El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se encarga de la administración, control y seguridad de los centros penitenciarios. Los servicios de bienestar social, como la educación y la salud, que se ofrecen en las prisiones son responsabilidad de las mismas autoridades (agencias municipales o nacionales) que prestan estos servicios a la población general.
El Ministerio de Salud y Servicios Sanitarios se encarga de la atención médica en las prisiones. Cada instalación tiene al menos un consultorio médico, equipado con el material básico, y cuenta con personal sanitario conformado principalmente por enfermeras y médicos generalistas; algunas instalaciones cuentan con psicólogos, psiquiatras y especialistas en adicciones. La hospitalización de los reclusos se autoriza por orden médica, y los directores de las prisiones son los responsables de aplicar de las medidas de seguridad adecuadas.
Las enfermedades más comunes entre las personas privadas de libertad están relacionadas con los desórdenes mentales y las adicciones. El Departamento de Salud se encarga de la prevención de epidemias y enfermedades contagiosas mediante, por ejemplo, la inmediata puesta en cuarentena de una persona infectada.

En marzo de 2020, las autoridades penitenciarias decidieron suprimir el uso de celdas dobles y múltiples para prevenir la propagación del virus. Esta medida se aplicó tanto en las prisiones de alta y baja seguridad como en los centros de transición (halfway houses).
Las personas privadas de libertad que pertenecían a los grupos de riesgo, las que daban positivo, y las que habían tenido contacto con personas infectadas tenían que permanecer en cuarentena. En octubre, cuando un recluso de la prisión de Kongsvinger dio positivo, se puso en aislamiento sanitario a 44 reclusos y a cinco miembros del personal que habían tenido contacto con él.

Una inspección del Defensor del Pueblo realizada en diez prisiones, entre marzo y mayo de 2020, reveló que un gran número de reclusos era objeto de una forma grave de aislamiento: 23 horas al día encerrados solos, con una hora de ejercicio al aire libre, durante 14 días.

Esta medida se aplicaba a todos los reclusos recién llegados, independientemente de su estado de salud. El Defensor del Pueblo lamentó la falta de una base legal, como la necesidad y proporcionalidad, al implementar el aislamiento como medida general para controlar la infección, y alertó que el uso generalizado y excesivo del aislamiento solitario a largo plazo representaba un riesgo para la salud mental de los reclusos. Del mismo modo, reprobó que no se consideraran medidas menos restrictivas, y recomendó que se hicieran exámenes médicos y pruebas masivas a los reclusos para evitar la aplicación de medidas tan drásticas como el aislamiento solitario. A partir de mayo, la administración penitenciaria redujo el uso del confinamiento, y ya no se imponía de manera sistemática, sino que se basaba en criterios médicos.¹

La administración declaró que, para el 8 de abril de 2020, los centros penitenciarios estarían en condiciones de alojar en celdas individuales a todos los reclusos. El 29 de ese mismo mes, se concedieron 326 liberaciones anticipadas y se “suspendieron” 121 condenas. Por otra parte, se liberó a varios reclusos sin brindarles ningún servicio de asistencia o alojamiento, lo que el Defensor del Pueblo consideró como una práctica peligrosa para la seguridad de la persona liberada.
Entre marzo y mayo, se aplicó una nueva regla que permitía extender el uso de la vigilancia electrónica para las personas condenadas a más de seis meses (antes cuatro). Las autoridades también decidieron limitar las nuevas admisiones en prisión y declararon que los ingresos debían “reducirse al mínimo” y hacerse solo cuando “fuera estrictamente necesario desde el punto de vista de la seguridad”. Por ejemplo, se suspendió la entrada de personas condenadas a las prisiones de baja seguridad y los centros de transición.

Al inicio de la pandemia, se impusieron medidas drásticas y se cancelaron la mayoría de los programas educativos, las actividades físicas y el régimen de semilibertad. A medida que el personal aprendía a controlar la propagación del virus, las restricciones se fueron aligerando.
En algunas prisiones, se ajustaron ciertos trabajos y servicios (cerámica, trabajos textiles, carpintería, mantenimiento de los viveros) para evitar interrumpirlos. Los reclusos encargados de de la limpieza, el mantenimiento del exterior y algunas tareas de cocina pudieron continuar trabajando. En un centro penitenciario se empezaron a confeccionar EPI.
Varias prisiones encontraron soluciones alternativas para compensar el cierre de las salas de ejercicios; algunas movieron sus equipos al exterior, mientras que otras retransmitieron vídeos de entrenamiento casero en las celdas. Algunas salas de ejercicio se podían utilizar con un número limitado de personas. Para aliviar la falta de otras actividades, se ampliaron los servicios de televisión y se prestaban más DVD y libros de las bibliotecas.
En algunos centros, los reclusos se organizaron en grupos pequeños de personas de una misma unidad (“cohortes”), lo que les permitía estar juntos durante las comidas, el ejercicio físico y las actividades al aire libre.¹

Las visitas se suspendieron del 13 de marzo al 20 de mayo de 2020. Se permitió a los reclusos realizar llamadas gratuitas, se autorizaron 40 minutos de llamada en lugar de los 20 habituales y se ofrecieron 20 minutos de llamadas internacionales para compensar estas restricciones. Una encuesta del Defensor del Pueblo, realizada entre el 12 de marzo y el 14 de mayo de 2020 en diez prisiones, reveló que solo el 58 % de los reclusos en aislamiento tenía acceso a las videollamadas. Dado que se requería un permiso de visitas previo, a varios reclusos con familia en el extranjero, a los que no se les podía autorizar la visita, se les negó la posibilidad de realizar videollamadas. Aquellos que tuvieron acceso a las medidas compensatorias informaron que estas eran “mejor que nada, positivas, pero no lo mismo que una visita normal”. Solo el 18 % de los reclusos encuestados contestaron que se les había autorizado un tiempo adicional para las llamadas, el 12 % declaró que la duración de sus llamadas se había limitado, y el 10 % no sabía si se les había permitido realizar más llamadas telefónicas. Los abogados, la policía y el personal de la embajada podían seguir entrevistándose con los reclusos a través de una pantalla de plexiglás. Sin embargo, se recomendó que optaran por la comunicación mediante videollamada. La administración facilitó 800 tabletas para este fin.

En marzo, las autoridades penitenciarias suspendieron todas las salidas y el régimen de semilibertad, salvo en “casos excepcionales”.

A partir de mayo, se autorizaron de nuevo las visitas a prisión, a menos que estas representaran un “riesgo particular para la propagación del virus o para la salud”. La falta de personal se aducía como otra de las razones por las que no se podían llevar a cabo las visitas. En noviembre, con el recrudecimiento de los contagios, la administración decidió tomar en consideración factores locales para determinar si las visitas podían celebrarse: las vistas se podían cancelar o posponer dependiendo de la tasa de infección en la zona en la que se ubicaba la prisión, la zona de la que provenían los visitantes y la posible necesidad de utilizar el transporte público. Si se consideraba que la visita era segura, las instalaciones se adaptaban para prevenir la infección (plexiglás, distanciamiento, etc.). Los centros siguieron utilizando las videollamadas en complemento o sustitución de las visitas presenciales. Las salidas y las liberaciones temporales también se estudiaron caso por caso.
El 6 de noviembre, la administración penitenciaria estableció una línea directa anónima para que los reclusos y sus familiares pudieran obtener información general sobre la crisis de COVID-19 en prisión.