Italia: “la acción política es decepcionante”

Rita Bernardini. Empecemos con las cifras. Durante la primera ola (hasta junio), 284 reclusos se contagiaron y ninguno de los 189 centros registró más de 10 casos positivos; durante la segunda ola, en cambio, los datos de contagios, actualizados el 19 noviembre, mostraron un panorama muy inquietante: 827 personas privadas de libertad y 1190 empleados de la administración penitenciaria (entre ellos, 946 guardias), repartidos entre 139 establecimientos. El coronavirus está presente en 76 establecimientos penitenciarios, de los cuales 8 son focos de contagio, con decenas de casos positivos. Estas cifras demuestran por sí solas la ausencia total de anticipación de la segunda ola por parte de las autoridades italianas.

La única decisión, tan sensata como conveniente, la adoptó el director de la administración penitenciaria, quien, en una circular del 21 de marzo, ratificó el respeto a la norma que prevé la obligación de informar sobre las patologías o los problemas graves de salud de los reclusos. Dicha norma, relativa a los artículos 146 y 147 del Código Penal de 1930 ─por así decirlo, de la época fascista─, estipula la continuación del cumplimiento de la pena en el domicilio por razones de salud, en conformidad con las normas penitenciarias de 1975. Pues bien, esta decisión conllevó su dimisión.

Personalmente, siempre me he opuesto a Francesco Basentini por su incapacidad para tomar las decisiones apropiadas, sobre todo, con respecto al problema estructural del hacinamiento de los centros penitenciarios italianos. Sin embargo, lo defendí cuando se vio obligado a dimitir la primavera pasada, tras una campaña mediática basada en datos falsos.

En efecto, esta circular sirvió de pretexto para señalarlo como responsable de la liberación de jefes mafiosos del régimen 41-bis¹. A raíz de esto, se creó una campaña mediática que, de 6000 reclusos que podían beneficiarse de esta medida, concernía a 374 personas encarceladas por delitos asociados al crimen organizado, de las cuales solamente cuatro estaban en régimen 41-bis.

En realidad, la gran mayoría de las personas liberadas fueron puestas bajo custodia domiciliaria, ya que presentaban patologías graves.

Se trataba de enfermos en fase terminal, que padecen enfermedades raras, leucemia, enfermedades autoinmunes; personas con discapacidad o de edad avanzada que no pueden levantarse de la cama; personas que, independientemente del riesgo de contagio o de su delito, no deberían estar en prisión, sino en un centro de atención sanitaria; casos en los que la Covid-19 habría sido una especie de factor agravante.

RB. La propagación del coronavirus en los centros penitenciarios italianos está estrechamente ligada al problema de la sobrepoblación. La magnitud de esta segunda ola es impresionante: el número de casos, entre personal y las personas privadas de libertad, alcanza ─o incluso supera─ los 2000, cifras más altas que durante la primera ola. Incluso dos niños, detenidos con su madre en el módulo de madres reclusas (Istituto a custodia attenuata per detenute madri) en la cárcel de Turín, se han contagiado.

Durante la primera ola de la pandemia, los directores de prisiones y los jueces de ejecución de penas tomaron conciencia de la gravedad del problema e intervinieron para que se redujera de unas 6000 personas la población carcelaria.

Tras la campaña mediática, todo se detuvo, se congeló, y las medidas de liberación prevén tantas excepciones y obligaciones, que muy pocos de los reclusos que están a punto de cumplir su pena han podido o podrán beneficiarse de ellas. Además, algunas exigen el uso de pulseras electrónicas, por ahora indisponibles. Así que mi análisis se resume en que estamos ante una política regresiva y reaccionaria, que alimenta el miedo, basándose en informaciones falsas.

RB. La acción política, más que ineficaz, es decepcionante y desalentadora. El 10 de noviembre a medianoche inicié una huelga de hambre, pero esta lucha pacífica no es más que esperanza; “Spes contra spem”, “esperar contra toda esperanza”, como decía Marco Pannella. Con esta iniciativa no violenta y de diálogo, reclamo una medida de amnistía e indulto, y una medida de “liberación anticipada especial” (en la que la duración de la libertad pasaría de 45 a 75 días) para reducir significativamente el número de reclusos y hacer posible la distanciación, que por ahora es inexistente.

En la actualidad, por 54 868 personas privadas de libertad, las plazas disponibles no superan las 45 000. Asimismo, las unidades de aislamiento sanitario, que nadie puede controlar, están viejas, abandonadas, sucias y solo disponen de duchas comunes.

Para comprender mejor la situación en la que nos encontramos, basta con decir que la COVID-19 ha penetrado en la zona más inaccesible del mundo penitenciario, el 41-bis, es decir, el régimen más estricto, en el que se impone un aislamiento total: se han registrado numerosos casos positivos tanto en la cárcel de Milán-Opera como en la de Tolmezzo. En esta última, de entre 206 personas privadas de libertad, se han registrado 161 casos positivos.

Hasta ahora, 500 personas se han unido a esta acción de lucha no violenta con uno o varios días de huelga de hambre. Entre ellas, podemos encontrar también figuras importantes de la cultura, como el escritor Sandro Veronesi.

Ante la ausencia de medidas drásticas para reducir la sobrepoblación, se corre el riesgo de que se produzca una hecatombe en los centros penitenciarios italianos, sobre todo, sabiendo que la sanidad en prisión ya era catastrófica antes de la llegada de esta pandemia y que ahora lo es aún más.

Las personas condenadas asignadas a régimen de semilibertad y aquellas autorizadas a trabajar en el exterior podían recibir del juez de ejecución de penas un permiso de más de 15 días como muy tarde el 31 de diciembre de 2020. Para las personas condenadas a una pena de hasta 18 meses, puede aplicarse la custodia domiciliaria, con la exigencia de llevar una pulsera electrónica; unas 3000 personas privadas de libertad podrían beneficiarse de esta medida, y 2000 personas en semilibertad, que están autorizadas a trabajar en el exterior, podrían obtener permisos extraordinarios sin estar obligadas a pasar la noche en prisión.

En total, unos 5000 reclusos obtendrán permisos especiales para frenar la propagación de la COVID-19 en los centros penitenciarios italianos.*.

El ministro de la Justicia, Alfonso Bonafede, anunció en Facebook la obligación de llevar una pulsera electrónica para las personas que obtienen, por decisión del juez de ejecución de penas, “la custodia domiciliaria, con una pena residual superior a seis meses (e inferior a dieciocho meses, como previsto en la legislación en vigor)”. Así pues, en ningún caso podrán beneficiarse de esta medida las personas “condenadas por actos vinculados a la mafia, terrorismo, corrupción, compra de votos de la mafia (voto di scambio politico-mafioso), votos de intercambio político-mafioso, violencia sexual, violencia intrafamiliar y acoso, así como aquellas personas que han recibido una sanción disciplinaria (o en curso de un proceso disciplinario) por su participación en motines o revueltas en los establecimientos penitenciarios”.