En 1994, el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobernaría de manera autónoma los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, fue un soplo de optimismo para el pueblo palestino.
Ese mismo año, el presidente Yasser Arafat —fallecido en noviembre de 2004— emitió el Decreto N°1 que lo habilitó a seguir aplicando leyes que habían estado vigentes cinco años antes de la ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza, en 1967.
El reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de la ONU, en 2012, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue otro motivo de satisfacción para los palestinos, así como el acceso a 35 convenios y tratados internacionales relativos a los derechos humanos, el 1 de abril de 2014.
La mayoría de organizaciones creyeron que esta adhesión cambiaría positivamente la situación de los derechos humanos en Palestina y pondría fin a todas las violaciones de estos derechos, entre ellos, el derecho a la vida.
Palestina es un Estado de excepción en materia de pena capital; el nuevo Estado ha adoptado una inconsistente combinación de leyes que castiga 74 delitos con la pena de muerte. Ninguna de estas leyes aplicadas en el país se ha establecido originalmente en Palestina, salvo las definidas en el Código Penal Revolucionario.
En la Franja de Gaza, por ejemplo, se aplica el Código Penal de 1936, que data del mandato británico, y que incluye 15 delitos capitales; en Cisjordania, se aplica el Código Penal jordano de 1960, que contempla 16 delitos capitales. La Ley N° 23 de 1963 contempla un delito capital y la Ley Revolucionaria Penal de 1979, que se aplica en Cisjordania y en la Franja de Gaza, contempla 42.
Las ejecuciones extrajudiciales se hicieron evidentes el 25 de mayo de 2015 cuando las autoridades de la Franja de Gaza —miembros del bloque de reforma del parlamento, asociadas con Hamás— apoyaron las penas de muerte dictadas por los tribunales palestinos, sin el acuerdo del presidente, contrariamente al artículo 109 de la Constitución palestina de 2003, y a los artículos 408 y 409 del Código de Procedimiento Penal N°3 de 2001.
Desde la creación de la ANP, en 1994, hasta el 27 de noviembre de 2016, la ANP condenó a la pena de muerte a 184 personas acusadas de diferentes delitos —algunos relativos a la seguridad nacional—: 30 en Cisjordania y 154 en la Franja de Gaza —96 solo en 2007—. Además, 35 personas fueron ejecutadas: 33 en la Franja de Gaza —entre ellas, 22 de manera extrajudicial en 2007— y 2 en Cisjordania.
Según las asociaciones palestinas de derechos humanos, la amalgama de leyes en torno a la pena capital en Palestina supone un alto riesgo de ejecuciones extrajudiciales, con un gran número de ejecuciones sumarias realizadas de manera ilegal por parte del ejército, asociado a facciones palestinas, debido a conflictos con enemigos políticos.
