los jueces reducir la población carcelaria. Del mismo modo, instó a los fiscales a anular las penas de menos de un mes que aún no se hubieran cumplido y a suspender las que fuera posible; las penas inferiores o iguales a seis meses de prisión debían ser objeto de reevaluación; los jueces también podían optar por acortar la estadía en prison de los reclusos de edad avanzada que pronto cumplirían su pena; los servicios a la comunidad, que eran de una media de 105 horas, se podían reducir de 35 horas. Un fiscal comentó que estas orientaciones eran las más laxas comunicadas hasta entonces por el Ministerio de Justicia.
Entre marzo y mayo, 13 500 reclusos fueron puestos en libertad, lo que redujo la población carcelaria a 60 600 personas. La limitación de las actividades judiciales (postergación de juicios y audiencias), la disminución de los hechos delictivos durante el confinamiento y la implementación de medidas de liberación anticipada favorecieron este descenso.
El 29 de abril, la tasa de ocupación media de los centros penitenciarios cayó por debajo del 100%. Sin embargo, en algunos de ellos el hacinamiento sobrepasaba aún el 140%, principalmente, en las prisiones de Meaux y Villepinte. Esta reducción desigual fue el resultado de contextos regionales diversos y de dinámicas locales entre los jueces de ejecución penal y las autoridades judiciales.

El 17 de marzo de 2020, se suspendieron todas las actividades grupales, excepto el ejercicio y los deportes diarios que se practicaran al aire libre. Los movimientos internos se limitaron y los actores externos cesaron sus actividades. La mayoría de las actividades laborales, de formación, socio-culturales y educativas se suspendieron. Los reclusos describieron esta situación como un “doble confinamiento”. Se concedieron algunas excepciones, sobre todo en los centros juveniles, en los que intervinieron los Servicios de Protección Judicial a la Juventud (PJJ).
Varias organizaciones intentaron encontrar alternativas a esta situación. Por ejemplo, algunos grupos de voluntarios empezaron a sustituir las visitas presenciales que solían hacer por cartas.
El 26 de marzo, se reanudaron los talleres de costura, en los que reclusos de 140 prisiones confeccionaron mascarillas de tela. Alrededor del 80% de las 5000 piezas producidas cada día se enviaron al personal sanitario de Paris (AP-HP), y el otro 20% se distribuyó a los trabajadores de las prisiones. Los reclusos que participaron en estos talleres recibieron un salario de 6 euros por hora.
En mayo, cuando acabó el confinamiento nacional, las restricciones en las prisiones se fueron levantando de manera gradual. En la prisión de Rennes-Vezin, las actividades socioculturales y deportivas, consideradas “no esenciales”, no se reanudaron hasta el 2 de junio.

El 18 de marzo de 2020, se suspendieron las visitas de los familiares, y solo se mantuvieron las de los abogados. Para compensar este mayor aislamiento, el Ministerio de Justicia publicó un conjunto de decisiones relativas a las medidas compensatorias que entraron en vigor el 23 de marzo. Entre estas estaba la asignación de un crédito telefónico de 40 euros, que se podía usar en las cabinas telefónicas (en todas las prisiones) o en los teléfonos instalados dentro de las celdas (en 64 prisiones). Se dio acceso gratuito a la televisión, y la ayuda financiera a los reclusos en situación de precariedad se aumentó de 40 euros al mes. El MNP francés subrayó, en un informe, el hecho de que estas medidas compensatorias no eran ni efectivas ni suficientes: en una prisión, había una cabina telefónica que funcionaba a duras penas y que compartían 80 reclusos. La duración de las llamadas era limitada.
El 11 de mayo, se reanudaron las visitas bajo unas estrictas medidas sanitarias; solo se permitía a los internos una visita a la semana, de una duración máxima de una hora; los visitantes no estaban autorizados a llevarles ropa, y todo contacto físico estaba prohibido. Sin embargo, no todas las medidas sanitarias se implementaron de igual manera. Por ejemplo, en la prisión de Sequedin los cubículos para visitas no estaban equipados con pantallas de plexiglás. En los centros en los que sí se colocaron pantallas de plexiglás, los visitantes describieron el ambiente como muy insatisfactorio: mascarillas, distancia, falta de contacto humano y mucho ruido de fondo, lo que dificultaba las interacciones. Algunos dijeron que incluso preferían no volver. Ciertos tipos de visitas se autorizaron de nuevo de manera gradual. Sin embargo, aún permanecieron prohibidas las sesiones de asesoramiento jurídico y laboral con actores externos. El 22 de julio, se reanudaron los encuentros individuales con los capellanes, así como las celebraciones religiosas colectivas en la prisión de Meaux-Chauconin.
Las visitas de inspección siguen restringidas: el MNP francés no ha reanudado sus visitas presenciales desde el inicio de la pandemia. Si bien a los miembros del parlamento (MP) se les permite llevar a cabo visitas de inspección ad hoc, en abril de 2020, se rechazó la petición de un MP para visitar una prisión cercana a Lille. El parlamentario impugnó está decisión ante un tribunal, que revocó la prohibición

Los primeros movimientos de protesta tuvieron lugar el 17 de marzo de 2020 y mostraron altos niveles de tensión. El 22 de marzo, algunos reclusos de la prisión de Uzerche, que protestaban en contra de la suspensión de las visitas, se negaron a volver a sus celdas, y otros se subieron al tejado y quemaron colchones. Un representante sindical explicó: “Las visitas de familiares son, a menudo, lo que conecta a la prisión con el exterior (…) Lo que cuenta para estas personas es el contacto humano (…) Ver a sus familias, a sus esposas y sus hijos durante el fin de semana es lo que les permite seguir adelante”. Unas 200 celdas resultaron deterioradas tras el incidente.

El día siguiente, unos cien reclusos del centro de Rennes-Vezin dirigieron una carta abierta a las autoridades penitenciarias y gubernamentales, en la que afirmaban que se les estaba poniendo en “peligro mortal” y reclamaban la descongestión de todas las prisiones. Los internos aseguraban que era imposible respetar los protocolos sanitarios debido al hacinamiento.

El 24 de marzo, en la prisión de Tarascon, unos treinta internos se negaron a volver a sus celdas, y exigían mascarillas y desinfectante para las manos, así como su liberación. Al 27 de marzo, habían tenido lugar 44 protestas ─a veces violentas─ en más de 40 centros diferentes. Las cárceles fueron las más afectadas, ya que son las que presentan mayores índices de hacinamiento. Se considera que estos movimientos fueron básicamente una reacción a las malas condiciones de reclusión, la falta de comunicación con el exterior, el sentimiento de encontrarse en peligro y estar abandonados, unas instrucciones poco claras, y una escasez de droga ligada a la suspensión de las visitas. La administración penitenciaria reprimió estas protestas.
Los movimientos de protesta ocurrieron, en su mayoría, durante los primeros meses de la pandemia.

El 19 de marzo de 2020, más de 1000 personas (investigadores, personalidades públicas, magistrados, abogados, y ONG) firmaron un artículo de opinión para exigir la descongestión de las prisiones. El 29 de marzo, se presentó ante el Consejo de Estado una petición para la protección de las libertades fundamentales (référé-liberté), en nombre del OIP francés, de la Asociación de Abogados para la Defensa de los Derechos de los Reclusos (A3D), el Sindicato de Magistrados y el Sindicato de Abogados Franceses. Dichas organizaciones exigieron al juez de medidas provisionales (juge des référés) del Consejo de Estado que adoptara medidas útiles para detener las violaciones de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. El 31 de marzo, reclusos de la prisión de Nanterre interpusieron un recurso contra el Primer Ministro y contra el Ministro de Justicia por “poner en peligro la vida de otras personas.”

El Colegio de Abogados de Lyon denunció las medidas de excepción que autorizaban a los jueces a extender el periodo de prisión preventiva. El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas denunció: “audiencias realizadas por videoconferencia, a puerta cerrada, con un único juez, y presuntos inocentes en prisión, donde podrán permanecer más tiempo”. El Sindicato de Magistrados alertó que “aplicar estas disposiciones durante muchos meses podría contaminar el derecho común”.

El 4 de abril, varios abogados y reclusos interpelaron urgentemente al Tribunal Administrativo de Martinica para exigir a la administración penitenciaria “reducir el número de internos en la prisión de Ducos a una cifra que permitiera la ocupación individual de las celdas, hacer esfuerzos para ayudar a mantener los lazos familiares, tomar medidas sanitarias y llevar a cabo pruebas diagnósticas“. Si bien el tribunal reconoció la “preocupante situación de hacinamiento”, aseguró que la administración penitenciaria no podía cambiar las condiciones de vida o hacer revisiones de penas. Ordenó que se facilitaran mascarillas y guantes, y solicitó que se llevaran a cabo pruebas diagnósticas.
El 3 de junio, 40 organizaciones y casi 1000 personajes públicos firmaron una carta abierta dirigida al presidente francés para pedirle que iniciara una política de descongestión de las prisiones.
El 2 de julio, el MNP francés publicó un informe, en el que hizo referencia a las medidas adoptadas, y reconoció la prevención “eficiente” y el bajo número de contagios. Recordó que: “se ha evitado el grave riesgo de una epidemia en medio del hacinamiento de los lugares cerrados y entre una población cuyo estado de salud a menudo la hace particularmente vulnerable”. El MNP afirmó que la “espectacular reducción” de la población carcelaria que se registró durante la primera ola de la epidemia demostraba que era “posible que la tasa de ocupación general de las prisiones francesas volviera a su capacidad real, o incluso quedara por debajo de ella”.