Nigeria: el arduo camino hacia la abolición de la pena de muerte

Angela Uwandu Uzoma-Iwuchukwu. Lo primero que hay que saber es que la pena de muerte en Nigeria puede aplicarse en dos sistemas jurídicos diferentes según la Constitución: el Common Law y la sharía. El Common Law se ocupa de las leyes generales y prescribe la pena de muerte para delitos como el asesinato, el robo a mano armada, la traición o el terrorismo. La sharía es una ley religiosa que rige en algunos estados del norte y prevé la pena de muerte para delitos como el adulterio, la violación o la blasfemia. Los Gobiernos estatales también pueden promulgar delitos que se castigan con la muerte en su estado. Por ejemplo, el secuestro se castiga con la muerte en muchos estados.

En Nigeria, la pena de muerte es obligatoria para algunos delitos, lo que hace que los jueces no tengan discrecionalidad para dictar sentencias más leves que la pena de muerte, independientemente de las circunstancias del caso.

El Gobierno suele recurrir al argumento de la sobrepoblación para justificar el uso de la pena de muerte. Sin embargo, las personas condenadas a muerte solo representan el 2 % de la población carcelaria.

Se estima que alrededor del 72 % de las personas privadas de libertad lleva hasta 11 años en espera de juicio. Estos datos son aproximados, ya que el Gobierno es reacio a proporcionarnos cifras oficiales. Está claro que la pena de muerte no resuelve el problema del hacinamiento, un acceso más rápido a la justicia sí que podría hacerlo.

En 1999, Nigeria pasó del régimen militar al civil. Antes de ese año, los tribunales militares dictaban la mayoría de las sentencias de muerte sin derecho a apelación. La última ejecución tuvo lugar en 2016.

En 2019 se aprobó la Nigerian Correctional Service Act, que prevé la conmutación de la pena de las personas condenadas a muerte que pasen más de diez años en prisión. Por desgracia, esta medida no se aplica de manera automática, ya que hay que existen algunas condiciones, como la buena conducta o la edad.

AUUI. En general, las condiciones de reclusión en el Sur son mejores que las de otras regiones. Esto puede deberse a que las autoridades de los servicios penitenciarios del Sur permiten un mejor acceso a las ONG y a los organismos religiosos, que realizan intervenciones en las instalaciones y prestan diversos servicios a las personas privadas de libertad. La administración penitenciaria considera que las personas condenadas a la pena capital son más propensas a la violencia, por lo que los guardias tienden a tratarlas con mayor severidad; un trato más duro que afecta sus condiciones de vida.

Los reclusos preventivos, que representan la mayor parte de la población carcelaria, tienen un acceso más limitado a los servicios que los reclusos penados.

El hacinamiento es un grave problema que afecta a todas las personas privadas de libertad, ya que no solo genera condiciones de higiene deplorables, sino que también reduce el acceso a la atención sanitaria.

Las condiciones de vida de las personas acusadas de terrorismo son bastante específicas e inhumanas, especialmente durante el periodo previo a su condena ─en la fase de instrucción y de juicio─, en el que se les mantiene separadas de los demás reclusos; una vez que se pronuncia la pena, se les envía al mismo corredor de la muerte.

Los hombres y las mujeres suelen estar detenidos en el mismo centro, pero en módulos diferentes, lo que va en contra de las normas internacionales de derechos humanos.

Únicamente el estado de Lagos tiene instalaciones separadas para hombres y mujeres. En las instalaciones exclusivamente femeninas, las reclusas tienen una mejor calidad de vida que en las prisiones para hombres, ya que son menos. La situación es la misma para las mujeres condenadas a muerte, que están recluidas en las mismas prisiones de máxima seguridad pero en módulos diferentes. Las mujeres condenadas a muerte no gozan de ningún privilegio especial, salvo el posible acceso a mejores comidas en comparación con las reclusas en espera de juicio, y cierto acceso a la educación en las pocas prisiones que ofrecen esta opción.

AUUI. En primer lugar, es necesario facilitar el acceso a los datos para obtener información más precisa sobre las prisiones. En segundo lugar, hay que realizar una labor de concienciación continua para cambiar la idea de que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio. También hay que dar a conocer que las personas condenadas a muerte tienen en realidad muchas probabilidades de ser inocentes. Es muy importante el acceso de calidad a la justicia mediante la provisión de una representación legal adecuada tanto en la fase de juicio como en la de apelación.

Uno de nuestros mayores retos sigue siendo la modificación de la Constitución que admite la pena capital. Debemos asegurarnos de que el Gobierno nacional imponga una moratoria oficial a las ejecuciones.

Creo que un día Nigeria abolirá la pena capital, pero será un proceso gradual. Desde luego, no será mañana por varias razones, entre ellas, la situación actual con el terrorismo. Requiere una planificación estratégica por parte de los abolicionistas y mucha concienciación, especialmente hacia los jóvenes.

Por último, no puedo dejar de insistir en la importancia de que todas las organizaciones y personas que están en contra de la pena de muerte sigan trabajando juntas. Una de las mejores maneras de hacerlo es tomar ejemplos positivos de otros países de África que han erradicado la pena capital. Esto limita la creencia común de que la pena de muerte es un elemento disuasorio y demuestra que la abolición es posible.