Francia: vigilancia sin discernimiento

David Scheer. En las prisiones francesas, se le llama QER a las unidades especiales en las que se aloja y evalúa a los reclusos condenados por hechos relacionados con el terrorismo, así como a aquellos detenidos por delitos comunes que muestran señales de radicalización. El principal objetivo de estas unidades, donde el recluso permanece solo por un tiempo determinado, es evaluar su nivel de radicalización y el peligro potencial que representan. Dicho de forma más concreta, se transfiere a estos grupos conformados por una docena de internos considerados “terroristas islamistas” o “sospechosos de radicalización” a áreas de alta seguridad en las cárceles para que una serie de profesionales los pueda evaluar (guardias, educadores, psicólogos, consejeros de inserción y de libertad condicional) por un periodo de cuatro meses para decidir la manera en la que la administración penitenciaria se hará cargo de ellos y a qué establecimiento se asignarán. Luego son trasladados a centros penitenciarios regulares, en los que permanecen en aislamiento, en módulos para reclusos violentos o, actualmente, en módulos de atención de la radicalización. De cierta manera, se trata de estaciones de clasificación y orientación de los reclusos “radicalizados”. Un aspecto interesante de estas unidades de evaluación es que reúnen y combinan distintas misiones.

Desde luego, el objetivo principal es proveer una síntesis de la evaluación individual de cada recluso. Pero, lógicamente, también existe la misión de reforzar la seguridad de las unidades donde se recluye a los internos que pudieran ser considerados peligrosos.

Dentro de la gestión de los reclusos encarcelados en los QER existen otros dos objetivos más discretos. En primer lugar, un objetivo bastante informal de pacificación o “desradicalización”, que es fruto de la labor de algunos profesionales que se interesan en la religión o la caridad. Luego, un objetivo que consiste en reunir información sobre los individuos o sobre los vínculos entre distintos individuos para transmitirla a los servicios de información: tanto los servicios de información penitenciarios como los servicios policiales o las agencias de inteligencia generales. La imbricación de estos distintos objetivos – la evaluación más justa posible de las personas, de su arraigo ideológico y de su trayectoria; la seguridad, la aplicación de restricciones y la gestión de riesgos; la desradicalización, el trabajo en la consciencia; y la información, el trabajo de construcción de perfiles─ puede hacerlos competir e incluso generar tensión.

DS. Esa es una pregunta muy compleja, que cuestiona sobre todo a la prisión, una institución que oscila constantemente entre el objetivo de mantener una seguridad que parezca inquebrantable y la voluntad democrática de promover los derechos de los internos, de normalizar las condiciones de reclusión y de respetar a las personas privadas de libertad. Sin llegar a pronunciarme sobre la compatibilidad entre la lucha contra el extremismo violento y el respeto de los derechos fundamentales en prisión, podría decir que la existencia de estos módulos específicos para los reclusos “radicalizados” presenta riesgos reales en términos de violación de los derechos fundamentales, riesgos inherentes a todas las formas de privación de libertad, no solamente a aquellas reservadas para los reclusos “radicalizados”. Retomemos los objetivos que mencioné. Primero, la seguridad; el endurecimiento masivo de las condiciones de seguridad, especialmente luego de agresiones o atentados en reclusión, contribuye a alimentar un mecanismo de desconfianza y de neutralización de los reclusos. Con frecuencia, a los reclusos de los QER no se les considera como personas que han cometido un acto ilegal (o que son sospechosos de ello), sino como “enemigos”. Entonces, se observa una especie de distanciamiento, un aislamiento físico y social que no se menciona. La vigilancia extrema, que facilita tanto la seguridad como la elaboración de los perfiles de los reclusos, limita el contacto normalizado, obliga a un importante autocontrol y refuerza la estigmatización. En segundo lugar, el proceso de evaluación está limitado por diversos elementos que pueden sesgar la evaluación y finalmente confirmar las hipótesis de peligrosidad y radicalización.

En primer lugar, se observa la omnipresencia de la lucha contra una supuesta disimulación que nubla el discernimiento de los evaluadores: aquel que se presenta como radicalizado es un radicalizado, y aquel que tiene buen comportamiento es un radicalizado disimulado…

En segundo lugar, persiste la idea de que los reclusos que se someten a evaluación están ahí por un motivo, por lo que las señales de radicalización y los elementos asociados a ella tienden a sobreinterpretarse. Además, tanto los profesionales como la administración procuran evitar cualquier tipo de riesgo. Estos elementos juntos hacen que, en la etapa final de la presentación de informes, sea preferible un falso positivo a un falso negativo. El tercer riesgo se relaciona con los esfuerzos de desradicalización, que son dirigidos por una serie de profesionales que trabajan en los QER, especialmente por ciertos guardias que se se dan a la tarea de calmar los ánimos y permitir a los reclusos acceder a una fe no violenta. Este trabajo informal, que se da fuera de algún marco reglamentario o de control, se mantiene completamente al margen de especificaciones o del reglamento interno de las unidades. Por lo tanto, escapa a cualquier forma de marco institucional, para bien o para mal. El último punto se refiere al objetivo de inteligencia: los propios oficiales penitenciarios de inteligencia describen los QER como herramientas deficientes para obtener información, debido al tiempo limitado de reclusión, a la observación parcial, a la estricta seguridad que limita el comportamiento natural, y a la excesiva recopilación de información que ahoga los elementos más relevantes en una marea de datos. La lógica de la sobreinterpretación invalida numerosas observaciones.

La información proveniente de los servicios de inteligencia parece preponderante a la hora de tomar decisiones, a pesar de que los mismos profesionales de inteligencia consideran que el sistema no proporciona una información de calidad.

Al igual que en el trabajo de evaluación, se observa un círculo vicioso: los reclusos se seleccionan en función de su perfil penal, complementado por un arsenal de información procedente de la inteligencia penitenciaria. Además, la suma de las observaciones de los profesionales y la nula toma de riesgos al momento de dar las recomendaciones finales pueden “afinar” la peligrosidad del individuo, al conservar solo los elementos que confirmen la hipótesis principal.

Por último, hay que prestar atención al riesgo que presenta el trato desigual entre los reclusos de derecho común, por un lado, y los catalogados de “radicalizados”, por otro. Estos últimos regularmente son objeto de medidas de observación, vigilancia o control que pueden socavar sus derechos y contribuir a un trato diferenciado. Sobre todo, hay un problema de transparencia y uso de la prisión. Las personas condenadas deben cumplir una sentencia para pagar por su falta, y las personas en prisión preventiva deben ser mantenidas en custodia hasta el juicio. Ese no es el caso aquí: los internos “radicalizados” son evaluados, medidos, perfilados; a veces incluso antes de ser juzgados. No digo que no haya gente peligrosa, simplemente digo que hay una forma de revertir el principio de la presunción de inocencia con la que debemos ser cautelosos.

DS. Revisemos rápidamente el contexto histórico reciente. Tras los atentados perpetrados en suelo francés en enero de 2015, se ha venido debatiendo sobre la prisión y cuestionando su papel como escuela de radicalización y como instrumento para el tratamiento penal del terrorismo. Se ha planteado entonces una pregunta primordial a los poderes públicos: ¿se debe “agrupar” a los reclusos terroristas o, por el contrario, “dispersarlos”? Esta pregunta surge en un contexto político y social tenso: dos presidentes diferentes, tres primeros ministros, cuatro ministros de Justicia, una serie de planes antiterroristas, la dimisión del director de la administración penitenciaria, la prórroga del estado de emergencia, el aumento de las competencias de los servicios de inteligencia en la lucha contra el terrorismo, etc. En esta breve historia, la administración penitenciaria ha creado unidades para ocuparse de los reclusos calificados de “terroristas islámicos”, y ha reclutado personal para evaluarlos y planificar su tratamiento.

La sucesión de unidades ─que cambian de nombre y se multiplican entre 2015 y 2020: unidad de prevención del proselitismo; unidades dedicadas a la evaluación; unidades de atención dedicada; unidades de prevención de la radicalización; módulos de evaluación de la radicalización; módulos para reclusos violentos; módulos de atención a la radicalización─ y las dificultades para construir un marco estable y coherente ─condiciones estatutarias precarias para el nuevo personal; alta rotación; descripciones de puestos poco claras; competencia entre servicios, etc.─ ilustran un sistema de emergencia, o incluso de pánico, que no consigue pensar con calma en sus buenas prácticas. Las políticas de gestión del extremismo violento y de la radicalización en las prisiones no solo son el resultado de una reflexión penológica, sino también de la necesidad de que los políticos muestren su determinación para actuar en un contexto de emergencia.

Creo que el tema de la lucha contra el terrorismo en las prisiones se debe replantear en el contexto de la tensión que caracteriza a las prisiones francesas contemporáneas, entre, por una parte, el fortalecimiento de los derechos de los reclusos y, por otra, la aplicación de medidas específicas bajo la premisa de la gestión del peligro que siempre puede reforzar las decisiones arbitrarias de la administración penitenciaria, en lo que respecta a la evaluación, la asignación y el tratamiento de los reclusos.

Cuando hablamos de la gestión del tema de la “radicalización” en prisión, vemos una caricatura de la prisión. La lucha contra el proselitismo no es más que una versión contemporánea de la idea de la prisión como escuela del crimen y el contagio de la conducta delictiva.

La voluntad de hacerse cargo específicamente de ciertas categorías de individuos y de aislar a los más peligrosos solo acentúa la oscilación de la prisión entre el deseo de corregir y la obligación de neutralizar. Los procesos de estigmatización y desconfianza propios de las prisiones alimentan un proceso de estabilización y fijación de la imagen negativa de los reclusos. Peor aún, construyen las condiciones de su culpabilidad y peligrosidad. Estas críticas, por muy fuertes que sean, son al fin y al cabo banales en vista de la historia de la prisión y sus fracasos. A riesgo de hacer un mal juego de palabras, la gestión de la radicalización en la prisión revela en última instancia una versión radicalizada de la institución penitenciaria.