Las organizaciones internacionales emitieron con celeridad una serie de recomendaciones para prevenir la propagación de la enfermedad. No obstante, en Sudáfrica se observó que las directrices del Ministerio de Justicia y de las organizaciones Internacionales no se aplicaban por igual en todos los establecimientos, lo que permitió al coronavirus propagarse con rapidez en los centros penitenciarios y provocar la muerte de 57 reclusos, en noviembre de 2020.

Uno de los expertos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) explicó: “Para las autoridades penitenciarias, la dificultad consistía en reconocer y gestionar las obligaciones médicas y priorizar el cumplimiento de las normas sanitarias. Para ello, era crucial colaborar con las autoridades sanitarias, lo que a menudo era complicado”.
En Brasil, por ejemplo, durante los primeros meses de la pandemia, no se establecieron medidas coordinadas entre el Ministerio de Justicia, las administraciones penitenciarias y el Estado federal, por lo que las medidas aplicadas variaban de una prisión a otra. Fue el caso del estado de Río, pues la endémica crisis política local puso en peligro la coordinación entre las autoridades sanitarias y las de justicia.El CICR observó el mismo tipo de deficiencias en otros países.

Por su parte, Argentina se esforzó por coordinar las respuestas locales y nacionales a la crisis. Al comienzo de la pandemia, la Corte Suprema de la Nación emitió un mandato para poner en práctica las recomendaciones internacionales, lo que permitió a las distintas administraciones penitenciarias, tanto provinciales como federales, aplicar las mismas medidas.
En otros países se observó una respuesta coordinada similar con muy buenos resultados. En Costa Rica, el Comando de Atención a la Emergencia, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Paz, colaboró estrechamente con el Ministerio de Sanidad, desde el comienzo de la pandemia, para decidir conjuntamente los protocolos que se aplicarían en las prisiones y ajustarlos a la evolución de la situación. Irlanda estableció un Equipo de Planificación de Respuesta a Emergencias (“EPRE”) a mediados de febrero. El EPRE, cuyo equipo estaba conformado por personal con conocimientos y experiencia en atención sanitaria y control de infecciones, trabajó en asociación con el Equipo Nacional de Emergencias de Salud Pública y la Cruz Roja Irlandesa. Las organizaciones de la sociedad civil elogiaron la comunicación abierta y eficiente entre los distintos organismos, lo cual permitió una respuesta política y una aplicación de medidas bastante rápidas. Una coordinación similar también se llevó a cabo en Nueva Zelanda.

En otros países, la falta de preparación de las autoridades dio paso a respuestas improvisadas: aprendizaje transversal, iniciativas estratégicas de diversos interesados, incluyendo directores de prisiones, y, a veces, esfuerzos de cooperación sin precedentes entre las administraciones penitenciarias extranjeras.

Las condiciones de reclusión son difíciles de documentar, por lo que a menudo se describe a las prisiones como cajas negras que revelan poca información. La pandemia de COVID-19 exacerbó esta situación, ya que se suspendieron las visitas y se denegó la entrada a cualquier persona externa a la prisión. Los organismos de supervisión independientes, las organizaciones de la sociedad civil, los abogados y las familias se alarmaron y pidieron repetidamente que se abriera de nuevo el acceso a la prisión y se adoptaran las medidas preventivas adecuadas.

Las organizaciones de la sociedad civil de Brasil y Sudáfrica criticaron duramente la falta de diálogo con las autoridades públicas y la poca transparencia de las administraciones. Las organizaciones de los familiares de los reclusos brasileños estaban muy preocupadas por la falta de información sobre las condiciones de vida y el estado de salud de sus seres queridos.

En los países en los que la respuesta del Estado estaba siendo insuficiente, se llevó a cabo una serie de iniciativas independientes de actores externos que resultaron ser esenciales. Esto demostró hasta qué punto era necesaria una colaboración pragmática entre los organismos estatales y los actores externos. Por ejemplo, la Cruz Roja Irlandesa colaboró estrechamente con la administración penitenciaria para crear folletos informativos accesibles. Algunos reclusos se implicaron en el proyecto para sensibilizar a sus compañeros sobre los gestos de distanciamiento físico y las prácticas de alto riesgo.

La obstaculización de las visitas de control, como las que realizan los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP), fue una de las principales consecuencias de las medidas restrictivas. En varios países, estos organismos no pudieron llevar a cabo sus inspecciones, a pesar de que son esenciales y constituyen una de las pocas fuentes internas de información.

En el caso del MNP francés, además de la suspensión de visitas, el organismo tuvo que hacer frente a una situación excepcional, ya que, en medio de la crisis, el puesto de director quedó vacante durante tres meses.

En varios países, el MNP tuvo que adaptar su trabajo para poder seguir cumpliendo su misión. Los miembros locales del MNP brasileño organizaron reuniones virtuales periódicas con las autoridades públicas para seguir a distancia la evolución de la crisis en las prisiones.
Una vez retomadas las inspecciones, los organismos de control pudieron evaluar la evolución y los efectos de la COVID-19 en las prisiones. De acuerdo con el plan de control de la COVID-19 del MNP argentino, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) reemprendió las visitas y se centró en observar la salud mental de los reclusos. En Nueva Zelanda, a finales de abril de 2020, la inspección de Prisiones (The Office of the Inspectorate) comprobó, tras varias visitas, que los reclusos estaban bien informados y que las instalaciones penitenciarias habían aplicado las medidas preventivas adecuadas. La inspectora jefe señaló haber observado “interacciones positivas entre los reclusos y los miembros del personal”, así como “una buena comprensión general de los efectos de la COVID-19 y de la importancia de adoptar las medidas preventivas en materia de salud y seguridad”.

De manera general, las condiciones sanitarias y la atención médica de los reclusos no son muy satisfactorias. Los problemas de higiene, el hacinamiento generalizado y la falta de financiación de los sistemas de salud penitenciarios conforman la realidad de muchos países. Con frecuencia aparecen problemas de abastecimiento de agua, como los que se notificaron recientemente en Sudáfrica, Francia y Brasil.

Hacinamiento y distanciamiento físico¶

El hacinamiento, un problema sistémico en países como Brasil, Argentina, Sudáfrica y Francia, plantea varias dificultades con respecto al cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico. Al principio de la pandemia, el Gobierno de Brasil recomendó que las prisiones utilizaran cortinas e hicieran marcas en el suelo para delimitar una distancia mínima de dos metros, lo que era completamente inútil en celdas ocupadas por docenas de reclusos. A principios de 2020, en Francia, más de 1600 personas recluidas en las cárceles dormían en colchones colocados en el suelo. Las celdas dobles estaban ocupadas hasta por cuatro personas. Durante la pandemia, los reclusos pasaban todo el día en sus celdas, sin posibilidad de dar un paseo, y solo se les permitía salir a la hora de comer. Sin embargo, en el marco de las medidas tomadas por el Gobierno para reducir la población carcelaria, 12 000 reclusos obtuvieron la libertad anticipada entre marzo y junio, lo que permitió que en algunas prisiones pudiera haber celdas individuales.
Algunos países obtuvieron mejores resultados en cuanto a la adopción de las medidas de distanciamiento físico. En Noruega, con una tasa de ocupación media del 88 %, las autoridades penitenciarias pudieron suspender el uso de celdas dobles y de ocupación múltiple tanto en los centros de transición como en los centros de mayor y menor seguridad. En Irlanda, los reclusos comían en pequeños grupos para poder respetar las medidas de distanciamiento, y las comidas se servían en envases de cartón desechables.

Acceso a la atención médica¶

En los países en los que el acceso a la atención médica suele ser deficiente o incluso inexistente, la amenaza del coronavirus constituyó un motivo adicional para la ansiedad de los reclusos. En Argentina, un estudio de 2019 reveló que el 31 % de los reclusos del Sistema Federal y el 55 % de los reclusos de la Provincia de Buenos Aires no recibían atención médica mientras estaban enfermos. La lucha contra la propagación de la COVID-19 fue especialmente difícil en las prisiones en las que las autoridades ya habían fracasado en la prevención de otras enfermedades tratables, como es el caso de la tuberculosis en Sudáfrica, Brasil y Argentina. Algunos Gobiernos decidieron habilitar nuevas áreas para compensar la falta de unidades sanitarias. En mayo, el presidente de Argentina anunció la construcción de 12 unidades hospitalarias en la Provincia de Buenos Aires y cuatro unidades en prisiones federales. Las unidades, que cuentan con secciones especiales para aislar a los pacientes, se instalaron en el interior de las prisiones. En España, el Departamento de Justicia de Cataluña ordenó la construcción de un hospital de campaña dentro de la prisión de Quatre Camins para tratar a pacientes con COVID-19.

Equipos de protección individual¶

A pesar de que los organismos internacionales emitieron rápidamente las recomendaciones y las instrucciones para la provisión de equipos de protección individual (EPI), la aplicación de esta medida preventiva fue muy desigual. En Francia, los reclusos no tenían acceso al gel hidroalcohólico debido a la prohibición de alcohol en las prisiones. A finales de marzo, se proporcionaron mascarillas al personal, pero tardaron algunos meses en distribuirlas a los reclusos. En Sudáfrica, los testimonios de las organizaciones locales informaron de la falta sistemática de equipo de protección y de desinfectante de manos; hasta 50 reclusos tenían que compartir la misma pastilla de jabón. En varios países, el personal no respetaba el uso de mascarilla. En Irlanda, los equipos de protección del personal llegaron a mediados de febrero y se organizaron sesiones de formación sobre las recomendaciones sanitarias. Antes de la crisis, la administración penitenciaria española ya tenía en stock unas 100 000 mascarillas quirúrgicas, a causa de otras epidemias anteriores y el Ministerio de Sanidad le suministró al menos unas 40 000 mascarillas adicionales.

Traslados y movimientos¶

Los traslados y los movimientos resultaron ser un factor determinante en la propagación del virus. En Brasil, se trasladó con frecuencia a los reclusos sin explicar los motivos con transparencia y sin un protocolo establecido. En Chile también se llevaron a cabo algunos traslados, sin aplicar los protocolos sanitarios ni hacer pruebas a los reclusos, lo que favoreció la propagación del virus en diferentes centros. Costa Rica, por su parte, aplicó lo aprendido durante la epidemia de paperas de 2019, por lo que redujo al mínimo los traslados. Un funcionario del Viceministerio de Asuntos Penitenciarios describió el procedimiento: “Establecimos un sistema de subgrupos para organizar el movimiento de los reclusos, lo que nos permitió evitar los contactos entre los grupos cuando teníamos que trasladarlos de un ala a otra. Cada subgrupo realizó una cuarentena de 14 días mientras que nos asegurábamos de que los dormitorios estuvieran completamente desinfectados“

Cribaje, detección de casos y cuarentena¶

En lo que respecta al cribaje y a la detección de casos, muchos países han preferido realizar pruebas al personal antes que a los reclusos. Un antropólogo especializado en el sistema de salud penitenciario en África Occidental explicó: “Realizar las pruebas al personal del Ministerio antes que al de prisiones permitió que el virus circulara de forma asintomática. Los recientes informes serológicos revelaron que la gran mayoría de los reclusos ya habían estado expuestos al virus. Se debe hacer un cribaje masivo a todos los reclusos desde que entran en prisión”
Las medidas de cuarentena y aislamiento médico se establecieron de manera generalizada ─incluso en aquellas prisiones en las que no existía un espacio dedicado para ello antes de la pandemia─, y se aplicaban a los reclusos recién llegados, a los que presentaban síntomas o daban positivo, y a los más vulnerables. En Tailandia se prohibió la salida de internos y el ingreso de personas externas a la prisión: los reclusos recién llegados y los que presentaran síntomas de COVID-19 tenían que pasar una cuarentena de 14 días, y al personal penitenciario se le tomaba la temperatura antes de entrar a las instalaciones. En Irlanda, entre abril y finales de junio, se aisló automáticamente a todas las personas mayores de 70 años y a las que padecían enfermedades crónicas. Muchos tuvieron que permanecer en las celdas, a las que llamaron “cocooning”, por periodos de hasta 30 horas.

Salud mental¶

En varios casos, las medidas adoptadas provocaron una restricción de movimiento excesiva. Los organismos de control expresaron su preocupación sobre los efectos perjudiciales en la salud mental de los reclusos. En Irlanda, el Inspector de Prisiones informó que muchos reclusos confinados expresaban sentimientos depresivos y pensamientos suicidas. En Noruega, el Defensor del Pueblo señaló que las medidas de cuarentena o aislamiento médico se asemejaban a un régimen de confinamiento solitario. “la pandemia aumentó los problemas de salud mental. La ansiedad de los reclusos por su situación y la de sus familias, las extremas medidas de restricción y el tratamiento de las adicciones provocaron disturbios en algunas prisiones. La falta de apoyo psicológico y social resultó ser una de las principales debilidades de esta crisis”¹

A raíz de la crisis sanitaria, las prisiones de todo el mundo han experimentado un extraordinario aumento de disposiciones que podrían calificarse de progreso. Al observar el elevado número de reclusos y la imposibilidad de respetar la distancia física, las autoridades han tenido que adoptar medidas pragmáticas y extraordinarias, como la liberación anticipada, la libertad condicional, la suspensión de las penas, los arrestos domiciliarios, la vigilancia electrónica o los indultos masivos.

Debido a esta emergencia, en Francia los llamamientos de la sociedad civil junto a la acción coordinada de la administración penitenciaria, del Servicio Penitenciario de Inserción y Libertad Vigilada (SPIP) y de las autoridades judiciales han conseguido la puesta en libertad de miles de reclusos cuyas penas estaban a punto de finalizar. De marzo a mayo de 2020, la población carcelaria disminuyó en casi 13 500 personas, gracias a estas liberaciones y al menor número de encarcelaciones. Esta reducción, esperada con impaciencia durante décadas tanto por las organizaciones de sociedad civil como por el personal penitenciario y los propios reclusos, se hizo realidad en pocos meses.

Debido a esta emergencia, en Francia los llamamientos de la sociedad civil junto a la acción coordinada de la administración penitenciaria, del Servicio Penitenciario de Inserción y Libertad Vigilada (SPIP) y de las autoridades judiciales han conseguido la puesta en libertad de miles de reclusos cuyas penas estaban a punto de finalizar. De marzo a mayo de 2020, la población carcelaria disminuyó en casi 13 500 personas, gracias a estas liberaciones y al menor número de encarcelaciones. Esta reducción, esperada con impaciencia durante décadas tanto por las organizaciones de sociedad civil como por el personal penitenciario y los propios reclusos, se hizo realidad en pocos meses.

En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia publicó una serie de directrices que favorecieron la revisión del cumplimiento de las penas durante la crisis de la COVID-19. Los jueces examinaron las peticiones caso por caso y al menos 33 000 reclusos fueron puestos bajo arresto domiciliario o vigilancia electrónica. Esto representaba el 4.8 % de la población carcelaria del país. En España, el número de liberaciones entre los meses de marzo y junio representó el 7.4 % de la población carcelaria. En Sudáfrica, el 8 de mayo de 2020, el Gobierno autorizó la liberación anticipada de 19 000 personas (el 12 % de la población carcelaria). Sin embargo, para finales de junio solo se había liberado a 4000.

“Por un lado, la justicia está funcionando a “cámara lenta”; se han suspendido las audiencias y las medidas alternativas son insuficientes. A causa de la crisis no se está respetando como es debido los derechos de muchos reclusos. Pero, por otro lado, se han hecho varios esfuerzos para reducir el hacinamiento en las prisiones: se estima que se ha liberado a casi 250 000.”

— Vincent Ballon, CICR.¶

En todos los países, se establecieron criterios específicos para conceder la liberación anticipada: los reclusos en situación de riesgo (personas de edad avanzada o con patologías) eran prioritarios en Brasil, mientras que países como Irlanda se centraban sobre todo en el tiempo restante de la pena (reclusos a los quedaban seis meses o menos). Chile dio prioridad a los reclusos en situación de riesgo que ya habían cumplido la mayor parte de su pena y excluyó a los que habían sido condenados por delitos graves.

El destino de los reclusos puestos en libertad ha suscitado la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil, de abogados y familias. En Brasil, debido a la falta de claridad de las políticas públicas, las familias de los reclusos bajo arresto domiciliario ignoran aún si sus seres queridos tienen que volver a prisión o no cuando acabe la crisis. En Argentina, la Procuración Penitenciaria de la Nación preparó una guía con información sobre las instituciones que podían prestarles ayuda. En Irlanda, durante el proceso de liberación se tuvieron en cuenta factores como el estado de salud y las posibilidades de alojamiento, en coordinación con el Departamento de Vivienda, Planificación y Gobierno Local y el Servicio de Salud de Irlanda (HSE).

El trabajo y las actividades en prisión suelen ser algo escasos, pero son esenciales para la vida cotidiana de los reclusos y su proceso de rehabilitación.

A veces el trabajo es la única fuente de ingresos para los reclusos y es crucial para cubrir sus necesidades cotidianas, aunque los salarios sean significativamente más bajos que la media nacional. En muchas partes del mundo, los reclusos dependen de los bienes, medicinas o comida que les envían sus familias. En Tailandia, los que no disponen de apoyo familiar no tienen ninguna posibilidad de mantener sus ingresos. Muchos reclusos que trabajaban fuera de prisión antes de la pandemia tuvieron que interrumpir sus actividades debido a las restricciones de movimiento. Sin embargo, en Francia, Brasil y Nueva Zelanda se han mantenido o incluso creado algunos talleres, especialmente dedicados a la fabricación de equipos de protección (EPI).

Las actividades se suspendieron o se readaptaron completamente. En muchos países, la escolarización, la formación o las actividades culturales las proporcionan actores externos, como las ONG, las escuelas y las universidades. En Francia, se suspendieron todas las actividades, a excepción de los paseos, los deportes al aire libre y las actividades organizadas por los Servicios de Protección Judicial para Jóvenes en los correccionales de menores. Gran parte de los reclusos franceses expresaron que se trataba de un “doble confinamiento”. En Brasil y Tailandia, los agentes externos, como las organizaciones religiosas, enviaron vídeos a los reclusos para compensar la ausencia de actividades presenciales.

La restricción de movimiento dentro de los establecimientos redujo considerablemente el tiempo fuera de las celdas. En Noruega, los reclusos pasaban la mayor parte del tiempo solos en sus celdas; en Brasil, estaban amontonados en celdas colectivas sobrepobladas e insalubres; en Irlanda, para facilitar el deporte y el ejercicio, los gimnasios de las prisiones permanecieron abiertos, pero se redujo su capacidad y se aplicó un protocolo sanitario antes y después de su uso. A los reclusos de edad avanzada y a los reclusos con patologías se les proporcionaban guantes y mascarillas para hacer ejercicio.

La suspensión de las visitas fue una de las primeras medidas de cierre aplicadas. En Francia, los familiares no pudieron ver a sus seres queridos durante al menos tres meses, mientras en algunos estados de Brasil, no los han visto desde marzo de 2020. Esta medida fue una de las causas principales de los motines y movimientos de protesta en las prisiones de todo el mundo.
Para mitigar el impacto de la ausencia de visitas fue necesario adoptar medidas compensatorias. En Brasil y Tailandia, se proporcionaron, por primera vez, ordenadores y tabletas en algunas prisiones, lo que permitió a los reclusos hacer videollamadas con sus familiares. Si bien las videollamadas aliviaron a muchas familias, su uso fue desigual: algunas prisiones y familiares no tenían buena conexión a internet y el acceso era complejo. Además, se informó de otros problemas, como el escaso tiempo asignado o la falta de confidencialidad.

En Francia, se aumentó a 50 euros el crédito telefónico de los reclusos con el fin de facilitar las llamadas. Si bien los teléfonos móviles suelen estar prohibidos en la gran mayoría de los países, las autoridades chilenas autorizaron su uso en todos los centros para garantizar el derecho de los reclusos de comunicarse con el mundo exterior durante la pandemia. Una medida similar se aplicó en la Provincia de Buenos Aires, en Argentina.

En algunos países, las visitas permiten a las familias llevar paquetes con comida y bienes para sus familiares privados de libertad. La calidad de los alimentos en las prisiones brasileñas y argentinas suele ser deficiente y no hay un suministro adecuado de productos de higiene, por lo que los reclusos dependen de sus familiares. Durante la pandemia, el envío de paquetes se hizo más complicado y costoso.

Cuando las visitas se reanudaron, los familiares tuvieron que adaptarse a los nuevos protocolos sanitarios. Las medidas variaban en función de los países y las instalaciones, pero en general consistían en el control de la temperatura corporal, la desinfección de las salas de visita, la separación de las salas con pantallas de plexiglás y el uso obligatorio de la mascarilla. Algunas prisiones utilizaban espacios exteriores o más grandes para las visitas. Sin embargo, en algunas ocasiones, las restricciones de movimiento que se aplicaban en el exterior impedían a los familiares desplazarse hasta los centros penitenciarios.