PM. Al Gobierno le preocupa, y con justa razón, la sobrepoblación carcelaria, un factor que empeora las condiciones de reclusión. Sin embargo, no ataca el problema de raíz y no se interesa en las causas de la inflación carcelaria, sino en sus consecuencias: la falta de espacio. Desde hace treinta años se vienen construyendo prisiones con el pretexto de reducir la sobrepoblación. Aún así, las observaciones siguen siendo las mismas: ampliar la capacidad del sistema penitenciario solo permite asimilar el aumento de la población carcelaria. El plan actual de crear 15 000 nuevas plazas reproduce la misma lógica, es decir que el primer ministro calcula que habrá 15 000 personas privadas de libertad más de aquí a 2027. El presupuesto de 2022 no propone ninguna vía que permita responder al requerimiento del TEDH de tomar las medidas estructurales necesarias para frenar la sobrepoblación. La situación actual habla por sí sola: al 1 de septiembre de 2021, la población carcelaria del país alcanzaba casi las 70 000 personas, con una tasa de ocupación del 113 %. Y en el caso de las cárceles, en las que 1300 personas duermen en colchones en el suelo, la tasa de ocupación se elevaba al 133 %.
Por otra parte, en lo que respecta a las condiciones materiales, no es posible entrever una verdadera mejora, ya que el presupuesto de 2022 para el mantenimiento de las instalaciones existentes se limitará a 80 millones, un importe ridículamente bajo ─en comparación con el destinado a la construcción─ teniendo en cuenta la urgencia de los trabajos necesarios. En 2016, en su informe En finir avec la surpopulation carcérale(poner fin a la sobrepoblación carcelaria), Jean-Jacques Urvoas, en ese entonces ministro de Justicia, hablaba de la “falta de inversión crónica” en mantenimiento y renovación. Ese año, “la mitad de los centros penitenciarios estaban en un estado sumamente crítico”.
Para dar una idea de la magnitud de los trabajos necesarios: en 2018, el Ministerio de Justicia estimaba que la renovación de la prisión de Fresnes, denunciada en varias ocasiones por sus condiciones indignas de reclusión, costaría unos 270 millones de euros.
En el marco del requerimiento que el TEDH hizo a Francia, también recomendó que se modificara el cálculo de la capacidad operacional de las prisiones. Hoy en día, este cálculo se basa principalmente en el número de metros cuadrados disponibles por persona. Según las recomendaciones del Consejo de Europa, el Tribunal señaló que el espacio del que disponen las personas privadas de libertad no es el único criterio para calcular la capacidad del sistema penitenciario, sino que además se deben tener en consideración otros factores como el tiempo que los reclusos pasan en las celdas y, de manera más general, que las condiciones de reclusión se ajusten al objetivo de reinserción. Del mismo modo, se debe considerar la capacidad de los espacios colectivos, la oferta de trabajo, de formación y de actividades, la posibilidad de brindar atención médica y tratamiento, y la capacidad de seguimiento de los servicios de reinserción y libertad condicional. Ahora bien, el presupuesto asignado a la reinserción es demasiado bajo, y mientras el tiempo que se pasa en prisión carezca de contenido y de sentido, las condiciones de reclusión no podrán ser dignas.
