La pena de muerte, una tortura sin nombre

La imposición de la pena de muerte es un largo proceso que genera sufrimiento físico y mental, tanto a las personas condenadas como a sus seres queridos: una razón que pone en tela de juicio su legitimidad. En varias jurisprudencias nacionales, regionales e internacionales se ha reconocido que la pena capital constituye una forma de tortura en todas las etapas de su aplicación.

Durante el juicio, la pena de muerte se considera una tortura en los casos en los que se vulneran las garantías de un proceso justo. Esto sucede, sobre todo, cuando la sentencia se dicta con base en confesiones obtenidas mediante la fuerza o la tortura. El derecho internacional prohíbe explícitamente la aplicación de la pena de muerte para ciertos grupos de personas vulnerables, como los niños, las mujeres embarazadas o las personas con una discapacidad intelectual o psicosocial que les impida defenderse de manera eficaz.

Durante la reclusión, las personas condenadas a la pena capital padecen del “síndrome del corredor de la muerte,** otra forma de tortura provocada por la angustiosa y larga espera, el aislamiento, la drástica reducción del contacto humano, y las condiciones materiales de reclusión. Si bien su situación varía en función de diversos factores: la prisión en la que se les aloja, si se encuentran sujetas a un régimen de vida particular, o si conviven con el resto de la población carcelaria, todas ellas se exponen a tratos incompatibles con la prohibición de la tortura.

Y, por último, la ejecución en sí puede calificarse de tortura, ya que ningún Estado es capaz de garantizar un método de ejecución indoloro. Varias instancias regionales e internacionales han condenado algunos de los métodos de ejecución ─asfixia por gas, hipoxia inducida, lapidación, ahorcamiento, ejecución por arma de fuego, inyección letal, decapitación, etc.─ al considerarlos tratos crueles, inhumanos y degradantes, completamente opuestos a la interdicción de la tortura. Aun así, en 2022, se llevaron a cabo 638 ahorcamientos, 28 ejecuciones por arma de fuego, 21 inyecciones letales y 196 decapitaciones.

Pero, las personas condenadas a muerte no son las únicas víctimas de estos actos de tortura. Los familiares también sufren en esta situación. Por ejemplo, el hecho de que no se les informe la fecha de la ejecución y que no puedan despedirse de su ser querido, es un trato inhumano. Muchas de las familias de las personas ejecutadas, además de vivir el duelo, tienen que lidiar con el secreto que caracteriza las ejecuciones. A otras nunca se les entregan los restos de su ser querido, lo que viola también la prohibición de la tortura.

La prohibición de la pena capital ha cobrado fuerza en los últimos años. Su imposición, antes tolerada, se ha reducido de manera significativa, ya que más de dos tercios de los países la han abolido tanto en su legislación como en la práctica. La forma de ver la pena de muerte ha cambiado gracias a la interdicción de los castigos corporales, el reconocimiento de la violación de la prohibición de la tortura por varios países, y la aparición de una nueva costumbre internacional.

La comunidad internacional ha determinado que los castigos corporales constituyen un trato o pena cruel, inhumano o degradante, incluso cuando tienen lugar en el marco de sanciones legales. Por lo tanto, no hay razón para que no suceda lo mismo con la pena de muerte, que, en realidad, es el peor de los castigos físicos. Es incoherente que la decapitación no entre en la categoría de castigo corporal, como la amputación de un miembro. La pena de muerte debería verse como tortura en cualquier circunstancia.

El derecho internacional prohíbe la tortura de manera absoluta, sin excepciones ni derogaciones. Sin embargo, este mismo derecho tolera la pena de muerte, a condición de que se imponga por los delitos más graves, se respeten las garantías procesales y se aplique de tal manera que cause el menor sufrimiento posible. La FIACAT libra entonces una lucha sin tregua para que se reconozca la relación intrínseca que existe entre la tortura y la pena de muerte, y se prohíba su aplicación en todas circunstancias.

El hecho de haber dedicado el 20° Día Mundial contra la Pena de Muerte a este tema, nos ha permitido obtener resultados positivos en un año. Hemos logrado que varias instancias internacionales, como las Naciones Unidas, y regionales, como la Comisión Africana de los Derechos humanos y del Pueblo, examinen esta cuestión. Además, nuestro trabajo ha dado lugar a ciertas mejoras del derecho indicativo ¹ como nuevas resoluciones, jurisprudencias e informes.

Se trata de un proceso gradual. Nos parece fundamental recopilar y estudiar todos los progresos que se han hecho para identificar la aparición de una tendencia internacional, y, por tanto, de una nueva norma consuetudinaria que prohíbe el uso de la pena capital en cualquier circunstancia. Como sociedad civil, nos corresponde adoptar una posición audaz a favor de la abolición universal de la pena de muerte.