Marruecos: una pena obsoleta

Abderrahim Jamaï. Pese a que la última decisión de ejecución data de 1993, los jueces siguen pronunciando la pena de muerte, lo cual es una contradicción.

El Código Penal prevé la pena de muerte para ciertos delitos. Sin embargo, su imposición no es obligatoria y los jueces tienen el poder discrecional de pronunciarla o no, de acuerdo a sus convicciones. La decisión de imponer la pena capital la toma el Tribunal de Apelación.

Y una vez que la sentencia es firme y se ha desestimado la gracia real, la ejecución pasa a ser responsabilidad del Ministerio de Justicia.

Julia Bourbon Fernandez. Este es un problema de todos los países en moratoria que mantienen la pena de muerte. Nos hemos dado cuenta de que, mientras existan disposiciones en el Código Penal o en otros textos legislativos, los jueces siguen pronunciando esta pena. En Marruecos, hay 48 disposiciones legales que prevén la pena de muerte para una multitud de delitos, como terrorismo, robo a mano armada, secuestro, traición, tortura, etc.

Carole Berrih. Para comprender esta práctica, es necesario considerar toda la historia de la pena de muerte en Marruecos, donde su imposición es antigua y ampliamente institucionalizada. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el contexto ha cambiado y que ya no estamos en medio de la tensión de los años de plomo, en los que se condenaba a muerte y ejecutaba a la mayoría de los opositores políticos. Si nos fijamos en el tipo de delito por el que se pronuncia la pena de muerte hoy en día, nos damos cuenta de que algunas condenas se han impuesto en casos mediatizados que han generado un fuerte impacto en la opinión pública. Así pues, vemos que existe la voluntad de instrumentalizar la pena de muerte para ganarse el apoyo de la opinión pública.

JBF. La paradoja de Marruecos es querer integrar en su derecho interno las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sin trasgredir su arsenal legislativo y su principio de proporcionalidad entre los delitos y las penas. Así pues, existe una verdadera tensión en torno a la reforma del Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, ya que no hay una real intención de eliminar la pena capital de la legislación, y, a la vez, se estima necesario reducir el número de delitos que se castigan con esta pena. Pero, si incluyéramos en el Código Penal el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, en conformidad con el Estatuto, tendríamos que dictar la pena de muerte para respetar el principio de proporcionalidad del derecho marroquí. La aplicación de esta pena quedaría entonces a discreción del juez, lo que es bastante delicado y cuestionable.

AJ. Estamos pidiendo al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General que se modifique la estructura de la política penal, que resulta problemática. Pero, el proceso de reforma del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, que se emprendió hace 11 años, no se ha concluido. Aun así, si tenemos en cuenta que la Constitución consagra el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, bastaría con firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, para solucionar el problema.

JBF. Hemos llegado a un punto en la historia de Marruecos en el que ya no tiene sentido mantener la pena de muerte en el sistema jurídico. El objetivo principal de este informe es poner de manifiesto la incoherencia de esta pena, que, incluso, se pronuncia muy poco. Desde 2017, por ejemplo, se imponen menos de diez penas capitales al año. Además, las gracias reales son frecuentes, sobre todo durante las fiestas religiosas, lo que limita a 80 el número total de personas condenadas a muerte.

AJ. Esta medida se ha inspirado de las visitas a las prisiones de máxima seguridad estadounidenses. Desde hace unos diez años, se ha venido replanteando la arquitectura de los centros penitenciarios marroquíes. Las instalaciones cuentan ahora con puertas blindadas, vigilancia tecnológica, sistemas para el tratamiento de los datos, medidas de separación, etc. Hoy en día, existen varios establecimientos de máxima seguridad en el país. Esta es la manera que tiene la administración penitenciaria de mantener el control de las prisiones. Una de las medidas que han adoptado las autoridades penitenciarias es la clasificación de las personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad. Aquellos condenados por terrorismo, por ejemplo, se mantienen en aislamiento y no gozan de los mismos derechos que los demás. Tal clasificación tiene graves repercusiones para los reclusos, sobre todo, en términos de contacto con los familiares y con el mundo exterior.

CB. Es el delito el que determina la clasificación, no la pena. No es porque una persona esté condenada a la pena capital que se le clasificará como peligrosa.

Lo que es inquietante para estas personas es que su pena no tiene una duración definida y la falta de contacto con el mundo exterior refuerza el sentimiento de desesperanza. Esto es probablemente lo que ha motivado el suicidio de varias personas condenadas por delitos graves.

La falta de visibilidad sobre los criterios de la separación es preocupante tanto para la sociedad civil como para los reclusos y sus familiares. Varias notas internas explican el sistema de clasificación, pero la sociedad civil no ha tenido acceso a ellas. Por lo tanto, no se sabe si una persona privada de libertad puede, por ejemplo, pasar de una categoría a otra en función de su comportamiento.

JBF. En Marruecos no existe el corredor de la muerte como tal. A priori, las personas condenadas a la pena capital conviven con los demás reclusos y no se aíslan en un módulo específico. Sin embargo, con la clasificación por nivel de peligrosidad, hemos terminado creando una especie de corredor de la muerte. Las personas condenadas a la pena capital en un país en moratoria, viven en una espera interminable, agravada por el aislamiento, lo que ciertos mecanismos de las Naciones Unidas consideran una forma de tortura. Es una situación muy difícil para los reclusos y sus seres queridos.

CB. También es necesario cuestionar la responsabilidad de los actores internacionales, y no solo de las autoridades marroquíes, en cuanto a la aplicación de estos mecanismos de seguridad que aumentan el sufrimiento, el aislamiento y los suicidios de las personas privadas de libertad. Hay muchas imprecisiones en torno a estos modelos penitenciarios que se implementan sin gran reflexión.

JBF. En efecto, es necesario observar y hacer un seguimiento del impacto que pueden tener estos acuerdos de cooperación judicial y penal entre diferentes países.

AJ. El principal motivo de sufrimiento de las personas condenadas a muerte es la falta de contacto entre ellas, con el mundo exterior y con sus seres queridos. La mayoría proviene de clases medias o bajas, y los familiares, ya sea por la lejanía o la escasez de recursos, las visitan muy poco. Hay también un gran sufrimiento en el plano psicológico.

La posibilidad de llevar una vida normal en prisión es casi nula para todos los reclusos, pero, para las personas condenadas a muerte, la cosa es peor. Muchas de ellas no tienen acceso a los cuidados médicos que podrían evitar el deterioro de su salud. De manera general, la atención sanitaria es insuficiente. Las citas con los profesionales de la salud no son fáciles de conseguir y los tratamientos que se dispensan no son eficaces.

Si bien se llevaron a cabo algunos esfuerzos para implantar centros médicos en ciertas prisiones, el problema sigue siendo la falta de personal y la incapacidad de los hospitales para responder a las necesidades de las personas privadas de libertad.

CB. La atención en materia de salud mental durante la última misión de investigación realizada hace diez años ya era preocupante. Y esta vez hemos constatado que las cosas han cambiado muy poco. En lo que respecta la salud física, la situación parece haber mejorado, pues los equipos médicos son ahora más completos. Sin embargo, otras dificultades perduran, como el acceso a especialistas; un acceso que es aún más necesario para los que se encuentran en prisión por un periodo indefinido. Durante nuestra misión de investigación, una persona nos explicó, por ejemplo, que no era posible conseguir unas gafas. Imagine tener que pasar toda su vida en prisión sin ver lo que le rodea, sin distinguir a las personas o sin poder leer. Es una situación dramática.

JBF. En Marruecos, existe una idea particular sobre el acceso a un psicólogo y, de modo más general, sobre el acompañamiento psicológico. La relación con la salud mental es compleja en razón de la persistencia de ciertos tabús, lo que afecta aún más el seguimiento de las personas condenadas a muerte. Tampoco hay que olvidar que durante el periodo de la COVID-19, el acceso a la atención sanitaria, física y mental se restringió, incluso más que antes. Sin embargo, a pesar de los numerosos problemas de derechos humanos en Marruecos, existe un grado de transparencia que no se encuentra necesariamente en otros países. Las autoridades y la Delegación General de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción (DGAPR) se esfuerzan por publicar informes, que incluyen un cierto número de estadísticas sobre las prisiones. Además, la sociedad civil también lleva a cabo una importantísima labor de documentación. Estos son elementos que permiten hacer progresar el debate sobre la política penitenciaria.