Condiciones sanitarias y atención médica¶

3 de abril. De acuerdo con algunos familiares, uno de los reclusos que dio positivo por COVID-19 permaneció encerrado en su celda durante 24 horas diarias con otros cuatro reclusos. A otro recluso se le ha negado el acceso a comida adecuada, jabón y equipos de protección individual.

25 de marzo. Las autoridades declararon que todos los reclusos que se inscribieron para recibir la vacuna han sido vacunados.

8 de marzo. La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó una visita inesperada a la prisión de Jaw, tras la que confirmó que la campaña de vacunación continúa. La presidenta de la INDH declaró: “La vacunación contra la COVID-19 se está implementando en todos los centros penitenciarios, incluyendo la prisión para mujeres en Isa Town[…]”. A su vez, señaló que la mayoría de las personas vacunadas han sido residentes nacionales, pero cada vez se suman a las inscripciones los expatriados. Además, los reclusos pueden recibir la vacuna de su elección.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

9 de septiembre. Las autoridades decidieron aplicar el sistema de penas alternativas “a todos los adultos condenados a prisión”. Estas penas alternativas incluyen “servicio comunitario, arresto domiciliario, órdenes de exclusión, órdenes de restricción, marcado electrónico, programas de rehabilitación o indemnización”.

10 de abril. Las autoridades liberaron a 166 reclusos debido a la propagación de la COVID-19. Según los activistas, el Gobierno había prometido liberar a 199.

Movimientos de protesta¶

17 de abril. Los reclusos de la prisión de Jau se tomaron los pasillos y organizaron una sentada para protestar contra las malas condiciones de reclusión. Según testimonios, la policía atacó a al menos 35 reclusos dentro de las instalaciones de la prisión.

2 de abril. Decenas de familiares de los reclusos se manifestaron a las afueras de la capital para exigir la liberación de sus familiares.

Llamamientos y recomendaciones¶

14 de junio. Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades que inicien una investigación sobre las condiciones que provocaron la muerte de un recluso el 9 de junio. El fallecimiento podría estar relacionado con la COVID-19. La organización insiste en que es fundamental tomar medidas preventivas y proporcionar vacunas a los reclusos para protegerlos. Los familiares han comunicado a Amnistía que la administración aún no proporciona mascarillas o gel, a pesar de la primera ola ocurrida en marzo y abril de 2021. Las prisiones están en situación de hacinamiento, lo que imposibilita el distanciamiento físico. La esposa del fallecido ha afirmado que este compartió una celda de 10 camas con otras 15 personas.

9 de abril. Amnistía Internacional, declaró, en respuesta a las medidas insuficientes, que “el Gobierno de Baréin y las autoridades penitenciarias claramente deben de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad y protegerlas del riesgo de infección”. La organización afirmó “que las autoridades deben asegurarse de que todos los reclusos reciban mascarillas y artículos de higiene adecuados, que puedan guardar una sana distancia y que sean sometidos periódicamente a la prueba de COVID-19”.

Casos identificados¶

9 de junio. Salam for Democracy and Human Rights ha comunicado que un recluso falleció tras contraer el virus el 27 de mayo. El recluso acudió a la enfermería con una “falta severa de oxígeno”, pero fue enviado de vuelta a su celda. Posteriormente, se ordenó su traslado al hospital, y al cabo de cinco días falleció en el área de cuidados intensivos. El paciente estaba vacunado.

26 de abril. Diversas fuentes reportaron que las tasas de infección han aumentado considerablemente. Se estima que 100 reclusos han dado positivo por coronavirus.

31 de marzo. En un diálogo con Amnistía Internacional, que tuvo lugar durante la semana, los familiares de seis reclusos revelaron a la asociación los nombres de más de 70 personas privadas de libertad que han contraído el virus.

25 de marzo. Se registraron tres nuevos casos positivos entre los reclusos. Las autoridades afirmaron que las instalaciones se habían desinfectado y que las personas enfermas habían permanecido aisladas. No obstante, personas de la oposición declararon que al menos seis reclusos dieron positivo en la prisión de Jaw. La ONG Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) reportó tener datos de decenas de nuevos contagios.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

14 de enero. Los reclusos que así lo deseen pueden acceder a la vacuna contra la COVID-19 de forma gratuita en las unidades de vacunación instaladas en los establecimientos penitenciarios. Esta iniciativa la tomó el Ministerio del Interior, que anunció la vacunación de 179 reclusos durante el primer día de campaña.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

30 de junio. El Ministerio de Justicia anunció que, en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus, que comenzó en marzo, se ha inoculado a todos los reclusos y al personal penitenciario del país. El portavoz del ministerio declaró que se habían reanudado las visitas, suspendidas debido a la epidemia, y afirmó que no se había registrado ningún caso nuevo gracias a la estricta aplicación del protocolo sanitario.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

14 de julio. Dos personas dieron positivo en la prisión de Evin. Sus seres queridos declararon que no se les estaba brindando la atención médica necesaria. Una persona cuya madre se encuentra en prisión mencionó que “alrededor de 25 mujeres están detenidas en un espacio muy pequeño, por lo que mantener una distancia en la cocina, las duchas y los aseos es casi imposible”. El marido de una reclusa señaló que “no se solían realizar pruebas en prisión; solamente cuando un recluso presentaba síntomas graves”.

21 de abril. El temor a un nuevo brote se ha exacerbado en la prisión de Karaj debido a la falta de tratamiento y de instalaciones apropiadas, así como a la sobrepoblación. El centro médico de la prisión no cuenta con oxígeno, medicamentos ni material.

14 de abril. La salud de las personas privadas de libertad preocupa cada vez más. Los reclusos y sus familiares destacan la falta de atención médica, la falta de instalaciones adecuadas, las malas condiciones sanitarias y la sobrepoblación.

Comunicados oficiales anunciaron medidas de liberación anticipada. La mayoría de los prisioneros políticos, binacionales y prisioneros de opinión serán excluidos. El Centro por los Derechos Humanos en Irán (CHRI) declaró que “las autoridades deben tomar medidas urgentes para reducir, en la medida de lo posible, la población carcelaria”.

Movimientos de protesta¶

15 de septiembre. Las manifestaciones de los reclusos, preocupados por su salud, fueron objeto de fuertes represiones. Amnistía Internacional publicó un comunicado de prensa en el que declaró que “15 muertes se produjeron tras el uso letal de armas de fuego y/o gas lacrimógeno a manos de guardias penitenciarios para reprimir protestas en las prisiones debidas al temor por la seguridad ante la COVID-19”.

Llamamientos y recomendaciones¶

3 de agosto. Human Rights Watch ha exhortado a las autoridades a “liberar a todas las personas que permanecen privadas de libertad debido a su disidencia pacífica, y a otorgar la libertad temporal a aquellas personas que reúnen las condiciones necesarias, con el fin de minimizar la propagación de la COVID-19”.

12 de abril. Los reclusos de la prisión de Evin lanzaron una señal de alarma. Ellos declararon : “Antes de que ocurra una nueva tragedia en las prisiones, las autoridades judiciales deben actuar para sobrellevar las peligrosas condiciones en las prisiones iraníes ”.

Casos identificados¶

1 de agosto. Dos reclusas contrajeron el coronavirus en la prisión de Evin. Una de las mujeres fue trasladada al hospital y la otra tuvo que guardar cuarentena dentro de la prisión, sin recibir ningún seguimiento médico.

22 de julio. Una reclusa mayor de sesenta años contrajo el coronavirus en la prisión de Evin. La paciente presentó fiebre, escalofríos y dolores en las extremidades. Su hija declaró que su estado de salud era grave, y afirmó que las autoridades no habían aplicado las medidas sanitarias requeridas.

5 de mayo. Un recluso falleció en la prisión de Behbahan. Sus compañeros de celda tuvieron que ocuparse de él hasta el momento de su muerte, ya que no se le brindó atención sanitaria. Más de 20 reclusos estaban enfermos y, según una fuente interna de la prisión, “el número de personas contagiadas no era más alto debido a la falta de test”.

8 de abril. Al menos 35 personas privadas de libertad se han trasladado al hospital desde la prisión de Karaj. Este centro no cuenta con recursos suficientes para proporcionar la atención médica necesaria, y las personas que acuden a la enfermería vuelven a sus celdas sin recibir tratamiento y sin permanecer en cuarentena. A pesar de que los reclusos han pedido que se hagan pruebas y se aísle a los enfermos, no se ha tomado ninguna medida y solo se controla a los pacientes cuando tienen temperaturas muy altas.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

25 de junio. Se ha organizado una campaña de vacunación con la colaboración de la Alianza de Hospitales Universitarios, el Ministerio del Interior y los Comités Parlamentarios de Justicia y Sanidad. Esta campaña concierne a diferentes sectores de la población, incluidos todos los reclusos y el personal penitenciario. El rector de la Universidad Americana de Beirut ha confirmado que se han asegurado dosis suficientes, gracias al apoyo de la Cruz Roja Libanesa, para todas las prisiones ubicadas en los distintos territorios libaneses.

5 de julio. Los reclusos de la prisión de Roumieh han denunciado, a través de un comunicado, el abandono del Estado y la situación de negligencia sanitaria a la que se enfrentan. “Roumieh está condenada a muerte, la variante “Delta” está arrasando los edificios […] ya se han agotado hasta las medicinas más básicas y lo que está empeorando la situación es la incapacidad del Estado para trasladar a los reclusos enfermos y heridos a los hospitales”. Las autoridades (policía nacional) han negado las declaraciones sobre la variante Delta.

26 de abril. La campaña de vacunación comenzó en la prisión de Roumieh. El ministro de Interior indicó que se estaba llevando a cabo “conforme al plan”.

17 de abril. La fundación al-Walid ben Talal financió la campaña de vacunación, en la que se incluirá a todas las personas privadas de libertad, al personal médico de las prisiones y a los guardias. Según las autoridades, los reclusos tendrán prioridad sobre los guardias.

Casos identificados¶

9 de agosto. El personal penitenciario ha afirmado que la situación sanitaria está bajo control. La prisión de Roumieh registró seis casos positivos.

12 de mayo. Un comunicado publicado por la administración penitenciaria, como parte del “seguimiento de los casos positivos hasta la fecha”, reveló un total de 1074 de altas de 1082 casos positivos en la prisión central de Roumieh, en el juzgado, en la prisión de menores y la prisión de mujeres de Baabda. Se han registrado 32 casos positivos en la prisión de Jib Jenin, 26 en Zahlé y cuatro en las instalaciones de la policía judicial.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

10 de agosto. Las condiciones de reclusión han empeorado. Los dentistas de las prisiones ya no practican ciertas operaciones que consideran “complejas”, por lo que las personas privadas de libertad están perdiendo sus dientes. Los internos han denunciado los problemas de higiene en los consultorios dentales y han afirmado que “las sillas y el escupidero están manchados de sangre, y que no se les suministran toallas de papel.

5 de julio. Un estudio realizado por la asociación Media and Law Studies Associations (MLSA) entre febrero y marzo de 2021 ha puesto de manifiesto las condiciones de vida de las personas privadas de libertad durante la pandemia en cinco prisiones del país. Veinticinco reclusos respondieron a 62 preguntas en entrevistas privadas. Más de la mitad de los entrevistados afirmaron no tener un acceso suficiente a productos de higiene. Al menos dos reclusos, que habían presentado síntomas, no fueron tratados. El 44 % declaró que no se les había informado sobre la pandemia y el 56 % afirmó que se les había privado de los materiales de limpieza e higiene necesarios. Doce personas solicitaron realizarse la prueba y solo se aceptaron siete solicitudes.
Algunos periodos de cuarentena se alargaron y duraron hasta 48 días después de una detención o de una hospitalización.

1 de junio. Bold Medya reportó que dos pabellones de mujeres fueron colocados en cuarentena en la prisión de Denizli. Algunos hombres también habrían entrado en cuarentena en el mismo centro penitenciario. Las familias de los reclusos denunciaron el hacinamiento en las instalaciones y la falta de información sobre el estado de salud de sus parientes.

18 de mayo. Se ha presentado una denuncia contra la prisión de Bakirkoy después de que todos los reclusos del pabellón B4 contrajeran el virus. Una abogada que visitó la prisión afirmó que no se había tomado ninguna medida frente a los evidentes síntomas de los reclusos.

3 de mayo. Bold Medya informó sobre 300 casos positivos en la prisión de Kocaeli. Las personas “en estado crítico” habrían sido trasladadas al hospital. Ni las autoridades penitenciarias ni las hospitalarias proporcionaron información a las familias.

28 de abril. Bold Medya informó sobre 30 casos nuevos en la prisión de Sakarya Ferizli. Dos de los pacientes presentaban enfermedades crónicas. Uno de ellos, de 51 años, padecía una enfermedad cardiaca y habría sido trasladado al hospital sin conocimiento de su familia. Las autoridades aseguraron que no podrían proporcionar información antes del final de la cuarentena. El abogado del recluso exigió su liberación inmediata.

19 de abril. El Ministerio de Justicia reconoció la sobrepoblación de las prisiones en ciertas provincias “en las que se registró un impredecible número de detenciones”. La declaración del ministerio tuvo lugar tras las denuncias de los reclusos y un consecuente cuestionamiento al Gobierno. Los reclusos de la prisión de Bandirma afirmaron que, una celda prevista para ocho personas, alberga a 25.

16 de marzo. La interrupción de los tratamientos médicos durante la pandemia ha deteriorado la salud de los reclusos que padecen otras enfermedades. 18 de febrero. El Ministerio de Justicia ha anunciado el inicio de la campaña de vacunación para todos los reclusos del país. Tendrán prioridad los reclusos mayores de 65 años y los que padecen enfermedades crónicas.

14 de enero. Un miembro de la oposición política denunció que las reclusas y sus hijos pasaban periodos prolongados en celdas de cuarentena insalubres y sobrepobladas. La legislación nacional prevé, en teoría, la suspensión de la pena de prisión para las mujeres embarazadas o que dieron a luz hace menos de año y medio.

Vínculos con el exterior¶

2 de noviembre . Los reclusos protestaron por las restricciones de las visitas, que se han mantenido, a pesar de haberse eliminado las restricciones para las grandes reuniones como bodas y conciertos. Si bien los reclusos han recibido su vacuna, el contacto con los familiares sigue prohibido.

30 de agosto. Las visitas con contacto continúan prohibidas a pesar de que la población carcelaria ya se ha vacunado. Legalmente, este tipo de visitas deberían garantizarse al menos una vez al mes y en días festivos nacionales o religiosos.

22 de julio. Las visitas se prohibieron durante el Aíd, por cuarta vez consecutiva. La mujer de un recluso señaló que las visitas sin contacto se han reducido y que no se ha acordado ningún privilegio suplementario para las llamadas telefónicas. Indicó que el ministro de Justicia no ha llevado a cabo la promesa que había hecho hace 13 meses de facilitar las llamadas por videoconferencia.

27 de mayo. Los familiares de los internos declararon que la crisis sanitaria se está usando como pretexto para impedirles ver a sus seres queridos. Además, insistieron en que las medidas son insuficientes para proporcionar una protección efectiva a los reclusos.

Movimientos de protesta¶

16 de marzo. La pandemia ha obstaculizado el control de las prisiones, lo que ha acrecentado el sufrimiento y la presión psicológica de ciertos reclusos que comenzaron una huelga de hambre. La organización Civil Society in the Penal System Association (CISST) recibió “informes de abusos y malas prácticas “. Se han suspendido las visitas de los abogados y de los familiares, y los reclusos raramente tienen acceso a las instalaciones deportivas o a la biblioteca.

Llamamientos y recomendaciones¶

16 de junio. El grupo «Partido Popular Democrático» ha presentado una propuesta de debate al Parlamento para que se encuentre una solución ante “la violación del derecho a la salud y a la vida que sufren los reclusos enfermos”. El partido señaló que “este es un asunto importante para no dejar a los reclusos enfermos en peligro”.

19 de mayo. Diez organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Ministerio de Justicia actualizar las cifras relativas a la COVID-19 en los centros penitenciarios. Algunas asociaciones declararon que la última actualización se hizo el 21 de febrero, cuando la tasa de infección diaria rondaba los 8000 casos. El informe afirma que “desde entonces, la tasa diaria ha alcanzado los 60 000 casos, pero no se ha publicado información sobre las medidas tomadas, el número de pruebas PCR, el número de casos positivos o el número de fallecidos”.

15 de abril La asociación Civil Society in the Penal System (CISST) ha declarado que se debería administrar la vacuna a todas las personas reclusas y no solo a las personas de 65 años en adelante.

Casos identificados¶

22 de mayo. Un recluso de la prisión de Çanakkale falleció de COVID-19 el 5 de mayo, una semana después de haber sido admitido en cuidados intensivos. El informe del Stockholm Center for Freedom menciona que hubo negligencia, ya que el hombre había recurrido a un juez para pedir su libertad, debido a sus múltiples problemas de salud, sin que ninguna de sus peticiones se tuviera en cuenta.

16 de mayo. Un recluso de la prisión de Kocaeli ha fallecido. Diversas fuentes informaron que todos los reclusos en el mismo pabellón han contraído el virus.

27 de mayo. El director de la administración penitenciaria anunció el fallecimiento de 50 reclusos desde el inicio de la pandemia, y afirmó que los efectos de la crisis sanitaria se han mitigado gracias a las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia.

16 de marzo. La administración penitenciaria informó que 55 de las 372 prisiones del país han registrado casos positivos de COVID-19, y afirmó que, entre marzo de 2020 y febrero de 2021, 240 personas privadas de libertad dieron positivo a las pruebas. Se reportaron diecinueve decesos. Las organizaciones de la sociedad civil han puesto en tela de juicio las cifras oficiales. Según las quejas recibidas por la CISST, los reclusos que presentaban síntomas no eran sometidos a ninguna prueba. Esto resalta las incoherencias entre las cifras reportadas por las autoridades y los familiares o abogados de los reclusos.

18 de febrero. El Ministerio de Justicia ha informado sobre la presencia de 240 casos positivos en 55 prisiones del país.

20 de enero. El abogado Metín Yücel falleció en prisión debido a complicaciones de la Covid-19. Esta información fue compartida por un diputado y miembro de la oposición política.