“Si descuidas las prisiones, lo haces bajo tu propio riesgo”

Alice Jill Edwards. La gestión penitenciaria juega un papel esencial y a la vez limitado. Las autoridades penitenciarias son responsables de estructurar la vida cotidiana de las personas privadas de libertad y de velar por el respeto de sus derechos. Asimismo, tienen la obligación de asegurarse de que su personal actúe según las reglas y contribuya a un clima en el que reinan la colegialidad y la ética. Cuando un director de prisión lleva mucho tiempo en su puesto, ha perdido interés en su trabajo, o no recibe formación con regularidad, las cosas pueden irse por mal camino. Es decir, que habrá una deterioración de las condiciones de vida y se pasarán por alto los comportamientos condenables de los guardias.

Existen varios tipos de formación para el personal penitenciario. Pero, para contar con verdaderos profesionales, la prisión debe ser coherente y exigir que los funcionarios tengan un nivel de educación apropiado, con años de formación, antes de asignárseles a un centro penitenciario. Es importante asegurarse de contratar a las personas adecuadas y hacer de esta una profesión atractiva. Los funcionarios de prisiones me hablan de lo orgullosos que se sienten de su trabajo, y a muchos de ellos les encanta lo que hacen. Sin embargo, hay demasiados miembros del personal penitenciario que han ido perdiendo su interés por falta de una formación adecuada, una trayectoria profesional o una remuneración justa.

El agotamiento laboral es muy frecuente entre los miembros del personal de la administración penitenciaria, así como de otros servicios que trabajan a diario cara a cara con otras personas. En algunos países del Caribe, se recomienda que los guardias cambien con regularidad de servicio, ya que pasar tiempo en otros establecimientos les permite observar diferentes tipos de funcionamiento. Cuando una persona trabaja demasiado tiempo en un mismo lugar, es difícil que se cuestione sobre lo que podría mejorar o se dé cuenta de que ciertas conductas, que se han normalizado, no son aceptables. Cambiar de lugar de trabajo o intercambiar buenas prácticas entre países, podría resultar interesante para los funcionarios de prisiones y marcaría una verdadera diferencia. Su actitud, las formaciones que sigan y su conocimiento de las buenas prácticas son elementos esenciales en la lucha contra la tortura.

La administración penitenciaria juega un papel esencial en el trato que se brinda a las personas privadas de libertad. Sin embargo, muchas cosas se salen de su control como, por ejemplo, la asignación de recursos. Aumentar el presupuesto de las prisiones para que puedan cumplir con sus obligaciones es rara vez una prioridad. Además, los directores de prisión tienen muy poco poder de decisión en cuanto a la asignación de los reclusos, la evaluación de la capacidad de las personas para soportar la reclusión, o el respeto del número de plazas del establecimiento.

La prevención de la tortura y de los tratos inhumanos en los centros penitenciarios también es responsabilidad de otros actores.

Es fundamental que las autoridades penitenciarias puedan explicar la realidad de las prisiones, pues, a menudo, los parlamentarios, los Gobiernos y los magistrados ignoran lo que sucede detrás de las rejas. En muchos países, vemos a los jueces y fiscales pedir más y más severas penas de prisión, sin conocer las consecuencias que esto trae tanto a los reclusos como al personal penitenciario. Es como si la mano derecha no supiera lo que hace la izquierda.

AJE. Tendemos a comprender el cambio climático como un aumento de las temperaturas, pero en realidad se trata de la intensificación de las temperaturas extremas. El Comité contra la Tortura y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han declarado que someter a los individuos a temperaturas más bajas o más altas de la media constituye un trato inhumano o degradante. Este es un problema, que, combinado con el hacinamiento, que suele exacerbar el calor, aumenta los índices de violencia y suicidio.

Al recabar datos para el informe, me topé con una estadística que afirmaba que el 30 % de la población carcelaria mundial vive en los 12 países más vulnerables al cambio climático. Existen estudios que muestran que los centros penitenciarios se sitúan en los terrenos más desfavorables, en zonas inestables. Las nuevas prisiones se están construyendo en áreas con fuertes riesgos de inundación, en las que el frío o el calor pueden llegar a ser extremos. Por esta razón, la política penitenciaria debe tener en cuenta el cambio climático en todos sus aspectos, entre ellos, la infraestructura de las prisiones nuevas y de las ya existentes.

AJE. Las administraciones penitenciarias han planteado muy pocas iniciativas o políticas a nivel nacional para adaptar las infraestructuras o las prácticas penitenciarias al cambio climático. Si bien se han emprendido algunos esfuerzos para neutralizar la huella de carbono de los edificios, casi nada se ha hecho para ofrecer a los reclusos unas condiciones de vida adecuadas en lo que respecta al cambio climático.

Algunos países son muy vastos y cuentan con una gran diversidad climática, por lo que una infraestructura idónea para una región puede resultar totalmente inadecuada para otra. Los Estados suelen confiar a las mismas empresas privadas la construcción de todas sus prisiones, sin tener en cuenta este aspecto. Sin embargo, esto podría solucionarse mediante una colaboración y un intercambio de conocimientos entre los estudios de arquitectura, las ONG y otros agentes. Los Gobiernos tienen la obligación de garantizar el bienestar de los reclusos y esto incluye prepararse para el cambio climático. Las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de vulnerabilidad y no pueden elegir el lugar en el que residen. Así pues, los Estados deben asegurarse de que las prisiones se adaptan o tienen la posibilidad de adaptarse al cambio climático. Creo que todavía queda mucho por hacer.

AJE. Con mucha frecuencia, los Estados, o los organismos nacionales, culpan a las administraciones penitenciarias por unas malas condiciones de reclusión que, en ocasiones, se les salen de las manos. Incluso el director de prisión con la mejor voluntad del mundo se encontraría entre la espada y la pared si en su prisión, construida para 50 personas, se le confiaran 100. El problema es que no hay ninguna otra solución para estos reclusos si a los jueces les da lo mismo saber si las prisiones están sobrepobladas o no.

En realidad, la responsabilidad de prevenir la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes recae en los distintos actores del Estado: los parlamentarios, que aprueban la legislación y el presupuesto; los jueces, que condenan a las personas sin conocer las condiciones de reclusión ni el centro en el que ingresarán; y los fiscales, que exigen penas privativas de libertad a pesar de conocer la situación del sistema.

Al enviar a las personas a prisiones sobrepobladas, con malas condiciones de vida y con la reputación de infligir a sus reclusos torturas y tratos inhumanos, estos actores también son cómplices. Cada uno de ellos tiene su parte de responsabilidad.

AJE. Seguiré ocupándome de todas las denuncias que llegan a mi oficina. Hoy en día, estoy trabajando en el caso de casi 3000 reclusos que se encuentran en prisión indefinida en virtud del Sistema de Encarcelamiento para la Protección Pública (IPP). Dicho régimen se dejó de aplicar en 2012, y, sin embargo, muchas personas siguen cumpliendo este tipo de penas. Mi deseo es que esto termine.

Proponer reformas penitenciarias, visitar las prisiones y dialogar con las personas privadas de libertad siempre será una gran parte de mi trabajo como Relatora Especial. He conocido a varios jóvenes encarcelados que son conscientes de lo que han hecho y desean regresar a la comunidad. Ellos quisieran estudiar mecánica o pedagogía, pero lo que se les ofrece en prisión son simples actividades para mantenerlos ocupados y no verdaderas formaciones. Mi aspiración es ser la Relatora Especial que dio una esperanza a las personas privadas de libertad y les permitió adquirir las habilidades necesarias para integrarse en la sociedad con dignidad. Esto implica que se les trate con respeto y humanidad durante su estancia en prisión.

Algunos países han realizado ostensibles mejoras, han cambiado de mentalidad y han comenzado a plantear reformas institucionales en el sector penitenciario. Otros, en cambio, siguen considerando las prisiones como la parte molesta, aburrida y prescindible de las políticas públicas. Durante mi mandato seguiré insistiendo en que los reclusos son seres humanos como los demás.

He observado la fuerte correlación que existe entre la prisión y las comunidades pobres, desfavorecidas y marginadas. Las razones por las que la gente delinque tienen mucho que ver con la pobreza y la falta de oportunidades. Ciertas categorías de reclusos requerirán siempre largas penas de prisión. Sin embargo, para la inmensa mayoría de ellos, sobre todo los condenados por delitos relacionados con las drogas o la propiedad, existen otras alternativas que podrían servir para sacarlos de lo que yo llamo “la espiral de la reincidencia”. Es necesario recordar a las personas que los que van a prisión regresan a la sociedad. Debemos entablar un diálogo con la comunidad para disipar el miedo que puedan tener a las personas que salen de prisión.

Es fundamental que tengamos en mente a las personas privadas de libertad. Las prisiones son un elemento necesario de la sociedad y, por lo tanto, no deben relegarse al olvido. Se trata de un asunto público. Uno de los argumentos que he intentado exponer en el informe es que, si descuidas las prisiones, lo haces bajo tu propio riesgo, pues esto significa que se convertirán en lugares de violencia, con altos índices de lesiones, suicidios y depresión. Estos retos exigen nuevos recursos y enfoques más específicos o individualizados. Los Gobiernos que piensan poder dejar de lado la reforma penitenciaria carecen de una visión a largo plazo.