Indonesia: los estragos de la retórica de la seguridad

Albert Wirya. Desde 2015, Indonesia sostiene una implacable guerra contra las drogas, en la que las fuerzas del orden y el Gobierno usan la pena de muerte para hacer cumplir las políticas antidroga. La ley de estupefacientes N.°35 prevé la pena capital para las personas que producen, importan, transportan, sirven de intermediarias, venden o compran cierta cantidad de droga (un kilo para la marihuana y cinco gramos para la metanfetamina o la heroína). Sin embargo, las autoridades judiciales no conocen muy bien la aplicación de las sentencias por delitos de drogas, lo que da lugar a considerables desigualdades. Puede suceder, por ejemplo, que pronuncien la misma pena para una persona en posesión de menos de 100 gramos de heroína que para una con 500 kilos.

La administración penitenciaria declaró que, al 31 de julio de 2024, un total de 542 personas se encontraban en espera de ejecución. Un informe de Harm Reduction International aseguró que el 52 % de las penas capitales se han pronunciado por delitos de drogas. Y este número no deja de aumentar. Para justificar el creciente uso de la pena de muerte, nuestras autoridades y representantes políticos presentan las drogas como la mayor amenaza de la nación. Una retórica que les da legitimidad para actuar de manera firme y pasar por encima de los derechos humanos en nombre de la “seguridad”.

AW. En 2022, el Parlamento aprobó un nuevo Código Penal, pero la voluntad de reformarlo existía desde hace mucho tiempo, unos 40 años. Por ahora, estamos en una fase de transición hasta su aplicación efectiva en 2026. En este nuevo Código Penal, la pena capital no es obligatoria para los delitos de drogas. Las personas condenadas a muerte reciben inicialmente una pena de 10 años, tras la cual se reexaminan sus casos. Si muestran arrepentimiento y demuestran haber jugado un papel menor en el delito, la pena de muerte puede conmutarse por cadena perpetua. Sin embargo, la conmutación debe otorgarse por decreto presidencial, lo que supone un riesgo de politización. El nuevo Código también prevé la suspensión temporal de la ejecución para ciertas categorías de la población penitenciaria, como las personas con trastornos mentales ─hasta que se curen─ y las mujeres embarazadas ─hasta que den a luz y dejen de amamantar a sus bebés─.

En realidad no se trata de una buena reforma en sí, pero al menos permite a las organizaciones de la sociedad civil presionar al Gobierno para que reconsidere la ejecución.

Las personas disponen de otros recursos legales para evitar que se confirme la pena de muerte, como solicitar un indulto presidencial o pedir que se celebre un segundo juicio, en caso de nuevas pruebas o posibles errores judiciales. A lo largo de nuestra experiencia como organización de asesoría jurídica, hemos observado que existen muchos obstáculos para acceder a tales recursos. Las personas necesitan contar con un férreo apoyo y con una buena defensa para llevar a cabo su propia investigación. Sin embargo, para las personas en el corredor de la muerte, la situación es muy difícil; los medios de comunicación y las fuerzas del orden suelen presentarlas como peligrosas y violentas, lo que pone sobre sus hombros un estigma social más. Por otra parte, la pena de muerte es una condena que acentúa las desigualdades económicas, ya que al haber tan pocos defensores que presten asesoría legal gratuita y accesible, resulta mucho más probable que se imponga a las personas que no tienen recursos para costear su defensa.

AW. Entre 2019 y 2020, realizamos una encuesta con la Universidad de Oxford para conocer la opinión de las personas acerca de la pena de muerte. Los resultados demostraron que la mayoría de la población indonesia, alrededor de un 69 %, aún apoya la pena capital. No obstante, cuando investigamos más a fondo, nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas desconoce el funcionamiento del sistema. Solo el 2 % consideraba estar bien informada sobre el tema. También observamos que el porcentaje de personas a favor disminuía cuando se les presentaban penas alternativas, como la libertad condicional, para casos en los que el juicio ha sido injusto o cuando existían dudas sobre la culpabilidad de la persona. Este porcentaje se reducía aún más cuando les mencionábamos que una figura pública a la que suelen seguir, como un líder religioso, apoyaba la abolición.

La mayoría de las voces que se alzan en contra de la pena de muerte provienen de las organizaciones de la sociedad civil. Hemos recibido el apoyo de figuras religiosas, católicas y cristianas, y contamos con algunos aliados en el Gobierno, que, aunque no puedan decirlo en voz alta, apoyan nuestra labor de defensa.

La ayuda más importante para nosotros es la de la comunidad internacional. En 2015 y 2016, recibimos el apoyo de los medios de comunicación internacionales y de diplomáticos que presionaron al Gobierno para que detuviera las ejecuciones. Esto resultó muy útil en ese entonces, ya que no hubo más ejecuciones en ese momento. Pero, ahora se está pronunciando de nuevo una cantidad alarmante de penas capitales.