• Pena de muerte. La pena capital sigue vigente en un tercio de los países del mundo. En diciembre de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió que se adoptara una moratoria mundial del uso de la pena de muerte; 123 países se pronunciaron a favor. En 2020, un total de 483 personas fueron ejecutadas, entre ellas, 16 mujeres. Esta cifra, inferior a la del año anterior, es incluso la más baja que se haya registrado jamás.

• Cadena perpetua. Cada vez más países aplican la cadena perpetua para los delitos no sancionables con pena de muerte. La cadena perpetua, que se pronuncia para numerosos delitos, en algunos casos sin posibilidad de libertad condicional, parece estar remplazando la pena capital. Sin embargo, ciertos países han adoptado nuevas reformas con el objetivo de reducir el uso de la cadena perpetua.

Los conflictos regionales, las catástrofes naturales o las epidemias pueden afectar, en ocasiones de manera durable, el funcionamiento de las prisiones.

• Crisis sanitaria. Las condiciones de reclusión y la falta de productos básicos de higiene afectan el estado de la salud de las personas privadas de libertad. Los informes oficiales han contabilizado 532 100 casos positivos de COVID-19 en las prisiones de 122 países, y 3931 decesos en 47 países, pero estas cifras no reflejan la realidad. La falta de personal sanitario y de presupuesto para la salud, además de las restricciones impuestas, han repercutido en la calidad de la atención médica. Más de 46 sistemas penitenciarios en todo el mundo han implementado medidas de cuarentena y han recurrido al aislamiento y a la suspensión de las visitas. Para compensar la falta de contacto con las familias, algunas prisiones han puesto a disposición de los reclusos herramientas de comunicación numéricas. Sin embargo, el acceso a estos dispositivos ha sido desigual, lo que ha dejado a ciertas personas privadas de libertad excluidas y en una gran soledad.

• Prisión en medio del conflicto. Las situaciones de conflicto han obstaculizado el suministro de agua y alimentos, lo que ha impedido a las autoridades ejercer sus funciones. Las violaciones de los derechos humanos, no documentadas, se han multiplicado, y por falta de mecanismos de protección no se ha podido evitar estos abusos.

• Prisión y catástrofes naturales. El cambio climático puede causar daños a las prisiones. Las personas privadas de libertad, vulnerables al calor extremo, a las inundaciones y a los terremotos, sufren las consecuencias, en la incapacidad de evacuar por sí mismas. Muchos centros penitenciarios no disponen de un plan de evacuación en caso de crisis.

• Mujeres. Hoy en día, hay 740 000 mujeres privadas de libertad, es decir, más de 100 000 que hace diez años. Las mujeres reclusas se han visto principalmente afectadas por las medidas adoptadas durante la pandemia de COVID-19, ya que muchas de ellas han perdido el contacto con sus hijos. En marzo de 2021, el estado de Nueva York aprobó una ley para limitar el uso del aislamiento a máximo 15 días consecutivos o 20 días en total, en un periodo de 60 días, y prohibir el aislamiento de las mujeres durante el embarazo y durante las ocho semanas posteriores al parto.

• Niños. La interrupción del contacto con el exterior ha obstaculizado las visitas de las familias y la intervención de los servicios socioeducativos y terapéuticos que suelen prestarse a los menores. El estado de Nueva York ha prohibido el aislamiento de los jóvenes de menos de 21 años, al igual que el de las mujeres embarazadas. En el Reino Unido, los menores privados de libertad permanecen en aislamiento por más de 23 horas diarias. UNICEF ha señalado que, en al menos 37 países se han tomado medidas para evitar el encarcelamiento de menores, y ha revelado que, en el actual contexto sanitario, se ha concedido la libertad a más de 11 600 jóvenes.

• Personas de edad avanzada. La privación de libertad provoca el envejecimiento prematuro de las personas, lo que las hace más vulnerables. En prisión, el estado de salud de una persona de 50 años se asemeja al de una persona de 60-65 años. La aplicación de medidas alternativas permite la liberación de ciertas personas de edad avanzada, particularmente expuestas al coronavirus. Sin embargo, la exclusión casi automática de las personas de edad condenadas a penas de larga duración limita el alcance de dichas medidas.

• Personal penitenciario. Los funcionarios de prisiones están expuestos al coronavirus durante su actividad laboral. Algunas personas han tenido que trabajar más horas diarias o confinarse en los centros penitenciarios. Si bien ciertos países consideran esencial el trabajo del personal penitenciario, otros han ignorado sus demandas, por lo que su descontento se ha hecho sentir. Cuarenta y ocho países han registrado casos positivos de COVID-19 entre los miembros del personal; en algunos de ellos, estos representan el 88 %.