El contrato de gobierno prevé el endurecimiento de las penas no solo para los delitos menores más generalizados (atraco, asalto, fraude, robo), para los que es fácil suscitar la alarma social, sino también para delitos más graves (como delitos de carácter sexual, y medioambiental), para los que las propias víctimas consideran ineficaz el sistema de justicia penal. Estos delitos son, de hecho, el resultado de problemas que deberían haberse abordado con mecanismos más apropiados. Pero por encima de todo, hay una interpretación distorsionada del principio de “la indefectibilidad de las penas” que induce a percibir como esencial el hecho de “reformar aquellas cláusulas emitidas durante la anterior legislatura que solo apuntaban a reducir el número de personas involucradas en procesos penales y encarceladas en las instituciones penitenciarias, lo que tiene un efecto negativo en la seguridad colectiva”.

El capítulo continúa con una lista dudosa y aproximativa, cuyo objetivo es ratificar la expiación completa de la pena de prisión, sin ningún tipo de reducción o medida alternativa. El concepto se aclara unos cuantos párrafos más abajo, donde se señala la necesidad de “reescribir la legislación penitenciaria” a fin de garantizar “una mejor seguridad y protección para los ciudadanos”. En particular, “la revisión sistemática y orgánica del sistema de beneficios”, para “garantizar la efectividad del principio de reeducación de la condena”.

Por tanto, el “contrato de gobierno” apela a la cancelación de todas las medidas (que de hecho han demostrado ser completamente infectivas, ya que el número de reclusos continúa creciendo) que se han introducido recientemente a fin de resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, por el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Italia debido a las condiciones de encarcelamiento inhumanas y degradantes. Sin embargo, la cosa no acaba ahí; de hecho, el programa también insta a la cancelación de las medidas alternativas a la reclusión, introducidas en 1975 con el objetivo de dar a las personas la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, puesto que las penas privativas no solo resultan insuficientes sino también contraproducentes para alcanzar ese propósito.

En realidad, en las últimas décadas, en Italia, la tasa de reincidencia de las personas que se han beneficiado de medidas alternativas se ha desplomado, ─con el resultado obvio de una mayor seguridad─, mientras que la de las personas que cumplen su condena en prisión hasta el último día se sitúa en el 70 %.

Por tanto, nuestros “innovadores”, en contra de toda prueba y conocimiento previos, desean borrar más de cuarenta años de reformas en este campo, y solo están ansiosos por agitar a la opinión pública con clichés para aumentar el consenso. De todos modos, para estas reformas que conllevarán inevitablemente un aumento dramático de las detenciones, causando de nuevo hacinamiento en las cárceles, existe un remedio: construir nuevas prisiones e ignorar que todo el espacio en los establecimientos se llena rápidamente según el “efecto esponja”.

El contrato de gobierno no solo prevé un número más elevado de cárceles, sino, sobre todo, el endurecimiento de las condiciones de reclusión, empezando por la cancelación del régimen abierto de “vigilancia dinámica”, que ofrece espacios abiertos para la socialización y aumenta la implementación de actividades formativas, que combaten las actitudes pasivas y regresivas, como pasar todo el día tumbado en la cama de la celda, tomar una enorme cantidad de drogas psicotrópicas, o autolesionarse. Adicionalmente, pretende cancelar las secciones de “prisión atenuada” (aquellas que permiten a los reclusos toxicómanos acogerse a tratamientos terapéuticos de recuperación); así como endurecer el régimen¹ para la mayoría de delitos graves, lo que pasaría por alto el principio de rehabilitación al que todo recluso tiene legítimo derecho.

— Los menores de 14 años también son criminales¶

Pero el sabor amargo viene sobre todo de dos puntos importantes: la reducción de la edad de responsabilidad penal por debajo de los 14 años, y la prolongación del tiempo de encarcelación para menores. Esto significa acabar con 30 años de reformas, elaboraciones teóricas y prácticas experimentales exitosas.

El gran final, situado al principio del capítulo, es la extensión del “derecho a la legítima defensa” encaminada a eliminar los “elementos de incertidumbre” que se refieren al principio de proporcionalidad entre defensa y ofensa.
Decir que si un extraño se atreve a entrar en mi patio, tengo derecho a dispararle (entendiendo que el principio de propiedad claramente vale más que una vida humana) es equivalente a promover la cultura de la venganza, un tipo de justicia que adopta la forma de vendetta del Estado, la idea de que el individuo privado puede dispensar justicia por sí mismo, y la fe, que tiene que ser determinada, en el potencial disuasivo del sistema de justicia penal.
Uno se pregunta cómo un Gobierno que se denomina a sí mismo “del cambio” y protector de los ciudadanos afectados por políticas previas, puede concebir exponer a la gente más vulnerable y desfavorecida de la sociedad a un tratamiento tan ilícito, típico de una sociedad pre-moderna.
Si el abogado Giuseppe Conte es el defensor de todos los italianos y el presidente Mattarella reitera la importancia de la Constitución, deberían demostrarlo, centrándose ante todo en las comunidades más marginales. Esta tiene que ser una buena oportunidad para todos de reconsiderar los significados y valores asociados al resultado deseado.

Artículo publicado en italiano por primera vez en el periodico “Ilmattino de Padova” el 14 de Junio de 2018 y traducido por Andrea Li (al inglés)¶