Prison Insider. Ahora, casi al final de su mandato, ¿qué observaciones ha podido hacer sobre la atención que se brinda en prisión a las personas que padecen enfermedades mentales?¶
Adeline Hazan. El problema aumenta a medida que pasan los años, muchas personas privadas de libertad sufren de enfermedades mentales. Uno de los principales problemas es que no se sabe exactamente qué tipo de patologías hay en prisión ni la cantidad de personas que las padecen; el último estudio epidemiológico se llevó a cabo en 2007, por lo que considero que es urgente realizar una nueva investigación que permita medir con precisión la magnitud de las patologías mentales en prisión; la ministra de Justicia me ha confirmado que se prevé realizar dicha investigación en los próximos meses. Pienso que todavía estamos cerca de las cifras de 2007.
En ese año, alrededor del 70 % de los reclusos tenía al menos un trastorno mental, y el 25 % un trastorno psicótico grave. Estas cifras son enormes y necesitamos que se actualicen rápidamente.
El hecho de que haya tantos reclusos con trastornos mentales en prisión también se debe a que el encarcelamiento puede crearlos o aumentarlos. Por lo tanto, es necesario mejorar el diagnóstico de estas enfermedades al momento del juicio. La comparecencia inmediata, por ejemplo, no permite identificar a las personas afectadas.
La Ley Taubira del 15 de agosto de 2014 estipula que se debe reducir un tercio de la pena a las personas que sufran de una alteración del discernimiento, lo que supone una considerable mejora del tratamiento de las personas que padecen patologías mentales. Sin embargo, como la alteración del discernimiento no siempre se identifica durante la comparecencia inmediata, ni durante cualquier otro procedimiento, y que los jueces no conocen verdaderamente esta medida, los procesados no siempre se benefician de ella. Al mejorar la detección y la aplicación de esta disposición del 15 de agosto de 2014, se podría evitar que las personas con trastornos mentales vayan a prisión.
Bien sea que las enfermedades hayan sido provocadas por el encarcelamiento o que existan con anterioridad, estas no se toman en cuenta como debe ser. El personal de la administración penitenciaria no está capacitado para identificarlas y, cuando lo hacen, la atención psiquiátrica no es lo suficientemente eficiente. Si bien la creación de servicios médicos psicológicos regionales (SMPR) y de unidades hospitalarias especialmente acondicionadas (UHSA) debería mejorar la situación, en la práctica, vemos que estos servicios, como su nombre lo indica, son regionales, y no pueden cubrir las necesidades de toda una región. Les nueve UHSA existentes son más recientes (2010), pero su cantidad es totalmente insuficiente. La segunda etapa de su construcción, que debió haber comenzado hace un tiempo, se iniciará pronto.
La atención en estas unidades es por lo general satisfactoria. Sin embargo, el principal problema es la interrupción de los tratamientos cuando una persona regresa al régimen de reclusión normal.
El beneficio de la estancia en una UHSA se destruye en la prisión, donde se brinda una atención insuficiente, faltan psiquíatras, y se desatienden las solicitudes de los reclusos y las necesidades relativas a sus patologías.
Algunas unidades para enfermos difíciles (UMD) funcionan correctamente, ya que disponen de más personal para ocuparse de los reclusos. Algunas veces, los pacientes prefieren permanecer allí que reintegrar el régimen de reclusión normal. Las reglas son estrictas, pero la atención psiquiátrica que se les brinda es más adecuada. Por otra parte, algunos derechos no se respetan, como por ejemplo las visitas de los familiares y el uso del tabaco. Debido a estas restricciones, algunos prefieren salir de la UMD.
