Condenas a muerte¶

A finales de 2018, las autoridades publicaron por primera vez datos oficiales relativos a la pena de muerte. Para ese año, se enumeraron un total de 190 penas capitales, muy por encima de las estimaciones de la sociedad civil. Si bien no se especificó el número de condenas a muerte para los dos años siguientes, Amnistía Internacional denunció que, en 2020, se registraron al menos 22.

Se prohíbe dictar la pena capital por delitos cometidos por menores de 18 años.

La pena de muerte es obligatoria para nueve delitos, entre ellos, el homicidio y los actos de terrorismo. Malasia es uno de los pocos países donde los jueces no siempre disponen de potestad discrecional en los casos de pena de muerte. Desde julio de 2019, pueden dictar una pena de prisión de al menos 10 años como alternativa a la pena capital por determinados delitos relacionados con el narcotráfico. Las condiciones de esta alternativa se consideran extremadamente restrictivas y, en la mayoría de los casos, conducen a una pena de muerte.

En 2019, las autoridades crearon un Comité Especial encargado de estudiar las alternativas a la pena de muerte obligatoria. Este comité está compuesto, entre otros, por un exjuez, un exmiembro de la oficina del fiscal general, un exfuncionario penitenciario, un criminólogo, académicos, representantes del Colegio de Abogados, la SUHAKAM (la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Malasia) y diversas organizaciones de la sociedad civil. Sus conclusiones, presentadas en febrero de 2020, sugerían penas alternativas para 11 delitos de drogas y 21 otros delitos. El informe no se hizo público.

Ejecuciones¶

Las ejecuciones se mantienen en secreto. A los reclusos ejecutados en 2016 se les informó el día anterior a su ejecución.

Se prohíbe condenar a muerte a las mujeres embarazadas: la ley prevé la conmutación de la pena capital por la de cadena perpetua, una vez comprobado el embarazo. Entre 2010 y 2018, veinte personas fueron ejecutadas en la horca. Desde 2018, se declaró una moratoria oficial sobre las ejecuciones.

Personas condenadas a muerte a la espera de su ejecución¶

El número de personas condenadas a muerte encarceladas en el país se ha casi duplicado en nueve años: 696 personas en 2011 y más de 1314 en 2020. Este aumento se explica, en particular, por el endurecimiento de las políticas de lucha contra las drogas. Alrededor del 70 % de las personas en espera de su ejecución en 2019 fueron condenadas por tráfico de drogas, y el 27 % por homicidio.

Los periodos de reclusión de las personas condenadas a la pena de muerte suelen extenderse, en particular, debido a los retrasos en los procedimientos judiciales. En 2019, Amnistía Internacional denunció que alrededor del 36 % ha permanecido en prisión entre seis y diez años, casi el 4 % entre 11 y 15 años, y el 1 % durante más de 15 años. Un recluso ha permanecido 27 años en prisión a la espera de su ejecución.

Las mujeres representan el 11 % de los condenados a muerte. Este porcentaje es muy alto en comparación con otros países, como Sri Lanka (6.5 %), Indonesia (2.2 %) o Estados Unidos (2 %). Casi el 95 % de las mujeres condenadas a muerte lo son por delitos relacionados con las drogas.

Las personas extranjeras representan el 43 % de los condenados a muerte. La proporción de mujeres extranjeras es mayor que la de hombres: el 86 % de las mujeres y el 39 % de los hombres son de nacionalidad extranjera.

Indultos y conmutaciones¶

El rey a nivel federal y los gobernadores o sultanes a nivel estatal tienen la potestad para conceder indultos, con la opinión de la Junta de Indultos (Pardon Board). Entre 2007 y 2017, 165 personas condenadas a muerte obtuvieron el indulto; entre el 55 % y el 63 % de las personas cuya condena a muerte era definitiva obtuvieron el indulto de 1991 a 2006, un porcentaje relativamente alto. Las razones aducidas para su aprobación fueron la buena conducta, la piedad religiosa y la expresión de remordimiento durante la estancia en prisión. Al 30 de junio de 2020, casi 839 condenados esperaban la respuesta a su solicitud de indulto.

El procedimiento de indulto es opaco y desconocido; los familiares señalan que no se les comunica acerca de esta posibilidad, y las personas condenadas a muerte declaran que no reciben información sobre el progreso de su solicitud. Estos reclusos a veces pasan diez años en prisión antes de obtener una respuesta. Los familiares y abogados afirman que las personas condenadas son reacias a presentar una petición por temor a que esta acelere la ejecución, empeore su salud mental o se interprete como una admisión implícita de su culpabilidad. Algunos señalan que los guardias les insisten para que preparen la solicitud.

Los procesos judiciales son largos; las personas pasan entre dos y cinco años en prisión en espera de juicio, los procedimientos de apelación suelen durar diez años, y pueden pasar entre 10 y 12 años antes de que se responda a las solicitudes de indulto de las personas condenadas a muerte. .

Existen varios tipos de asistencia jurídica. El primero, dirigido por los tribunales, otorga representación legal durante el juicio y la apelación para los ciudadanos malayos y extranjeros. El segundo, financiado por el Estado, cubre la fase previa al juicio y solo está disponible para los ciudadanos de Malasia. Los abogados informan que, en la práctica, no se brinda ninguna asistencia letrada antes del juicio a las personas encarceladas por delitos capitales.

La calidad de la representación legal se considera deficiente; los familiares de las personas condenadas a la pena capital afirman que, en ocasiones, los abogados sonincompetentes, carecen de experiencia y se muestran apáticos frente a los casos.

La ley no prevé la asistencia letrada durante el procedimiento de indulto. Los abogados critican esta disposición, que consideran injusta en la medida en que el Ministerio Público interviene ante la Junta de Indultos.

Los abogados afirman que deben anunciar sus visitas con dos días de antelación, pero declaran no tener dificultades para reunirse con los condenados a muerte. De manera general, no se restringe la duración de las visitas y las medidas de seguridad varían en función del centro penitenciario; a veces los reclusos pueden ser esposados y, en algunas prisiones, siempre hay un guardia presente durante la reunión.

El Código Penal garantiza la asistencia de un intérprete durante las audiencias públicas para las personas que no entiende el idioma. La traducción de las pruebas y los documentos presentados en el juicio queda a discreción del tribunal. La ley de Malasia no contiene ninguna disposición relativa a la asistencia de un intérprete durante las etapas de investigación y de preparación del juicio. Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional señalan que el acceso a un intérprete para los extranjeros condenados a muerte depende de los recursos que ponen a disposición sus embajadas.

Una persona iraní condenada a muerte habló de la falta de salvaguardias jurídicas para los extranjeros sentenciados a la pena capital: “Nos detuvieron en el aeropuerto de Malasia y, al día siguiente, nos enviaron un traductor paquistaní […] que no hablaba muy bien persa. La embajada [iraní] no hizo nada al respecto. En ese momento, debíamos pagar de 20 a 30 millones de tomanes, que no teníamos, para asegurar nuestra defensa. Así que solo pudimos acceder a un abogado de oficio, que trató el caso con negligencia, y, como resultado, nos condenaron a muerte […].”

Mujeres¶

Las mujeres condenadas a muerte no reciben una atención sanitaria adaptada a sus necesidades específicas, y no tienen acceso a un ginecólogo. Tampoco se les suministra compresas higiénicas en cantidad suficiente, por lo que se ven obligadas a comprarlas, a pesar de que no se les permite trabajar.

Extranjeros¶

La situación de los extranjeros condenados a muerte es particularmente preocupante. En 2019, la ECPM denunció que la mayoría de estas personas no hablan bahasa malasio y no tienen acceso a un intérprete, lo que les impide comunicarse con los guardias y el personal médico, y participar en sesiones de grupo con los consejeros religiosos. Algunas prisiones les autorizan, sin embargo, a reunirse en privado con estos consejeros, si logran entenderse, pero este tipo de intercambio sigue siendo excepcional.

Las personas extranjeras, que rara vez reciben visitas, declaran sentirse solas y sin esperanza. Un recluso condenado a muerte cuya familia vive en China afirma que su madre lo ha visitado dos veces en cinco años. Los extranjeros condenados a la pena capital pueden comprar tarjetas telefónicas para llamar a sus familiares.

La administración penitenciaria controla los libros que las personas condenadas a muerte pueden tener en sus celdas. No se permiten libros en idiomas extranjeros que el personal no pueda entender.

Los extranjeros tienen el derecho de informar a su embajada o consulado sobre el arresto o reclusión para que pueda brindarles asistencia durante los procedimientos. Sin embargo, las personas condenadas a muerte señalan que han tenido dificultades para ponerse en contacto con su consulado. Los errores en la identificación de las personas y en su nacionalidad explican, en parte, esta situación.

Las personas condenadas a muerte se consideran reclusos de alto riesgo y son tratadas como un grupo homogéneo, sin distinción alguna por su comportamiento, edad o salud mental.

Esta población carcelaria se aloja en celdas individuales y módulos específicos en 26 centros del país, que se sitúan, en su mayoría, en la península. Más de 240 personas condenadas a muerte están encarceladas en la prisión de hombres de Kajang.
Las mujeres condenadas a la pena capital están recluidas en nueve prisiones.

Las condiciones de reclusión en Malasia son deplorables. En 2019, las autoridades iniciaron una reforma para mejorar la situación de las prisiones del país, particularmente, en términos de alimentación, acceso a la atención sanitaria y hacinamiento. Sin embargo, dicha reforma no contiene ninguna disposición específica relativa a las personas condenadas a muerte.

Alojamiento. Las celdas de los módulos reservados para las personas condenadas a muerte tienen poca luz y ventilación. La SUHAKAM señala que las ventanas no son lo suficientemente grandes para permitir que las personas lean o trabajen con luz natural y que no están construidas para facilitar el paso del aire. Un recluso explica que a veces tiene que desvestirse en su celda a causa del calor. Los reclusos tienen que comprar su ropa de cama en el economato.
Según las normas penitenciarias, las celdas solo pueden abrirse en presencia de un guardia, deben registrarse a diario cuando estén ocupadas y mantenerse bajo supervisión constante.

Higiene. Los baños se sitúan dentro de las celdas individuales de tal modo que se puedan ver desde el exterior, lo que hace que sea imposible respetar la privacidad. Esta configuración, sumada a la falta de ventilación, genera malos olores.
Los reclusos tienen que comprar sus productos de higiene (jabón, champú, pasta y cepillo de dientes) en el economato de la prisión. Los condenados a muerte explican que reciben solo una taza grande que usan para beber, limpiar y lavarse.

Alimentación. Las personas condenadas a muerte informan que la comida que les suministra la administración penitenciaria es insuficiente, de mala calidad, y, en ocasiones, preparada en condiciones antihigiénicas. A veces, las comidas se completan con productos cultivados por los reclusos que participan en programas agrícolas. Una ONG indicó que el importe destinado a la comida es de 3.02 euros diarios por recluso.

A las personas reclusas en las prisiones de Kajang y Pokok Sena no se les permite recibir alimentos del exterior y solo pueden comprar los productos que vende la administración penitenciaria.

Actividades y trabajo. Los condenados a muerte pasan 23 horas al día en su celda y la mayor parte del tiempo permanecen solos, a diferencia de los otros reclusos. Las visitas y actividades están limitadas.
A los reclusos condenados a muerte, a diferencia de los demás, se les permite tener libros, un reproductor de MP3 y material de oración en sus celdas. Sin embargo, no se les permite trabajar ni acceder a programas de formación y reinserción. Un consejero religioso afirmó no comprender los objetivos de este régimen de reclusión: “Creo que el objetivo final de la rehabilitación es hacer que los reclusos comprendan sus errores, sientan remordimiento y vuelvan a ser buenos. No existe un programa de rehabilitación para los condenados a muerte. ¿Es porque se supone que van a morir de todos modos? ¿Por qué el Gobierno no les da la oportunidad de aprender y ser útiles de nuevo? Algunos de ellos han estado en prisión por más de diez años”.

Disciplina. Los condenados a muerte explican que las faltas disciplinarias dan lugar a sanciones. Los reclusos se transfieren a celdas especiales llamadas Bilik Gelap (“cuartos oscuros”), en las que no hay luz natural, se restringe el acceso a los alimentos, y el ejercicio al aire libre solo se autoriza por recomendación de un médico. Esta medida se puede aplicar por un periodo máximo de 21 días seguidos, y no debe exceder los 90 días al año.

Se permiten las visitas de familiares, consejeros religiosos y abogados de los condenados a muerte.

Religión¶

Los consejeros religiosos ingresan a la prisión una vez a la semana, o cada dos semanas, para realizar sesiones grupales con 20 a 30 reclusos condenados a muerte. Durante sus intervenciones, enseñan a los reclusos conceptos religiosos o les distribuyen fotocopias de textos religiosos. Los consejeros religiosos que trabajan en prisión relatan que, durante estas sesiones, las personas condenadas a muerte no solo hablan sobre su vida diaria y su estado emocional, sino que también piden consejo para reunirse con sus familias, consultar a un abogado o solicitar un indulto.
Las sesiones tienen lugar bajo la supervisión del personal penitenciario.

Mantenimiento de los vínculos familiares¶

De manera general, las visitas familiares se llevan a cabo sin dificultad. Las personas condenadas a muerte están autorizadas a recibir una visita de 45 minutos por semana, y sus familiares deben presentar una cartilla en cada visita. En ocasiones, no se permite a los allegados ingresar a los centros cuando hay varios visitantes al mismo tiempo. En ese caso, se reemplaza la visita por una carta.
La mayoría de los condenados a muerte reciben pocas visitas, pues la gran parte de los familiares viven lejos y no cuentan con los medios suficientes para costearse el viaje.
La duración de los procesos penales y la privación de libertad tiene importantes consecuencias económicas para las familias de las personas condenadas a la pena capital. Algunos piden dinero prestado, a veces ilegalmente, para pagar los honorarios de los abogados. Además, la reclusión de un miembro de su familia supone una fuente de ingresos menos. El padre de un condenado a muerte explicó: “Yo solo tenía a mi hijo, era mi única fuente de ingresos. Estaba tan devastado cuando lo arrestaron a los 19 años. Ahora voy y vuelvo a prisión y sobrevivo sin él”.

Los familiares no solo deben asumir los costes que acarrean los viajes hasta la prisión, sino también las consecuencias que trae la pena de su ser querido a nivel social. Los miembros de la familia de los condenados a muerte suelen ser estigmatizados y muchas personas se niegan a relacionarse con ellos. La esposa de un condenado a muerte declaró: “Algunos nos tratan como si no fuéramos de buena familia. Sé que mis hijos han tenido problemas en la escuela desde que su padre está entre rejas”. En ocasiones, los familiares no quieren hablar sobre la persona reclusa; la hermana de un condenado a la pena capital dice que solo lo visitó dos años después de su sentencia, y que su esposo y su hijo se niegan a hablar de él.

Las visitas tienen lugar bajo la supervisión del personal penitenciario. Los condenados a muerte y sus familiares están separados por cristales y se comunican por teléfono.
El hermano de un condenado a muerte explica: “Como los guardias escuchan la conversación, solo hablamos de lo necesario. No hablamos de política ni de nada del exterior”.

Las ejecuciones tienen lugar en secreto. Varias familias han declarado recibir información incompleta o errónea sobre la ejecución de su ser querido. La familia de dos hermanos ejecutados en 2017 señaló que después de haberles notificado que la ejecución se llevaría a cabo un viernes, les informaron, con menos de 24 horas de antelación, que finalmente tendría lugar el martes de esa misma semana. Los familiares de otra persona ejecutada en 2016 afirmaron que solo les anunciaron que la ejecución se haría “pronto”, sin fecha específica; el ahorcamiento se llevó a cabo dos días después.

Según la SUHAKAM, la gran mayoría de las prisiones cuentan con una unidad de salud, en la que hay un médico y uno o más asistentes. Las personas condenadas a muerte tienen acceso ilimitado a dichas unidades, que carecen de presupuesto y recursos en términos de medicamentos, personal y material. Las personas condenadas a la pena capital informan que, sea cual sea su patología, solo se les suministra paracetamol.

Uno de ellos declaró: “Una vez se me acercó un recluso que tenía problemas gástricos y me pidió que orara por él porque no podía conseguir medicamentos”. Otro señaló: “Uno de los reclusos vino a hablar conmigo. Era asmático; podías oír cuando respiraba, pero a los guardias no les importaba y no hay ningún servicio que venga a comprobar su estado de salud”.
Los reclusos, las familias y las instituciones afirman que las personas condenadas a muerte que esperan la respuesta a su solicitud de indulto suelen experimentar una intensa ansiedad.

• Carole Berrih y la organización Ngeow Chow Ying, Isolation and desolation: conditions of detention of people sentenced to death in Malaysia, informe ECPM, 2020.
• Natalia Antolak-Saper, Sara Kowal, Samira Lindsey, Ngeow Chow Ying y Thaatchaayini Kananatu, Drug Offenses and the Death Penalty in Malaysia: Fair Trial Rights and Ramifications, informe Monash University, Anti-Death Penalty Asia Network y Harm Reduction International, 2020.
• Amnistía Internacional, Fatally Flawed, Why Malaysia must abolish the death penalty, 2019. (en inglés, resumen disponible en español)
• ECPM, Malaysia: a model path towards abolition, 2019. (vídeo subtitulado en francés)
• ECPM, Discursos de abolicionistas – Kasthuri Patto, 2019.
• ECPM, Death Penalty in Malaysia - Joint Stakeholders Report for the 31st Session of the Working Group on the Universal Periodic Review, 2018. (en inglés)
• CNA, Malaysia: abuse, collusion and obstruction: Malaysia’s prison problems, 2019. (en inglés)
• CNA, Malaysia to keep death penalty, but no longer mandatory, 2019. (en inglés)
• Malaysiakini, Letter - Lawyer incompetence can result in death, 2021. (en inglés)
• Malaysiakini, Death sentence – committee submits report on alternatives, 2020. (en inglés)
• Amerbon, Task force to study alternative to death penalty; ex-CJ to lead, 2019. (en inglés)
• Le Figaro, Peine de mort : la Malaisie accusée de faire volte-face sur l’abolition promise, 2019. (en francés)
• The Washington Post, A country with a growing death row reconsiders its future with capital punishment, 2019. (en inglés)
• Le Monde, La Malaisie annonce la fin prochaine de la peine de mort, 2018. (en francés)
• The Death Penalty Project, The Death Penalty in Malaysia. Public opinion on the mandatory death penalty for drug trafficking, murder and firearms offences, 2013. (en inglés)