Irán: la campaña del terror

Mahmood Reza Amiry-Moghaddam. Al inicio de las protestas, se arrestó a miles de personas y se les encarceló en prisiones sobrepobladas. En algunos establecimientos, los reclusos tenían que dormir en los corredores o en cualquier espacio libre que encontraran. La asociación Iran Human Rights documentó además varios casos de protestantes que permanecieron en régimen incomunicado dentro de instalaciones no oficiales.

Las autoridades pretendían pronunciar, de forma masiva, la pena capital contra los protestantes encarcelados. Sin embargo, las reacciones internacionales y el coste político de estas sentencias les impidieron hacerlo. Al final, menos de 20 manifestantes fueron condenados a muerte en 2023. Nueve de ellos fueron ejecutados y seis siguen en el corredor de la muerte.

La separación entre los reclusos es inexistente en algunos establecimientos, por lo que los prisioneros políticos conviven con reclusos condenados por delitos violentos o personas con problemas mentales. El hecho de encerrar en un mismo lugar a cientos de reclusos condenados por delitos diferentes genera un clima de tensión adicional que afecta muchos aspectos de su vida cotidiana. Sin embargo, las autoridades aprovechan esta situación para presionar a los prisioneros políticos, que a veces son objeto de brutales golpizas por parte de otros reclusos. Para ellos, esto se trata de una decisión deliberada de las autoridades para castigarlos aún más.

El régimen iraní utiliza la pena de muerte como una herramienta política para infundir temor a la población. Al día de hoy, miles de reclusos esperan su ejecución en el corredor de la muerte. Aunque es muy difícil conocer el número exacto, debido a la falta de transparencia de las autoridades.

El ritmo de las ejecuciones ha aumentado desde el inicio de las protestas. En muchos casos, las personas ejecutadas en 2023 llevaban varios años en el corredor de la muerte. Las ejecuciones también se usan en ocasiones para castigar las manifestaciones que se organizan dentro de la prisión. En ciertos establecimientos, las ejecuciones se llevan a cabo una vez por semana, sin que se avise a los reclusos que se ejecutarán. Tal situación genera un clima de ansiedad, pues nadie puede evitar preguntarse si la próxima vez será su turno.

Juliana Bourbon Fernandez. De las 834 ejecuciones que se llevaron a cabo en 2023, siete fueron públicas, lo que significa que casi todas tuvieron lugar dentro de los establecimientos penitenciarios. Lo más probable es que se haya obligado a los reclusos a presenciar las muertes, pues esta es la estrategia que usan las autoridades para sembrar el pánico entre la población carcelaria y civil. Irán es también el país que ejecuta a la mayor cantidad de mujeres en el mundo. Al menos 22 mujeres fueron ejecutadas en 2023, la cifra más alta desde 2014. Esto refleja la gran cantidad de ejecuciones en general.

La mayoría de las ejecuciones que se llevaron a cabo no tuvieron nada que ver con las protestas, o al menos no con las que estallaron tras el asesinato de Jina (Mahsa) Amini. En este caso, la movilización de la sociedad civil, las ONG y la comunidad internacional ─como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Irán y la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas─ permitió limitar el número de condenas a la pena capital y de ejecuciones de manifestantes, en comparación con la cantidad total de ejecuciones.

MRAM. Qisas significa, según el Código Penal Islámico, “retribución en especie”, en otras palabras se trata de la ley del talión. Esta ley, que se aplica tanto para los homicidios intencionales o involuntarios ─debido a la falta de graduación y de consideración de la intención─, permite a los familiares de la víctima elegir entre una compensación financiera, llamada “dinero de sangre” (diya), la retribución o el perdón.

Cada mes de marzo, con motivo del Año Nuevo iraní, el responsable del Poder Judicial determina el importe indicativo de la compensación financiera. En 2024, este se fijó en 1 200 millones de tomanes (unos 17 000 euros) para los hombres musulmanes y en 600 millones de tomanes (unos 8500 euros) para las mujeres. No existe un límite máximo. Para las personas condenadas por homicidio que no pueden pagar este importe, el único desenlace posible es la ejecución, como es el caso de muchos, cada año. De este modo, la ley Qisas es un mecanismo discriminatorio y cruel, pues las personas pobres terminan más a menudo en la horca.

Para una persona condenada por homicidio, la Qisas significa la pena de muerte. Pero, uno de los aspectos más inhumanos de esta ley es que la responsabilidad de la ejecución recae sobre los familiares de la víctima. En resumen, la ley Qisas permite al régimen convertirlos en cómplices de la ejecución.

Los demandantes o sus representantes no solo deben estar presentes durante la ejecución ─que suele ser por ahorcamiento─, sino que también se les anima a retirar el taburete en el que está de pie la persona. Se trata de una experiencia traumática que convierte en verdugos a aquellos que han perdido un ser querido.

JBF. Las autoridades endosan a la población la responsabilidad de las ejecuciones y utilizan el sistema para argumentar que se trata de la voluntad del pueblo.

MRAM. La Ley Qisas también brinda la posibilidad a las personas de oponerse a la pena de muerte. En el informe, hemos dedicado una sección al movimiento de perdón. Desde hace algunos años, cada vez más demandantes eligen el perdón o el “dinero de sangre” en lugar de la retribución. En una encuesta realizada en 2020, preguntamos a unas 20 000 personas mayores de 18 años qué elegirían si alguien asesinara a un ser querido: retribución, perdón o “dinero de sangre”. Más del 70 % de los encuestados respondió que no optaría por la retribución. En realidad, la población general no está de acuerdo con el régimen, y la mayoría desaprueba la pena de muerte.

MRAM. La ejecución de personas marginadas es desproporcionada. Si miras el mapa incluido en el informe, puedes ver que la provincia con más ejecuciones per cápita es la de Jorasán del Sur, la más pobre del país. La cantidad de ejecuciones también es significativa en Beluchistán y las regiones kurdas, en las que la pobreza y la marginación de la población son más importantes, así como la oposición al régimen. En esas provincias, la necesidad de las autoridades de sembrar el temor es mucho más fuerte.

JBF. Por lo general, las personas ejecutadas por homicidio o delitos de drogas pertenecen a las categorías más vulnerables de la población, como las minorías étnicas y los pobres. Lo que el régimen pretende con ello es transmitir el mensaje de que cualquier miembro de la población puede ser ejecutado. Otra de las estrategias del régimen para sembrar el temor en determinadas provincias es trasladar a los reclusos de otras regiones para ejecutarlos allí.

MRAM La situación de los reclusos acusados de delitos contra la seguridad del Estado, como la pertenencia a grupos kurdos, es mucho más compleja que la de los demás, pues suele trasladárseles a zonas centrales, ya sea para alejarlos de los suyos y evitar las protestas o para centralizarlos y someterlos a ciertas técnicas específicas de interrogatorio. Por lo general, se les traslada a Teherán o a prisiones cercanas a esta ciudad, en las que los interroga uno de los muchos cuerpos paralelos del sistema de seguridad iraní.

Cuando las personas se encuentran en el corredor de la muerte en Teherán, sobre todo por motivos políticos, es más fácil disponer de información relativa a sus casos y organizar campañas en su favor. En el centro de Irán o en grandes ciudades como Teherán, las autoridades tratan de guardar las apariencias en cuanto al respeto de los derechos de las personas en materia de juicios y reclusión. Pero, en Beluchistán o en las regiones kurdas, por ejemplo, las condenas a la pena capital no reciben la misma atención. Para los defensores de los derechos humanos en estas regiones la presión es más fuerte, ya que la maquinaria de propaganda del régimen los acusa de separatismo o terrorismo. De este modo, es más difícil crear conciencia sobre temas como la pena de muerte. Donde hay menos control, las autoridades operan sin rendir cuentas, por lo que el sistema jurídico iraní actúa con mayor impunidad en las regiones étnicas.

El régimen sigue usando los ahorcamientos en público para infundir miedo a la población, a pesar del alto coste político que estos conllevan. En los últimos 14 o 15 años, más de 60 ejecuciones al año se llevaban a cabo en público. Aunque las cifras habían bajado, sobre todo después de la pandemia de COVID-19, ahora van de nuevo en aumento.

JBF. Si bien las ejecuciones públicas se detuvieron durante la pandemia, debido a las restricciones sanitarias, estas se retomaron en 2022 y, desde entonces, han venido aumentando de manera estable. Este fenómeno se explica con el incremento del número global de ejecuciones. Para las personas, el impacto psicológico de presenciar un ahorcamiento es inmensurable, sobre todo para los niños. Otra de las estrategias del régimen para sembrar un clima de terror entre la población es la tortura.

MRAM. Saber que existen las ejecuciones es aterrador, pero presenciarlas es aún peor. Las autoridades iraníes no tendrían ningún problema en realizar más ejecuciones públicas. Sin embargo, el ingente coste político que estas supondrían las obliga a calcular los pros y los contras. Estas son conscientes de que las ejecuciones en público desatarían la ira del pueblo iraní y de la comunidad internacional, sobre todo en el contexto actual. Al fin de cuentas, la presión internacional fue uno de los elementos que logró convencer a las autoridades de dar marcha atrás, por ejemplo, con el uso de la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas. El margen de maniobra con respecto al uso de la pena de muerte es muy pequeño, pero ahí está.