Francia: pobre prisión

Marion Moulin. Ser pobre en prisión significa, en primer lugar, no tener los recursos suficientes para cubrir los gastos de la vida en prisión (que se elevan a unos 200 euros mensuales) ni tampoco los del exterior, que siguen corriendo como siempre. Alrededor del 16 % de las personas privadas de libertad interrogadas carece totalmente de recursos; el 31 % recibe las ayudas “de indigencia” de 20 euros que suministra la administración penitenciaria, y dos tercios de estas personas afirman tener deudas. La pobreza es un factor de vulnerabilidad; la precariedad provoca tensiones y da lugar a todo tipo de tráfico y extorsiones. Esta situación afecta la dignidad de las personas, ya que no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, como alimentarse, vestirse, comprar productos de higiene o hacer llamadas telefónicas a sus seres queridos.

Antes que un aumento de las ayudas económicas, las personas piden que se amplíen las ofertas de trabajo en prisión y que la remuneración sea decente. Lo que ellas quieren es vivir de manera digna en prisión.

El 45 % de las personas interrogadas se sentía en situación de pobreza antes de su privación de libertad, y el 70 % durante.

Para este informe quisimos explorar el tema de la pobreza desde varios ángulos, sin limitarnos al aspecto económico. La pobreza también significa la dificultad para acceder al derecho como debe ser, una situación que afecta sobre todo a las personas extranjeras; también implica un alejamiento emocional: el 40 % de las personas interrogadas no recibe ninguna visita, y el 67 % manifiesta un sentimiento de soledad o aislamiento Durante su reclusión, una de cada cinco personas no puede acceder a un empleo ni a una formación académica o profesional.

Por último, ser pobre en prisión significa tener menos posibilidades de que se revise su pena, puesto que las personas no pueden cumplir con las condiciones que se exigen para acceder a estas medidas (como tener un lugar donde vivir, un trabajo, etc.). El ejemplo de la vivienda, que representa el punto clave de la reinserción, es bastante contundente, ya que solo el 36 % de las personas que arriendan una vivienda antes de su encarcelamiento, logran conservarla. Un cuarto de las personas interrogadas afirma no tener ninguna solución de alojamiento para su salida.

MM. La prisión sigue siendo, hoy en día, un castigo social que afecta de manera evidente a las personas más pobres de nuestra sociedad. No se puede negar que la prisión es una manera de gestionar la pobreza, lejos de todas las miradas. Los datos relativos a la sobrerrepresentación de las personas pobres en prisión son impresionantes; solo el 50 % de las personas interrogadas tenía un empleo y un ingreso antes de su encarcelación; un 25 % recibía indemnizaciones sociales, y el 15 % carecía totalmente de recursos. Los obreros representan el 39 % dentro de la población carcelaria en comparación con el 20 % en la población general. Cerca del 35 % de las personas privadas de libertad no tiene ningún diploma, contra el 14 % de la población francesa. Este índice alcanza el 56 % entre las personas de 18 y 29 años, lo que es sumamente preocupante.

Estimamos que la comparecencia inmediata es una de las principales causas de este fenómeno.

Este procedimiento, que tiene por objeto realizar juicios rápidos, en un contexto de falta de recursos de los tribunales, sanciona principalmente a las personas sin empleo, en situación irregular, sin domicilio estable, con bajos ingresos económicos y bajo nivel educativo, ya que no están en condiciones de asegurar su defensa. Un juicio en estas condiciones multiplica por 8,4 la posibilidad de ir a prisión en comparación con un juicio normal.

En resumen, estamos dentro de un círculo vicioso: los pobres tienen más probabilidades de ir a prisión, y la prisión sume a las personas en una situación de pobreza que, a su vez, genera dificultades para reinsertarse y aumenta el riesgo de reincidencia tras la liberación. Todo esto en un contexto de sobrepoblación endémica.

MM. En efecto, para nadie es una novedad esta situación. Los informes del Contrôleur Géneral des lieux de privation de liberté(CGLPL) la señalan constantemente. Varias jurisdicciones europeas y francesas han condenado a Francia, en repetidas ocasiones, por sus condiciones de reclusión indignas y la sobrepoblación de sus centros penitenciarios. Consideramos que es indispensable abordar este último tema, ya que gracias a las liberaciones anticipadas que se otorgaron durante la crisis sanitaria nos dimos cuenta que sí es posible reducir la población carcelaria.

Tenemos que dejar a un lado la visión punitiva de la pena y dejar de ver la prisión como la sanción de referencia. Creemos que es necesario ampliar de manera masiva el uso de las penas alternativas y de las medidas de revisión de las penas ─que ya existen en nuestro derecho pero que no se pronuncian lo suficiente, a pesar de ser sanciones inteligentes─. Este tipo de penas se ejecutan dentro de la comunidad y no tienen el efecto empobrecedor y desocializador de la privación de libertad. Además, son menos costosas y más eficaces en términos de reinserción y lucha contra la reincidencia.

Existen varias razones para ser optimistas, ya que ha habido algunos progresos. La Ley de Confianza en la Institución Judicial ha sentado las bases para reformar el estatus de los reclusos que trabajan; aunque es una lástima que no aborde la cuestión de la remuneración ni de la flexibilidad del empleo, se trata de un progreso considerable con respecto a un tema que no había avanzado desde hace varios años. Por otra parte, también han surgido varias iniciativas en el campo, por ejemplo, la experimentación de inserción a través de la actividad económica, en 2016. Sin embargo, aún hace falta reforzar los recursos que se les asigna para que se conviertan en la norma.

Esto implica un cambio radical en el paradigma de nuestras políticas públicas. Las políticas públicas de lucha contra la pobreza, por ejemplo, deberían tener en cuenta, de manera sistemática, la situación de las personas privadas de libertad o sujetas a medidas alternativas. Para ello, debemos comenzar por cambiar la mentalidad y la visión que tenemos de las personas condenadas.

En este informe presentamos 25 recomendaciones detalladas, inspiradas de diferentes proposiciones de personas privadas de libertad. Descubra nuestras recomendaciones.