“Estamos ante una situación grave”

Eric Mirguet. Este preocupante hallazgo no hace más que confirmar la marcada tendencia que hemos observado desde hace varios años. En abril de 2016, la ACAT pidió consultar la opinión de los franceses con respecto al uso de la tortura. A la aseveración: “Cualquier acto de tortura contra cualquier persona y en cualquier circunstancia es totalmente inaceptable”, el 64 % respondió de manera favorable, en comparación con el 74 % en el año 2000. Llama la atención que, en dos informes recientes de las Naciones Unidas, uno sobre la tortura y otro sobre las ejecuciones sumarias, mencionen el asunto en términos muy fuertes: el Relator Especial sobre la Tortura ha constatado una “brecha flagrante entre la prohibición absoluta de la tortura y la indulgencia generalizada frente a ella. Por su parte, la Relatora Especial sobre las Ejecuciones Sumarias ha manifestado su preocupación frente al desconocimiento de los ideales de los derechos humanos durante los últimos cinco años.

La impasibilidad ante estos actos tiene varias razones, pero todas parecen provenir de lo que Nils Melzer ─que redactó el prólogo del informe Un monde tortionnaire (un mundo de tortura) ─ considera una “falta de compromiso moral”; una falta de compromiso que nos afecta a nosotros como individuos, pero también a las autoridades de los Estados en los que vivimos. Según él, existen tres pautas que favorecen el recurso a la tortura y a los malos tratos: la negación de los hechos (ignorancia deliberada), la negación de la responsabilidad (el hecho de diluir y eludir la responsabilidad) y la negación de la ilegalidad (trivialización o justificación utilitaria o discriminadora).

Estas tres pautas nos hacen pasar de una reacción natural de temor frente a unos hechos traumatizantes a un sentimiento de inseguridad que se impregna en la sociedad. Esto causa la deshumanización de la persona que genera dicho sentimiento, lo que da pie a que se cometan estos actos violentos.

Desde hace ya veinte años, la lucha contra el terrorismo parece justificar los abusos más graves. Los Gobiernos, con la aprobación de la opinión pública, desafían las reglas del Estado de derecho y, en lugar de defenderlas, como se supone que deberían hacerlo, las burlan en toda impunidad. La longevidad de estas políticas abusivas ha acostumbrado a los Estados y a la opinión pública a cruzar la línea de la legalidad; una línea que se desplaza inexorablemente hacia otros sujetos y otras poblaciones, frente a la mirada indiferente y aprobadora de muchos. Estamos claramente ante una situación grave.

EM. Los dos juegan un papel fundamental y cada vez más complementario. Los órganos jurisdiccionales permiten establecer las leyes y recordarles a los gobernantes que ciertas reglas son insoslayables y que todo el mundo debe respetarlas en cualquier circunstancia. Es ante estos órganos que se hace efectiva la universalidad de las normas relativas a los derechos humanos y donde se promueve el cumplimiento de las responsabilidades individuales. La movilización de las ONG impulsa la acción de estos órganos jurisdiccionales, ya que les remiten casos o los asisten en la búsqueda de elementos que permitan enjuiciar a los autores de violaciones.

Los procesos contra el régimen sirio en Alemania y en Francia contaron con la movilización de los sirios que residían en estos países. Estas personas, que en ocasiones formaban parte de las ONG, se esforzaron por obtener justicia y reparación, tras haber sido objeto de la violencia del régimen de tortura instaurado en Siria. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil también juegan un papel esencial en cuanto a la concienciación del trabajo de los órganos jurisdiccionales y la importancia de sus decisiones.

La ACAT-Francia, por ejemplo, decidió presentar un recurso para hacer avanzar su lucha por la abolición de la tortura. Así pues, la ONG presentó una denuncia ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que emitió un fallo contra Marruecos. En este caso, el Comité no solo se contentó con condenar al país, sino que también exigió indemnizar a la víctima, realizar una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias de tortura y de malos tratos, y enjuiciar a los autores de estos abusos. Asimismo, el Comité espera que Marruecos se abstenga de ejercer cualquier tipo de presión, intimidación o represalias que puedan perjudicar la integridad física y moral tanto del demandante como de su familia. Más allá de este caso individual, la decisión obliga a las autoridades a cambiar su comportamiento, y cumple una función de promoción a la que pueden recurrir todos los que militan por la abolición de la tortura en ese país.

EM. El uso abusivo de la prisión preventiva es uno de los males más extendidos de nuestras sociedades contemporáneas. Como lo revela el informe, países muy diferentes, como Francia, Mauritania y Costa de Marfil, hacen frente a este flagelo, y desde hace mucho tiempo. En 2011, por ejemplo, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) admitió estar “perplejo frente a la aparente complacencia que existe en lo que respecta al uso de la prisión preventiva durante períodos prolongados, así como a la consecuente sobrepoblación crónica y a todos los problemas que esta engendra”.

La situación social de las personas en prisión preventiva suele ser precaria, y su marginalidad o pobreza elimina casi totalmente la posibilidad de ser liberadas antes del juicio; algo que ocurre también con los extranjeros, de los que se considera que tienen un alto riesgo de fuga. Todos estos factores exponen a estas poblaciones a la prisión preventiva mucho más que a otras poblaciones más integradas socialmente y con una situación laboral y económica estable.

La prisión preventiva abusiva hace más vulnerables a los hombres y mujeres detenidos.

Tales factores, duraderos, contribuyen en gran medida al hacinamiento de las prisiones; un hacinamiento que atenta contra la dignidad de las personas, pues la falta de espacio y de infraestructuras impiden garantizar el respeto de los derechos. Las tensiones que provocan estas situaciones fomentan además la violencia entre los reclusos, así como entre los reclusos y los guardias. A menudo se piensa que la tortura afecta principalmente a los prisioneros políticos o a las personas acusadas de actos terroristas, pero este no es el caso: los reclusos ordinarios, a menudo acusados de delitos sancionados con penas cortas, son, con mucha frecuencia, objeto de malos tratos durante la reclusión. Las instalaciones en las que están recluidos son las más superpobladas y estas condiciones de vida, especialmente difíciles, pueden constituir, en algunos casos, tortura o trato inhumano y degradante. Sin embargo, los abusos son difíciles de detectar debido al contacto limitado entre la prisión y el mundo exterior.

Los Estados tienen las denominadas obligaciones “positivas”, es decir que, más allá de la prohibición absoluta del uso de la tortura y los malos tratos, deben hacer todo lo posible para garantizar que nadie sea objeto de este tipo de abusos por parte de las autoridades o, como en este caso, por falta de medidas que impidan estas violaciones. El hacinamiento y sus efectos devastadores continúan, lo que tiende a demostrar que pocos Estados actúan en conformidad con sus compromisos internacionales en esta área. En su prefacio del informe, Régis Brillat, Secretario Ejecutivo del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), afirmó: “En ocasiones, a las entidades encargadas de la prevención les cuesta obtener el acuerdo de los actores que trabajan sobre el terreno, e incluso de los políticos, en lo que se refiere a las medidas necesarias para prevenir cualquier forma de tratamiento inhumano o degradante”. Esto significa que la lucha para lograrlo no ha terminado.