Charity. Los centros penitenciarios cuentan a menudo con módulos específicos para las personas con trastornos mentales. Sin embargo, estos se reservan para los que sufren de enfermedades graves. Allí se les mantiene separados de los demás y aislados para mantenerlos dóciles, controlados y evitar que se conviertan una molestia. Esto se trata, de manera evidente, de discriminación social, pues en lugar de integrar a estas personas, se les hace a un lado, y ni siquiera se les permite salir del módulo o ver la luz del sol. Tampoco se les toma en cuenta para participar en programas educativos ni en eventos sociales o espirituales.
El personal penitenciario tiende a pasar por alto a las personas con trastornos mentales leves, lo que las hace prácticamente invisibles e impide reconocer su condición. Aquellos con problemas de salud mental graves pueden ser admitidos en la clínica de la prisión, pero el acceso a la unidad psiquiátrica es muy lento debido a la falta de recursos humanos y financieros. En todo el país, hay 125 psiquiatras; la mayoría de ellos trabaja en el sector privado y solo ve a los reclusos al momento de evaluar su aptitud para comparecer en juicio.
Los reclusos con problemas mentales también pueden enviarse a la unidad psiquiátrica de máxima seguridad del Hospital Mathari, nuestro centro psiquiátrico nacional. En este establecimiento, construido hace cien años, el sistema de saneamiento se encuentra en pésimo estado y algunas de sus habitaciones ni siquiera tienen inodoros, sino cubos plásticos.
En el Hospital Mathari también se admite a las personas que están en espera de una evaluación psiquiátrica ─a menudo en casos de homicidio─, así como a las que se han declarado “culpables pero alienadas”. Su estancia en estas instalaciones suele durar mucho tiempo y una vez condenadas deben seguir un tratamiento que consta de tres fases. Su proceso de reintegración solo comienza después de que un doctor y un terapeuta ocupacional hayan dado una opinión favorable.
Sin embargo, la mayoría de estas personas han cometido delitos tan culturalmente inaceptables que a menudo sufren el rechazo de sus familiares y de su comunidad. Algunas hasta reciben amenazas de muerte. Estas personas tampoco cuentan con alguien que pueda cuidarlas y asegurarse de que sigan su tratamiento, lo que es una condición para la liberación. Como resultado, pasan hasta 30 años en el Hospital Mathari, a pesar de que se recomienda que este proceso dure máximo tres años.
Aun así, cabe resaltar que desde hace un tiempo ha habido un notable progreso. Por ejemplo, se está otorgando la libertad a algunas de las personas que se han considerado inaptas para comparecer en juicio. Del mismo modo, en febrero de 2022, la corte declaró inconstitucional el procedimiento de “voluntad presidencial” (presidencial pleasure), que permite recluir, de manera indefinida, a las personas declaradas “culpables pero alienadas”. El problema es que muchas de ellas están ahora atrapadas en el sistema debido a los retrasos de la justicia, lo que les está causando una gran angustia psicológica.