Condenas a muerte¶

Las cifras que comunican las autoridades difieren de las que proporcionan las organizaciones de la sociedad civil. Según estas últimas, al menos 117 personas fueron condenadas a muerte en 2020, el doble que en 2018 (más de 48).

El Centro Cornell informó que 22 mujeres fueron condenadas a muerte entre los años 2000 y 2018, la mayoría (18) por delitos relacionados con las drogas. Muchas de ellas eran trabajadoras inmigrantes, víctimas de la trata de personas. Amnistía Internacional reveló que, en 2020, cuatro mujeres fueron condenadas a la pena capital.

Los niños no pueden ser condenados a muerte. Sin embargo, algunas jurisdicciones pronuncian este tipo de sentencias contra niñas menores, que son consideradas adultas al ya estar casadas.

Amnistía Internacional informó sobre la condena de quince extranjeros en 2018 y de nueve en 2020. En julio de 2019, las autoridades informaron de la condena de 70 extranjeros, sin especificar su nacionalidad. La organización KontraS precisó que la mayoría serían de nacionalidad nigeriana, malaya y china, todos condenados por delitos relacionados con las drogas.

La intensificación de la lucha contra las drogas ha contribuido al aumento del número de condenas a muerte en los últimos años. Al ser elegido en 2014, el presidente Widodo declaró que el narcotráfico era una “emergencia nacional” y que rechazaría cualquier petición de indulto de personas condenadas a muerte por delitos de drogas. En 2020, el 86 % de las penas capitales se pronunció por este tipo de delitos; la mayoría contra mujeres y extranjeros. El resto de condenas a muerte se han impuesto por asesinato.

Ejecuciones¶

Desde 2016 no se ha registrado ninguna ejecución. El país ejecutó a 23 personas entre 2012 y 2016, tras una pausa en las ejecuciones durante los tres años anteriores.

La fecha de su ejecución se debe notificar a los reclusos con al menos 72 horas de antelación, tras lo que se envían a régimen de aislamiento. Los abogados explicaron que las personas ejecutadas en 2015 habían sido agrupadas en una sala antes de su ejecución.

Personas condenadas a muerte en espera de su ejecución¶

Las cifras proporcionadas por las autoridades son generalmente inferiores a las publicadas por las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. A finales de 2019, Amnistía Internacional comunicó la cifra de 308 condenados a muerte, frente a 268 según las autoridades. El número de personas en espera de ejecución pasó de 112 en 2008 a más de 482 en 2020. Con respecto a las mujeres, los últimos datos publicados en 2017 indican que nueve permanecen a la espera de su ejecución.

Los condenados a muerte entrevistados por la ECPM en su misión de investigación han pasado una media de 13 años en prisión. Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que 58 personas han pasado más de diez años en prisión, de los cuales, cinco ya llevan más de veinte.

Indultos y conmutaciones¶

El presidente tiene la potestad para conceder indultos. No obstante, el procedimiento de solicitud es confuso y puede durar varios años. Un informe del Tribunal Supremo comunica todos los años el número de indultos aceptados y rechazados, sin aportar más detalles. En 2015, dos personas fueron ejecutadas, a pesar de que sus solicitudes de indulto seguían pendientes.

De 1975 a 2013, entre el 24 % y el 33 % de los condenados a muerte obtuvieron el indulto. Sin embargo, el presidente actual, desde su elección en 2014 hasta febrero de 2016, solo concedió cinco indultos y rechazó veintitrés; todas las peticiones de personas condenadas por drogas se denegaron.

Si bien el Estado financia la asistencia jurídica de los ciudadanos más vulnerables, los recursos asignados son insuficientes. Según un estudio, de cien personas condenadas a muerte entre 2017 y 2019, solo once obtuvieron asistencia letrada durante la investigación. La asistencia de un intérprete profesional no se ofrece de forma sistemática y las personas que no hablan indonesio (la lengua oficial del archipiélago, bahasa Indonesia) declaran que la documentación no está traducida, por lo que no es posible consultarla.

Algunos de los condenados a muerte increpan la mala calidad de su defensa, pues señalan que los abogados actúan en contra de sus intereses, que no presentan pruebas y que algunos incluso están a favor de la pena de muerte. La Policía suele designar los abogados de las personas acusadas de delitos capitales.

”La mayoría de los acusados suelen tener dificultades económicas y desconocer el funcionamiento del sistema judicial. [La Policía] no recomienda una asistencia letrada válida (independiente, NDLR.), sino que designa abogados que cooperan con la institución policial. De esta manera, protegen la reputación de la Policía, pero no defienden de manera adecuada a los acusados.”

- Un abogado indonesio¶

Los condenados a muerte no permanecen esposados durante las visitas de sus abogados, independientemente de su régimen de reclusión. La privacidad de estas entrevistas difiere entre las prisiones; en la prisión de Lapas Narkotika, los guardias están presentes durante la conversación, pero en Cilacap se quedan fuera de la habitación. Los abogados informan que las visitas a la isla prisión de Nusakambangan suelen ser complicadas cuando está prevista una ejecución, pues el puerto se cierra y el acceso queda limitado.

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, decenas de personas han sido condenadas a muerte a través de Zoom o de otras aplicaciones. Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado estas audiencias virtuales, ya que consideran que pueden ser perjudiciales para la defensa de los acusados. Los jueces solo ven a las personas a través de una pantalla, los problemas de conexión suelen ser habituales y a veces los abogados no pueden comunicarse con sus clientes.

Mujeres¶

En todos los centros penitenciarios se respeta la separación entre hombres y mujeres. Las condenadas a muerte conviven con el resto de la población reclusa femenina, en módulos hacinados; en la prisión de Medan, unas treinta mujeres comparten una celda de cinco por seis metros cuadrados con un solo sanitario. Además, suele haber averías debido a la mala instalación de fontanería.

Las reclusas declaran que las compresas que compran en el economato son de mala calidad.

La falta de médicos es común en las prisiones femeninas y la atención en las enfermerías casi inexistente, por lo que las reclusas tienen que ser trasladadas a hospitales externos en caso de problemas de salud, aunque no sean graves.

Extranjeros¶

La legislación de Indonesia reconoce el derecho de los extranjeros a informar a su embajada o consulado, así como de ”contactar y entrevistarse con el representante de su país mientras su caso esté en curso”. El personal penitenciario explica que a veces es difícil organizar estos encuentros, porque mientras que algunas embajadas son muy activas e implicadas, otras ni siquiera tienen representación consular en Indonesia.

La mala calidad de la interpretación afecta de manera notable a los extranjeros. Un intérprete, por ejemplo, comunicó equivocadamente a la Policía que un acusado admitía su culpabilidad. Las personas extranjeras tampoco pueden impugnar una ley ante el Tribunal Constitucional (MKRI), pues solo los ciudadanos indonesios disponen de este derecho.

Los extranjeros condenados a muerte no están sujetos a un régimen de reclusión específico. Sin embargo, la lejanía con sus familias empeora sus condiciones de vida, pues no pueden recibir alimentos ni ropa del exterior. Las visitas de sus familiares, costosas tanto en términos de tiempo como de dinero, son escasas. Algunos de ellos pasan años sin ver a sus seres queridos. Un familiar señaló que había pasado mucho tiempo sin recibir noticias, porque las cabinas telefónicas de la prisión solo permitían llamadas nacionales.

”He vuelto a encontrar trabajo y no puedo ausentarme durante un mes y medio. Además, está el aspecto económico. (…) No pudimos visitarle ni en 2018 ni en 2019. Dos años es una eternidad. Solo podemos ir en verano, cuando tengo tres semanas de vacaciones.”

- Sabine A., esposa de un francés condenado a muerte.¶

Las personas condenadas a muerte, que pueden recluirse en cualquier prisión, declaran ser transferidas con regularidad de un centro a otro. Si bien la mayoría están separadas del resto de la población carcelaria, este no es el caso en la prisión de Lapas Narkotika, reservada para personas condenadas por delitos de drogas.

El índice de ocupación difiere mucho de una prisión a otra. En enero de 2019, la prisión de Batu, que alberga exclusivamente a condenados por terrorismo o importantes narcotraficantes, contaba con 106 reclusos para 700 plazas disponibles, un 15 % de ocupación. Por otro lado, la de Kerobokan es la prisión de mayor ocupación del país, con un 512 % de ocupación (en abril de 2019 contaba con 1653 reclusos para 323 plazas).

Las condiciones materiales, al igual que el régimen de reclusión, también dependen en gran medida del centro penitenciario, de su nivel de seguridad (mínimo, medio, máximo y súper máximo) y de su índice de ocupación.

Alojamiento. Las celdas de las prisiones de Lowokwaru y Makassar miden doce metros cuadrados. En Lowokwaru, hay cuatro reclusos por celda y en Makassar, entre nueve y once. Las celdas de Tangerang son más grandes y albergan unas treinta personas.
Los reclusos de las prisiones de súper máxima seguridad deben, por ley, estar en celdas individuales. Esta medida se aplica en Batu, pero no en Lapas Narkotika, en la que los reclusos comparten dos tipos de celdas: algunas para 30 personas y otras para dos o cuatro.
Si bien la luminosidad de las celdas se considera adecuada en la mayoría de las prisiones, en Lapas Narkotika se estima insuficiente debido al pequeño tamaño de las ventanas. De manera general, las celdas disponen de sanitarios, y los reclusos son responsables de su limpieza, así como la de las duchas.
Los condenados a muerte informan que, en la mayoría de casos, en las celdas hay colchones, aunque no siempre de buena calidad. Las familias y organizaciones religiosas suelen proporcionar ropa de cama y productos de higiene como jabón, cepillos de dientes, champú, etc. En la prisión de Lapas Narkotika, algunos reclusos afirman no tener mantas. Las personas condenadas a la pena capital pueden tener solo algunas prendas, ya que no tienen espacio para guardarlas. Los efectos personales como ropa, fotos, cartas, etc., son robados o quemados en cada traslado.

Alimentación. Las raciones de alimentos son exiguas y su valor nutricional insuficiente. Los reclusos pueden recibir paquetes de alimentos para compensar esta carencia, excepto en la prisión de Batu. Esta prohibición afecta particularmente a los extranjeros y a los reclusos que reciben pocas visitas. Un extranjero condenado a muerte explicó que la comida de la prisión de Lapas Narkotika era de muy mala calidad; afirmó haber perdido veinte kilos en tres meses y haber sufrido una intoxicación alimentaria.

Actividades y trabajo. En las prisiones de “seguridad media” como las de Lowokwaru o Cilacap, hay una biblioteca, aunque la oferta de libros es limitada. Los reclusos disfrutan de un régimen de “puertas abiertas” durante el día para participar en actividades. Por ejemplo, en la prisión de Makassar hay un campo de fútbol. Un recluso condenado a muerte en Lowokwaru declaró: ”Se nos permite estar fuera de nuestras celdas para hacer manualidades, participar en actividades religiosas o deportivas durante el día hasta las cinco de la tarde.” Un recluso condenado a la pena capital en esta institución da clases de inglés a los reclusos y guardias. En las prisiones de súper máxima seguridad, como Batu o Lapas Narkotika, los reclusos pueden participar en actividades religiosas, pero no se ofrecen programas educativos o de formación. Tampoco hay instalaciones deportivas ni bibliotecas. Sin embargo, los reclusos pueden pedir al personal ciertos libros autorizados. Algunas personas denuncian que artículos como cuadernos y bolígrafos les son confiscados y que les prohíben los objetos que les llevan sus familiares.
En todos los centros penitenciarios, el trabajo es difícil de acceso y, por lo general, no se remunera.

Disciplina. En las prisiones de súper máxima seguridad se impone a los reclusos una vigilancia permanente y ubicua. Las cámaras filman incluso los sanitarios y las duchas de manera continua, sin respetar su intimidad. Los reclusos pueden salir de su celda durante una hora al día, esposados y con los grilletes puestos, siempre bajo supervisión. Se denuncian malos tratos.

La ley prevé el confinamiento solitario de los condenados a muerte, una vez anunciada su ejecución. Las celdas de aislamiento, que existen en todas las prisiones, también se utilizan para castigar a los reclusos que cometen actos violentos. Del mismo modo, las autolesiones y los intentos de suicidio se sancionan con esta medida disciplinaria, que conlleva la suspensión automática de las visitas y de la comunicación con los representantes consulares.

Las organizaciones musulmanas y cristianas, unas de las pocas autorizadas a entrar en prisión, celebran reuniones religiosas y ofrecen orientación espiritual a los reclusos.

En algunas prisiones, existe un sistema de tarjetas recargables que permite a los reclusos llamar por teléfono a sus familias. Los allegados declaran que las llamadas son muy cortas: ”llamadas de entre cinco y diez minutos, cuatro veces a la semana, dependiendo del tiempo de espera y del número de reclusos que deseen llamar”, afirma Sabine A., esposa de un francés condenado a muerte.

Se autorizan las visitas, pero sus condiciones dependen de las normas de cada prisión; en Kembang Kuning, se permiten tres a la semana y, en la de Lapas Narkotika, dos de una hora. Los reclusos de la prisión de Batu pueden recibir una visita de máximo 30 minutos al mes, supervisada por cinco agentes.

Los reclusos y los visitantes informan que el contacto con el mundo exterior es escaso, cada vez más restringido y con tiempos de espera más largos. Algunas prisiones, sobre todo las de la isla de Nusakambangan, están sumamente aisladas, ya que los procedimientos de acceso son engorrosos. Los visitantes tienen que registrarse en el puerto de Cilacap y someterse a un escáner. Algunos señalan haber sido objeto de registros corporales degradantes.

”Un día me pidieron que me quitara el tampón para el registro y no tuve más remedio que obedecer. Aunque creo que no tienen derecho a bajarme las bragas. Tenemos que dejar que nos humillen. No todas las guardias lo hacen, pero algunas sí que disfrutan haciéndolo. Aceptamos esa humillación para que no nos priven de nuestra visita.”

- Sabine A., esposa de un francés condenado a muerte.¶

Los condenados a muerte deben poder recibir una última visita de sus familiares antes de su ejecución. El plazo entre el anuncio de la ejecución y su realización es de 72 horas. La misión de investigación de ECPM informó que algunos reclusos recientemente ejecutados no tuvieron la posibilidad de ver a sus seres queridos.

En cada prisión hay un médico. En algunas instalaciones como la de Lowokwaru, se realizan controles médicos rutinarios. Las autoridades asignan un presupuesto de 10 millones de rupias al año por prisión para la atención sanitaria (unos 690 dólares). Hay pocos medicamentos y la mayoría son paracetamol. Un recluso explica: ”Tenía diarrea y me dieron paracetamol porque no tenían más medicinas.” En algunas prisiones, los reclusos pueden recibir medicinas del exterior, previa autorización del médico de la misma. Esta práctica está prohibida en la isla de Nusakambangan, donde la administración no permite el acceso de medicinas necesarias ni de tratamientos regulares. En caso de urgencia, se permite trasladar a los reclusos a centros de salud fuera de la isla.

Los reclusos de las prisiones de Makassar y de Lowokwaru tienen derecho a acudir gratuitamente al hospital público gracias a un protocolo establecido entre las instituciones y las autoridades locales.

El acceso a la atención de salud mental es insuficiente. Una asociación entre la facultad de psicología y la prisión de Lowokwaru permite a los reclusos beneficiar de consultas. Sin embargo, estas últimas se consideran mediocres y poco profesionales. En otras prisiones, algunos guardias tienen formación para evaluar la salud mental de los reclusos; las personas condenadas a muerte afirman que esta no basta para tratar su ansiedad y otros trastornos que desarrollan mientras esperan su ejecución. Los reclusos que han cometido varios intentos de suicidio lamentan la falta de apoyo y las prácticas destructivas que lleva a cabo la administración, pues estos actos se castigan con varios días de aislamiento y con la restricción de las visitas.

• Carole Berrih et KontraS, Déshumanisés : conditions de détention des condamnés à mort en Indonésie, 2019. (en francés)
• University of Oxford, International Women’s Day 2021: Women, Drug Trafficking & The Death Penalty in Southeast Asia, 2021. (en inglés)
• Harm Reduction International, the Insitute for Criminal Justice Refom, LBH Masyarakat Submission to the Human Rights committee, Indonesia, 2020. (en inglés)
• Institute for Criminal Justice Reform, 2020 Indonesian Death Penalty Report: Taking Lives During Pandemic, 2020. (en inglés)
• The Cornell Center on Death Penalty Worldwide, Judged for more than her crime, 2018. (en inglés)
• Amnistía Internacional, Flawed Justice: Unfair trials and the death penalty in Indonesia, 2015. (en inglés)
• The Guardian, Death penalty in Indonesia: an executioner’s story, 2015. (en inglés)