Japón: la vejez en prisión

Akaike Kazumasa. La primera razón es de carácter judicial. En Japón, la Fiscalía puede decidir sobre una inculpación de manera más discrecional que en Francia. La reforma del procedimiento penal de 1948 eliminó la figura del juez de instrucción del sistema japonés; todas sus competencias se transfirieron a la Fiscalía, y los fiscales solo procesan al 6.8 % de los sospechosos arrestados por la policía. Por lo tanto, menos individuos comparecen ante el juez, que es el que ordena la detención. Los fiscales explican que ellos estudian detenidamente a los sospechosos que deben ser enviados a prisión, basándose en criterios de peligrosidad. Sin embargo, si pensamos en el gran número de personas mayores que se encuentran en prisión, no por su peligrosidad, sino porque han reincidido con delitos menores, este argumento es insostenible. Además, Japón no dispone de medidas alternativas a la prisión como la vigilancia electrónica o la sustitución de penas, como sí existe en Francia. En algunas circunstancias, un tribunal puede suspender la ejecución de la pena y acordar a una persona condenada un periodo probatorio (que puede durar hasta cinco años);

la libertad condicional de los adultos se utiliza únicamente como medida adicional a una suspensión de pena.

De las 52 567 personas condenadas a prisión en 2017, 32 267 (el 61.5 %) obtuvieron una suspensión de pena. Entre ellas, 3034 estaban en libertad condicional.

AK. Los japoneses no están informados sobre la prisión ni sobre el funcionamiento del sistema judicial en general. A menudo se escuchan las mismas críticas que en Francia, a pesar de que nuestros dos sistemas son completamente diferentes.

Los medios de comunicación japoneses se interesan demasiado en los crímenes y sucesos diversos. Se habla mucho de ello en la prensa, a pesar de que la tasa de criminalidad es inferior a la de la mayoría de países europeos. En caso de delito grave, curioso o sensacionalista, los medios se encargan de comunicar hasta los más mínimos detalles, y siguen el caso hasta el arresto del sospechoso, pero no prestan atención a lo que sucede después.

Muy poco se habla sobre el procedimiento o el juicio en sí. Por lo tanto, la sociedad no tiene muchas posibilidades de conocer los escandalosos fallos del sistema penitenciario.

La prensa japonesa escribe muchísimos artículos sobre sucesos diversos, yo diría que al igual que en Francia, la diferencia es que, en Francia, el público es un poco más sensible a los derechos de los reclusos. Esta falta de información hace que los japoneses conozcan muy poco sobre el entorno carcelario y sean indiferentes a este tema.

Muy pocos voluntarios o actores externos intervienen en prisión. La mayoría de profesores de las prisiones son personas pensionadas del Ministerio de Asuntos Jurídicos o miembros del personal penitenciario. Dicho de otra manera, la educación de la prisión está gestionada por el director del establecimiento. Por otra parte, la mayoría de enfermeros son contratados entre el personal de seguridad; los médicos son contratados por el ministerio de Asuntos Jurídicos y no por un hospital, y las consultas y los tratamientos los efectúan los médicos penitenciarios bajo el control del director del establecimiento.

La política de la administración penitenciaria se basa en un principio de “autosuficiencia”, según el cual todos los servicios de la prisión dependen del personal penitenciario. Por lo tanto, creo que es muy difícil introducir la política francesa de “descompartimentación” en el sistema japonés actual.

Abordemos ahora la cuestión del trabajo penitenciario. En Japón existen dos tipos de penas privativas de libertad: una es la reclusión y otra es la detención. El 99 % de las personas condenadas en 2017 recibieron una pena de reclusión. Ahora bien, la ley penal dispone que todas las personas en reclusión deben realizar un “trabajo penitenciario prescrito” ─considerado obligatorio─ asignado por el director de la prisión. El término de “trabajo penitenciario prescrito”, que concierne, en principio, el trabajo penitenciario y, en algunas situaciones, las actividades con fines de reinserción, fue introducido en La reforma penal de 1995 para eliminar el término de “trabajo forzado”, instaurado en la ley de 1908.

Sea como sea, el trabajo penitenciario forma parte de la pena de reclusión y es fundamental para la administración penitenciaria.

La nueva ley penal de 2005 incluye como motivo de sanción disciplinaria los “sabotajes individuales, y sin motivo verdaderamente justificado, de los trabajos penitenciarios y de las actividades de reinserción”. Dentro de las sanciones de 2017 (42 058), más del 30 % se deben al “sabotaje”. En 2017, 45 968 reclusos trabajaban todos los días. La remuneración media ─muy baja─ es de 4340 yenes, lo que equivale a 40 dólares mensuales.

AK. Con el artículo De plus en plus de Japonais âgés se font arrêter pour profiter de la prison, (“Cada vez más, los japoneses de edad avanzada se hacen arrestar para ir a prisión”) el periódico le Monde describe la situación actual de los reclusos de edad avanzada. Pese a que Japón cuenta con una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo y una población carcelaria relativamente escasa, los reclusos están envejeciendo rápidamente; un 25 % de ellos tiene más de 65 años y, en 2050, esta será el caso del 40 %.

Leer un artículo similar en español.

La delincuencia de los japoneses mayores, y sobre todo de las mujeres, es un fenómeno que surgió hace unos diez años y que se ha venido agravando. Según el libro blanco sobre la delincuencia, de diciembre de 2018, el 21.1 % de las personas arrestadas en 2017, tenía más de 65 años, mientras que, en 2000, este grupo de personas representaba el 5.8 % de la población carcelaria.

Los delincuentes ancianos, detenidos principalmente por pequeños robos, afirma, en su mayoría, preferir la prisión a la pobreza o a la soledad¹.

La gran presencia de reclusos ancianos en Japón demuestra el fracaso de la ley de Airain según la cual las condiciones de vida deberían ser más duras y austeras que al exterior. Esta ley ha dirigido y dirige la ley penitenciaria de fondo en Japón.

Sin embargo, este fenómeno cuestiona el sentido del encarcelamiento en el país, puesto que la prisión se ha convertido para algunos en un hogar de ancianos, lo que supone una carga para el Estado, que termina compensando las deficiencias de las pensiones.

Muchas mujeres de edad avanzada viven por debajo del umbral de pobreza debido a las bajas pensiones que reciben tras el deceso de sus esposos. Por esta razón, son más las ancianas que buscan ir a prisión. En 2017, una de cada cinco mujeres reclusas tenía más de 65 años. Asimismo, las mujeres reinciden más que los hombres. De manera general, un cuarto de los reclusos de más de 65 años reincide en los dos años siguientes a su liberación. El artículo 57 de la ley penal establece que los reincidentes reciben una pena más severa y prolongada. Así que, sin duda, este fenómeno va a intensificarse.

Los reclusos de edad avanzada pasan su vejez en prisión y los síntomas de envejecimiento se hacen evidentes: escuchan mal, por lo que tardan para ejecutar las órdenes, algunos son incontinentes, otros tienen problemas de movilidad, y algunas veces hay que ayudarlos a bañarse o a comer, lo que representa más trabajo para los guardias. En algunos establecimientos, se ha incluso comenzado a habilitar las unidades para las necesidades de los reclusos de edad avanzada.

Aun así, las cosas están cambiando. Actualmente, se están desarrollando algunos mecanismos para evitar encarcelar a las personas de edades demasiado avanzadas y, en su lugar, recurrir a medidas de protección social y a hogares de ancianos. Estas medidas también se aplican al momento de la liberación. Sin embargo, los hechos demuestran que son insuficientes.