Este movimiento protesta contra las condiciones de reclusión del líder kurdo Abdullah Öcalan, uno de los principales fundadores del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), quien fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción, en 1999, en la isla de Imrali, en la que solo hay otros cinco reclusos. Öcalan se encuentra en régimen de aislamiento desde abril de 2015; el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa expresó su preocupación en su informe de marzo de 2018 (disponible en inglés y francés).
Si bien Öcalan recibió numerosas visitas de parlamentarios, entre 2014 y principios de 2015, en el marco de las negociaciones de paz, desde 2011 no ha podido entrevistarse con su abogado, y desde abril de 2015, no ha visto a su familia, salvo por una corta visita de su hermano en 2016, y una en enero de este año. Pero lejos de indicar el fin del régimen de aislamiento, la visita se autorizó principalmente para calmar los rumores de su muerte.
El silenciamiento de esta figura del movimiento kurdo desde hace casi cuatro años refleja la voluntad del Estado de enterrar la resolución del conflicto kurdo. A pesar de estar encarcelado, Öcalan jugaba un papel importante, y a la vez simbólico, en las negociaciones de paz entre el Estado y el movimiento, que se iniciaron oficialmente a principios de 2013. Dichas negociaciones terminaron durante la campaña para las elecciones legislativas de junio de 2015, y tras el recrudecimiento de los enfrentamientos armados entre el Estado turco y el movimiento armado kurdo, en el verano de 2015.
Esta huelga de hambre no es solo una protesta por los derechos de Öcalan y contra la opresión generalizada de los actores políticos que han decidido actuar en el marco de las instituciones jurídicas, socavando cualquier esperanza de paz en Turquía, es también una respuesta a la represión de las críticas contra la actual administración.
Según un informe publicado por el HDP en diciembre de 2018, catorce de sus exdiputados (a quién se retiró la inmunidad parlamentaria en 2016) se encuentran detenidos, y otros doce han sido condenados a prisión, sin ninguna orden de arresto. Cincuenta antiguos alcaldes del HDP se encuentran actualmente detenidos (veintinueve en prisión preventiva y veintiuno condenados). En noviembre de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía en un fallo relativo a la prisión preventiva del expresidente del HDP, Selahattin Demirtas. El TEDH consideró que ”las prórrogas de la privación de libertad de la persona interesada, (…) perseguían el objetivo oculto de reprimir el pluralismo y limitar el libre juego del debate político (…)”
Selahattin Demirtas, encarcelado desde noviembre de 2016, fue condenado, en septiembre de 2018, a cuatro años y ocho meses de prisión por “propaganda terrorista”, pero su proceso continua por otros cargos por los que podría ser condenado hasta a 142 años de prisión. El Estado turco aún no ha tomado ninguna medida en cuanto a la decisión del TEDH y su presidente, Recep Tayyip Erdogan, declaró abiertamente que las decisiones del TEDH no son vinculantes para el país, que es signatario de la Convención.
Pero no solo los representantes electos y las figuras políticas del partido kurdo están siendo encarcelados; también lo están siendo los investigadores, periodistas (más de 165 según Reporteros sin Fronteras), estudiantes, artistas, opositores políticos arrestados durante las redadas que tuvieron lugar tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, y miembros de la sociedad civil. El reconocido hombre de negocios Osman Kavala se encuentra detenido desde hace más de un año, sin haber sido procesado. Todas estas personas son encarceladas o enjuiciadas en aplicación de la legislación antiterrorista turca, un conjunto de leyes que funciona como arma de represión frente a cualquier protesta política.
